Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial por el PAN

Víctor Hugo Reyes Martínez

Los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría y las viudas de Miguel de la Madrid –Paloma Cordero– y de José López Portillo –Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro)– cuestan al erario más de 60 millones de pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 millones de pesos por mes).

Copias de los comprobantes de gastos –obtenidas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan que el gasto público destinado a los exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a las pensiones de 205 mil 121 pesos mensuales, sino que incluye aguinaldos (21 mil 876 pesos), seguros de vida (32 mil 448 pesos), seguros de gastos médicos mayores (de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales generales vigentes en la Ciudad de México) y sueldos al personal de ayudantía y escoltas (4 millones 799 mil 999 pesos).

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Además, los mexicanos –de los cuales 70 millones se encuentran en situación de pobreza– les pagan los denominados “servicios domiciliarios”, que van desde el servicio de jardinería, luz, predial, agua y teléfono, hasta la manutención de tres automóviles de uso personal para los beneficiarios (expresidente, esposa e hijos) y tres más para el uso de escoltas, así como el pago de gasolina y tenencia de esos vehículos.

El gasto mensual de 5 millones 5 mil 121 pesos (que se establece cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación) fue oficializado el 31 de marzo de 1987, cuando gobernaba Miguel de la Madrid Hurtado. No obstante, la erogación ya se había instituido desde el sexenio anterior, encabezado por el también priísta Luis Echeverría Álvarez.

La “oficialización” se dio con el Acuerdo Presidencial 2763-BIS que, sin firma del mandatario en turno ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobó el pago de pensiones, apoyos, personal de ayudantía, escoltas y compensaciones a expresidentes y sus herederos. Éste se asentó como “el otorgamiento de beneficios de carácter económico, social y administrativo” para la subsistencia y protección de los mismos.

El doctor en derecho y en ciencias de la información Ernesto Villanueva explica que ése “es un Acuerdo con bases legales ausentes, puesto que, además de la ausencia de firma y de su publicación en el Diario Oficial, el Acuerdo se ha manejado en términos de arbitrariedad, lo que significa un desvío del poder por parte del Ejecutivo”.

El también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agrega que “si bien es cierto que entre las facultades del presidente está la promulgación y ejecución de leyes (artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), nunca se le confiere a éste el poder ni la autoridad legal suficiente para destinar a exmandatarios o a funcionarios públicos ningún tipo de beneficio además de una pensión”.

Personal de ayudantía y guardias

La Oficina de la Presidencia, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado indican que, para su protección y la de su familia, cada exmandatario de México tendrá a su disposición 78 personas adscritas a la Armada, a la Fuerza Aérea y al Ejército Mexicano.

Además, a su servicio tendrán 25 empleados de la Federación –aunque el personal varía a petición de cada beneficiario–, que desempeñarán cargos como: director general, director de área, subdirector, jefe de departamento, secretaria, técnico especializado, chofer y auxiliar administrativo.

En respuesta a la solicitud de información 0210000040117, la Dirección General de Recursos Humanos de la Presidencia informa que no cuenta con datos que detallen los gastos en personal de ayudantía, debido a que no existe una “unidad responsable ejecutora de gasto que permita proporcionar el gasto total requerido”.

Y no obstante que, en su respuesta, adjunta una tabla que describe el número de personas al servicio de cada expresidente junto con los niveles tabulares que les corresponden, al momento de rastrear las percepciones de esos funcionarios (sueldo, prestaciones, pago de primas de seguros, etcétera), dichos niveles tabulares aparecen como inexistentes o no coinciden con los cargos que ocupa cada empleado.

Lo que sí se establece tanto en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal como en el Acuerdo Presidencial 2763-BIS, es que cada exmandatario contará con 25 empleados de ayudantía pagados por el erario nacional.

Así, el equipo de los expresidentes se conforma por un director general, con una percepción total de 180 mil 474 pesos; dos directores de área, con una percepción de 112 mil 659, cada uno; cuatro subdirectores, cada uno con un sueldo de 50 mil 784 pesos; cuatro jefes de departamento, con una percepción individual de 34 mil 123 pesos; cuatro secretarias: una asignada al director general, otra al director de área, así como dos más al subdirector; tres técnicos especializados; tres choferes, y cuatro auxiliares administrativos.

Respecto del personal asignado a guardias, sólo se pudo acceder a la cantidad de personas que cada expresidente tiene a su disposición, pues Presidencia argumenta en su respuesta que, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en la Coordinación Administrativa del Estado Mayor Presidencial, no se encontraron registros documentales de gastos, por lo que se declara su inexistencia”.

Pese a esto, es público (según el artículo 4 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado) que el número y rangos del personal de guardia adscrito al Estado Mayor Presidencial que los expresidentes tendrán a su cargo son: de la Armada, dos jefes con un sueldo anual de 92 mil 439 pesos; cuatro oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 16 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. De la Fuerza Aérea: un jefe, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; dos oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y ocho de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. Y del Ejército: un general, con salario anual 179 mil 89 pesos; cuatro jefes, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; ocho oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y 32 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos.

El número de ayudantes de los exmandatarios y sus familias es modificable a petición de los beneficiarios, motivo por el cual Vicente Fox cuenta con el grupo más grande: 20 funcionarios a su disposición. Le siguen Felipe Calderón y Luis Echeverría, con 18 respectivamente; Carlos Salinas con 11, y Ernesto Zedillo con tres.

Aguinaldo y seguros, a costa del erario

En lo que corresponde al pago de prestaciones, tales como aguinaldo, seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, la Oficina de la Presidencia proporcionó, a través de la solicitud de información 0210000039317, copias de los comprobantes de pago de dichas prestaciones en la primera quincena de marzo de 2017.

Los montos del aguinaldo fueron los siguientes: Luis Echeverría con 31 mil 875 pesos, más un monto de 11 mil 269 pesos asignado en el rubro de “otras prestaciones”; Vicente Fox con 21 mil 875 pesos y el mismo monto asignado a “otras prestaciones”; Felipe Calderón con los mismos pagos en aguinaldo y prestaciones que Fox; Alejandra Acimovic (viuda de José López Portillo) y Paloma Cordero (viuda de Miguel de la Madrid), con 10 mil 937 pesos y “otras prestaciones” de 4 mil 827 pesos, respectivamente.

Sin embargo, los montos que corresponden al pago de las primas de seguro de vida y de gastos médicos mayores se encuentran deliberadamente cubiertos por franjas negras que deberían eliminar únicamente los datos de carácter confidencial (RFC, CURP, número de cuenta, número de seguro social). No obstante, de a acuerdo con datos obtenidos en 2005 (solicitud 210000041305), el monto anual destinado al pago de seguro de vida era de 32 mil 448 pesos por expresidente.

Los que no cobran pensión

En las respuestas oficiales consta que hay expresidentes que no reciben algunos beneficios. Tal es el caso de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quienes decidieron renunciar a los 205 mil 121 pesos mensuales asignados al pago de pensiones.

No obstante, la Oficina de la Presidencia omite aclarar si ambos exmandatarios también renunciaron a prestaciones como el seguro de vida y de gastos médicos mayores. El doctor Ernesto Villanueva asegura, en entrevista, que ambos mantienen vigente estas prestaciones.

Además, de la información oficial se desprende que tanto Salinas como Zedillo continúan recibiendo “apoyo” de personal de ayudantía y guardias, que constituye el mayor gasto para el erario.

En el caso de Felipe Calderón –quien por la aspiración presidencial de su esposa, Margarita Zavala, anunció a inicios de 2017 que no recibiría más la pensión–, el pago de su pensión se mantiene, pues en vez de renunciar a ésta, la “donará” a una institución sin fines de lucro.

Así, su decisión no representó ningún ahorro para los mexicanos: tampoco ha renunciado al resto de prestaciones –como el personal de ayudantía, los seguros, el aguinaldo y las escoltas– de las que gozan él y su familia. A costa del erario, la panista Margarita Zavala disfruta de al menos un automóvil con chofer, y los gastos vinculados a éste (gasolina y tenencia).

Para Irma Eréndira Sandoval, doctora en ciencia política y coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, este tipo de actos son “obscenos”: “ilustran la vinculación entre la impunidad y la corrupción de una clase política acostumbrada a ser improductiva y a protegerse entre sí, sin importar el partido político al que pertenezcan.

“Este tipo de gastos onerosos están más vinculados a la impunidad que a la corrupción, pues se cuidan la espalda”. En entrevista, la investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM explica que “la corrupción es un problema estructural, y no administrativo como comúnmente se piensa, en el que ni los órganos destinados a la transparencia y rendición de cuentas pueden dar solución”.

No obstante, no es un asunto perdido. “Aún existen caminos por los cuales se puede dar fin a este tipo de partidas de dispendio. Las políticas de austeridad republicana, por ejemplo, están guiadas a reducir, de manera sostenida y paulatinamente, el costo de la administración pública”, señala la doctora Sandoval.

En años recientes se han impulsado iniciativas que buscan eliminar estos injustos beneficios. Pero a la fecha, las arcas públicas de México les pagan a los expresidentes y sus familias “una vida de reyes” por sexenios de miseria y violencia.

Víctor Hugo Reyes Martínez

[PORTADA]

 

Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017