Los conglomerados agropecuarios han resultado una nueva forma de subsidiar a las trasnacionales a costa del presupuesto de los campesinos. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han derramado más de 1 mil 300 millones de pesos mediante “cadenas de valor” denominadas agroclúster y agroparques; proyectos apoyados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en los que se instalan grandes empresas del sector y donde, también, se han detectado malos manejos.
[bctt tweet=”Empresarios y no campesinos acaparan más de mil millones de recursos públicos para el campo” username=”contralinea”]
“Preferiríamos que los recursos [que se inyectan a los agroparques] se fueran al sector social campesino”, dice en entrevista Carlos Matuk López de Nava, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Durango, quien además comenta que el campo sobrevive inmerso en una grave crisis económica: “En este momento, es fundamental que los programas tengan un objetivo claro y el apoyo al sector social, pero sobre todo que sean puntuales en la entrega de los recursos. Hay mucha inquietud y molestia por parte de la sociedad y el campesino no es la excepción”.
Los listados de la Sagarpa indican que a través del Sistema Nacional de Agroparques se han invertido más de 853 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2015 y 2014. Entre sus beneficiarios se encuentra Sukarne Agroindustrial, del empresario priísta Jesús Vizcarra Calderón, amigo del presidente Peña Nieto.
A los agroclúster, otro de los “modelos de inversión”, se les han suministrado 476 millones 744 mil 891 pesos durante el mismo periodo, evidencian los listados oficiales. Esta forma de “producción” fue evaluada por la Auditoría Superior de la Federación, que en su más reciente revisión encontró irregularidades por más de 45 millones de pesos en esta modalidad de apoyos, además de que no hubo la evidencia física de los proyectos.
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), denuncia que estos son modelos altamente politizados en el que intervienen los gobernadores y se asignan los subsidios a empresarios muy cercanos a los políticos.
Listados de beneficiarios de 2014 y 2015 de los proyectos Componente de desarrollo de clúster agroalimentario y el Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria (que integra el Sistema Nacional de Agroparques) señalan que han sido dotado de recursos públicos por 1 mil 330 millones 681 mil 50 pesos.
Los agroparques obtuvieron 853 millones 936 mil 159 pesos en los ejercicios fiscales 2015 y 2014. Durante el primer ejercicio fiscal de este modelo (iniciado en esta administración) se ejercieron 489 millones 14 mil 323 pesos, a través de 32 proyectos. Los principales beneficiarios: Parque Agrosfera Uno SAPI DE CV, en Aguascalientes, con 170 millones de pesos. Le sigue el Agroparque De Chiapas SAPI de CV, en el sureste de Chiapas con 160 millones; así como el proyecto denominado Comité Estatal Producto Chile del Estado de San Luis Potosí AC, con 26 millones 13 mil 420 de pesos.
Para el siguiente año, el monto total ascendió a 364 millones 921 mil 836 pesos. Los que mayores recursos captaron fueron: Sukarne Agroindustrial, del priísta Jesús Vizcarra Calderón; el proyecto denominado Santiaguillo de Flores, en Guanajuato y el Agroparque de Yecapixtla, en Morelos, a cada uno se le entregaron 50 millones de pesos.
El gobierno federal ha sido impulsor de los agroempresarios, a los que les otorga recursos a “fondo perdido”, comenta Marco Antonio Ortiz Salas, líder nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc). En tanto que los pequeños y medianos productores del sector registran ingresos anuales menores a los 17 mil pesos (Contralínea, 499).
En tanto, el padrón de 2014, que documenta la entrega de recursos a través del programa Componente de desarrollo de clúster agroalimentario (agrocluster), indica que ese año se asignaron 284 millones 801 mil 891 pesos a 41 proyectos. Los más beneficiados fueron: Harinera Barquín SA de CV, Flores Venturero SC de RL de CV y Sociedad de Producción Rural de RI Bustamante Parra y Asociados; a cada uno le fueron asignados 10 millones de pesos.
Para 2015, los que mayores recursos recibieron fueron Castor Fields SAPI de CV, con 9 millones 500 mil pesos; Cultivos Hidropónicos de Ensenada, SPR de RL, con 9 millones y Administración del Campo SA de CV, con 8 millones de pesos.
Los daños en el primer año de operación del programa ya se evidenciaron en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, pues documentó la “ausencia” física de los proyectos a los que se les habían depositado recursos públicos.
El primer caso revelado es el del beneficiario sonorense Negocio Agrícola San Enrique, “se constató que no se desarrolló un Clúster Agroalimentario”. Tampoco se localizó un tractor marca John Deere que había sido adquirido con recursos públicos.
En la revisión del Listado de Beneficiarios 2014, Negocio Agrícola San Enrique fue autorizado bajo el folio AG14_0058, del Programa de fomento a la agricultura, Componente de desarrollo de clúster agroalimentario.
El beneficiario Agrícola del Desierto Altar, SA de CV “tampoco desarrolló un Clúster Agroalimentario…, y solamente cuenta con el Acta de Asamblea General notariada que establece que sólo en el caso de que se apruebe el proyecto se constituirá un Agroclúster; hecho que posterior a la autorización del proyecto no se materializó”, indica la ASF.
Los padrones de la Subsecretaría de Agricultura muestran que bajo el folio AG14_0052 esta oficina le dotó a Agrícola del Desierto Altar de 10 millones de pesos, para los productos de alfalfa y dátil.
Sobre este proyecto, el informe de fiscalización detalla que la obra del agroclúster fue demolida y que las autoridades de la Sagarpa no han llevado a cabo el procedimiento de verificación respectivo, ni tampoco las acciones procedentes para asegurarse del reintegro de los recursos federales.
Otro de los “negocios” auditados en Sonora fue la Sociedad de Producción Rural de RI Bustamante Parra y Asociados, a los que Sagarpa entregó también 10 millones de pesos para la producción de dátil, uva de mesa y cebollín.
En éste, los funcionarios del máximo órgano de fiscalización constataron que no había la construcción del clúster ni la documentación que hiciera referencia a ello, “además de que el proyecto desarrollado, solamente ha representado beneficio para él”. Con ello, se rompe con el objetivo central del clúster, que tiene como objetivo la integración de diversas empresas en un solo espacio geográfico.
La presencia de su amigo, el presidente, fue esencial en la inauguración de su nueva infraestructura de negocio: el Agroparque SuKarne Lucero, “el complejo productor y procesador de carne más grande de México”, en Tlahualilo, Durango.
Como en los tiempos de campaña hacia la presidencia, el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón camina cercano a Enrique Peña Nieto. Era el 30 de marzo de 2016, en el pódium los halagos mutuos, ahí también estaba el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera, los secretarios de Agricultura, José Calzada Rovirosa; Economía, Ildefonso Guajardo, y de Salud, José Narro.
En el pódium los aplausos, espaldarazos y sonrisas; en el padrón de beneficiarios del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria (2015), el proyecto 1-5AO1U1, con un depósito de 50 millones de pesos de recursos públicos.
La cifra otorgada representa el 13.70 por ciento del total entregado a 40 proyectos, que en su total acumularon 364 millones 921 mil 836 pesos. El Agroparque Santiaguillo de Flores, en Guanajuato, y el Agroparque de Yecapixtla, en Morelos, recibieron el mismo “apoyo” gubernamental que SuKarne.
El Agroparque Frucza, en Zináparo, Michoacán, obtuvo 25 millones de pesos del mismo programa de la Sagarpa; otros 23 millones 63 mil 311 pesos, le fueron asignados al Agroparque El Platanillo, en Guerrero.
El presidente de la ANEC comenta que la política del actual gobierno opta por invertir en el sector agroempresarial del país, configurado por los grandes procesadores y distribuidores de materias primas agroalimentarias. Los recursos públicos se les otorgan bajo una idea de “integración de cadenas productivas y de complementación de actividades diversas, se les dotan de grandes cantidades de subsidios, cientos de millones de pesos para instalar esos agroparques”.
En tanto que el pequeño y mediano productor no tienen ni siquiera la garantía de que los apoyos les sean entregados a tiempo para su producción.
El proyecto Sukarne Agroindustrial tiene las dos caras de la moneda, dice en entrevista el líder de la CNC en Durango, Carlos Matuk López de Nava, “ese recurso lo quisiéramos directo para el productor social, pero también es cierto que difícilmente va a tener este tipo de infraestructura. ¡Es una realidad! ¿Cómo lo ayudas en un proyecto de esa magnitud? En mantener los precios. Si ese proyecto no estuviera, los precios del ganado estarían por debajo de lo deseable. Nosotros quisiéramos que esos recursos se dieran en corrales de manejo, en una mayor inversión de pies de cría, ésta es la otra cara de la moneda”.
Se solicitó entrevista con el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Cadenas de valor
El agroclúster es “una concentración geográfica de industrias que obtienen ventajas en su desempeño a través de la colocalización. Este concepto aplicado al sector agropecuario se conoce como agroclúster”, explica el estudio Cadenas de valor, agroclusters y agroparques, elaborado el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Roberto Márquez-Berber.
Márquez-Berber expone que los productores con unidades económicas de subsistencia, en transición y con rentabilidad frágil venden su producción, en ocasiones, antes de la cosecha. En otras, la comercializan sin ningún proceso de limpieza, selección o empaque. Como resultado, los precios recibidos son bajos y contribuyen a una muy baja rentabilidad. Los recursos escasos, la baja tecnología utilizada, las pequeñas unidades de producción, el nulo nivel organizativo y el desconocimiento de mercados con demanda de productos con mayor valor agregado, en los estratos de productores descritos, hacen muy difícil el desarrollo de cadenas de valor”, en las que se contemplan los clúster y los agroparques.
El investigador de la UACH indica que en la mayoría de los agroclusters existentes en México “se tiene una insuficiencia en la inversión y desarrollo de bienes públicos. Aquellos con mayor necesidad de impulso son: investigación, capacitación, asistencia técnica e infraestructura”.
Y define que la estructura de un agroparque considera un sistema integrado compuesto por los siguientes elementos de negocio: “una empresa inmobiliaria, agricultores con sistemas de producción intensiva con alta tecnología, facilidades de comercialización y centro de transferencia de tecnología. Los agroparques en su estructura organizacional, además de las organizaciones de productores, pueden existir con una empresa integradora, un consejo de administración, un órgano de vigilancia y todos los niveles de jerarquía necesarios”.
Érika Ramírez
Contralínea 525 / del 05 al 11 de Febrero 2017
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