Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa comisión. A pesar de que el organismo autónomo ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales. Raúl Plascencia asegura que en el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin estar preparadas ni facultadas para ello; también, el aumento de la impunidad y la falta de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de gobierno
A finales de marzo de 2011, luego de concluir su recorrido por México, el
Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que durante el actual sexenio se habrían perpetrado al menos 3 mil desapariciones forzadas; esto es 300 por ciento más que las ocurridas durante 25 años de la Guerra Sucia.
Transcurrido un año y medio de aquel anuncio, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoce que este número “está un poco corto”.
En entrevista con Contralínea, revela que el organismo a su cargo tiene más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, mismos que se encuentran en etapa de integración para determinar a los responsables: agentes del Estado, delincuentes o estos últimos “actuando con la anuencia o complacencia de servidores públicos”.
Por lo pronto, la CNDH conoce de 408 casos que datan de 2007 a la fecha y que comprenden a 660 víctimas, en los que hay una “línea clara de involucramiento de autoridades federales”. Las entidades con más incidencia son Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Durango.
Plascencia Villanueva explica que esto es reflejo del aumento exponencial de las violaciones a los derechos humanos durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, mientras en 2006 obraban en los archivos del organismo autónomo cinco o seis quejas por tortura o tratos crueles e inhumanos, en 2011 la cifra se disparó a 2 mil. Lo mismo ocurrió con las desapariciones forzadas, puesto que en 2006 “se contaban con los dedos”, asegura.
A decir del ombudsman, en el origen de este incremento está “la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin estar preparadas, sin estar facultadas constitucionalmente, sin tener un marco jurídico adecuado para ello”.
También está la carencia de controles adecuados de supervisión de los servidores públicos autorizados para ejercer la fuerza del Estado, particularmente de los policías; el aumento en los niveles de impunidad, que invita a los delincuentes a seguir con sus conductas contrarias a la sociedad y a los “malos” servidores públicos a actuar al margen de la ley; así como la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones públicas.
Ejemplo de lo anterior es el ataque de policías federales a una camioneta con placas de la embajada estadunidense, en la que viajaban agentes de aquel país y un capitán de la Secretaría de Marina, ocurrido el pasado 24 de agosto en Tres Marías, Morelos.
—Cuando se presentan casos como éstos es importante que la respuesta de la justicia sea inmediata para que a la sociedad en general le quede muy en claro que se trata de comportamientos indebidos, prohibidos. Han transcurrido ya días y no sucede absolutamente nada –dice Plascencia Villanueva.
Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, como el Comité Cerezo México, han advertido que en la raíz del incremento de violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está una política sistemática de Estado, a la que denominan “guerra contra el pueblo”.
Para Raúl Plascencia, se trata, en cambio, de una “tendencia de algunos servidores públicos, no de todos, por rechazar recomendaciones, por resucitar prácticas que parecían ya olvidadas en el Estado mexicano”.
Apunta que, en orden de quejas, son los elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Armada quienes más atentan contra los derechos humanos.
En la recta final de este sexenio, el Comité Cerezo hizo público el Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista. En éste se documentan 353 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones contra defensores de derechos humanos y encarcelamientos de personas a causa de la manifestación de sus ideas políticas, cometidas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012.
El título de su informe alude a la política de seguridad encabezada por Felipe Calderón que evolucionó de “guerra” a “lucha contra la delincuencia organizada”, en esencia, al “proceso a través del cual el Estado se configura como un Estado terrorista, y éste se ha convertido en el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en nuestro país para su beneficio y en perjuicio del resto de la sociedad”.
Cuestionado al respecto, el titular de la CNDH pide “tener mucho cuidado” al calificar al Estado en su conjunto de terrorista, pues en el Estado estaríamos incluidos todos: el gobierno, los poderes Legislativo y Judicial y la sociedad. De ser así, “de ninguna manera creo que pudiéramos emitir un adjetivo de esas características”.
CNDH niega ejecuciones extrajudiciales
En su editorial del 23 de agosto pasado “México, espiral de la barbarie”, el diario francés
Le Monde se refirió así a la “guerra” contra el
narcotráfico del presidente Felipe Calderón: “esta auténtica hecatombe constituye, y de lejos, el conflicto más mortífero del planeta en los últimos años”.
La afirmación del diario surgió luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hiciera públicas las cifras sobre el número de homicidios perpetrados en territorio mexicano de 2007 a 2011: 95 mil 632.
Plascencia Villanueva dice que indudablemente “en lugar de existir mayor protección a la vida, existe un mayor peligro de perder la vida por factores muy distintos”. No obstante, llama a distinguir entre los homicidios atribuibles al crimen organizado y los que ocurren como consecuencia de peleas en cantinas, atropellamientos o situaciones en donde una persona decide matar a un conocido.
Respecto de los crímenes cuya responsabilidad recae en funcionarios del Estado, el también doctor en derecho manifiesta que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones que refieren el asesinato de “personas que sin tener nada que ver con un operativo terminan perdiendo la vida”, como consecuencia de “procederes inadecuados de [los] servidores públicos”.
Es el caso de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey, 2010); de los menores Brian y Martín Almanza Salazar (Tamaulipas, 2010); de los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román (Tabasco, 2010), y de Jorge Otilio Cantú Cantú (Monterrey, 2011).
El ombudsman se resiste, sin embargo, a calificar a éstos y otros hechos como ejecuciones extrajudiciales, pues “en la Comisión hemos sido muy cautos en analizar y utilizar este calificativo, porque la ejecución extrajudicial implica eliminar a una persona como parte de una decisión de un servidor público y utilizando la fuerza del Estado”.
Por lo tanto, asegura que en los últimos años no “hemos encontrado una acción de estas características, esto es en donde exista un plan específico diseñado para privar de la vida a un individuo”.
En contraste, el Comité Cerezo México, que el pasado 1 de septiembre recibió el Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán por su lucha en contra de la represión política y las detenciones arbitrarias, ha documentado la ejecución extrajudicial de 70 activistas y defensores de derechos humanos, de 2008 a mayo de 2012.
En su Informe de violaciones a los derechos humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de un Estado terrorista, alude 29 ejecuciones extrajudiciales consumadas de enero de 2011 a mayo de 2012.
Aclara que aunque éstas son “justificadas e invisibilizadas como muertes producto de la lucha entre los cárteles de la droga por el territorio”, se trata, en realidad, de crímenes cometidos por fuerzas estatales (45 por ciento por paramilitares con la aquiescencia del Estado y 14 por ciento por policías) motivados contra la defensa de derechos humanos que desempeñaban las víctimas.
Advierte, asimismo, que esta práctica va en aumento. En 2009 y 2010 esta organización contabilizó un total de 15 ejecuciones extrajudiciales; en 2011, 17; y de enero a mayo de 2012,12.
Presos políticos: “criminalización de la protesta social”
En materia de presos políticos (personas detenidas por romper el marco jurídico al declarar, manifiestamente, la guerra al Estado) y de conciencia (personas detenidas por participar en acciones en defensa de los derechos humanos que se desarrollan dentro del marco legal), el Comité Cerezo México ha documentado 970 casos en lo que va del sexenio de Calderón.
En su informe más reciente, que comprende el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012, da cuenta de las detenciones de 158 luchadores sociales o defensores de derechos humanos. Éstas también van al alza: en 2011 fueron 78 y en 2012 (hasta mayo), 80.
Sin brindar una cifra sobre esta problemática, el presidente de la CNDH menciona que en algunas entidades, particularmente en Chiapas, “hemos observado una dinámica de estas características”.
Tal es el caso de la coordinadora estatal Plan de Ayala, cuyos líderes fueron detenidos y acusados de diversos delitos como consecuencia de las movilizaciones que realizaban.
De hecho, asegura Plascencia Villanueva, la CNDH emitió una recomendación con el objetivo de que “se puedan tomar medidas para evitar estar
criminalizando la protesta social ”; también, envió un comunicado al gobierno de Chiapas en el que le solicita revisar los procedimientos y garantizar un proceso justo a “aquellas personas cuyo delito que se les atribuye es precisamente estar afectando intereses del gobierno, cuando no hay otra justificación para tenerlos en prisión”.
Cifras de la CNDH menores que las de organizaciones civiles
De acuerdo con la asociación civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, de 2008 a mayo de 2012 se han cometido 451
agresiones contra defensores de derechos humanos: amenazas, allanamientos, intervención de comunicaciones, daño a la propiedad, hostigamiento y criminalización.
Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son menores en 214 por ciento, a pesar de que comprenden un periodo más amplio. A decir de Raúl Plascencia, de 2007 a la fecha, la CNDH investiga 210 casos de defensores de derechos humanos que se vieron agraviados “a partir de actos delincuenciales” o de servidores públicos.
El ombudsman refiere un caso de Baja California en el que una defensora civil fue objeto de amenazas por parte del titular de una corporación policial “a propósito de la acción que estaba llevando a cabo”. También habla de Alejandro Solalinde, sacerdote católico, “cuyo único delito es tratar de ayudar a los migrantes y a propósito de ello ha recibido embestidas de la policía federal, de la delincuencia y de otra serie de personas con el ánimo de contenerlo, de intimidarlo para que [no] siga trabajando en la lucha por los migrantes”.
CNDH: una recomendación por desaparición forzada
Desde el inicio de la gestión de Calderón hasta mayo de 2012, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de Personas (integrada por 63 organizaciones de derechos humanos y sociales a nivel nacional y 13 organizaciones internacionales) ha contabilizado la desaparición forzada de 61 activistas y defensores de humanos.
Durante el mismo periodo, la CNDH sólo ha reconocido, a través de la recomendación 7/2009, un caso de desaparición forzada de luchadores sociales: el de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes habrían sido detenidos-desaparecidos en mayo de 2007 en un operativo a cargo de policías de Oaxaca y elementos del Ejército Mexicano (
Contralínea 222).
—¿Por qué las cifras de la CNDH distan tanto de las que ofrecen las organizaciones no gubernamentales? –se le pregunta a Raúl Plascencia.
—Quizá por la calificación que les están dando ellos. Por ejemplo, el tema del EPR, en la recomendación de estos dos señores en ninguna parte se hace referencia a un tema de contenido político, ni siquiera antecedentes o filiación o ideología. Algunos actores, algunos organismos gubernamentales prefieren no hacerlo. En la Comisión no solemos hacerlo porque independientemente de la ideología, forma de pensar o partido al que pertenezcan, nosotros tenemos que investigar las cosas de la misma manera.
—¿Entonces, además de esta recomendación no tienen otras que refieran específicamente desapariciones de activistas?
—No recuerdo casos como el de Edmundo Amaya; no recuerdo algo similar. Además se hubiera generado un escándalo nacional también, como lo fue en su momento.
A casi dos años de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Estado mexicano no ha reconocido la competencia de su Comité, órgano encargado de su cumplimiento y de recibir y examinar las comunicaciones de personas que alegaren ser víctimas de violaciones a las disposiciones de dicho instrumento.
Al respecto, el titular de la CNDH dice que “estaremos ahí dialogando con el nuevo gobierno federal con el objetivo de que puedan eliminarse estas reservas”. Manifiesta, asimismo, la necesidad de abrir la discusión en torno al delito de desaparición forzada. Ello, porque al no estar legislado en la mayoría de las entidades es muy difícil de acreditar.
—Mi punto de vista será tratar de influir de la mayor forma para que se elimine la reserva a la Convención sobre desapariciones forzadas, pero también que se pueda discutir en cuanto a la conveniencia de la federalización de este delito, o bien, al menos, una ley general que obligue a todos los estados a legislar en igualdad de circunstancias en la materia.
—¿Qué recomendaciones haría al próximo presidente de México para que el Estado cumpla en materia de derechos humanos?
—La primera recomendación sería el que pudiera existir una instrucción muy clara, directa, a todos los servidores públicos en el sentido del deber que tienen de servir a la sociedad, cumpliendo con la ley y evitando violar los derechos de las personas. En segundo lugar, tiene que darse un proceso de capacitación, de educación muy intenso para los servidores públicos del país.
“En la Comisión le apostamos a poder prevenir las violaciones de los derechos humanos, y la mejor forma de prevenirlas es si existe una capacitación, una educación que propicie en el servidor público la conciencia de lo que está haciendo y, por lo menos, cuando decida torcer la ley esté consciente de lo que está haciendo.”
—¿Y la CNDH qué tiene que hacer para fortalece su labor?
—Bueno, estamos haciéndolo. Sobre todo, buscando hacer realidad la reforma de junio del año pasado, que es una reforma a la que califiqué como la más importante desde 1917 en la materia. De tal manera que tenemos los elementos adecuados, de momento, como para poder otorgarle una mayor fuerza al trabajo.
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Fuente: Contralínea 305 / 7 de octubre de 2012
