El Gobierno del Distrito Federal alista la construcción de la cuarta vía de peaje al interior de la Ciudad: la Autopista Urbana Oriente . Sus casi 15 kilómetros de tendido pasarán sobre zonas habitacionales, un Área Natural Protegida, áreas verdes, canchas de futbol, gimnasios al aire libre, juegos infantiles y plazas cívicas.
La obra, que inicia su recorrido en el Distribuidor Vial Muyuguarda y concluye en la Calzada Ignacio Zaragoza, fue concesionada durante la administración de Marcelo Ebrard por un periodo de 30 años al capital privado, en específico a la concesionaria integrada por Cemex, Gami Ingeniería e Instalaciones y Ascendi México.
Pese a que la construcción y explotación de la autopista ya fue concesionada, la Manifestación de Impacto Ambiental, de apenas un tramo de la obra, fue retirada por las autoridades tras un foro realizado a petición de académicos e investigadores el 30 de julio de 2013, en donde los expertos dieron a conocer sus observaciones sobre el impacto ambiental que causará la obra.
Luego del rechazo de la primera Manifestación, las autoridades esperan que la concesionaria entregue un nuevo documento para su evaluación y con ello se concluya el proceso administrativo y se inicien los trabajos de construcción.
A razón de atender la demanda de infraestructura vial en la zona; resolver los problemas de tránsito; ordenar la circulación de más de 4 millones de vehículos que viajan a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora en las vías congestionadas por la demanda; y lograr una mejor movilidad, el 10 de diciembre de 2010, el Gobierno del Distrito Federal declaró la necesidad de otorgar una concesión –“a efecto de no comprometer recursos públicos”– para diseñar, construir y explotar una vía periférica continua en los carriles centrales del Periférico Oriente.
Luego de la declaratoria, el 9 de noviembre de 2012 se otorgó el Título de Concesión a favor de Concesionaria Urbana Arco Oriente, SA de CV, empresa conformada por Cemex Concretos, SA de CV; Gami Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, y Ascendi México, SA de CV.
A petición del consorcio, 14 días después, los entonces funcionarios del gobierno capitalino (Jesús Orta Martínez, oficial mayor; Armando Quintero Martínez, secretario de Transportes y Vialidad; Fernando José Aboitiz Saro, secretario de Obras y Servicios; y Armando López Cárdenas, secretario de Finanzas) y los apoderados legales de la empresa (Joao Pedro dos Santos Dinis Parreira, Eduardo Acosta Lozano y Jorge Moreno Rojo) firmaron un documento modificatorio.
Expedidos por la Oficialía Mayor, los instrumentos y sus 13 anexos han sido reiteradamente negados por las dependencias capitalinas a quienes los solicitan a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
“La divulgación de dicha información puede generar una ventaja personal e indebida en perjuicio del ente público o de terceros, como podría ser el concesionario, asimismo, podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios que utilicen dicha vialidad, aunado a que también se puede poner en riesgo a los usuarios de inmuebles cercanos” (sic), argumenta la Oficialía en respuesta a las solicitudes.
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, celebrada el 28 de enero de 2013, el Gobierno del Distrito Federal clasificó la información como de acceso restringido en las modalidades de reservada –por un periodo de 7 años– y confidencial, por tiempo indefinido.
Entre otros temas, los 13 anexos reservados contienen información sobre las obras complementarias, la inversión total, las tarifas y las expropiaciones que se expedirán para dar paso a la vialidad de paga.
Según se define en la Modificación al Título de Concesión, el derecho de vía son las “superficies de terreno que el Gobierno del Distrito Federal obtendrá y pondrá a disposición de la Concesionaria”.
En dicho Programa, la Concesionaria Urbana Arco Oriente, SA de CV precisa cuáles son los tramos por donde se construirá la vialidad, así como las fechas en que se pretende liberar la misma para la construcción de las obras.
“Su divulgación podría afectar el proceso de la construcción de la vialidad concesionada […] y ante la existencia de actos como la liberación, negociación, adquisición o pago de precios de terrenos por donde se construirá la vía, podría provocar una ventaja personal e indebida en perjuicio del ente público o de terceros, como el concesionario”, reitera la dependencia.
Los términos y condiciones de la liberación y entrega del derecho de vía se especifican en la condición séptima del Título y su Modificatorio: será responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y se llevará a cabo dentro de los tiempos máximos previstos mediante los actos jurídicos y administrativos permitidos.
Según los escritos, la concesionaria absorberá los importes para cubrir los precios que se fijen en los convenios y contratos respectivos o como indemnizaciones por los bienes expropiados, “en el entendido de que dichos importes serán considerados como parte de la inversión total”, misma que, de acuerdo con la condición décimo novena, “la cocesionaria tiene derecho a recuperar con cargo a las cuotas de peaje”.
En el Título, el gobierno capitalino permite que a solicitud o con la anuencia de la Oficialía Mayor, la Concesionaria coadyuve a la liberación del derecho de vía “mediante la negociación, adquisición o pago de precio de los terrenos”.
Agrega que “los trabajos deberán ejecutarse dentro de los tiempos máximos, siendo la Concesionaria responsable en caso de incurrir en retraso, salvo que sea ocasionado por la liberación o entrega del derecho de vía […]. En caso de que el derecho de vía no pueda ser liberado total o parcialmente, en términos del Programa de Liberación del Derecho de Vía, se considerará como evento de fuerza mayor”.
El proyecto se encuentra inmerso en la mayor parte en un contexto urbanizado. La falta de información sobre el trazo exacto de la obra ha causado zozobra entre los habitantes de las colonias que rodean al Periférico Oriente, especialmente en las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, donde el temor a ser despojados ya ha sido manifestado por los vecinos.
Extraída de la Manifestación de Impacto Ambiental rechazada, la única certeza que se tiene al respecto es que en el primer tramo, que va de Muyuguarda a Bilbao, entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Reforma, “el derecho de vía del Periférico se estrecha un poco, lo que obligará a promover algunas acciones para liberar el derecho de vía en el lado Oriente de la vialidad.
“Paraderos y el Parque Temático Canal Nacional, oficinas, bodegas y estacionamientos tendrán que desocuparse. En cuanto a los puestos semifijos, también deberán ser desocupados por los propietarios, y en caso de no ser así, será la autoridad competente la que desaloje.”
Ante el absoluto secretismo, Esther, vecina de la colonia San Juan Joya en Iztapalapa, señala: “Quisiera que informaran qué es lo que va a pasar y qué es lo que no, para que se termine esta incertidumbre que tenemos”.
En juntas semanales, la comunidad se reúne para compartir la información que cae a cuentagotas. “Entre nosotros nos encontramos y platicamos. Sin información, entra la angustia. Con tantos trabajos… Toda una vida para hacer una casita y luego, de repente, que digan: ‘es que saliste afectado…’ Que van a poner una autopista”, reclama, desconcertada, la mujer de 55 años de edad desde el zaguán de su domicilio.
Teme una expropiación. “Mis nietos son los que escuchan en la calle o se acercan a las juntas, lloran y dicen que no quieren que nos tiren la casa, que no se quieren ir, que no quieren que nos quiten de aquí, aquí nacieron”.
En la casa de Esther –a donde llegó hace 50 años, cuando en el paisaje no había más que un canal de aguas negras y “decían que iban a pasar carros pero no veíamos cuándo”–, habitan tres familias, unas 10 personas en total.
“Autopistas nos sobran, vea la del Sur, obsoleta; lo que necesitamos es beneficios para la comunidad sin dañar los bolsillos. ¿Qué autopista necesitamos? La mayoría no tenemos carro”, exclama, severo, don Gilberto, vecino de Iztapalapa. Su casa se ubica frente al Periférico Oriente.
—¿Usted sabe si la autopista va a ser elevada o a nivel de piso? –se le pregunta.
—Pues nos manejan todo y no nos dan ningún tipo de información.
—¿Cómo se enteró?
—Por los periódicos. Las autoridades nunca dan información, la dan cuando ya están con las maquinarias aquí trabajando. Para los vecinos es importante el espacio público y ahora ya lo quieren quitar.
Gilberto hace un atento llamado a las autoridades para que analicen el proyecto y así “eviten un enfrentamiento”. Pide que se tome en cuenta a la gente afectada y se abra la discusión en todos sus términos.
Tal como lo señala la Oficialía Mayor en respuesta a las solicitudes de información, la documentación reservada “describe y detalla la operación técnica, estratégica, mecánica, así como el análisis financiero para el desarrollo y construcción de la vía concesionada”. Esos datos apenas se delinean en las 26 fojas que integran el Título de Concesión, las 29 que conforman el instrumento Modificatorio del Título de Concesión y las casi 400 fojas presentadas por Concesionaria Urbana Arco Oriente a la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) capitalina para evaluar los impactos ambientales de únicamente el 35 por ciento de la obra.
Correspondiente al intertramo uno, la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Específica del Proyecto Autopista Urbana Oriente, Tramo Muyuguarda-Bilbao, revela que la longitud de este trayecto es de 5.310 kilómetros, el 35.69 por ciento de la obra, para lo que se estima una inversión aproximada de 2 mil 740 millones de pesos en su construcción y 13 millones 700 mil pesos para las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.
“La fuente de los recursos que se asignarán para la construcción de la obra en proyecto aún no han sido definidas en su totalidad, aunque se puede mencionar que en general, las aportaciones serán por parte del Gobierno del Distrito Federal y de entidades particulares” (sic), se lee en las páginas invalidadas por la Secretaría del Medio Ambiente local.
Con el fin de aportar los recursos necesarios, la administración capitalina permite a la Concesionaria, en la condición tercera del Título, solicitar dinero en calidad de crédito o préstamo para la realización de la vía o “contratar toda clase de financiamiento”.
Además, según la condición décimo tercera, la concesionaria podrá contratar con terceros la totalidad o cualquier parte de los trabajos de construcción, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.
A partir de que se inicie la operación parcial o total de la vía, las empresas tendrán el derecho de cobrar a los usuarios las tarifas que determinen, mismas que se ajustarán automáticamente cada año de manera que la inflación no disminuya su valor.
No obstante el ajuste anual programado a la tarifa inicial acordada en la propuesta (1 peso con 89 centavos por kilómetro, IVA incluido) la dependencia auxiliar podrá autorizar que la Concesionaria incremente en términos reales los montos máximos de las tarifas antes de las fechas previstas. “Cuando las condiciones sociales lo permitan y el desempeño económico y operativo de la vía así lo justifique”.
Asimismo, la Concesionaria tendrá la facultad de incrementarlas con el objeto de lograr una reducción en el tránsito diario y asegurar que en todo tiempo la vía opere con las condiciones de fluidez y seguridad previstas para evitar el deterioro progresivo de la vialidad.
En caso de que el gobierno capitalino solicite reducir las tarifas en cualquier porcentaje de manera unilateral o en caso de que permita el libre acceso a los vehículos sin pago de tarifa, está obligado a compensar a la Concesionaria a través de mecanismos financieros o fiscales, previa firma de convenio o mediante beneficios fiscales, aclaran las condiciones décimo tercera y décimo cuarta.
Durante el tiempo de vigencia de la concesión, la Concesionaria Urbana Arco Oriente tendrá la obligación de entregar anualmente al gobierno de la Ciudad el 1 por ciento de los ingresos brutos tarifados sin IVA derivados de la operación de la vía.
De acuerdo con la condición décimo octava, la Concesionaria queda obligada también a entregar una contraprestación en especie hasta por la cantidad de 62 millones 21 mil 418 pesos, que consiste en la construcción de un parque tipo y jardinería en el tramo Muyuguarda-Bilbao, y un “parque tipo, instalaciones deportivas, cancha de futbol americano incluyendo el predio, cancha de futbol de sala, cancha de frontón y cancha de básquetbol y jardinería” en el tramo Bilbao-Tezontle (Obras Adicionales y Extraordinarias).
Infografía:
Durante las 3 décadas de vigencia de la concesión, contadas a partir de la fecha de inicio de operación, la Concesionaria tiene derecho a recuperar la inversión total realizada más el 10 por ciento de la tasa interna de retorno real anual después de impuestos y sin financiamientos (TIR del proyecto) con cargo a las cuotas de peaje, mandata la condición décimo novena. De no ser así o de presentarse interrupciones en la operación de la vía por causas no imputables a la propia Concesionaria, el plazo será prorrogado. “Si por cualquier razón no se otorga la prórroga, el Gobierno del Distrito Federal deberá cubrir dicho monto”, señala la vigésima condición.
La Concesionaria también podrá presentar a la dependencia auxiliar los estudios necesarios para evaluar la conveniencia de ampliar la vía mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones con posibilidad de que se aumente el plazo de vigencia de la concesión y se apliquen tarifas en las ampliaciones.
A esta condición vigésimo primera, especificada en el Título original, en la versión Modificatoria se le elimina el párrafo que permite al Gobierno del Distrito Federal “llevar a cabo, directamente o por conducto de terceros, la ampliación siempre que no se afecte adversamente la operación de la vía concesionada”.
“Será responsabilidad de la Concesionaria la obtención de todas las constancias administrativas que se requieran para la construcción de la vía y las obras complementarias, en el entendido de que en todo momento la Oficialía Mayor y las autoridades gubernamentales competentes coadyuvarán en la obtención de las constancias, incluyendo las autorizaciones en materia ambiental”, se lee en la décima condición del Modificatorio, documento que ya no contiene el párrafo que le sucedía: “Sólo en caso de que el retraso o interrupción haya sido por más de 12 meses y las constancias administrativas no se hayan obtenido, la concesión terminará anticipadamente su vigencia”.
A la Concesionaria Urbana le hace falta una constancia: la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental. Entre los retos está el de cimentar la vialidad sobre una de las áreas naturales protegidas de mayor relevancia para la Ciudad de México: los humedales de Xochimilco.
Ante el rechazo de la sociedad civil, especialistas y académicos y con una investigación abierta en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial bajo el expediente PAOT-2013-IO-70-SPA-22, la empresa reformula su propuesta; mientras tanto, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el Título de Concesión, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina busca desincorporar a la zona de la categoría de Área Natural Protegida.
En entrevista con Contralínea, Priscila Vera, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional, expresa su preocupación por los posibles impactos ambientales de la obra: “Hemos visto que la autoridad ha sido complaciente”.
Narra que, tal como lo declaró en su comparecencia ante el órgano legislativo, para la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tanya Müller García, la decisión ya está tomada, y la autopista se tiene que desarrollar. Argumento, dice, digno de un secretario de obras, no del medio ambiente.
Señala que es evidente que ha habido un proceso atropellado: “no se ha consultado a los vecinos, a los especialistas”.
Según Vera Hernández, la decisión de construir la autopista fue tomada por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard. “Nos preocupa que haya tan poca sensibilidad de parte de esta administración en siquiera revisar la parte medioambiental, las afectaciones a los vecinos, el tema del Título de Concesión”.
Señala que en la Asamblea Legislativa se presentó un punto de acuerdo para que la convocatoria a la próxima Manifestación de Impacto Ambiental sea lo suficientemente amplia, difundida y que para su evaluación se tomen en cuenta todas las voces. “Vamos a acompañar el proceso para garantizar que verdaderamente sea un proyecto que no dañe al medio ambiente”. No obstante, el tema no se ha discutido en la Asamblea Legislativa.
En las oficinas centrales del Gobierno del Distrito Federal se informó que no había “vocero” oficial para hablar de la Autopista Urbana Oriente y que, por ello, no se podían tramitar entrevistas para este fin. Contralínea solicitó conocer las versiones del secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García, a través del director de Comunicación Social de la dependencia, Salvador Martínez Silva; también del secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, por medio de Sandra Martínez. Luego de semanas de gestión, los funcionarios decidieron no hablar sobre el tema.
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