Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes
En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.
Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.
Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.
Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.
Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.
El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.
La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.
El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.
De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la Refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.
El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).
Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.
El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.
De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.
La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial” –cuya copia posee Contralínea.
De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar, fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio.
Si algo caracterizó la OAG en tiempos de Nava, además de sus lujos a costa del erario, fue que invariablemente favoreció los intereses de las compañías privadas en vez de velar por el patrimonio de la principal empresa del Estado. Así se condujo con el consorcio que recién reconoció que estila sobornar con viajes y cruceros a los funcionarios públicos y sus esposas.
Para el 8 de enero de 2002, es decir, una semana antes de que oficialmente debiera entregar el trabajo terminado, ABB ya no pedía 90, sino 120 días de prórroga. Aunque de acuerdo con la Ley era improcedente, la OAG indicó que se le otorgara mediante un “convenio de terminación de obra con aplicación de sanciones”. Pemex Refinación notificó a la compañía mediante el oficio PR-SPR-SGOP-MIN-O-0064/2001.
El 15 de enero de 2002, el “convenio” fue suscrito por Patricia Arciniega Luna, en representación de la OAG, la misma abogada que en representación del jurídico de Pemex avaló los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó precisamente con Pemex Refinación en su dualidad de contratista del gobierno federal y funcionario público (Contralínea 89).
En representación de la subsidiaria, firmaron el “convenio” el subdirector Rómulo Aguiñaga Enciso, Carlos Bueno Rapozzo y Fermín Cuevas Quiroga, de la superintendencia de Minatitlán. Por ABB, su apoderado Daniel Galicia Virues, quien a la postre, en 2009, se convertiría en director general del consorcio para México, Centroamércia y el Caribe.
A pesar del impacto que en términos cuantitativos representaría para Refinación el atraso de la compañía (en razón de que en las líneas de producción, la materia prima que no entra a proceso se desfoga, es decir, se envía a los quemadores atmosféricos), en el “convenio” de terminación de obra se impuso una sanción de sólo 0.3 por ciento del importe de los trabajos no realizados en la fecha de la terminación señalada del programa original aprobado.
Entrevistados por Contralínea, trabajadores de la refinería de Minatitlán explican que el atraso y las deficiencias de obra de ABB provocaron que las plantas se sacaran de operación en periodos no considerados; la materia prima programada para esas plantas se quemaba, pues era imposible almacenarla.
En ese primer “convenio” se fijó una cláusula que estipulaba que si la contratista no cumplía con la terminación de los trabajos en ese plazo adicional, es decir, al 15 de mayo, Pemex procedería conforme a lo establecido en el contrato y la Ley, es decir, a la rescisión. No ocurrió así. Como sus trabajos prácticamente no presentaban avances, el 24 de abril ABB solicitó otros 60 días adicionales (oficio 200027-C-ABPM-296).
El 26 de abril se le notificó que dicha prórroga se formalizaría mediante otro convenio que se firmaría el día en que formalmente debía entregar los trabajos finalizados según el primer convenio adicional.
Aquel 15 de mayo, en las oficinas de la Torre Ejecutiva de Marina Nacional, se reunieron Daniel Galicia Virues, de ABB; Gilberto Reynoso Whitaker y Fermín Cuevas Quiroga, por Refinación; y Luis Enrique Villarreal Gómez, en representación del jurídico. En Pemex, Villarreal Gómez fungía como asesor de César Nava.
En el nuevo convenio, otra vez se argumentó que “resulta más conveniente para los intereses del organismo acceder a la solicitud del contratista de celebrar un convenio de prórroga con aplicación de sanciones, agotando con esta medida las disposiciones administrativas al respecto, en lugar de proceder a la rescisión del contrato, ya que de optarse por esta última alternativa se tendrían que respetar los plazos establecidos por la ley en la materia y posteriormente reiniciar un nuevo procedimiento de contratación para la ejecución de la obra faltante”.
Aunque se reconoce que, de respetarse los plazos establecidos por la ley, el contrato debía rescindirse, se arguyó que, de hacerlo, se debía iniciar un nuevo proceso de contratación de la obra faltante, “lo que requeriría de un periodo mínimo de seis meses, lo cual repercutiría en retraso en la conclusión de la obra con la consiguiente afectación al programa de producción de las plantas”.
En realidad, las adjudicaciones directas suponen plazos de unos 15 días para que entren a contrato. Pero se autorizó una nueva prórroga con vigencia del 16 de mayo al 14 de julio de 2002. En el “convenio”, otra vez se estipuló que de no concluir los trabajos en el nuevo plazo autorizado, se procedería “conforme a la Ley”, implícita la rescisión.
Seis días antes de que el plazo llegara a su fin, ABB solicitó una nueva prórroga de 105 días por atrasos “no imputables”. Argumentó que había un “desfasamiento” entre sus trabajos y el programa de obra del contrato por parte de Pemex.
Las bitácoras internas evidencian que, a casi dos años de que arrancara la obra, ABB tenía problemas con la ingeniería básica, los cuales debió detectar desde los primeros meses. La ley en la materia obliga a que, antes de arrancar la obra, debe revisarse la ingeniería básica y de detalle. Los supervisores comenzaron a manifestar su extrañamiento al respecto.
El 11 de julio, ABB informó a la supervisión de obra que consultaría al área jurídica respecto de la aplicabilidad de las penalizaciones. El 23 de agosto, Pemex acordó imputarle únicamente 91 días de atraso.
Pero las bitácoras de obra emitidas por el personal de Pemex Refinación en Minatitlán revelan que los incumplimientos de ABB no versaban solamente en los plazos de ejecución: la compañía cambió los materiales y equipos estipulados en el contrato original, por los cuales fijó un precio de más de 9 millones de dólares. Bastó que la compañía garantizara de palabra que el nuevo equipo representaba un “beneficio de calidad y funcionalidad” para que los directivos de la subsidiaria lo aceptaran.
Para validar tales equipos, un “grupo de trabajo”, integrado por funcionarios de Pemex (Miguel Cansigno y Miguel Ochoa Melo) y de ABB, se reunieron entre el 8 y el 11 de abril de 2002 en las instalaciones directivas de la compañía, en Tlalnepantla, Estado de México.
ABB modificó los alcances del contrato, pero no los montos que cobró a Pemex. También el programa de obra establecido en el programa contractual original, para que las penalizaciones fueran más bajas. Los directivos de la paraestatal lo aprobaron, en contravención a las Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Obra Pública de Pemex, como también le fueron recepcionando sus trabajos de manera parcial, lo cual es irregular en un contrato a precio alzado, donde se pagó por una instalación completa y operando en el plazo pactado.
Las bitácoras internas de Pemex Refinación –cuya copia posee Contralínea– revelan las fallas en equipos que supuestamente eran nuevos, además de las deficiencias en la instalación, fugas de aceite, fallas en los compresores, entre muchas otras. El problema era que los equipos no se adaptaban a las especificaciones técnicas de las plantas de la refinería, las cuales estaban especificadas en el contrato inicial.
Todo ello motivó conflictos entre el personal técnico de Minatitlán y el de ABB, según quedó asentado en las bitácoras reservadas por Pemex. Uno de los focos rojos era que la automatización que ABB implantaba rayaba en los límites mínimos requeridos, lo que, evaluó personal técnico de Pemex, le restaba “confiabilidad” a la operación de las plantas y su vida útil.
Más aún. La “intervención” del personal de ABB en las plantas que supuestamente modernizaba provocó “anomalías” en los sistemas de control. Ello quedó asentado en la bitácora de una reunión que entre ambas partes tuvo lugar en febrero de 2003. Parecía imposible que ABB lograra empatar sus adaptaciones a las plantas, así que echaron mano de otros equipos de las plantas de otra área (el Área 2) de la Refinería para combinar los equipos.
Las bitácoras de marzo de 2003 asientan que las fugas de aceite en las plantas continuaban. Antes de entrar a operación, otros equipos que supuestamente eran nuevos debieron llevarse a reparación; otros más estaban incompletos.
Hay además incongruencias en los trabajos que según Pemex había realizado ABB en el momento en que debía haber concluido su contrato original. En enero de 2001, cuando debió haber concluido la obra, se dijo que tenía avances de 83 por ciento, luego que el avance era de 80 por ciento, es decir, había decremento en el trabajo, lo que supone que hubo preestimación de la obra que se pagó a la compañía.
No hay evidencia de más prórrogas convenidas después de 2002, pero sí de que la compañía seguía trabajando en 2003 en la misma obra. Para marzo, aún corregía fugas en las plantas. Habían pasado más de 420 días desde que debía haber entregado la instalación. Luego se negó a cubrir las penalizaciones. Enrarecida la relación entre ABB y algunos supervisores de obra que se negaban a dar visto bueno a sus trabajos, el asunto llegó a tribunales, en un litigio radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
La dirección de Pemex blindó todo el expediente relativo a este caso, y como parte de ese blindaje negó a Contralínea toda información al respecto. Por parte de ABB, hay un secretismo similar. La vocera de la compañía en México, Alejandra Cerón, dijo que “el caso está cerrado desde 2007”; se negó a informar el fallo.
Previamente, Contralínea había solicitado a la compañía una entrevista con su director Daniel Galicia Virues para hablar sobre los términos en los que logró obtener de la OAG la autorización para los convenios adicionales a pesar de los incumplimientos de la empresa en todos ellos. Que explicara cómo logró que, aun con más de 400 días de atraso en sus trabajos, no se le rescindiera el contrato.
Cerón pidió el cuestionario para después comentar vía telefónica que no hablarían al respecto, aunque agregó que “sí hubo una penalización por retraso. Es algo común para muchas industrias; pero nosotros cumplimos el requerimiento del contrato al ciento por ciento y asumimos también el retraso”. Omitió responder en qué términos se dieron las autorizaciones de los plazos adicionales. Se negó también a dar la postura de la compañía respecto de las indagatorias que la SFP realiza a los contratos petroleros de ABB, muchos de ellos entregados vía adjudicación directa.
De la solicitud de entrevista con el hoy presidente nacional del Partido Acción Nacional, César Nava Vázquez, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
“La obra amparada en el contrato es de primordial relevancia para el organismo, ya que una vez concluida la integración de la instrumentación al nuevo sistema de control distribuido, permitirá una operación más confiable y segura de las plantas hidrosulfuradotas de gasolina, kerosina y diesel, así como de las plantas estabilizadoras números 1, 2 y 3”, cita el argumento utilizado para conceder a ABB uno de los plazos adicionales fuera de contrato.
Al cabo del tiempo, la supuesta modernización resultó inútil por no ser compatible con el resto de los equipos y la instrumentación que Pemex contrató a ICA y Siemens, encargadas de las torres de deshidratación, plantas de refinación de gasolinas, equipos de generación eléctrica y calderas de vapor.
Un directivo de la Refinería Lázaro Cárdenas explica que uno de los errores medulares fue que ABB no realizó pruebas y arranque a los equipos e instrumentos que instaló, y que muchos de ellos eran obsoletos.
El control distribuido es un sistema de seguridad de las plantas y equipos que, a través de instrumentos de control, envía señales analógicas a un centro de operaciones o cuartos de control. Éstas son operadas y monitoreadas por computadoras que procesan toda la información y, en su caso, detienen o activan las plantas. El funcionario refiere que debido a que la instrumentación que realizó la compañía, no entró en operación por completo, desde 2003, Pemex Refinación. A través de su gerencia en Minatitlán, ha debido aplicar mantenimiento de preservación a los equipos que instaló ABB.
“Esto, por supuesto que es una situación anómala, porque a un equipo nuevo no tendría porque dársele mantenimiento, sobre todo cuando hasta la fecha ni siquiera está entregado como trabajo terminado. Pero si no se les diera mantenimiento, habría más problemas de los que de por sí ya tienen los equipos”, explica.
Cuando el pasado 12 de octubre el secretario de la Función Pública anunció las auditorías a las contrataciones que en la última década ABB ha signado con el gobierno federal, en la refinería de Minatitlán la tensión se hizo manifiesta entre los gerentes, superintendentes, supervisores y funcionarios involucrados en el contrato PRSPR-044/00DMX.
“Si el secretario Salvador Vega va en serio con las auditorías, sólo por este contrato rodarán muchas cabezas”, reflexiona un gerente de la Lázaro Cárdenas que pide el anonimato.
Millonarias adjudicaciones a ABB
En la última década, el consorcio suizo ABB ha recibido jugosos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, que por su monto, de acuerdo con la normatividad en la materia, debieron licitarse.
En 2003, aún enfrascada en sus trabajos en Minatitlán, por adjudicación directa la empresa ABB recibió el contrato GRC-078-S/2003, por 5 millones de pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de refacciones en el sistema de seguridad para gas y fuego en la Refinería Héctor Lara Sosa.
El contrato GRC-100-S/2003, por 290 mil pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control ABB Taylor de la Planta Isomerizadora.
El GRC-121-S/2003, por 1 millón 900 mil pesos, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de refacciones para los sistemas de control distribuido, sistema de paro de emergencia y sistema de seguridad de gas y fuego de la Planta Coquizado.
El GRC-124-S/2003, por 300 mil pesos, para el mantenimiento preventivo y correctivo y la calibración de las plantas de alquilación, hidros de gasoleos, azufre.
El RMIN-084/2003, por 5 millones 200 mil pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo con suministro e instalación de repuestos en los sistemas de control instalados en las plantas de proceso en la Refinería Lázaro Cárdenas.
El RMIN-092/2003, por 2 millones 900 mil pesos, para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de refacciones para el sistema de control instalado en las calderas de la Refinería Lázaro Cárdenas.
El CS-RMH-079/2003, por 45 mil 245 pesos, para calibrar un relevador marca ABB en la Refinería Miguel Hidalgo.
Una de las más onerosas se la entregó Exploración y Producción a través de su Gerencia de Contratos SIDOE, mediante el contrato 410835806 por 78 millones 195 mil 165 dólares, y 115 millones 793 mil 454 pesos, es decir unos 900 millones de pesos por trabajos durante 18 meses.
En esta adjudicación directa se le encargó la ingeniería, procura, fabricación, carga, amarre, instalación, pruebas y arranque de la plataforma de producción PB-KU-H, los puentes de interconexión a la plataforma de perforación PP-KU-H y la plataforma habitacional HA-K.
A partir de 2006, la compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de algunas subsidiarias, como Pemex Gas y Petroquímcia Básica, según registros de la subsidiaria.
Asunto de Estado
En septiembre pasado, cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético, el presidente Felipe Calderón se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones de Nava en favor de esta empresa.
“Esto es totalmente indebido y me da mucho coraje. La verdad es que me molesta que algún funcionario se pase de vivo y cometa raterías… Este asunto debe ser, como cualquier otro de corrupción en mi gobierno, investigado a fondo y tiene que ser castigado”, dijo en entrevista con W Radio el pasado 6 de octubre, al tiempo que anunció que su gobierno investigará “todos” los contratos que el consorcio tenga en el país.
Desde 2005, el Departamento de Justicia y la Comisión de Intercambio y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) iniciaron la investigación en contra del consorcio suizo ABB bajo los cargos antes señalados.
La indagatoria –llevada por la SEC a una corte federal en Washington, en colaboración con la División Criminal de Fraude del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas– arrojó que, entre 1999 y 2004, ABB Network Management, la filial estadunidense de ABB, sobornó a funcionarios de las estatales mexicanas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) “para obtener y retener contratos”.
De acuerdo con la indagatoria, los representantes de la firma pagaron con cheques y transferencias a familiares de los funcionarios, además de pagos en efectivo y viajes en cruceros por el Mediterráneo para los funcionarios y sus esposas. Los sobornos sumaron unos 2 millones 700 mil dólares, que ABB registró en sus libros contables como pagos para comisiones y servicios en proyectos en el país.
Como resultado de esos arreglos, ABB obtuvo contratos por más de 90 millones de dólares en ingresos y 13 millones de dólares en ganancias. Dichas contrataciones se relacionan con el Sistema de Información en Tiempo Real para Administración y Control de Energía, por 44 millones de dólares, y el programa Evergreen, por 37 millones de dólares.
Uno de los funcionarios sobornados fue el director de Operación de la CFE Néstor Félix Moreno Díaz, quien recibió un yate, un Ferrari y 700 mil dólares.
Ante las autoridades estadunidenses, ABB se declaró culpable de los cargos en su contra. Acordó con el gobierno estadunidense pagar sus multas por “penalidades criminales”, según informó la SEC el pasado 29 de septiembre.
En un comunicado, fechado al día siguiente, en Suiza, sede del corporativo, dice que “ABB ha cooperado plenamente con el Departamento de Justicia y la SEC”, entidades que acordaron que ABB deberá informar sobre sus esfuerzos de cumplimiento continuo y los resultados de la revisión de sus procesos internos por los próximos tres años.
La investigación de las autoridades estadunidenses “nos da que pensar y nos obliga a investigar todos los casos vinculados”, subrayó Calderón en su entrevista con W Radio.
De manera que se deberá escrutar los 556 contratos que en la última década ABB recibió del gobierno mexicano, que suman 3 mil 400 millones de pesos. El 99.5 por ciento de Petróleos Mexicanos (Pemex), CFE y LFC, incluidos los convenios y conciliaciones extrajudiciales que César Nava autorizó como abogado de Pemex.
Como lo hará con los funcionarios que en la CFE, LFC y Pemex adjudicaron contratos a ABB, la Secretaría de la Función Pública podría también revisar las declaraciones patrimoniales de César Nava, incluido el departamento de Polanco, que recién le regaló Patricia Sirvent, que, según el Partido Acción Nacional, “sólo” le costó 7 millones 250 mil pesos.
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