En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, los defensores de derechos humanos han padecido entre 128 y 326 agresiones; 22 de éstas terminaron violentamente con sus vidas. Entre las más graves también se cuentan 17 detenciones-desapariciones, revela un diagnóstico que en breve harán público la CDHDF y 10 organizaciones civiles. El 98.5 por ciento de los casos están impunes, alerta el análisis. Agentes del Estado, grupos armados, empresas privadas, jerarquías eclesiásticas, entre los agresores
Los defensores de derechos humanos en México han sufrido, al menos, 128 eventos de presuntas agresiones en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, descubre un informe conjunto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y 10 organizaciones civiles, entregado a Contralínea por sus autores. Del mismo estudio se desprende que la cifra de casos podría alcanzar los 326. Entre los más graves, están 22 ejecuciones y 17 detenciones-desapariciones.
De las 128 agresiones que reconocen la mayoría de los organismos que signan la información, sólo en dos “se han procesado judicialmente a los probables responsables, lo que resulta en un nivel de impunidad del 98.5 por ciento”.
El diagnóstico detalla que son agentes del Estado y diversos grupos de poder los principales agresores. Entre estos últimos, cita a grupos armados, empresas privadas y jerarquías conservadoras de las iglesias. “A pesar de de que el Estado está obligado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las defensoras, en ocasiones son los agentes del Estado quienes actúan como cómplices de las agresiones perpetradas en contra de las y los defensores. Lamentablemente, ésta es una práctica común del Estado y de los diversos agentes gubernamentales”.
En este contexto, la militarización y la impunidad acentúan la transgresión a los derechos humanos y vulneran a sus defensores. El principal perpetrador es el Estado, revela el informe entregado a Contralínea previa publicación oficial.
El Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México –que será impreso a finales de este mes– adelanta que la militarización de la seguridad pública en el país incrementa el riesgo que corren los defensores de derechos humanos en su labor.
En una recopilación de documentos y bases de datos, el análisis arroja diversas cifras en torno a las agresiones en contra de dichos defensores. Organismos nacionales e internacionales divergen en sus reportes.
Mientras la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tiene el registro de “128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos”, durante el periodo 2006-2009, Amnistía Internacional documenta 15 casos de amenazas y ataques de 2007 a 2009, y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos-Organización Mundial Contra la Tortura (FIDH-OMCT) lleva la contabilidad de 45 agresiones de 2008 a 2009.
Protection Desk México, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo también se han dado a la tarea de llevar el conteo. Sus cifras son las más elevadas: 326 casos de 2008 a lo que va de 2011. De éstos, 22 son ejecuciones, 17 detenidos-desaparecidos y 288 “judicializaciones”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene contabilizados 68 casos, entre los que se han reportado amenazas, homicidios, hostigamientos, declaraciones de desprestigio, uso arbitrario del sistema penal, tentativa de homicidio, robo, lesión y allanamiento.
Lo cierto es que no se lleva a cabo un reporte global de las agresiones, lo que complica ver claramente el panorama de los que han sido afectados, comenta Gabriel Soto, uno de los participantes en la elaboración del diagnóstico e integrante de la CDHDF.
“Hay poca voluntad de las autoridades de proteger a los defensores, porque son ellos quienes señalan sus errores, ponen el dedo en el renglón e indican [las] arbitrariedades. La intención de no proteger [a los defensores] se manifiesta a través de no agrandar las estructuras ni aumentar [el] presupuesto [destinado a esta labor]”.
Militarización, el asecho
La militarización de la seguridad pública ha resultado ser un factor perjudicial en la labor de los defensores de derechos humanos. “Ante el aumento de la inseguridad y las actividades de la delincuencia organizada, el gobierno federal diseñó una estrategia de combate, basada en la militarización de la seguridad pública. Tal decisión ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad debido a que la violencia se ha incrementado en toda la república.
“La militarización de la seguridad pública pone en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos. De 2006 a 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] emitió más de 40 recomendaciones que, de acuerdo con sus investigaciones, confirman violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”, indica el documento en el que también participaron el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; la Red por los Derechos de la Infancia en México; Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité de Derechos Humanos Ajusto; Colectivo Construyendo Resistencia, entre otros.
A principios de este año, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, informó que este organismo ha recibido cerca de 1 mil 500 quejas contra las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 500 contra la de Marina y 1 mil contra la Policía Federal, de 2006 a 2009.
De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “algunas de las defensoras y defensores que han acompañado o defendido públicamente a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos de parte de elementos del Ejército han enfrentado obstáculos adicionales para desarrollar su labor”.
Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo, comenta que en los momentos que vive el país y bajo el discurso presidencial, los defensores de derechos humanos se han convertido en parte del “enemigo interno”.
Las autoridades argumentan que el defensor de derechos humanos “es también parte del círculo que protege a los delincuentes y que obstaculiza el trabajo que hace el gobierno para eliminar a ese enemigo. Por ello, es necesaria la voluntad política. Solamente a través de una campaña dirigida desde el Estado podría cambiar un poco la percepción de la gente. Los defensores somos personas que existimos porque el mismo Estado no cumple”.
Estado deslegitima defensoría
La falta de una cultura que promueva la defensoría de los derechos humanos, así como de quienes ejercen este papel es otro de los obstáculos. El diagnóstico indica que una manera de denostar esta labor, es el “desprestigio o, incluso, la criminalización”. Ésta es una forma de “reprimir o de acallar a quienes denuncian las violaciones cometidas por las autoridades”.
A los defensores, indica Cerezo Contreras, “se les acusa de proteger [a] delincuentes, de obstaculizar la labor de la justicia, de oponerse al desarrollo, de dedicarse a protestar y no proponer, de buscar desestabilizar al gobierno, de no transparentar el origen de los recursos económicos que reciben y de lucrar con las causas que defienden”.
No así la imagen que dan los funcionarios de todos los niveles de gobierno al exterior, pues “se observa una fuerte retórica en relación a los derechos humanos; no obstante, a nivel nacional se vive un estado de malestar respecto de la situación. Se identifica falta de confianza hacia las instituciones y pocos canales de interlocución entre los diversos actores gubernamentales y los de la sociedad civil y defensores de derechos humanos”.
En este sentido, añade Cerezo Contreras, las comisiones de derechos humanos en los estados se han vuelto cómplices para encubrir las violaciones. “Normalmente sus directivos pasan de la procuraduría a la presidencia de la Comisión, lo que no garantiza una investigación real y en consecuencia recomendar al Estado que cumpla con sus obligaciones. Hay excepciones, algunos organismos estatales intentan hacer algo, pero como son a nivel local el impacto sólo es en su ámbito”.
Violación global
Desde que México se insertó en la economía global, con la firma de 12 tratados comerciales a nivel internacional, la exposición de la población a la violación de sus derechos humanos se ha incrementado. “Las consecuencias de tal estrategia económica para los derechos humanos y la soberanía nacional son consideradas, por defensores de derechos humanos, como negativas”, menciona el diagnóstico.
La operación de empresas multinacionales en México ha propiciado la violación de los derechos humanos en materia laboral, de territorio y la explotación abusiva de los recursos naturales. En consecuencia, la denuncia de estos hechos “convierte [a los defensores] en blanco de acusaciones, hostigamientos o ataques a su integridad moral y física”.
El desarrollo de complejos turísticos a través de un acelerado proceso de extracción y utilización de los recursos naturales es otro de los factores que propician la violación de los derechos humanos. Resultado de ello, es la resistencia que se mantiene en torno a los conflictos ambientales, conocida también como “ecologismo de los pobres”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos documentan que “la falta de claridad por parte del Estado mexicano en el reconocimiento del medio ambiente como un derecho y a quienes lo defienden como actores legítimos de sus demandas convierte su defensa en una labor peligrosa. De la misma forma, no se cumple con el derecho a la consulta en el caso de la instalación de proyectos de “desarrollo”.
Impunidad
La impunidad también afecta el trabajo de los defensores pues “el mensaje que envían las autoridades al no investigar ni castigar las violaciones a los derechos humanos es que quien las cometa no sufrirá ninguna consecuencia. En cambio, las personas y organizaciones sociales que levantan la voz para defender los derechos humanos y exigir que los abusos no queden impunes, muchas veces son castigados injustamente”.
El informe de la OACNUDH de 2009 señala que sólo en dos de los 128 eventos de presuntas agresiones en contra de defensores se procesaron judicialmente a los probables responsables.
Amnistía Internacional concluyó en su informe sobre la situación de defensores que las amenazas, los ataques y los homicidios contra éstos rara vez son investigados de forma efectiva por las autoridades.
De acuerdo con la información recabada de las 128 presuntas agresiones en contra de defensores, únicamente en dos ocasiones se ha procesado judicialmente a los probables responsables, lo que resulta en un nivel de impunidad del 98.5 por ciento, indica el Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México.
Programa sin perspectiva de género
Marusia López Cruz, coordinadora regional de Asociadas por lo Justo Mesoamérica, critica: “En un país abatido por la violencia, existe [una] estrategia francamente violatoria de los derechos humanos. La impunidad y la corrupción han dejado a la ciudadanía completamente desamparada, y han sido las mujeres las que han asumido esta labor básica de defensa. Sin embargo, no se les reconoce”.
Orfe Castillo, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, dice que la mujer ha sido la que ha sostenido el tejido social en el país. “Si la sociedad no está peor es gracias a los lazos de comunidad, solidaridad, contención que nos damos las mujeres entre nosotras en momentos de crisis sociales”.
Ambas defensoras de derechos humanos son colaboradoras del documento Violencia contra defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales en Mesoamérica, que se realizó en conjunto con 55 integrantes de otras organizaciones de la región mesoamericana. Los resultados de éste revelan que la precariedad, la inseguridad, la misoginia y la discriminación son los principales problemas que enfrentan las defensoras.
Entre los grupos más vulnerables que han identificado las organizaciones se encuentran las defensoras que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, las que reivindican los derechos laborales, indígenas en contra de la violencia y aquellas que son esposas e hijas de presos y desaparecidos políticos.
Entre los tipos de agresiones que destacan las defensoras y el informe –que será presentado en los próximos días y al que Contralínea tuvo acceso–, se encuentran los asesinatos; difamación; autocensura; violencia sexual; amenazas de muerte; violencia por parte de sus parejas y familiares; vigilancia permanente a las defensoras y sus organizaciones; negación de espacios en medios públicos y privados de comunicación y cierre de espacios de comunicación; dejar en la impunidad las denuncias en contra de defensoras; incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
La labor de los defensores
De acuerdo con el Diagnóstico del derecho humano a defender derechos humanos en la Ciudad de México, las acciones o actividades que realizan los defensores de derechos humanos se caracterizan por:
Promover y defender cualquier derecho humano (civiles y políticos o económicos, sociales y culturales o libertades fundamentales).
Se desarrollan de manera individual o colectiva.
Se pueden llevar a cabo desde cualquier espacio (incluso el aparato estatal, gubernamental o la empresa privada).
Deben ser pacíficas.
Pueden estar dirigidas a promover y defender derechos de sectores concretos de la población.
Pueden efectuarse en el marco de actividades remuneradas o gratuitas, (dentro del ámbito laboral, o fuera, a través de trabajo voluntario).
Pueden realizarse de manera permanente u ocasional.
Pueden cometerse en cualquier parte del mundo.
Pueden desarrollarse a nivel local, nacional, regional, o internacional.
Aceptan la universalidad de los derechos humanos.
No es imprescindible que los argumentos presentados sean correctos. Lo más importante es si la persona defiende o no un derecho humano.
