Prestanombres administran concesiones de radio y televisión

Con las reformas a la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía en las que trabaja desde hace más de un año el Poder Legislativo pero que depende de la voluntad política de la Secretaría de Gobernación, se podrían trastocar intereses económicos millonarios de grupos oligopólicos que controlan estos recursos.

Por Aída Mendoza Flores

A pesar de que los congresistas reconocen que la ley –creada en 1960– ya es obsoleta, éste es un tema que ha quedado en el tintero desde hace varios años por falta de interés, según afirman algunos diputados, mientras otros aseguran que hay mucho dinero en juego para hacerle cambios, y una tercera opinión es que no se necesita la reforma, sino crear una nueva legislación.

De acuerdo con informes del Partido del Trabajo (PT), en México hay grupos poderosos de radio y televisión que son manejados por una sola persona. “Este es uno de los principales puntos a revisar, ya que no es posible que, por ejemplo, el señor Francisco Ibarra López sea el único dueño de cerca de 300 concesiones a través del Grupo ACIR y que se oculta atrás de algunos presta-nombres”, subraya el diputado Víctor Antonio García Dávila, representante de ese órgano político del Octavo Distrito en Mazatlán.

Pero no nada más es modificar por modificar, primero tenemos que hacer un análisis exhaustivo de esta legislación, señala la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista (PVE). “Efectivamente hay muchos puntos que habrá que modernizar, pero otros, bastaría con que se cumplieran. Pasa lo mismo que en todas las leyes, en el sentido de que cómo podemos saber si son buenas o no, sí no hay una estricta vigilancia para que se efectúe. Reitero que esto no quiere decir que no debe reformarse, sobre todo cuando vemos que los medios de comunicación están polarizando en proyectos mercantiles las tareas de cultura y entretenimiento, pretextando, atender y complacer el supuesto ‘gusto popular’, con lo que violan constantemente la ley”.

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“No se trata simplemente de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de los medios de comunicación y descargar las acusaciones sobre ellos, se trata de invitarlos a dialogar, de hacer una reflexión sobre el uso de instrumentos que pueden llevar grandes beneficios a la población o causar severos perjuicios”, agrega la legisladora.

Una de las violaciones más frecuentes es que los dueños de las concesiones renten la señal a otros particulares, quienes operan cometiendo además los delitos de complicidad y presta-nombres, “Radiorama, Nueva Era, Radio Fórmula, en fin, hay muchos casos donde se renta el espacio.

“Los costos van de acuerdo con la zona y alcance que tenga la radiodifusora o la televisora, hay contratos mensuales de 80 mil, 100, 300 y hasta 500 mil pesos en el Distrito Federal, y lo más lamentable es que todo se hace, ‘supuestamente’, por abajo del agua, ya que para evitar el pago de impuestos estos convenios no son notificados ante la Secretaría de Hacienda.

l respecto la ley es muy clara y especifica que quien incurra en ello perderá la concesión, si esto se aplicara muchas cadenas ya hubieran desaparecido”, explica el diputado Víctor García.

“Esto de las señales para radio y televisión –agrega el legislador– es como Petróleos Mexicanos, pertenecen al pueblo y son ellos quienes tienen derecho a hacer uso de ellas, concepto que los empresarios no han comprendido o no lo quieren entender y subarriendan a extranjeros, tal y como lo hizo Televisa el año pasado, cuando firmó un convenio con una empresa llamada Prisa, o el caso de TV Azteca que lo hizo con unos españoles; en radio ocurre exactamente lo mismo, donde hay hasta brasileños que tienen sus oficinas aquí en nuestro país, violando la ley constantemente.

“Por ejemplo, en Mazatlán, el español Julio Berdegue Asnar tiene una concesión de TV Azteca, que no está a su nombre, pero que todos saben que le pertenece y que esconde su identidad empresarial en la adquisición de hoteles y restaurantes.

Al respecto, el diputado Jorge Rodríguez Pasos del PT asegura que al ser las concesiones el gran negocio, la preocupación de quienes las tienen en sus manos es seguir actuando como hasta hora. “Si nosotros lo vemos desde su punto de vista, lo entenderíamos, no lo justificamos.

Hay que imaginarlo, los medios de comunicación operan con la propagación de ondas electromagnéticas, pues lo que venden, es aire, es su materia prima, no cuesta, más que el permiso ante Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, 100 pesos por 12 años”.

Asimismo, hacen convenios, dice el legislador petista, con las dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “pagar” su consumo mediante spots publicitarios y los salarios de los trabajadores en la radio son los más bajos, salvo las figuras consagradas que son las puras voces, mientras que la verdadera labor es realizada por personas que están atrás.

La ley establece que cualquier mexicano puede aspirar a una concesión, pero en la práctica no es así, porque el sistema ya está muy viciado, no hay cupo, “aunque en la realidad se sigan dando a grupos poderosos, a las personas con influencias o con dinero. Hay tanta corrupción que te cuesta más dinero conseguir las firmas necesarias para obtener la concesión que a uno le interesa, que el permiso.

Tan sólo para que avalen un lugar preferente en el cuadrante te cuesta 10 mil pesos, para la potencia otra cantidad semejante y así nos podemos ir hasta con el ingeniero que inspecciona las condiciones del edificio donde se instalará la estación terminas pagando de 100 mil hasta 200 mil pesos. Sin embargo llegas a la ventanilla de permisos y sólo pagas 100 pesos”, denuncia el diputado Víctor García.

Las instituciones responsables de vigilar que la ley se cumpla son las secretarías de Gobernación, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y la de Comunicaciones y Transportes, donde se ha caído en actos de corrupción.

En tanto, el legislador Jorge Rodríguez indica que dichas autoridades no actúan por miedo ya que “no queremos ni imaginarnos el escándalo que provocaría aplicar la ley y que grupos como Televisa perdieran las concesiones, pues éstos han logrado tanto poder que hasta el gobierno federal tiene miedo.

Asimismo, menciona que el mismo Fox fue testigo de la inversión de España-Televisa, seguramente por el desconocimiento que tiene de que esto es un delito”.

PUBLICIDAD A CAMBIO D INFORMACIÓN FAVORABLE

Un tema importante es el control que han ejercido las autoridades contra los medios de comunicación a cambio de la compra de publicidad para su subsistencia y que trastoca la libertad de expresión e información. Sobre estas modificaciones la diputada Lorena Beaurregard De los Santos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una propuesta en la que coincide con los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia por la Democracia (PCD), Partido Político Nacional (PPN) y el de la Sociedad Nacionalista (PSN).

“Necesitamos modificar los parámetros que permitieron al viejo sistema político generar un modelo proteccionista que propició vacíos legales y generó relaciones de corrupción con los medios de comunicación mediante apoyos financieros, hubo malos estímulos fiscales y hasta el subsidio durante 55 años del papel periódico a través de PIPSA”, manifiesta la legisladora.

Por su parte, el petista Víctor García explica que a lo anterior se le llama “´payola´ noticiosa, te voy a dar publicidad, pero no me toques, convenio que, generalmente, se hace entre el reportero y la dependencia, de ahí le dan su comisión y su ´payola´. Pero esto no sólo ocurre en programas informativos, sino también en las estaciones musicales donde las grandes compañías disqueras dedican una cantidad de dinero en la promoción de una melodía, llegan con los programadores, entregan el producto, lo escuchan y dicen: ´se oye bonito, pero le faltan metales´, y uno piensa saxofón, trompeta y no es así, le faltan monedas, ´no te preocupes le meteremos metales´. De repente escuchas esa melodía en todas las estaciones, esto no es obra de la casualidad, sino de la ´payola´”.

Este uso desmedido de mensajes utilizados por algunos partidos políticos y dependencias gubernamentales está ligado a los tiempos oficiales que tienen como obligación otorgar los medios de comunicación como pago de un impuesto al Estado y que nace desde el Ejercicio Fiscal de 1969 por un Acuerdo Presidencial que facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibir de los concesionarios de radio y televisión el pago en especie del 12.5 por ciento del total del tiempo diario de transmisión, expresa el diputado priísta, Salvador Cosío Gaona.

“Pero atrás de todo esto está la condición, si no me das publicidad te mandamos a las 12, una, dos o tres de la mañana, entonces urge legislar para que los tiempos oficiales se extiendan hacia los tres poderes, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como al Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y para que además estos espacios sean transmitidos en tiempo AAA.

“Consideramos que este tiempo está mal utilizado, porque de acuerdo con la ley cualquier estación de radio o canal de televisión tiene la obligación de otorgar dos horas para transmitir mensajes gubernamentales, cuando su transmisión diaria sea de 12; dos horas 45 minutos, las que estén al aire por 18 horas, y 3 horas y media en las 24 horas, esto sin emitir boletines o informaciones de carácter urgente”.

Para el petista García Dávila el problema es que aquellos mensajes que sí se oyen han sido a cambio de publicidad, que es lo que hace Vicente Fox.

Agrega que la Cámara de Diputados le ha reprochado al presidente el recorte del presupuesto autorizado para la educación, seguridad y salud, ya que “sabemos de buena fuente que parte de este dinero lo utiliza en su imagen a través de comunicación social de Presidencia para escuchar que ´el cambio en México ya nadie lo para…´, estamos en Foxilandia y los reporteros lo tienen que aceptar, pues Fox les ha advertido que si lo atacan les retira el apoyo”.

Sólo en el ejercicio fiscal del 2001, el gobierno contó con 3 mil 510 millones de pesos para programas de difusión para sus dependencias.

Prácticas como éstas no quedan al margen, dice la priista Lorena Beaurregard, por ejemplo, para muchos quedó en duda el origen de los recursos que utilizó el hoy presidente del CEN del PRI, Roberto Madrazo cuando fue candidato, pero para otros 621 millones de pesos que gastó la dirigente nacional de PRD, Rosario Robles, en campaña publicitaria hacia su partido, mientras era jefa de Gobierno del Distrito Federal, no procedieron como denuncia de malversación de fondo en comunicación social, pero lo cierto es que quedó el precedente sobre los excesos en que suelen incurrir funcionarios públicos que gobiernan.

PORNOGRAFIA EN TV

El senador Fidel Herrera Beltrán, representante del PRI advierte
que debemos poner más atención a la programación televisiva, porque hay programas que atentan contra la moral, un ejemplo, dice, es el programa “Toma Libre” que conduce Facundo y que no debería de estar al aire, “a esa edad los jóvenes no han madurado y según la línea que les dicte la moda ellos se dirigen. Si Facundo se baja los pantalones y enseña las nalgas en televisión, qué alguien me diga que no es cierto que los muchachos hacen lo mismo en las discotecas, esto atrae problemas en la familia.

“Es obvio que hay aspectos obsoletos, pero que al estar vigentes siguen siendo ley, tal es el caso de la censura que en algunos casos caen en la exageración, pero que en otros es necesaria su aplicación, por ejemplo, la utilización de palabras que nosotros llamamos groserías el ‘si buey’, ‘no mames’, ‘qué onda ca…’ y que pasarlas al aire significaría el retiro de la licencia del locutor y una multa irrisoria”, concluye el diputado panista.

Al respecto, la diputada María Cristina Moctezuma del PVE dice que lo más lamentable es que los medios en general han mostrado y lo siguen haciendo a todas horas, “las diferentes formas de matar, robar, violar y engañar. Sobre todo durante la programación infantil ya que se calcula que los niños pasan de mil 400 a mil 800 horas anuales frente a la pantalla, eso habrá que cambiarlo”.

La Cámara de Diputados anuncia que tiene todas las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, menos una -anunciada con bombos y platillos: la de la Secretaría de Gobernación.

Contralínea 7 / Octubre 2002