Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto seis periodistas fueron asesinados; cuatro, desaparecidos, y se registraron al menos 124 agresiones contra el gremio que involucraron a alrededor de 300 personas trabajadoras de medios de comunicación o personas en su ejercicio de la libertad de expresión, indica la Casa de los Derechos de Periodistas, AC .
Jaime Guadalupe González Domínguez, Alonso de la Colina Noriega, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, Mario Ricardo Chávez Jorge, Alberto López Bello y Alberto Angulo Gerardo son los periodistas victimados a lo largo de 2013.
En entrevista, Martha Olivia López Medellín, directora ejecutiva de la Casa de los Derechos de Periodistas, recuerda que durante 2012, el último año de gestión de Felipe Calderón Hinojosa, se cometieron 15 asesinatos en contra de periodistas, se registraron siete desapariciones de comunicadores, 54 agresiones y seis atentados a medios de información.
En comparativa, en tan sólo 1 año las agresiones contra el gremio aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios de comunicación se incrementaron en 300 por ciento con respecto de 2012.
Y es que de acuerdo con el Informe mundial-México, de Reporteros sin Fronteras, la elección de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional– no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país.
“México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas”, refiere el Informe de Reporteros sin Fronteras, y señala que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas mexicanos y 17 han desaparecido.
El monitoreo realizado por la Casa de los Derechos de Periodistas, que comprendió de enero a noviembre de 2013, identifica a Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca como las entidades con mayor incidencia de agresiones y agravios en contra de la prensa.
Según los datos de la Casa de los Derechos de Periodistas, de los 124 hechos de agresiones a personas trabajadoras de los medios de comunicación, 66 ocurrieron en Veracruz; 52, en el Distrito Federal, y 42, en Oaxaca; le siguen Chiapas, con 21; Puebla, con 16, Guerrero y Baja California, con 12 cada uno; Hidalgo, con 11; Sonora y Veracruz, con 10, respectivamente; Coahuila, con nueve; el Estado de México, con cinco; Tamaulipas y Nuevo León, con cuatro; Sinaloa, Michoacán y Chihuahua, con tres; Nayarit, con dos; y Tabasco, Durango y Aguascalientes, con uno.
No obstante las cifras, el clima de miedo e impunidad –aunado a la falta de confianza en las instituciones– mantienen en el anonimato y fuera de las estadísticas una gran cantidad de agravios.
“En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 periodistas están amenazados”. Sin embargo, no se atreven a denunciar porque no hay una autoridad confiable a donde ir, manifiesta Martha Olivia López.
Refiere que en la organización que dirige han documentado casos donde los periodistas viajan hasta el Distrito Federal para pedir el acompañamiento y la exposición de su caso, pero se niegan a levantar denuncias formales por miedo.
En entrevista con Contralínea, en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas, trabajadores de los medios de comunicación de todo el país coinciden en que el miedo y la impunidad, la lentitud de las instituciones e incluso la falta de acción de éstas han generado que, pese a la alta incidencia de agravios, los hechos no se denuncien ante las autoridades judiciales competentes.
Antonio Heras, agredido en febrero de 2012, señala a este semanario que en Baja California predomina la impunidad en cuanto a agresiones, homicidios, acosos y amenazas en contra del gremio.
El periodista señala que en ese estado, de 2004 a la fecha, hay al menos 14 casos de agresión y “no ha pasado nada”. Relata que hay registro de tres amenazas del crimen organizado contra medios de comunicación, dos de ellas ocurridas en marzo de 2012 y una más en septiembre de 2013; además de dos detenciones que hizo la policía de Tijuana, en noviembre pasado, contra dos reporteros que estaban trabajando. “Se han hecho las denuncias ante la Procuraduría General de la República, ante la procuraduría del estado, pero no pasa nada”.
El mismo Heras Sánchez ha sido víctima:?en febrero de 2012 fue golpeado con severidad por desconocidos. Tras esa agresión, el periodista de 53 años de edad y una trayectoria de 31 años –también sociólogo, director en Mexicali del portal de noticias www.enlineabc.com, director del proyecto Lindero Norte, corresponsal del periódico La Jornada y columnista de El Mexicano– realizó su propia investigación para dar con el responsable. “Ya sé quien me golpeó. Hice la investigación periodística para documentar quién había sido y se la entregué a la Procuraduría [General de Justicia del estado], a la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos], a la Pdh [Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California] y a la FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión]. Tengo 18 meses en espera”.
Baja California no es el único lugar donde se amenaza y maltrata al gremio. Los periodistas de Nayarit dicen a este semanario que la violencia en ese estado se desató entre 2008 y 2011; les trajo censura: les prohibían publicar la cobertura de la violencia porque para el exgobernador se trataba únicamente de rumores.
Los medios libres e independientes no rebasan los 10, el resto recibe financiamiento del gobierno estatal. “Hay represión política, hay compañeros amenazados de muerte, y demandas del gobierno nayarita hacia compañeros. Varios somos independientes, nos tuvimos que hacer independientes a partir de toda esta represión”, afirma María de Jesús González, que trabaja en el blog Periodismo Nayarita.
Guerrero es otra entidad con problemas para la libertad de expresión. Sergio Ferrer, quien trabaja para Los Ángeles Press y La Jornada Guerrero, expresa que en el estado hay un clima de violencia. La lista de agravios en su contra es larga: ha sido golpeado por policías, recibido ataques de medios locales, un alcalde lo acusó porque supuestamente arrojó una silla y ha sido despedido injustificadamente.
En Hidalgo la violencia también se incrementó significativamente. Al respecto, el director general de la revista La Neta, Hugo Santiago Sánchez, dice a Contralínea: “¡Hemos tenido coches bomba!”. La consecuencia: los periodistas se han autocensurado.
El joven de 24 años, que también dirige la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación, cuenta en este año dos agresiones por parte de servidores públicos. En una, el presidente municipal de Tetepango agredió a la reportera Beatriz Flores González cuando intentaba entrevistarlo. En la otra, los comentarios que hizo Jesús González, reportero de una radiodifusora, sobre una sesión de cabildo –en uso de su libertad de expresión– provocó la ira de Sixto Flores López, regidor priísta del municipio de Tula de Allende.
Señala que los periodistas realizan su trabajo con miedo. Y aunque se han denunciado los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos local, hasta la fecha no se ha emitido ninguna recomendación.
Ante la ausencia institucional han creado sus propias estrategias y protocolos de protección. Cubren y publican juntos notas que pudieran acarrear situaciones de riesgo. “Eso no nos crea ningún problema de celo periodístico ni de cuestiones de primicia. Nos da la oportunidad de publicar. Al salir en varios medios es más difícil sufrir una agresión. Existe la fraternidad y la unidad, estamos en contacto constante”.
En palabras de Graciela Machuca, periodista y enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas en Quintana Roo, hay una autocensura inevitable: “Yo, en algunos casos, la he llamado legítima, porque tenemos que comer”. En el estado hay alrededor de 100 portales de noticias por internet y una docena de periódicos.
En 2009 asesinaron a José Alberto Velázquez en Tulum. La investigación para dar con los responsables no ha avanzado. Es uno de los siete estados que carecen de una ley de protección a periodistas.
Uno de los estados más azolados es Veracruz. Allí hace unos meses Inés García Nieto se tuvo que ir de Orizaba porque ya no tenía opción de trabajo: el narcotráfico ha provocado temor.
En Ciudad Juárez, Chihuahua –cuentan los reporteros–, desde octubre de 2007 a la fecha, 24 periodistas fueron asesinados, se han dado alrededor de 200 agresiones que van desde empujones y robo de equipo, hasta disparos con arma de fuego a instalaciones de medios de comunicación.
“Este año le balacearon las instalaciones a El Diario de Juárez y al Canal 44 de la televisión local”. La situación es grave, consideran. “Hay muchísimos casos que no se denuncian”. En Ciudad Juárez los periodistas se vieron obligados a crear mecanismos de autoprotección: “Creamos uno con la comisión estatal de los derechos humanos”, ahí se establece la posibilidad de uso del chaleco antibalas o de casco.
Las agresiones en su gran mayoría provienen de fuerzas militares y policiacas de los tres niveles de gobierno. En el caso de los homicidios “es muy difícil identificar de dónde vienen, se cree que es del narcotráfico”. El gobierno, dicen, ha sido negligente al mantener impunes 22 de los 24 asesinatos de periodistas.
Ahí también los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación optaron por no interponer denuncias formales: “Hay miedo en algunos compañeros pero no temor. Sabemos lo que nos puede pasar y tratamos de protegernos entre todos”.
Reporteros sin Fronteras reconoce que la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Señala que las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. “La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas –a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles– de todos los niveles”.
Martha Olivia López, también periodista, lamenta que ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República ni el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tengan un impacto fuerte en la población periodística.
“No ha habido una gran campaña porque se desatarían las denuncias; de ser así, el Estado tendrá que reconocer que el problema se le ha salido de control”, refiere la directora de la Casa de Derechos de Periodistas.
En 2012, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo.
Al respecto, Vladimir Chorny Elizalde, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dice que en México el Estado ha sido incapaz de garantizar la protección de las personas que ejercen la libertad de expresión y de prensa así como de los defensores de derechos humanos. “Prueba de ello es que ante la imposibilidad del Estado se terminan generando mecanismos especializados de protección a estos sujetos”.
Ejemplo de ello es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas operó sin recursos hasta 10 meses después de su creación, y sin personal, como lo reveló Silvia Vázquez Camacho, subdirectora de Atención a Defensores y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
“El Fideicomiso tiene 13 millones de dólares” pero faltaban las Reglas de Operación para liberar los recursos. En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas la funcionaria agregó que, con el cambio de administración, los trabajadores del instrumento de protección “renunciaron” debido al nivel de estrés al que están sometidos. “Nos quedamos tres personas trabajando a nivel nacional”.
Informó que Quinta Roo, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León son las entidades que hasta la fecha no han firmado el convenio de cooperación pese a que, según ella, les han reiterado la necesidad de establecer relaciones para dar protección a las y los periodistas. “Con el Distrito Federal estamos en proceso”.
Añadió que la insuficiencia de personal conlleva el retraso en las medidas urgentes, lo que pone en riesgo a periodistas y defensores. A ello se suma la falta de leyes en los estados que conforman la República. Al ser convenios interinstitucionales, las entidades quedan exentas de obligatoriedad.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, a septiembre de 2013 el Mecanismo había recibido 96 casos, 58 de personas defensoras y 38 de personas que realizan labores periodísticas. “Sólo una tercera parte había podido ser conocida por la Junta de Gobierno, órgano que se encarga de otorgar las medidas”.
Especifica Silvia Vázquez que, de los 101 casos que llevan, 28 han pasado a la Junta de Gobierno; no obstante, más del 70 por ciento cuenta con medidas de protección.
A decir de Shannon Young, corresponsal en México para medios internacionales, los asesinatos de periodistas se han “normalizado”. La noticia ya no sorprende al exterior del país y muchas de las veces ni siquiera al interior. “Es importante continuar visibilizando los homicidios en el exterior para que no sean una cosa normal”. Pero sl intentar hacerlo ha encontrado dificultades. Argumenta que hay una especie de fatiga informática a nivel internacional cuando se trata de asesinatos a periodistas. “En los medios internacionales la nota sobre México se enfoca en la economía, en la supuesta fortaleza de la economía mexicana y el boom de la clase media que yo no veo”.
Jaime Guadalupe González Domínguez fue asesinado el 3 de marzo de 2013 en Chihuahua; se desempeñaba como director y reportero del periódico Ojinaga Noticias. Lo único que han informado las autoridades es que el móvil fue el presunto robo de su cámara fotográfica. Recibió 18 impactos de bala.
Alonso de la Colina Noriega fue asesinado el 14 de abril de 2013 cuando salía de un banco en la ciudad de Puebla, a donde se había desplazado luego de diversas amenazas recibidas por su trabajo periodístico en Guerrero. Era concesionario de una frecuencia de Televisión Azteca en ese último estado y titular del principal noticiario de la televisora en aquella entidad.
El 24 de abril fue asesinado Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa en Coahuila. Se desempeñaba como fotógrafo de la sección de sociales del periódico Vanguardia. Junto a su cadáver estaba el cuerpo sin vida de Julián Alejandro Zamora García. Ambos fueron torturados y mutilados.
El cuerpo de Mario Ricardo Chávez Jorge, reportero del periódico El Ciudadano, de Tamaulipas, fue encontrado el 26 de junio en un ejido de Reynosa. Desapareció aproximadamente el 5 de junio.
Alberto López Bello fue encontrado muerto el 17 de julio en una colonia de la zona Poniente de la ciudad de Oaxaca. Se desempeñaba como reportero de la sección policiaca del diario El Imparcial de Oaxaca. Su cadáver se encontró junto al de un elemento de la Policía Municipal de la capital del estado asignado a labores de inteligencia. Ambos fueron asesinados a golpes y con una barra de cemento. Autoridades estatales y federales de procuración de justicia concluyeron que su muerte no se debió a su labor periodística, sino a un altercado en un bar con miembros de la delincuencia organizada que operan en dicha ciudad.
Alberto Angulo Gerardo fue asesinado el 6 de noviembre en Sinaloa. Se desempeñaba como reportero y conductor de programas deportivos en Televisa Sonora y estaciones de radio de la zona. Fue ejecutado a balazos cuando viajaba con su familia a bordo de su automóvil por una carretera secundaria de la zona central de Sinaloa. Los delincuentes dispararon para obligar a la familia a detenerse hasta que el comunicador resultó herido, por lo que perdió el control de la unidad, volcó y perdió la vida.
Tanto Alonso de la Colina Noriega como Alberto Angulo Gerardo fueron asesinados fuera de la entidad donde realizaban su trabajo periodístico; el primero fue obligado a desplazarse y el segundo estaba fuera de Sonora por asuntos familiares. Las preguntas sobre la identidad de los asesinos materiales e intelectuales siguen sin ser respondidas por las autoridades.
Otro crimen que afecta al gremio y se invisibiliza es la desaparición. El 23 de enero fue reportado como desaparecido Sergio Landa en Veracruz, donde trabajaba en el Diario Cardel. El hecho ocurrió después de su primer día de trabajo, luego de 1 mes de haber estado secuestrado.
En la lista de desaparecidos está Juan José García, a quien se le perdió la pista en Chihuahua el 26 de marzo. Se desempeña como técnico de la empresa Televisa. Fue privado de su libertad por integrantes de un grupo armado en la puerta de su centro de trabajo.
Gerardo Padilla Blanquet desapareció el 30 de abril en Saltillo, Coahuila. Al momento del crimen se desempeñaba como director administrativo del grupo radiofónico Radio Grande, y conductor de noticias en el programa En Vivo Radio y Tv.
A la relación de agravios se agregan los ataques a las instalaciones de El Siglo de Torreón, El Diario de Juárez, Canal 44 de televisión en Ciudad Juárez, el diario Mural, El Mañana, El Piñero de la Cuenca, E-Consulta y Radio FM Maya. Treinta agresiones físicas de enero a noviembre de 2013, entre ellas los seis asesinatos. Además de 16 amenazas de muerte, 15 detenciones arbitrarias, 10 casos de agresiones físicas y verbales, ocho casos de obstrucción al trabajo periodístico, 10 casos de hostigamiento, así como 10 casos de agresión y despojo de información.
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