Michoacán: elecciones en el filo de la violencia

En medio del conflicto y la violencia se habrán de llevar a cabo los últimos comicios del año. En Michoacán, cuna y bastión perredista, pero también estado natal del presidente Felipe Calderón, se votará este 13 de noviembre para elegir a 112 nuevos alcaldes, 40 diputados locales y al gobernador constitucional.

Silvano Aureoles por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia Ciudadana; Fausto Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con el Verde Ecologista de México, y Luisa María Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Nueva Alianza, se disputan la administración de la entidad.

Con 228 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, el estado fue nombrado originalmente Michihuahcan o lugar de pescadores, según el topónimo náhuatl. Su orografía, que contiene parte del Eje Volcánico Transversal y de la Sierra Madre del Sur ha beneficiado el cultivo y el tráfico de drogas en la entidad.

En más de tres años, 32 presidentes municipales en 14 entidades federativas del país han sido asesinados, cinco de ellos, alcaldes de Michoacán, entre quienes se cuenta a Ricardo Guzmán Romero, edil de La Piedad, ultimado a tiros el pasado 2 de noviembre.

Con ello, Michoacán de Ocampo se coloca como el sitio donde han sido asesinados más alcaldes. También, como la primera entidad donde ocurrieron atentados contra la población civil, cuando durante las fiestas del Grito de Independencia en 2008 se registraron dos explosiones que dejaron al menos tres personas muertas y decenas de heridos.

En ese contexto, el senador Silvano Aureoles considera que la inseguridad no habrá de representar costos de tipo político para el PRD, puesto que “los principales problemas son el narcotráfico y la delincuencia y eso depende del gobierno federal”.

Ante el mismo cuestionamiento, Fausto Vallejo responde con una afirmación. “Por supuesto que habrá de traer costos políticos. La gente quiere un cambio, está cansada, irritada, temerosa; se ha ahuyentado la inversión pública”.

Héctor Chávez Gutiérrez, doctor en ciencias sociales, y Orlando Aragón Andrade, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coinciden en su percepción: “Michoacán es un estado simbólico en el proceso electoral”.

A decir de Orlando Aragón, también doctor en antropología, la disputa entre Felipe Calderón y Leonel Godoy por la responsabilidad de la inseguridad que prevalece en la entidad ha beneficiado al candidato del PRI, Fausto Vallejo, presidente municipal de Morelia en cuatro ocasiones.

Sobre si considera que el descontento que ha traído consigo la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México atribuidos a Felipe Calderón y los resultados del gobierno de Godoy han favorecido su popularidad, Vallejo responde que prefiere no pensar en eso. “Es triste pensar en la desgracia de Michoacán. Yo me pongo a trabajar, me gusta dar resultados; es lo que espera al final la ciudadanía”.

Orlando Aragón dice que al PAN va a costarle mucho la disputa con el gobierno del estado porque aunque para algunos el culpable de las cosas malas que pasan en Michoacán es el gobernador; para otros, el responsable es el presidente.

Luisa María Calderón, señala, tiene todo el respaldo de la Presidencia de la República pero también todo el descrédito del presidente. La exlegisladora ha sido constantemente señalada por el supuesto uso de recursos públicos federales en su campaña. Además, agrega el investigador, el discurso que maneja la candidata pareciera que va dirigido a una sociedad conservadora; “no es un discurso progresista ni feminista: asume un rol de madre”.

Chávez Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad Michoacana, considera que a Luisa María se le percibe en el estado como una emisaria, como parte del grupo de panistas que no ha sido exitoso en el combate al narcotráfico.

Por otro lado, asegura Chávez Gutiérrez, el caso de Silvano Aureoles es muy diferente, puesto que es un candidato muy conocido pero que a pesar de eso en las encuestas aparece como la persona por la que los michoacanos no votarían, debido a los 10 años fallidos de gobiernos del PRD.

Luego de las administraciones perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, la seguridad, el desarrollo económico, las garantías a la libertad de expresión, el desempleo y la inversión son algunas de las materias pendientes para la entidad, coinciden investigadores, expertos y candidatos.

En entrevista con Contralínea, Fausto Vallejo califica de controvertida a la administración de Godoy. “Estamos en el segundo lugar en delitos de alto impacto, en los últimos lugares en materia de educación, somos el primer estado expulsor de mano de obra y talento hacia Estados Unidos, [y] estamos abajo en la media nacional en materia de competitividad”.

Los pendientes, dice, son la gobernabilidad, la inseguridad y la estabilidad financiera. “Hay una deuda estimada en 13 mil 400 millones de pesos, cuando el último gobierno priísta la dejó en 158 millones [de pesos]”.

Por el contrario, Silvano Aureoles, senador y ahora candidato a la gubernatura de Michoacán, refiere que las administraciones perredistas han hecho un buen papel y los resultados están a la vista, “se ha hecho un gran trabajo en cuanto a programas sociales, obras de infraestructura, etcétera”. A su parecer, para solventar los pendientes se continuará con el fortalecimiento de los programas sociales, la inversión en obra, la generación de empleo y la seguridad.

El balance que hace Héctor Chávez Gutiérrez de la gestión de Leonel Godoy es “de claroscuros”. Aunque asegura que se han hecho esfuerzos para proteger a la mariposa Monarca, atender a las personas de la tercera edad, niños con cáncer, y en materia de educación; también se han impulsado proyectos de devastación ambiental. Tal como sucede en la Loma de Santa María, reserva natural donde se desarrolla un conjunto habitacional.

Explica el investigador que a través de un decreto publicado en 2010 se declaró a la zona como sitio con posibilidades de urbanización, debido al grado de deterioro. Sin embargo, el escrito se contrapone a estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los cuales aseguran que la zona es una reserva natural.

Para Chávez Gutiérrez, Michoacán es un estado de grandes contrastes, en el que hay municipios con gran marginación. Que cuenta con recursos naturales, playas y bellos paisajes pero que no ha sido explotado para ser atractivo al turismo, “cualquier esfuerzo se ve minado por la inseguridad”.

Como lo señala, 32 de los 113 municipios que conforman la entidad se encuentran dentro del rango de alta marginación, mientras que Titzio, Aquila, Carácuaro, Tiquicheo y Churumuco están considerados en la categoría de muy alta marginación. Además de los cinturones de pobreza que genera la migración hacia las urbes locales, como Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y La Piedad.

Bajo las administraciones perredistas se crearon la Secretaría de los Pueblos Indígenas y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Orlando Aragón señala que “no han tenido el éxito esperado”.

A decir del experto, tanto la Universidad como la Secretaría parecían ser intentos por tener una política más organizada frente a las comunidades indígenas, pero se han visto rebasados. De acuerdo con él, ambas instituciones son altamente conflictivas y disputadas por los propios indígenas. “La gente que las encabeza ha sido cuestionada, e incluso se ha solicitado su remoción”.

En Michoacán, explica, ni Cárdenas Batel ni Godoy han logrado dar un marco de derecho favorecedor a los pueblos indígenas. “No se ha reformado la Constitución en materia de derechos indígenas. Los dos han fracasado”.

Agrega que en esta materia el balance del gobierno de Godoy es desfavorable. El crecimiento y la agudización de los conflictos en los pueblos indígenas, la permanente situación de marginalidad aunada al crecimiento del crimen organizado dentro de las comunidades han hecho de la política indígena del gobernador un capítulo fallido.

Ejemplo de ello, dice, son los conflictos en Ostula y Cherán, los cuales se presentaron durante el gobierno de Godoy. “No sostengo que sea totalmente oscura su gestión, pero no se ha logrado garantizar la seguridad de las comunidades”.

Producto de una vieja historia de división de tierras entre comunidades en la costa del estado, municipio de Aquila, los pobladores de Ostula acordaron recuperar su territorio. El conflicto entre la comunidad nahua y la mestiza, explica el profesor, se complica porque la costa ha sido tradicionalmente una zona de narcotráfico. “Se combinan una serie de elementos que han derivado en la desaparición y la muerte de varios comuneros”.

Frente a ello, los habitantes decidieron que no van a permitir la instalación de casillas porque consideran que el gobierno federal y estatal no han atendido sus solicitudes.

Lo mismo sucede en Cherán, cabecera municipal equivalente al 80 por ciento del municipio. Un conflicto producto de la explotación ilegal forestal y de la madera, que se ha hecho más complejo por el aumento de la presencia del narcotráfico en la zona. Sus pobladores han decidido resistir y acordaron que tampoco instalarán casillas electorales.

“Si Cherán no permite que se instalen casillas es un hecho que se anularían las elecciones porque no cumplirían con los requisitos; en cambio, si en Ostula no permitieran la instalación [de éstas] podría llevarse a cabo la votación en Aquila”.

Aragón Andrade califica de insuficiente el papel del gobierno en los conflictos: “Lo que tenemos hoy en estas poblaciones es el resultado de la falta de pericia política, o tacto político. Las autoridades han sido incapaces de brindar la seguridad suficiente, la prueba está en que la gente ha sido asesinada”.

Subraya que la demanda de Ostula y Cherán de elegir por usos y costumbres y no por partidos políticos es constitucional a nivel federal. El artículo 2 ampara ese derecho. Sin embargo, sostiene, desde la visión de la constitución local no está permitida la elección por usos y costumbres por los legisladores. Hay una incapacidad por parte de los diputados locales de legislar en materia de derechos indígenas.

Cuestionado sobre el tema, Aureoles señala que es necesario buscar que se lleve a cabo el proceso electoral. De ser el gobernador electo, dice, buscaría la justicia y el respeto a sus demandas.

Mientras, Vallejo argumenta que los problemas en la zona pueden resolverse con diálogo. “Se han desatendido los compromisos con ellos, se cansaron de la delincuencia, de la explotación de sus recursos forestales y de que por parte de la federación, del estado y de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] no hayan sido atendidos. Han tenido que tomar acciones por sus propias manos. Están irritados pero yo espero que reflexionen y que se puedan realizar las elecciones a cabalidad en todo el territorio de Michoacán”.

De erigirse como gobernador, Silvano Aureoles promete generar empleo a través de acuerdos con empresarios; transformar la educación pública, y hacer todo lo necesario para generar condiciones que ayuden a que los michoacanos a vivir mejor. Además, con la inyección de recursos, el candidato espera estabilizar y cambiar la categoría de los municipios más pobres de Michoacán.

Entre las propuestas de Fausto Vallejo en materia de pobreza está la inversión. “Es una región con vocación ganadera, hay problemas de agua, hay que mejorar genéticamente el ganado. La semilla mejorada, los fertilizantes y los insecticidas les deben de llegar antes de las lluvias. Hay que apoyarlos con maquinaria para hacer una serie de caminos hacia las comunidades de la cabecera municipal y hay que darles más salud y más educación”. Concluye: “Voy a hacer un gobierno decente, honorable, de rendición de cuentas, transparente, y a manejar escrupulosamente los recursos económicos”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó entrevistas con el gobernador Leonel Godoy y la candidata Luisa María Calderón. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.