El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podrá “concentrar y canalizar información sobre focos rojos a nivel regional, zonas de riesgo en distintas localidades, actividades de la delincuencia organizada y aquella otra información que pueda resultar útil” para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Un “convenio de colaboración” firmado entre el organismo cúpula del sector empresarial mexicano y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), explica que el objetivo de este “compromiso” es la obtención de “resultados positivos” en las tareas de seguridad nacional y de seguridad pública que realizan las tres Fuerzas Armadas Permanentes: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
No es el único documento-compromiso que ha obtenido el alto empresariado mexicano de las secretarías de Estado encargadas de la seguridad y defensa nacional. También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) logró un “convenio de colaboración” similar.
En los documentos –de los cuales Contralínea posee copia– destacan tres compromisos recíprocos contraídos entre las partes: recopilación e intercambio de información; intercambio académico y educativo; empleos y venta de suministros.
Aunque los compromisos que han adquirido las Fuerzas Armadas con el CCE y la Coparmex son similares, la relación más ambiciosa en materia de información es la conseguida por el CCE. Mientras, en materia educativa y de negocios, los alcances de lo firmado con la Coparmex serán mayores.
Fue en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto cuando el CCE ya había puesto por escrito su alianza con el sector militar. El 6 de septiembre de 2013 se firmó el primer “convenio de colaboración”, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2014. El segundo convenio de colaboración es una adenda del primero, celebrado el 13 de febrero de 2015 con vigencia “hasta que alguna de las partes notifique su terminación por escrito”. En ambos documentos, por la Sedena –encargada de organizar y administrar tanto al Ejército como a la Fuerza Aérea Mexicanos– firma su titular, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda. Por la Semar –a cargo de la Armada de México– también la firma es del titular de la dependencia, el almirante Francisco Vidal Soberón Sanz. Mientras, por el CCE el encargado de estampar su firma fue su entonces presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani.
El CCE es una asociación civil fundada el 5 de agosto de 1976, al final del sexenio de Luis Echeverría. Nació como una organización confrontada directamente con un gobierno al que consideraba populista y amenaza a la propiedad privada. Rechaza la intervención del Estado en la economía y desde entonces promovió la venta de todas las empresas paraestatales. Se integra por siete asociados: la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur), la propia Coparmex, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis), el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Asociación de Bancos de México (ABM); y cinco invitados permanentes: la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Desarrollo Tecnólogico (Comce) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).
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Con respecto de la alianza con la Coparmex, el “convenio de colaboración” entre este organismo y las Fuerzas Armadas se concretó el 4 de marzo de 2015. Como en los documentos firmados con el CCE, aparecen las firmas de los titulares de la Sedena y la Semar. Por la Coparmex firma también su entonces presidente, Juan Pablo Castañón Castañón. El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2018, es decir, hasta el último día de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La Coparmex se define en el propio “convenio de colaboración” como una “organización y unión” de empresarios “para promover su participación organizada y coordinada con otros sectores en pro de la construcción del orden social; impulsar las reformas estructurales necesarios para abatir el costo país y aumentar la competitividad en el marco de la globalización; representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado”.
Fue fundada el 26 de septiembre de 1929, como una organización antagónica a los cambios que en ese momento se realizaban producto de la Revolución Mexicana.
Gutiérrez Candiani, con historial en los ramos de la construcción, el desarrollo inmobiliario, la comercialización de productos especializados para las artes gráficas y el sector salud y los servicios financieros, dejó su cargo en el CCE meses después de haber conseguido el acuerdo con los militares. Su anterior encargo había sido la presidencia de la Coparmex.
Por su parte Juan Pablo Castañón Castañón, empresario del ramo de los muebles y los almacenes, dejó la presidencia de la Coparmex para ocupar, hasta la fecha, la del CCE. Así, el CCE y la Coparmex son dos frentes de la misma cúpula empresarial del país.
La consolidación de la alianza entre el alto empresariado y los militares es el resultado lógico luego de que los empresarios tomaran directamente el poder con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000, explica el especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional Guillermo Garduño Valero.
El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh señala: “fue totalmente evidente que las relaciones iban a ser de otra naturaleza y que no iban a estar mediadas por el supuesto nacionalismo que anteriormente tenían las Fuerzas Armadas y que hoy en día ni siquiera se menciona para nada”.
Así, a decir del también investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, México transita hacia un modelo como el de Estados Unidos, donde “el puesto de lo que sería el secretario de la Defensa invariablemente es escogido entre grupos de hombres de negocios. Por qué. Porque las 50 grandes empresas de Estados Unidos, todas ellas, tienen una división militar”.
El general en retiro Samuel Lara Villa lamenta que los convenios vigentes benefician principalmente al empresariado. Luego del análisis de los documentos, el presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Mugica, advierte: “Los empresarios se comen enteritas a las Fuerzas Armadas. De plano [los empresarios] se fueron de capa y someten a las Fuerzas Armadas. Todos sus compromisos son vagos. Y las Fuerzas Armadas sí les van a abrir las puertas”.
El intercambio de información más ambicioso con las Fuerzas Armadas Mexicanas logrado por el alto empresariado es el firmado por el CCE. Aunque con las dos organizaciones se prevé el “intercambio de información”, el CCE se convierte en recolector de información “útil” para la seguridad nacional y la seguridad pública.
La seriedad de la encomienda es tal, que el tercer compromiso que las secretarías adquieren de manera conjunta ante el CCE es el de “establecer una oficina o área de comunicación dentro de las Fuerzas Armadas para recibir información por parte de los organismos que conforman el CCE”.
Una séptima cláusula señala que las partes firmantes del convenio “acuerdan compartir información relevante sobre interés común, excepto la que se encuentre con el carácter de reservada o confidencial”. Pero también en instrumento jurídico se establecen mecanismos para mantener bajo reserva todos los documentos que se generen por esta alianza de las Fuerzas Armadas y los empresarios del CCE:
“Toda la información impresa, audiovisual, en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún otro medio técnico o científico que los adelantos de la ciencia y la tecnología permitan y que se proporcionen entre sí las partes para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, queda prohibida su divulgación a terceros con cualquier carácter, por lo cual deberá ser considerada con el carácter de reservada [sic].”
Por su parte, la Coparmex y las Fuerzas Armadas se comprometen a “compartir información relevante sobre temas de interés común”. Una cláusula idéntica del convenio con el CCE también “protege” del escrutinio público los acuerdos que las dos secretarías militares del Estado mexicano firman con los organismos empresariales cúpula del país.
En los convenios firmados con las organizaciones empresariales, las Fuerzas Armadas Mexicanas se comprometen a “promover e impulsar a través de sus sistemas educativos el intercambio cultural y académico”, como señala el documento firmado con el CCE.
Por su parte, los organismos del alto empresariado extenderán invitaciones a los integrantes de la Sedena y de la Semar para que participen en cursos, programas de capacitación y conferencias que organicen “sobre temas económicos, políticos, técnicos, de seguridad nacional, seguridad pública u otros”.
Casi con idéntica redacción, el convenio alcanzado por la Coparmex incorpora el rubro deportivo al cultural y académico. Y es también más específico al señalar que dicho intercambio se concretará a través de los 65 centros empresariales distribuidos en toda la república con los que cuenta la organización patronal.
La incorporación de los empresarios a la educación castrense ya no es un fenómeno raro, a decir de Guillermo Garduño. “Organizaciones como la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey [Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey], el Instituto Tecnológico Autónomo de México tienen, por ejemplo, cursos de seguridad nacional. E invariablemente tienen personal militar inscrito para estos cursos”.
Samuel Lara Villa reprueba la intervención del empresariado en la educación castrense. “Lo que están pretendiendo es sacar a la educación militar de su tradicional compromiso con la nación”.
Para el general en retiro, de continuar con lo que considera una intromisión, “el espíritu castrense de las Fuerzas Armadas va a desaparecer. Los quieren hacer unos burócratas a disposición de las empresas”.
Según el convenio de colaboración con el CCE, las Fuerzas Armadas se comprometen a “presentar un estudio en el cual se determinen los perfiles profesionales, técnicos y de otra naturaleza, del personal naval y militar que haya cumplido con su tiempo de servicio”. Lo anterior, para que la organización empresarial “esté en posibilidad de determinar cuáles podrían ser las áreas de oportunidad para conformar una bolsa de trabajo”.
La misma cláusula se encuentra en el convenio alcanzado por la Coparmex.
El general Samuel Lara Villa observa que en esta materia de puestos de trabajo para soldados en situación de retiro, quienes se comprometen son las Fuerzas Armadas. Los empresarios no se comprometen a nada.
“Que ellos [los patrones] vean en qué les pueden servir, en qué les pueden dar trabajo. Y ya se ha visto muy claramente que la clase patronal sólo ha sabido utilizar a los militares retirados para seguridad privada y para escoltas. Y eso, puros oficiales, porque tienen la ley de su lado para portar arma. Pero no les dan más. No les reconocen otra facultad, otra labor que pueda ejecutar el personal.”
Para el general, esta situación es lamentable, pues los militares podrían desempeñarse en otras tareas. “Pero nadie les hace caso. Nada más: ‘párate ahí y no dejes entrara a nadie’. Y creen que nada más para eso puede servir un soldado”.
También la Coparmex consigue, de la Sedena y la Semar, el compromiso de considerar a sus empresas de manera privilegiada para el suministro de enseres y todo tipo de artículos que las secretarías de Estado realizan para el cumplimiento de sus funciones. Dice textualmente el sexto párrafo de la quinta cláusula:
“Ser el enlace para las empresas afiliadas a la Coparmex, a fin de que previa petición específica, identifique posibles proveedores de los productos y servicios que requieran la Sedena y la Semar y puedan participar de acuerdo a las políticas y procedimientos de contratación contenidos en la normatividad aplicable.”
Al respecto, Guillermo Garduño considera que los patrones mexicanos no tendrían mucho que ofrecer a los militares en materia de armamento. Pues, señala, en México “tenemos una industria militar muy pobre, que es también otra gran limitante. Y esto hace que el sistema de adquisiciones se concentre en el nivel internacional: el material de desecho o de segunda mano que tienen las potencias, que está dado fundamentalmente por la siguiente razón: el desarrollo tecnológico de los últimos 50 años ha sido tan grande que requieren de desechar cantidades enormes de armamento porque ya existen otros mucho más avanzados. Y entonces a México llega una gran cantidad de material de segundo nivel”.
La relación de las Fuerzas Armadas con el alto empresariado no sólo se confirma a través de los convenios obtenidos por Contralínea. Otras organizaciones patronales también se están dando a la tarea de agasajar cada que pueden a los mandos superiores del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
El pasado 27 de abril el Consejo Directivo de la Concamin recibió a los titulares de la Sedena y de la Semar. El presidente de la organización industrial, Manuel Herrera Vega, dijo en su discurso que “las Fuerzas Armadas de México demuestran solidez institucional y reafirman su lealtad al país, renovándose ante cualquier desafío y reforzando su compromiso con los derechos humanos”.
El titular de la Sedena devolvió el elogio y reconoció “el trabajo y las labores del sector industrial mexicano por mantener sus inversiones en territorio nacional”.
Guillermo Garduño, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que la primera “intermediación reconocida” entre los militares mexicanos y el sector empresarial ocurrió en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). Pero es en el sexenio de Vicente Fox, con la llegada del sector empresarial al poder, cuando se consolida la alianza entre los militares y los empresarios. Según el doctor en sociología por la UNAM, el empresario Jaime Camil Garza fue el encargado de concretar el pacto milicia-alto empresariado.
De este empresario, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) señala en su más reciente investigación Los papeles de Panamá: “Jaime Federico Said Camil Garza es un multimillonario mexicano con fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. Es conocido por las celebraciones fastuosas que organiza junto con su hijo Jaime, un popular actor de telenovelas. Camil dice ser un amigo cercano de la familia presidencial Bush y a menudo muestra sus propiedades, yates y caballos a las revistas del jet-set. Pero su nombre también ha aparecido en los medios de comunicación vinculados a escándalos de corrupción.
“El escándalo más reciente fue en 2013, cuando fue nombrado como el consultor que supuestamente pagó sobornos en nombre de la empresa alemana Siemens a la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos (Pemex). La Comisión de Valores de los Estados Unidos sólo hizo referencia a ‘un consultor de negocios con conexiones políticas’ en una demanda de 2008; sin embargo, Pemex identificó a Camil como intermediario en los pagos en otra demanda en 2013 contra Siemens, la cual fue desestimada por los tribunales estadunidenses. Camil rechazó todas las denuncias de irregularidades en una conversación con ICIJ.”
Las relaciones empresarios-militares se han afianzado y son establecidas con el alto mando de cada una de las Fuerzas Armadas, no con la tropa.
Para el general Samuel Lara Villa, la intervención del alto empresariado en los asuntos militares tendrá repercusiones en la doctrina y en el actuar de las Fuerzas Armadas.
“Ya han venido consiguiendo sacar a las Fuerzas Armadas de su origen revolucionario para someterlas otra vez, hasta que lograron conformar un nuevo ‘Ejército federal’. Es lo que tenemos ahorita: un ‘Ejército federal’ al estilo de aquellos que estaban nada más para defender a la clase patronal, a los malos gobernantes.”
El convenio prevé que reuniones de evaluación entre las secretarías de Estado y los organismos empresariales. En el caso del CCE, representantes de este organismo se reúnen con los militares mexicanos de las tres armas cada 2 meses. Los de la Coparmex, cada 6. Además, ambas partes (empresarios-militares) pueden solicitar reuniones extraordinarias.
El encargado en la Sedena de “establecer y mantener las coordinaciones entre las partes” es el jefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del Estado Mayor de la Defensa Nacional. De la Semar, es el presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada. Del CCE y la Coparmex, sus respectivos directores generales.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD NACIONAL]
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