Que se ilumine la noche y que se sacuda la ciudad; que el estruendo despierte a los poderosos y su servidumbre. Que el sonido de las balas movilice a sus cuerpos represores; y que se derrumben sus templos civiles y financieros. La Revolución es hoy y no espera que se organicen las masas. Es la fiebre contagiosa del clandestino anarquismo insurreccionalista. Se propala, festiva, entre lecturas, debates, conciertos; y conspira noche tras noche.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (4 años), la insurrección anarquista ha concretado, al menos, 40 “acciones directas violentas” contra oficinas gubernamentales, bancos, centros comerciales, megaobras e intereses de las grandes empresas: enfrentamientos armados, ataques, explosiones, incendios, sabotajes, destrucciones, boicots.
Por “política de seguridad nacional”, estos hechos violentos no trascienden a los medios de comunicación. Sólo se llegan a conocer los que reivindican públicamente algunos de estos 50 grupos.
La efervescencia del movimiento clandestino ácrata insurreccionalista no ha pasado inadvertida para los organismos de inteligencia y seguridad nacional mexicanos. Hoy ocupa el mayor nivel de atención de las áreas de inteligencia, sólo después del narcotráfico y los movimientos sociales, según la Agenda Nacional de Riesgos 2015, documento de carácter “secreto” cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En los últimos 8 años, casi 50 grupos anarquistas de corte insurreccionalista han realizado más de 220 acciones violentas contra intereses capitalistas y estatales. El recuento está contenido en el expediente Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas, elaborado por el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, el Cisen.
Por su parte, las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos, a las que Contralínea tuvo acceso, dan cuenta de la emergencia anarquista que “preocupa” a los encargados de elaborar productos de inteligencia para consumo de las Fuerzas Armadas y los órganos civiles de seguridad nacional.
Sobre todo porque en estos documentos confidenciales –para consulta exclusiva de funcionarios de la “comunidad” de inteligencia– se reconoce que las autoridades no cuentan con “un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”, como dice textualmente la Agenda Nacional de Riesgos.
Según este documento –que elabora anualmente el Cisen con base en la información propia y de las otras dependencias gubernamentales que integran el Consejo de Seguridad Nacional–, las acciones de los grupos anarquistas insurreccionalistas “son cada vez más violentas”. Incluso, en el “Diagnóstico General” del capítulo dedicado al anarquismo, se advierte de una “radicalización de las acciones de las células anarquistas de acción directa”.
Ante la insurrección anarquista, la mayor vulnerabilidad que reconoce el Estado mexicano –según el documento– está constituida por las “insuficientes medidas de protección física en instalaciones estratégicas”. El grado de riesgo asignado a esta “vulnerabilidad” es “alto”.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) participa en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y le da seguimiento. De acuerdo con la vigente Ley de Seguridad Nacional, está integrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz; Hacienda y Crédito Público (SHCP), hoy José Antonio Meade Kuribreña; Función Pública (SFP, en estos momentos sin titular pero como encargado del despacho Javier Vargas Zempoaltécatl); Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu; Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; la Comisión de Seguridad Pública (CSP), Renato Sales Heredia; la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Arely Gómez González, y el director del propio Cisen, Eugenio Ímaz Gispert.
Mientras, el documento del Cisen Acciones de grupos autodenominados anarquistas, insurreccionalistas, eco extremistas y/o eco terroristas fue elaborado por el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y entregado como “Anexo 1” de la respuesta a la solicitud de información con folio 0410000023116 presentada por Contralínea.
Aunque en el documento se señalan “306 acciones” cometidas por 74 organizaciones entre el 26 de marzo de 2008 y el 22 de julio pasado, no todas son obra de grupos anarquistas. Alrededor de 220 sí han sido realizadas por grupos anarquistas y ecoanarquistas insurrecionalistas, 40 de ellas ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otras 82 acciones cometidas por 26 grupos en realidad son obra de ecoterroristas o ecoextremistas. Además, cuatro han sido reivindicadas por dos grupos fascistas.
En el documento no se establece si todos los grupos existen o si algunas acciones, como se puede inferir, son cometidas por células de organizaciones más grandes que en determinados ataques utilizan otros nombres.
En los últimos 8 años, los grupos anarquistas insurreccionalistas más activos han sido, según el documento elaborado por el Cisen: el Frente de Liberación de la Tierra, con participación en 52 acciones directas violentas; el Frente de Liberación Animal, con 44; las Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G Guerrero (CARI-PGG), con 32; la Federación Anarquista Informal, con 30; y, entre otras, la Conspiración de las Células de Fuego, con 12.
Las CARI-PGG se disolvieron, como grupo, en noviembre de 2013. Permanecieron activas por casi 5 años. Como señalan en un comunicado de 2016, quienes las integraron dejaron de actuar como CARI-PGG pero de manera individual y en grupos siguen militando en el anarquismo insurreccionalista y realizando “acciones violentas”.
Algunas de las acciones de esta corriente de anarquismo se han llevado a cabo de manera coordinada entre dos o más agrupaciones. La Ciudad de México ha sido la entidad con mayor número de ataques: 91. Otros estados con más de 10 acciones cometidas por anarquistas insurreccionalistas de 2008 a la fecha son el Estado de México, con 79, y Jalisco, con 16. Y entre una y nueve acciones se han cometido en: Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.
En el documento de respuesta a Contralínea, el Cisen destaca que “el término anarquista no está especificado en la legislación mexicana vigente”. Y señala que el organismo “no atribuye la autoría de atentados a ninguna persona o grupo identificado por su ideología”.
Lo que sí persigue el organismo encargado de preservar la seguridad nacional, dice, son “grupos violentos”. Agrega: “No se omite señalar que el objetivo de cualquier autoridad es contener acciones violentas, situación ajena a las ideologías”.
Es lo que señalan en la respuesta a la solicitud de información pública. Pero en la Agenda Nacional de Riesgos se condena al anarquismo en general. Incluso, no sólo a aquellos que han optado por la insurrección. En el apartado sobre las “vulnerabilidades” del Estado mexicano, se destaca la “falta de un marco legal para acotar el activismo de grupos anarquistas”. A esta consideración le asigna un nivel “medio” de riesgo. El activismo ácrata de cualquier tipo se encuentra bajo la lupa de los organismos de seguridad nacional.
Además, en el documento se considera anarquistas a grupos que no lo son y que, incluso, son contrarios al anarquismo, como Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Esta organización ha reivindicado el asesinato de trabajadores administrativos, científicos y el ataque a universidades y centros de estudio. En sus comunicados señalan que no creen en la revolución de ningún tipo, que aborrecen el anarquismo, el comunismo o cualquier proyecto de sociedad.
Sin embargo, en la Agenda se señala: “las células anarquistas perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad, particularmente Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS) que amaga con atentar contra objetivos humanos”.
Incluso no se distinguen los atentados cometidos por grupos de insurreccionalistas de aquellos que se atribuyen otros grupos posmodernistas como el propio ITS y otras denominaciones que declaran estar en contra de la humanidad, como la disuelta Reacción Salvaje.
Para el documento de trabajo de los organismos de inteligencia, tanto militar como civil, todos estos grupos son “anarquistas”. Por lo tanto, todos los atentados son obra de “anarquistas”.
Y en el “diagnóstico general” del riesgo, se señala que se esperan “atentados contra bancos, instituciones y personas ligadas con centros de investigación y atentados directos contra objetivos humanos con tintes terroristas”.
También propala la especie de que “integrantes de grupos anarquistas operan como grupos de choque durante movilizaciones sociales diversas”.
Entre los “escenarios de riesgo” vislumbrados en la Agenda Nacional de Riesgos se destaca la “posibilidad de acciones violentas del alto impacto: atentados con explosivos y contra blancos humanos, y expansión de grupos anarquistas debido a la ausencia de un esquema de coordinación interinstitucional consistente para atender el tema”.
Esta situación originaría otra, igualmente considerada “escenario de riesgo”: los “impactos negativos en la percepción de seguridad ciudadana derivados de la reactivación violenta de grupos (anarquistas)”.
En cuanto a las “capacidades” de las entidades gubernamentales para enfrentar al anarquismo insurreccionalista, la Agenda Nacional de Riesgo destaca el “trabajo de inteligencia interinstitucional: Sedena, Semar, Segob, en zonas de presencia (anarquista)” (sic).
Entre las “recomendaciones” del Consejo de Seguridad Nacional” contenidas en la Agenda Nacional de Riesgos se encuentran: el “impulso a acciones de fortalecimiento del esquema interinstitucional para atender (el anarquismo)”, así como el “relanzamiento de los grupos operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos” (sic).
Los grupos operativos son, en el argot de los servicios de inteligencia, aquellos que se encargan de misiones especiales específicas: acciones encubiertas, seguimientos, infiltraciones, penetración en domicilios o instituciones para colocar micrófonos, por ejemplo. En algunos países a los grupos operativos se les encarga, incluso, la eliminación de personas que “atentan” contra la “seguridad” de un Estado.
La Agenda Nacional de Riesgos reconoce la presencia de células anarquistas de “acción de directa” en cinco entidades de la república: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Baja California. Prácticamente en todas las regiones de las tres primeras hay colectivos de este tipo de anarquismo. Con respecto de Oaxaca, se encuentran en la ciudad capital del Estado y en franjas de las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur. Con respecto de Baja California, el mapa incluido en el documento señala a la ciudad de Mexicali.
Sin embargo, en la relación de acciones de anarquistas insurrecionalistas elaborada por el Cisen, se contabilizan 17 de las 32 entidades de la República: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tlaxcala y Puebla.
Desde la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, se consideró al anarquismo como uno de los 10 temas de atención inmediata para las instituciones encargadas de preservar la seguridad nacional.
Entonces se le colocó en el quinto puesto, dentro del mismo apartado de la subversión guerrillera. Así, los movimientos armados –como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, entre otros, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP)– aparecieron junto con los comandos y las células anarquistas insurreccionalistas en un mismo capítulo del documento confidencial bajo custodia del organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de la inteligencia civil, el Cisen.
Para la versión de 2014 del escrito, al anarquismo se le asignó un apartado independiente y se le colocó en el cuarto lugar de prioridades. A los movimientos guerrilleros se les dejó en el quinto sitio.
Pero el accionar de los grupos anarquistas de carácter insurreccionalista motivó que para la Agenda Nacional de Riesgos 2015, el anarquismo escalara hasta la tercera posición en las prioridades de las instituciones militares y civiles encargadas formalmente de la seguridad y defensa nacionales: la Sedena, la Semar, el Cisen, la Segob, la PGR y, entre otras instancias, la Policía Federal. Así, la insurrección negra se fue hasta los primeros lugares de atención prioritaria y las guerrillas rojas fueron enviadas a la posición 10, último lugar de la tabla.
De acuerdo con información recopilada por Contralínea –de portales de distribución libertaria, entre las que destaca Contrainfo– los grupos y células anarquistas insurreccionalistas concretaron más de 20 acciones violentas directas contra blancos específicos entre mayo de 2015 y septiembre de 2016. Las acciones van desde boicots hasta enfrentamientos armados. El espectro se completa con sabotajes, ataques, colocación de bombas falsas, detonación de explosivos e incendios.
Se trata solamente de las acciones directas documentadas. El número real no es posible conocerse porque no todas se reivindican. Generalmente, las corporaciones policiacas evitan informar a los medios de los “atentados” consumados o frustrados de la insurrección anarquista.
Los ataques coordinados más recientes fueron obra del Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García. El pasado 3 de julio colocó y detonó paquetes explosivos-incendiarios en la sedes de tres de las principales organizaciones de los organismos del empresariado mexicano.
Salvador Olmos García es el nombre del joven anarquista, activista por los derechos de los pueblos indígenas, cantante punk, abogado y periodista comunitario que fue asesinado por policías de Huajuapan de León, Oaxaca, el pasado 28 de junio. Olmos había sido aprehendido por policías en la madrugada de ese día, cuando había acudido a un llamado de la Radio Comunitaria Tuun Ñuu Savi para reforzar el espacio que se encontraba en estado de riesgo debido a una amenaza de desalojo policiaco. Luego de que hiciera una pinta, Chava fue detenido por los policías para después ser arrollado por una patrulla a sus 31 años de edad. El hecho causó la indignación de activistas de colectivos de todo el estado e, incluso, de varias entidades de la República. Cinco días después vino el ataque contra los organismos del alto empresariado.
Mediante un comunicado que se puede leer en la página de Contrainfo (https://es-contrainfo.espiv.net/2016/07/09/mexico-ataque-explosivo-a-sedes-de-camaras-empresariales/), se informa de los ataques a las sedes en la Ciudad de México del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Al final del escrito, se puede leer:
“No existe para los oprimidos solución posible dentro de los márgenes institucionales, sino la lucha intransigente contra el Estado-capital, que posibilite un escenario abierto de insurrección generalizada [y] que, estableciendo dialécticamente una relación entre espontaneidad y organización, ponga en jaque la paz social en la región mexicana y se extienda por todo el globo.
“¡Muerte al Estado/Capital!
“¡Libertad a los Presos de la guerra social!
“¡Por la Anarquía!
“Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García”.
Zósimo Camacho/XI
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA/SEGURIDAD]
Contralínea 510 / del 17 al 22 de Octubre 2016
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