A cuatro años de su gobierno, Felipe Calderón aún paga las facturas a los empresarios que lo respaldaron en su campaña política para la Presidencia de la República. Entre ellos, figura el Grupo Andrade, cuyas finanzas administra el primo del presidente Luis Gómez del Campo Gurza, hermano de la líder del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mariana Gómez del Campo.
Los millonarios contratos que desde 2007 Pemex Refinación ha adjudicado a Camiones Andrade, una de las empresas del grupo, ha provocado la inconformidad de diversos proveedores, quienes han promovido quejas y denuncias ante el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que frenen el supuesto tráfico de influencias de Luis Gómez del Campo a favor de esa compañía.
Con Gómez del Campo, los empresarios Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, directivos de Grupo Andrade, se convirtieron en los contratistas con las asignaciones más lucrativas de Pemex Refinación.
Sólo entre 2007 y 2010, mediante los contratos 4500236448, 4500298819, y 4500350033, la subsidiaria les compró más de 900 pipas para transportar hidrocarburos, cuyo costo unitario rebasa el millón de pesos; es decir, más de 1 mil millones de pesos. Es la facturación más alta en la historia de esa compañía. También les compró 57 autostanque y 91 tractocamiones mediante las licitaciones 18576178-003-10 y 18576178-004-10.
Para tales adjudicaciones, se argumentó que Grupo Andrade cumplía con los requerimientos técnicos y económicos, y que tenía la suficiente solvencia para compromisos contractuales de tal envergadura, no obstante que durante 2009 diversas cuentas bancarias le fueron embargadas por proveedores que alegaron falta de pago e incumplimientos, como Daimler Financial Services, derivado del juicio mercantil 159/2010.
Los órganos internos de Control en Pemex recibieron quejas de que las adjudicaciones responden a las gestorías e “influencias” de Gómez del Campo. Tales inconformidades también se hicieron públicas en desplegados que transportistas dirigieron a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Pemex.
El Grupo Andrade rechaza que existan tales influencias: “La relación de Luis Gómez del Campo con el Grupo tiene más de 15 años y sus funciones no lo vinculan en los procesos de licitación, en los que las empresas del Grupo participan”, dice a Contralínea el área de relaciones públicas del corporativo, a nombre del director general Ángel Mieres Zimmermann.
Sin embargo, fuentes internas del Grupo Andrade refieren que aunque la amistad entre Gómez del Campo y Ángel Mieres data de hace 15 años, su ingreso a la nómina fue en agosto de 2005. Antes, se desempeñaba como ejecutivo del grupo financiero Multiva, de la familia Vázquez Raña.
Explican que aunque Luis Gómez del Campo no participa directamente en los procesos de licitación gubernamental, sino a través de sus subordinados, él opera las relaciones públicas y administra los recursos económicos del consorcio, la mayoría desde 2007. Según el sistema Compranet, provienen del erario.
El Grupo Andrade se dedica a la venta de automóviles y camiones. Fue fundado en 1986 por Francisco Mieres Fernández y su hijo Ángel Mieres Zimmermann, accionistas mayoritarios junto con Antonio y María Cristina Mieres Zimmermann. Agrupa las firmas Automovilística Andrade; Camiones Andrade; Autoangar, SA de CV; Camiones de Cuautitlán, SA de CV; Refacciones y Servicio Zaragoza; Angar Azcapotzalco, SA de CV; Autos Británicos Angar, SA de CV; Camiones y Refacciones El Pajarito (Carepasa); Eurocamiones, SA de CV; Autos Japoneses Angar; Italo Angar, y Velotrans.
Si bien el consorcio ya era proveedor del gobierno desde el sexenio de Vicente Fox, sus contratos eran menores –uno de ellos, matizado de irregularidades–. En 2006, la Secretaría de Salud le concedió, fuera de ley, un plazo de cuatro meses para que entregaran las compras que les hizo el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de una unidad de comando operativo para seguridad en salud y siete unidades de respuesta rápida para seguridad en salud.
Las cláusulas obligaban a Camiones Andrade a entregar las unidades el 10 de marzo de 2006; pero dos semanas antes de que se cumpliera la fecha, funcionarios del sector salud ampliaron el plazo hasta el 26 de julio mediante un convenio que la Auditoría Superior de la Federación calificó como ilegal; acusó a funcionarios de la Secretaría de Salud por violar la Ley de Adquisiciones para favorecer a la contratista y pidió al Órgano Interno de Control (OIC) fincar responsabilidades.
La llegada del gobierno autodenominado “de las manos limpias” impactó de manera directa al corporativo, no sólo con millonarias compras de Pemex, sino de secretarías de Estado, instituciones de salud, procuradurías, corporaciones policiacas, y lo colocó a la cabeza de los proveedores de parque vehicular.
Ya con Felipe Calderón, aun con la presencia de contralores y la incorporación de testigos sociales a los concursos de gobierno, se les ha permitido que dos, tres y hasta cuatro de sus compañías concursen en una misma licitación, un hecho que a otras contratistas les ha valido severas inhabilitaciones por simulación de competencia y por contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Al respecto, Rogelio Aldaz Romero, director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, precisa que las leyes de Adquisiciones y Obra Pública prohíben que empresas de un mismo grupo participen en una misma licitación con propuestas diferentes, porque “este tipo de prácticas vulneran precisamente la libre competencia entre los servicios que se ofrecen al gobierno”.
Las sanciones, explica, promedian tres años de inhabilitación y multas económicas que “dependen del monto del contrato que se obtuvo con ese mecanismo de participación simulada. Pero, de entrada, amerita la inhabilitación severa de tres años”.
Esta pena no se ha aplicado al Grupo Andrade. En junio de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) emitió la licitación 00020043-012-09 para comprar vehículos a Liconsa, Diconsa y al Fondo Nacional de Habitaciones Populares. En el proceso, se permitió que cuatro compañías del grupo –Camiones y Refacciones El Pajarito, Camiones de Cuautitlán, Autoangar y Automovilística Andrade– concursaran, y se les adjudicó la compra de vehículos por 42 millones 969 mil 800 pesos.
Al año siguiente, la Sedesol convocó a la licitación 00020043-010-10 para compra de vehículos a Liconsa, Diconsa y Oportunidades. Se permitió que concursaran Autoangar, Camiones de Cuautitlán y Camiones y Refacciones El Pajarito, todas representadas por una persona distinta. Se les adjudicó el contrato por 33 millones 200 mil pesos a Camiones de Cuautitlán, y 3 millones 227 mil pesos, a Camiones y Refacciones El Pajarito.
Rogelio Aldaz, de la SFP explica que para que se acredite la infracción debe haber coincidencia de socios entre las empresas que están participando en un mismo concurso.
En las actas constitutivas de Camiones de Cuautitlán y Autoangar, Ángel y María Cristina Mieres Zimmermann aparecen como accionistas principales. En las actas de Automovilística Andrade, ambos aparecen como miembros del Consejo de Administración.
Los llamados públicos y a través de las contralorías internas para que la SFP escrute los contratos adjudicados al consorcio camionero pondrán en una encrucijada al área encargada de vigilar la legalidad de las contrataciones gubernamentales, pues otra integrante de los Gómez del Campo, Teresa, es funcionaria de dicha Secretaría.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otra área de gobierno que más compras ha hecho al Grupo Andrade. Quizá sea coincidencia que Antonio Gómez del Campo, hermano de Luis, sea administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de esa dependencia.
En septiembre pasado, el SAT compró a Autoangar 58 camionetas tipo Guayin y 35 camionetas tipo pick up, que facturaron 10 millones 558 mil pesos. A finales de ese mes, compró camionetas por 153 millones 587 mil 471 pesos con dinero del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Auditorías Aduaneras.
Vehículos de lujo para secretarios y subsecretarios, camionetas para funcionarios ejecutivos y 4 por 4 para ejecutivos junior; vehículos utilitarios, camiones de carga, pipas y tractocamiones para la industria petrolera; pipas y camiones cisterna; camiones adaptados como unidades médicas para el sector salud; camiones de carga para transportar bienes incautados; patrullas con torreta para policías; motocicletas para los federales; blindados para el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército); grúas para Comisión Federal de Electricidad, etcétera. El Grupo Andrade surte de todo al gobierno federal en licitaciones públicas o adjudicaciones directas.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares compra a Grupo Andrade autostanque para gasavión, dispensadores para suministro de combustible, vehículos de rescate y extinción de incendios. A la Comisión Nacional del Agua, vehículos y camiones tanque cisterna. Con cargo al Fondo Nacional de Desastres, el gobierno federal compra al Grupo Andrade camiones tanque cisterna, tractocamiones y camiones 6 por 4 con grúa.
En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) compró una flotilla de 46 automóviles sedan cuatro puertas, con dirección hidráulica y aire acondicionado, y 49 camionetas tipo pick up 4 por 4 con sistema de doble tracción.
Por adjudicación directa, también les compran la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría del Trabajo, Banjército, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y por “invitación restringida”, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Educación Pública.
El SAT, además de comprar vehículos, contrata a Grupo Andrade el servicio de mantenimiento; igual que Pemex Corporativo, que en febrero de 2008 contrató el mantenimiento de los vehículos de sus ejecutivos por 590 mil pesos. También Liconsa, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría del Trabajo.
Pemex Refinación compra a Andrade refacciones y el mantenimiento de pipas y del parque vehicular, así como de tanques de terminales del país.
El pasado 30 de agosto, el SAT recibió una denuncia donde se ventilan, con santo y seña, supuestas irregularidades del corporativo Andrade. Aquí, la parte sustancial de la denuncia, a la que tuvo acceso Contralínea:
“Los trabajadores del Grupo Andrade son empleados de una administradora de personal Trasinmex, SA de CV, y/o Servicios de Contraloría, Administración y de Personal, SA de CV. Los gerentes y directivos son miembros de una cooperativa. Adicionalmente, los dueños y directivos reciben sus ingresos por medio de depósitos en efectivo de la empresa de transporte Velotrans, SA de CV, la cual factura a las distribuidoras ciertos montos con IVA [impuesto al valor agregado], los cuales son depositados a cuentas bancarias de los dueños, directivos, gerentes y empleados de las distribuidoras.
“La empresa de transporte acumula el IVA y factura como asesorías administrativas. Esto se ha llevado a cabo mensualmente por más de cinco años, abusando de las ventajas fiscales de las deducciones de las empresas de transporte. Al final, esta empresa está ‘vendiendo’ facturas y realiza operaciones fuera de su giro. A sabiendas de que este tipo de transacciones son ilegales, los directivos y dueños sacan sus ingresos adicionales de las empresas, ya que cobran una mínima porción dentro de la nómina de la empresa administradora de personal.
“Tanto propietarios como empresas no son asesorados por empresas externas como es común, sino que copian esas prácticas y las implementan por medio de sus directores de contraloría y del área legal. Además de incurrir en simulaciones contables, triangulaciones financieras, doble contabilidad, evasión de pago del ISAN, y promueven amparos para dejar de pagar contribuciones.
“Los dueños podrían ser responsables de evasión fiscal, lavado de dinero, fraude, ya que a pesar de hacer ventas importantes a Pemex de auto tanques y tener utilidades, buscan figuras para no contribuir al fisco a pesar que el mismo Estado le hace importantes compras…” (sic).
Al respecto, la Administración Regional de Evaluación Metropolitana, de la Administración General de Evaluación del SAT, integró el expediente (103-24) 331-02-02-2010-208.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió una denuncia similar.
En octubre, ambas denuncias derivaron en otras que se presentaron ante las contralorías internas del SAT y la CNBV. La razón: se acusa a Antonio Gómez del Campo, en el SAT, y Pablo Gómez del Campo, en la CNBV, de supuesta “omisión ante las actividades que realiza su hermano Luis Gómez del Campo Gurza, director financiero del Grupo Andrade”.
En la CNBV, Pablo Gómez del Campo es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. La queja en su contra quedó integrada en el expediente AQ/DE-17/10.
La denuncia ante los órganos internos de Control detalla el supuesto encubrimiento de los Gómez del Campo a las supuestas prácticas de su hermano Luis en el Grupo Andrade.
Cita el texto:
“Denuncio las presuntas irregularidades cometidas por Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la H Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Presuntas irregularidades: el servidor en cuestión ha encubierto a su hermano Luis Gómez del Campo Gurza de operaciones financieras ilícitas, ya que la empresa de la cual es el director financiero conocida como Grupo Andrade, ha sido señalada de presunta evasión fiscal, ya que utiliza diferentes mecanismos para no cumplir con sus obligaciones fiscales.
“El servidor público en cuestión podría estar actuando por omisión ante las actividades de su hermano. Puede ser también probable cómplice de su hermano al asesorarlo y/o ayudarle a él y G Andrade en cómo tramar las operaciones sospechosas, así como evadir las sospechas de las autoridades fiscales y judiciales.
“Puede también tener conflictos de intereses al serle cuestionado por las autoridades sobre el actuar de su hermano, así como de las actividades de la empresa de la que es director.
“Sobre la responsabilidades y actividades de Luis Gómez del Campo se pueden señalar, entre otras: contacto con personas o socios de las empresas en las que labora, que probablemente lavan dinero producto de negocios ilícitos o de evasión fiscal. Las personas son el exedil de Tuxpan, Michoacán, Gilberto Coria Gudiño; los propios socios de las empresas de Grupo Andrade Ángel Mieres Zimmermann, Jorge Armando Olivares de Emparan, amigos personales de Luis Gómez del Campo, así como otros directivos del grupo.
-“Ha sido ejecutor de movimientos financieros inusuales y sospechosos, en complicidad con los socios señalados.
-“A sabiendas de las actividades irregulares, no reporta ni denuncia las mismas ante las autoridades competentes, más aún, teniendo un hermano servidor público que su deber es prevenir tales actividades.
– “El mismo Luis Gómez del Campo es en lo personal evasor fiscal, ya que por diferentes mecanismos (por medio de la empresa transportadora del grupo llamada Velotrans) obtiene ingresos que no registra, haciéndolo sospechoso de enriquecimiento ilícito y desmesurado, lo cual Pablo Gómez del Campo ya debió haber notado en los últimos años.
– “Luis Gómez del Campo, junto con el contralor de las empresas Antonio Carlos Colombo son los responsables de autorizar los movimientos de efectivo por medio de Trasportadora Velotrans a los socios y directivos, abusando de los deducciones y régimen fiscal de empresas dedicadas al transporte.
-“Responsable de elaborar estados financieros y modificarlos con datos no reales, con el fin de mostrarlos a las instituciones financieras y recibir créditos, así como de falsificación de pagarés y otras obligaciones junto con el señor Ángel Mieres Zimmermann. Prueba de esto son los diversos juicios entre las financieras de las armadoras de las marcas que representan.
“La lista puede continuar, pero la idea es que consideren que este servidor público, encargado de vigilar y prevenir muchas de las actividades descritas con anterioridad, haga su encomienda, independiente de quien se trate, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente Calderón, del que, curiosamente, los hermanos Gómez del Campo se relacionan familiarmente. Parece que el enemigo a combatir está cerca de casa.
“Estas actividades descritas se han llevado a cabo al menos durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2005 a la fecha.
“Pido respetuosamente se dé seguimiento a esta denuncia, ya que la H CNBV tiene la capacidad de verificar la información de movimientos bancarios sospechosos y que se lleguen a aclarar todos estos inconvenientes, por el bien de Mexico y de los que lo queremos y buscamos un mejor país.”
En noviembre pasado, el OIC ordenó cerrar el caso por “improcedencia”.
Contralínea solicitó a los representantes del Grupo Andrade su postura respecto de dichas denuncias. La respuesta fue que ellos no tienen conocimiento de tales denuncias y que sus empresas “siempre se han conducido bajo la observancia y cumplimiento de las leyes. Ninguna de las empresas de Grupo Andrade ni sus funcionarios, ni sus socios se encuentran involucrados en alguna actividad ilícita y no se tiene conocimiento de investigación alguna”.
Ante los graves señalamientos que en dichas denuncias hay en su contra, se solicitó a Luis Gómez del Campo una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También, a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien, a través de su Secretaría Particular, dijo que no haría comentario alguno al respecto.
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