En los primeros 2 meses y medio de Peña Nieto en el cargo se han registrado 168 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar. En el primer mes hubo un aumento del 10.8 por ciento respecto al sexenio anterior. El nuevo titular de la Defensa asume el cargo con 359 militares procesados por delitos relacionados con la materia. “El Ejército ha perdido prestigio”, coinciden especialista y legislador
Desde que Enrique Peña Nieto asumió el cargo de presidente de la República, el 1 de diciembre de 2012, y hasta el 8 de febrero de 2013, se han presentado 168 quejas por violaciones a los derechos humanos, supuestamente cometidas por personal militar.
De éstas, 74 se registraron el primer mes del nuevo gobierno. Del total, 155 se encuentran en trámite y 13 ya fueron concluidas. En el primer mes del gobierno de Felipe Calderón se habían registrado apenas ocho. Es decir, al inicio del mandato de Peña Nieto hubo un aumento del 10.8 por ciento.
En ese sentido, en los primeros 2 meses y medio del gobierno actual se alcanzó el 43 por ciento de las quejas que Calderón registró en sus primeros 11 meses de administración (384).
La información está contenida en el documento Situación de quejas notificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo comprendido del 1/o. dic. 2012 al 08 feb. 2013 (sic), publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional en su portal electrónico.
El general brigadier Francisco Gallardo explica que la política de seguridad que se implantó con Calderón sigue funcionando, y en ese sentido se percibe más derramamiento de sangre y una sistemática violación a los derechos humanos, por ejemplo en municipios como Tlapa de Comonfort, Guerrero.
El diputado perredista Silvano Aureoles explica a este semanario que si la cifra cercana a los 100 mil muertos durante el sexenio de Calderón no es suficiente para revisar y corregir la estrategia, ya no habrá razón superior para ello.
—¿Está fallando la estrategia militar?
—El Ejército es de las pocas instituciones con credibilidad, respeto y capacidad para hacerle frente a las amenazas contra la seguridad. No obstante, los reportes [de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos] que conocemos son focos que deben llamar la atención, ya que sabemos que las violaciones a los derechos [humanos] son vigentes y se focaliza en las Fuerzas Armadas.
Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos, coincide con el general y con el diputado federal. “El gobierno cambió, pero la estrategia no. Si con Calderón se multiplicaron los casos de violación a los derechos humanos por parte del Ejército, con Peña Nieto puede reproducirse de la misma manera si la estrategia no cambia”.
No obstante, explica que no existe aún ninguna policía entrenada a nivel federal que esté suficientemente capacitada y que sea honesta y eficaz para hacerse cargo de la situación de seguridad en el país, por tanto la salida del Ejército de las calles es una solución a mediano o largo plazo.
—¿Qué solución existe a corto plazo?
—Deben investigarse los abusos, no puede haber quejas sin investigar; además, se necesita un esclarecimiento rápido en cada caso y un procedimiento legal en consecuencia, ya sea dentro de la justicia militar o la civil.
“Tiene que existir una revisión de la política porque no ha arrojado ningún resultado real sobre el tránsito de las drogas: siguen pasando las drogas a pesar de las acciones militares, y eso crea un sentimiento permanente de ineficacia dentro de las tropas desplegadas”.
Militares juzgados
Las 114 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional vinculan a 359 militares. De éstos, 186 son indiciados, 110 están procesados, 38 han sido sentenciados, ocho fueron absueltos, y 17 se encuentran prófugos.
Al respecto, el general Francisco Gallardo explica que la justicia militar es de mando: “en ella se juzga bajo el mando del secretario de la Defensa. Él nombra a los jueces, magistrados e incluso se da el caso de nombrar a quién se va a procesar y a quién se va a liberar.
“La justicia militar en México es la antítesis del derecho. El secretario de la Defensa administra y procura la justica militar, ahí se distorsiona todo porque los tribunales militares, los concejos de guerra, dependen directamente de él. La justicia militar debe ser autónoma.”
El diputado Ricardo Mejía menciona que hay una pérdida de prestigio en el Ejército. “En la guerra contra el narco la primera baja es el prestigio. Desafortunadamente ellos están combatiendo al narcotráfico sin un marco legal que los autorice, sin que les dé la garantía, la protección y el respaldo jurídico”.
Jorge Luis Sierra coincide: “En esta lucha, el Ejército desafortunadamente ha perdido prestigio y se ha contaminado la institución. El único cambio en la política de seguridad es que ahora hay una Secretaría de Gobernación que absorbe las funciones de seguridad pública, pero las masacres y asesinatos siguen en todo el país, y el prestigio de la institución va a la baja”.
María Teresa Jiménez, legisladora por el Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, argumenta que México repuntó significativamente en el sexenio de Felipe Calderón en el tema de derechos humanos. “Ante la Organización de las Naciones Unidas no habíamos estado tan fuerte en ese tema. México salió adelante el sexenio pasado en tema de derechos humanos. No obstante, más allá de las secretarías de Estado habrá que poner atención en otros casos de violaciones a los derechos humanos, como las que se dan en los orfanatos, donde se da incluso la trata de personas”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del general brigadier Martín Terrones Calvario, director de Comunicación Social. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Fuente: Contralínea 323 / febrero 2013
