Trabajadores agrícolas de la zafra provenientes de Centroamérica son explotados por la industria azucarera del país en condiciones paupérrimas de vida que rayan en el esclavismo, ante la indiferencia, el abandono oficial y la violación sistemática de sus derechos laborales y sociales

Hacinados en barracas sin servicios de higiene, salubridad, alimentación precaria, míseros salarios e intensas jornadas de trabajo, más de 80 mil jornaleros agrícolas migrantes centroamericanos y nacionales sobreviven en los ingenios de azúcar de México, donde la marginación, discriminación y exclusión social prevalecen durante décadas bajo la indiferencia oficial.

Los 52 ingenios que hay en el país, en el periodo de zafra –de noviembre a junio– emplean en conjunto a 80 mil trabajadores agrícolas, de los cuales 12 mil laboran en siete ingenios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, entre mexicanos y centroamericanos que viven en las regiones cañeras.

En los campamentos de los ingenios de La Joya, en Champotón, Campeche; San Rafael de Pucté, en Quintana Roo; Azuremex, en Tenosique, Tabasco; y el ingenio de Huixtla, en Chiapas, los migrantes se hacinan en barracas donde son patentes el alcoholismo (generalizado durante los días de pago), adicciones a drogas (desde marihuana hasta sustancias químicas), tabaquismo en jóvenes, automedicación, desnutrición, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y la prostitución.

Los migrantes sobreviven en galeras, donde la insalubridad e inseguridad se profundiza a raíz de problemas de salud pública, derivados de la falta de aseo de los campamentos, servicios ineficientes –agua, luz, drenaje, sanitarios, baños–, y se agravan por las condiciones del trabajo en el campo y una alimentación deficiente, pues prácticamente sólo trabajan para comer.

 “En estos espacios de reproducción de trabajadores y sus familias, la exposición a enfermedades infectocontagiosas, así como la difícil convivencia generadora de violencia, derivan en contextos de riesgo social potenciados por las tensiones laborales”, advierte Martha García Ortega investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Quintana Roo.

En su informe Vulnerabilidad y trabajo agrícola, migraciones internas y dinámicas transfronterizas en el sur de México (fechado en febrero pasado), la especialista indica que la precariedad de los campamentos donde los migrantes se encierran, pertenecen a las organizaciones de productores de las filiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Central Nacional Campesina (CNC) y la Unión Nacional de Cañeros, AC, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).

“Este oficio devorador de vidas de migrantes que sólo trabajan para comer, deriva en la integración fatal e inevitable de niños, adolescentes y mujeres a las tareas agrícolas que exige la zafra, en la transmisión generacional de este oficio y en la especialización de comunidades enteras como proveedoras de cortadores de caña que se desplazan por la geografía del azúcar del país”, subraya la especialista.

Señala que estas condiciones son resultado de la desprotección gubernamental, ya que los programas sociales se aplican de manera marginal o están ausentes; en la indiferencia empresarial desde los productores cañeros (contratistas inmediatos) hasta las empresas agroindustriales que se desentienden de esta mano de obra; y por último, en el abandono social pues en el entorno de los trabajadores agrícolas apenas y se asoman las agrupaciones altruistas.

El informe de la especialista es resultado de varios años de estudio en los ingenios del sur-sureste mexicano sobre los mercados de trabajo agrícolas, en los que ha analizado las migraciones laborales y el contexto de precariedad social y laboral, la marginación y la exclusión social de los cortadores de caña.

“Las prácticas perpetuadas en la relaciones obrero-patronales violan sistemáticamente los derechos laborales y sociales en una espiral que refleja situaciones de discriminación y racismo, más notable entre los trabajadores indígenas, y que asciende entre los grupos de trabajadores temporales, si son migrantes nacionales o internacionales, y entre estos últimos si carecen de permisos migratorios”, enfatiza.

La doctora en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Sur, indica que las fuentes de explotación de los trabajadores y sus familias –dedicados al corte de caña– provienen del modelo de un mercado laboral desregulado sin contratación formal que repercute en los salarios, horarios y condiciones de asentamiento de los cortadores migrantes.

La falta de prerrogativas sociales, dice, como la afiliación a la seguridad social obligada por ley, se suma la generalizada contratación de palabra que se finca en la vieja práctica del enganche, y aunque deja desprotegidas a ambas partes, la posición de subordinación de los trabajadores agrícolas los pone en desventaja. De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada en la zafra 2011-2012, el 67 por ciento de los jornaleros foráneos se contrataron de palabra.

El pago a destajo involucra una serie de anomalías debido a la carencia de un mecanismo de control del trabajo realizado por los cortadores de caña, pues el jornalero se ve imposibilitado de llevar una contabilidad de la obra realizada, en este caso el registro de la caña cortada que apila a lo largo de la jornada de trabajo de hasta de 12 horas.

En el modelo del trabajador agrícola, cortador de caña, cada engranaje de la relación laboral está fuera de toda regulación, supervisión o seguimiento; esta situación deriva en flagrantes violaciones a los derechos sociales, laborales y humanos, tanto de nacionales como de extranjeros, con agravante para éstos que padecen abusos con el pretexto de su “ilegalidad”.

Los ingenios, sin responsabilidad jurídica

Mónica Falcón, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, precisa que la estructura actual del campo del sector azucarero responde a la época donde la mayoría de los ingenios eran parte del gobierno: de alguna manera politizada y con una visión asistencialista a los productores y organizaciones cañeras.

En entrevista con Contralínea, señala que la base trabajadora del campo es empleada por las organizaciones cañeras; el ingenio no tiene ninguna injerencia o responsabilidad jurídica respecto a este personal, ya que con quienes establece un contrato de compra de caña son con las organizaciones cañeras.

Explica que en esta complejo entramado de relación laboral, los productores agremiados en las asociaciones cañeras, el personal del área de campo del ingenio, y el personal de las asociaciones son las cabeceras tanto para las actividades del cultivo como de cosecha; en tanto que en la base de las operaciones del campo se encuentran los cabos/supervisores, jornaleros, cortadores, ticketeros y transportistas.

La especialista de la OIT agrega que los cañeros, a su vez, se organizan para los servicios que se requieren en la cosecha, mayoritariamente a través de contratistas. Por ejemplo el personal del corte de caña es contratado por los cabos (supervisores); éstos últimos son contratados por las organizaciones cañeras a través de los jefes de Cosecha (productos y/o personal de productores que se agremian en las organizaciones cañeras locales, CNC, CNPR y otros independientes con menor presencia).

Los transportistas y ticketeros son contratados para ese servicio por las organizaciones cañeras. El  personal del departamento de campo del ingenio representa el enlace entre el cultivo: cosecha de la caña y la producción de azúcar. Generalmente, al frente del área de campo se encuentra un superintendente o gerente de campo, quien está apoyado por un jefe de campo, un jefe técnico de campo y un jefe de fertirrigación.

Así, señala Mónica Falcón, entre el vasto pero necesario personal en esta área, se encuentran los  inspectores de campo –que junto con los supervisores/cabos– tienen la relación directa con los trabajadores del campo cañero abastecedor del ingenio (transportistas, tickteros, jornaleros y cortadores).

De la palabra al enganche

Los jornaleros contratados de palabra –dice por su parte Martha García Ortega, son sujetos de negociaciones donde el enganche funciona como el compromiso de cumplir con todo el periodo de zafra. Las jornadas laborales son de entre seis y 12 horas, según la cuota establecida para el día y el tipo de terreno que se corte.

El trabajo de la zafra exige no sólo destreza en el manejo del machete y demás instrumentos de labor, conocimiento de la planta, sino además resistencia física para laborar a altas temperaturas bajo el sol. En este sentido, el 64 por ciento de los cortadores deciden no descansar a lo largo de la zafra, de entre 168 y 200 días de cosecha programados.

Los trabajadores ganan por tonelada cortada de caña, la cual acumulan en los seis surcos (gavilla) donde cortan y amontonan la vara en puños. Estos montones los levanta y deposita la máquina alzadora en el camión que transporta la materia prima al batey; un carro cañero suele tener una capacidad de 19 o 24 toneladas. Este proceso de recolección es ajeno al cortador puesto que, en la lógica del trabajo, él debe avanzar cortando caña y dejando a otros agentes el registro de su producción.

Resultado: el cortador ignora el total de caña cortada al día, ya que el peso de la caña depende de varios factores: variedad de la caña, del punto de la vara (que esté sazón), del tipo de terreno (pedregoso, ralo), de cañales enterrados (cañas tiradas, enraizadas) y su pago semanal estará entre 500 y 999 pesos. En un extremo salarial está 19 por ciento con más de mil pesos y 1 por ciento con menos de 500 pesos.

Tras la jornada de trabajo, el lugar de descanso demanda labores extras para que la cotidianidad funcione: llevar y cortar leña, colocar lonas para la lluvia, acarrear agua para bañarse y cocinar, limpiar lodazales… El espacio de producción se articula con el de la reproducción social en el que el trabajador y su familia invierten horas de trabajo con el fin de lograr estar en condiciones de presentarse a laborar diariamente.

Y es que los trabajadores agrícolas de la zafra –afirma García Ortega–, realizan labores dentro de un sistema con estándares de calidad en el que el incumplimiento en las reglas de corte y limpieza de la materia prima llevada a los ingenios, es sancionado sobre el pago a destajo de por sí bajo (en el 2016, en Quintana Roo, el pago por una tonelada de caña cortada se estableció en 38 pesos., por lo que un cortador promedio debería cortar por lo menos cinco toneladas en una jornada para sacar para el día.

La vulnerabilidad de los jornaleros de la zafra se recrudece cuando se trata de grupos de trabajadores sin conocimiento de la escritura ni la lectura en español y, en ciertos casos, cuando sólo hablan lengua indígena, ya que se registran actitudes racistas o discriminatorias que dan cuenta de la compleja relación obrero-patronal que domina en estos mercados laborales que se han perpetuado desde hace décadas, sino es que desde la Colonia.

Y la vulnerabilidad es radical cuando se trata de trabajadores temporales que emigran a los destinos de trabajo en grupos de jóvenes o incluso acompañados de su familia, donde las mujeres  quedan fuera de la categoría de empleado activo pues se considera que son sólo acompañantes. Lo mismo sucede con los adolescentes que se integran a las cuadrillas de adultos, y el trabajo infantil que engrosa las filas de los menores que ni trabajan ni estudian.

En este sentido, explica García Ortega que este tema pasa revista por la polémica de la cultura del trabajo en las familias ya que es a partir de las prácticas del concepto de “aprender haciendo” como se infunden valores sobre la disciplina laboral a los hijos desde pequeños, a partir de la convicción de que el corte de caña “será el único trabajo que tengan por delante”.

En el ingenio de San Rafael de Pucté, en Quintana Roo, registraron la presencia de jornaleros nahuas del norte de Puebla, nahuas del sur de la sierra de Zongolica, y mano de obra de zapotecos de Oaxaca, que tienen años llegando a dicho ingenio. Además, se documentó el éxodo chiapaneco de grupos de jóvenes cortadores de caña originarios de Palenque, Ocosingo y Chilón, de origen chol, tzeltal y tzotzil.

Lo anterior confirma la existencia de relevos generacionales, pues la investigadora documentó la trayectoria hasta de cuatro generaciones de cortadores de caña entre las familias. De hecho, hay comunidades enteras dedicadas a ello como los zapotecos de Oaxaca que se organizan cada año para las zafras de Quintana Roo, Nayarit, Veracruz y Michoacán.

Los permisos de trabajador fronterizo

En Chiapas, los guatemaltecos que llegan al corte de caña en la región del ingenio de Huixtla parecen muy familiarizados con los trámites migratorios. De cualquier manera, la falta de escolaridad y el hecho de que para los jornaleros mayas su lengua materna no sea el español y la relación subordinada frente a empleadores, los colocan en desventaja en función de su desconocimiento y desinformación para acceder a recursos de atención social.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas considera entre los trámites para los recursos la forma migratoria, según las Reglas de Operación, 2013. En consultas con mandos medios en las oficinas de Sedesol, se justificaba esta omisión en virtud de que los extranjeros “no tienen derecho a este programa”.

La Forma Migratoria de Trabajadores Fronterizos (FMTF) surge del Programa de Migración para la Frontera Sur de México, que contempló cuatro líneas estratégicas para una mejor gestión en esta parte del país: facilitación de la documentación de los flujos migratorios; mayor protección de los derechos de los migrantes; mayor seguridad fronteriza; y  una mayor y mejor infraestructura material y tecnológica. Entre los objetivos se planteó convertir esta franja en una zona digna, ordenada, segura y moderna para facilitar la vida transfronteriza y la gestión de los flujos migratorios.

En Huixtla, 70 por ciento de los jornaleros extranjeros obtuvo su permiso laboral, y de éstos menos de la mitad lo tramitó personalmente. Otro 20 por ciento señaló que fue el cabo (líder de las cuadrillas de trabajadores y enganchador), quien lo apoyó en su trámite. El 37 por ciento desconoció quién hizo su trámite en las oficinas del INM. Los permisos son portados por sus usuarios debido a que los buscan para los papeles.

Jornaleros agrícolas excluidos

En México existe una categorización de los jornaleros agrícolas (cuya población se estimaba en 6.5 millones en el 2015) dentro de los grupos sociales vulnerables, que identifica a la población nacional y excluye a los trabajadores internacionales cuya inserción se ha dado históricamente en dos sectores económicos importantes en los estados fronterizos sureños: la producción de café y la de azúcar.

Esa fuerza productiva proviene tanto de Guatemala como de Belice, y en otros espacios laborales de Honduras y El Salvador. Sin embargo, estos grupos de trabajadores carecen de reconocimiento institucional al quedar fuera de la población objetivo de los programas sociales destinados a los jornaleros agrícolas del país, ya que a pesar de existir programas sociales, como el de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), éstos se aplican de manera marginal o son inexistentes en las zonas de trabajo de corte de caña del país.

En el contexto de la agroindustria azucarera, la OIT cuenta con programas orientadores sobre buenas prácticas a fin de mejorar las condiciones precarias en este mercado de trabajo, y promueve certificaciones sociales para erradicar el trabajo infantil de los campos cañeros de México a través de la iniciativa Cero Tolerancia.

Con todo, este tipo de intervenciones requieren una revisión y reorientación para cubrir las necesidades específicas del heterogéneo perfil de la población objetivo y los complejos marcos regionales de los mercados de trabajo que incluyen poblaciones mixtas (nacional e internacional).

Por su parte, el diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado en 2014, subraya tres aspectos que propician la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas: la migración, el trabajo infantil y el deterioro de la salud. En este marco, señala que la falta de trabajo sujeto a un salario en las comunidades de origen expulsa a miles de personas que buscan empleos remunerados en los enclaves económicos, bajo una lógica basada en la idea de que “se migra para mejorar”, lo que ha resultado ser una premisa falsa para grupos en franca desventaja.

Del trabajo infantil se ha identificado la presencia de niños que ayudan a sus padres o familiares en las tareas agrícolas; pero la pronta inserción laboral de los menores propicia la deserción escolar cancelando la posibilidad de la movilidad social y la salida familiar que encadena a las generaciones en el ciclo de la pobreza, establece el Coneval.

En este ámbito se registran el deterioro de la salud y los riesgos laborales; el gobierno mexicano reporta que 44.3 por ciento de los trabajadores agrícolas carecen de servicios de atención en este rubro. El colofón de estas condiciones se resume en que la precariedad laboral en el campo mexicano ocasiona que 69.7 por ciento de los jornaleros agrícolas sean pobres y 24.7 por ciento se encuentre en pobreza extrema, de acuerdo con la secretaría de Desarrollo Social y el Coneval, en sus informes de 2010 y 2012, respectivamente.

El Informe Jornaleros Safe (2012), reporta que la retención de los documentos migratorios de parte del enganchador o patrón es un recurso para mantener cautivo al empleado o sujetarlo bajo amenaza.

Las condiciones de millones de trabajadores agrícolas –mexicanos y centroamericanos– responden a una problemática que exige su atención en la agenda pública en materia de desarrollo social, más allá del enfoque asistencialista, y gestión migratoria a causa de los trabajadores internacionales, vinculando las competencias de las instancias en materia laboral considera la antropóloga del Colegio de la Frontera Norte Martha García Ortega.

Estima que en estos momentos en que se espera una reconversión productiva de la agroindustria nacional y su esperada carrera de competitividad mundial, tiene enfrente la posibilidad de transitar de un mercado de trabajo precario a uno de trabajo digno o, en una mínima expresión, a convenir la certificación de buenas prácticas laborales de la OIT.

“Bien se puede comenzar por comprender que la imposición de un régimen estandarizado de trabajo con parámetros de calidad supone la calificación del empleado, en este caso de los jornaleros agrícolas en la zafra, por tanto, los cortadores de caña deben dejar de ser considerados trabajadores no calificados”, considera.

Respecto a los desafíos, precisa la catedrática, son diversos y crecientes: van desde el rezago tecnológico, los bajos precios pagados, la infraestructura heterogénea, los problemas de financiamiento, el endeudamiento y la incapacidad administrativa, hasta la sostenibilidad socio-ambiental, el cambio climático o la adquisición de insumos. Y hoy el país se enfrenta a la revisión del Tratado de libre Comercio, con las incertidumbres propias del caso.

José Réyez

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

 

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017