Una red de corrupción que operaba en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda fue descubierta por la Secretaría de la Función Pública, dependencia que sancionó y acusó penalmente a seis servidores públicos y tres particulares involucrados en un presunto fraude millonario en perjuicio del erario
El director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Adrián Fajardo Castellanos, es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre DENOSA.
Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, en donde permanecía “oculto” como responsable de firmar todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.
Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”, pero este directivo de la UIF decidió, con la anuencia de sus jefes, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, mantenerse en el cargo por mes y medio, hasta que una investigación de Contralínea lo obligó a renunciar el pasado lunes 16 de agosto.
Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplirían los seis meses de su inhabilitación, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP.
Sin embargo, Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo, por lo cual la SFP resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal, y podría abrirle nuevas acusaciones penales.
En esta nueva causa en contra del exfuncionario de Hacienda, también se investigará si el secretario Cordero y el director general de la UIF tienen alguna responsabilidad por permitir seguir laborando a un subalterno inhabilitado.
Para conocer el motivo por el que la Secretaría de Hacienda mantuvo laborando a un funcionario inhabilitado, se buscó al secretario Ernesto Cordero, pero hasta el cierre de esta edición esa dependencia prefirió guardar silencio.
En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) Fajardo Castellanos, durante los últimos 45 días, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas podrían aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.
No obstante, altos funcionarios de la SFP afirman que no hay problema con los expedientes que el servidor público rubricó: “Su contratación en la UIF no fue irregular; él ingresó antes de la inhabilitación”.
La acusación penal en contra de estos funcionarios podría derivar en una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión; misma condena podría dictarse en contra de los tres empresarios que fueron beneficiados con el fraude.
La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.
En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.
Para enajenar el bien, el Sae convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.
Al realizar dicha subasta, el Sae recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al Sae le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.
La banda del Sae atendió de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.
Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del Sae; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de DENOSA; y José Rubén Romero, administrador único de DENOSA).
Cuando Fajardo Castellanos se desempeñaba como apoderado legal del Sae en la SHCP, participó en la venta fraudulenta de la empresa vitivinícola DENOSA en el estado de Sonora, prácticamente a mitad del precio que se había fijado en el avalúo, en beneficio de un grupo de empresarios.
De acuerdo con la SFP, Fajardo Castellanos fue avisado en tiempo y forma sobre su inhabilitación, ante lo cual debió dar aviso al titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, y éste al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quienes omitieron exigirle dejar el puesto.
El martes 10 de agosto, Adrián Fajardo Castellanos fue localizado vía telefónica en su oficina de la Dirección de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la UIF, y no pudo explicar por qué seguía laborando en la Secretaría de Hacienda después de haber sido inhabilitado por la SFP. Ésta es la conversación telefónica:
—Usted ha sido inhabilitado por un periodo de seis meses. ¿Por qué sigue trabajando en la UIF?
—Voy a consultarlo con mi jefe.
—Pero usted es el director responsable de formular las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y ha sido inhabilitado desde el 1 de julio…
—Voy a consultarlo con mi jefe.
—¿Pero qué tiene que consultar? Usted no debería seguir laborando ahí…
—Voy a consultar con mi jefe.
—¿Me puede explicar quién le autoriza ignorar la sanción de la Función Pública?
—Voy a consultar con mi jefe y yo me reporto.
—¿Su jefe (Luis Urrutia Corral, titular de la UIF y presidente del Grupo Egmont) le autorizó mantenerse en el cargo?
—No puedo hablar de esto por teléfono.
—¿Es un asunto institucional que se mantenga en el cargo a pesar de estar inhabilitado?
—Sí, es un asunto institucional.
—¿Puede explicar esta situación?
—Yo le llamo en dos horas; en dos horas me reporto con usted.
Según la SHCP, esa importante responsabilidad a nivel mundial le fue concedida a México como “reconocimiento a su trabajo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
El Grupo Egmont, al que pertenecen unidades de inteligencia financiera de 116 países, que intercambian información sobre posibles lavadores de dinero, determinó que Urrutia Corral ocuparía la presidencia del organismo para el periodo señalado, tarea que desarrollará de forma concurrente con su labor como titular de la UIF en la SHCP.
El Grupo Egmont se ha establecido desde 1995 como la principal agrupación de unidades de inteligencia financiera alrededor del mundo, con el propósito de facilitar la cooperación internacional y el intercambio de información en materia de operaciones financieras y económicas vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“Con la designación de Luis Urrutia Corral como presidente del Grupo Egmont –dice Hacienda–, esta entidad internacional reconoce las aportaciones y el liderazgo de la UIF de México a los esfuerzos internacionales para el procesamiento e intercambio de información que aporte elementos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.”
Es en esa importante unidad de inteligencia donde laboraba Adrián Fajardo Castellanos, quien nuevamente fue localizado vía telefónica el lunes 16 de agosto, el mismo día que presentó su renuncia definitiva al cargo.
Extrañamente, ese día fue localizado en la misma extensión de la Unidad de Inteligencia Financiera (82192), y explicó que de ahí le transferían sus llamadas al celular privado. Al parecer, un servicio extraordinario de telefonía que otorga Hacienda a sus funcionarios cesados.
También reclamó la investigación periodística que, según él, motivó su separación definitiva del cargo, y acusó que todo se trataba de una pugna interna en la UIF. Nunca aceptó su responsabilidad; tampoco, hablar de las razones por las cuales fue sancionado por la SFP.
Adrián Fajardo Castellanos es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, donde, paradójicamente, elaboró su tesis La resolución administrativa de inhabilitación firme hecha por SECODAM [Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo] como causal de la rescisión de la relación de trabajo”.
Aunque Fajardo Castellanos acumulaba cerca de tres años de trabajo en la UIF, la inhabilitación por “negligencia administrativa” corresponde a su desempeño como apoderado del Sae.
Además de haber participado en hechos irregulares en la venta de una empresa vitivinícola en Sonora, Fajardo Castellanos ya había sido investigado por otras acciones administrativas en la venta de bienes e inmuebles en poder del Sae.
En 2005, la SFP lo investigó a él y al actual director general del Sae, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, por la venta de un terreno de 2 mil metros cuadrados y un edificio en la ciudad de Tlaxcala. Dicha solicitud de adquisición la hizo el gobierno de ese estado, sin embargo a la firma del contrato de compra-venta, el inmueble se le otorgó a un particular y no al gobierno de Tlaxcala, como estaba previsto.
Cuando se hizo aquella operación irregular, Monroy Portillo se desempeñaba como director corporativo del Sae. Después, como premio a su labor, fue designado por el secretario de Hacienda como oficial mayor de esta dependencia, cargo que ocupó hasta junio de este año, porque por instrucciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa, a partir de julio de 2010, este funcionario es el nuevo director general del Sae.
Para su nombramiento como titular de un área muy sensible –por la acumulación de bienes muebles e inmuebles que guarda y que subasta al mejor postor–, no le importó a Felipe Calderón que Monroy Portillo hubiera sido sancionado apenas el 31 de mayo de 2010 por “violación a las leyes y normatividad presupuestal”, cuando se desempeñó como oficial mayor de Hacienda, lo que le valió sólo una “amonestación privada” bajo el expediente 10/2010, también abierto en la SFP.
Contralínea 196 / 22 de Agosto de 2010
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