[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/07/unam-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
El proyecto Sener-Conacyt 160015 que durante 4 años desarrollaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio de un equipo instalado en el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), y la empresa Dowell Schulumberger, se convirtió en un compendio de irregularidades, en algunos casos con posibles consecuencias penales, provocadas y solapadas por las altas autoridades de la Universidad: desde la dirección del IIM hasta los rectorados de José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers, pasando por los abogados generales y la Contraloría de la Universidad.
La investigación científica, enfocada en el análisis y predicción de las propiedades y calidades de mezclas de crudos mexicanos, y en el desarrollo de la tecnología para lograrlo, desembocó en una historia de falsificación de firmas; de desaparición y desvío de recursos millonarios; de represalias contra académicos e investigadores que denunciaron la corrupción; de sabotaje del estudio y acoso contra los alumnos adscritos a él; de destrucción y abandono de equipos y laboratorio… todo por parte de funcionarios administrativos encabezados presuntamente por la directora del Instituto, Ana María Martínez Vázquez.
“La Universidad debería ser un ejemplo de transparencia en manejo de recursos públicos. Y si hay regularidades, éstas deben ser investigadas; no hay justificaciones para no hacerlo”, señala el doctor Alfonso Bouzas, investigador el Instituto de Investigaciones Económicas y exconsejero universitario.
El 26 de marzo de 2012, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) firmó con la UNAM un convenio de asignación de recursos por 86 millones 54 mil 963 pesos para llevar a cabo un “estudio reológico y caracterización fisicoquímica para el desarrollo de correlaciones aplicables a crudos pesados”.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]La investigación científica desembocó en una historia de falsificación de firmas; de desaparición y desvío de recursos millonarios; de represalias contra académicos e investigadores por denunciar la corrupción[/blockquote]
El proyecto consistía en recoger 22 muestras de crudo de diversos yacimientos nacionales, cuyas características van desde muy ligeros hasta extrapesados, y elaborar 50 mezclas con el objeto de desarrollar un software capaz de predecir la calidad de las combinaciones de los distintos tipos de petróleo.
Con base en los análisis hechos y la “fluidoteca” construida, el programa –cuyo usuario final sería Pemex Exploración y Producción (PEP)– permitiría predecir las reacciones de los crudos ante cambios de temperatura y presión, así como las propiedades y la calidad de las mezclas producidas en el país.
“En 2014, Petróleos Mexicanos comerció cuatro tipos de petróleo por debajo de los estándares de calidad, revela la auditoría de desempeño 14-6-47T4L-07-0287”, informó Contralínea en su edición 476. “Por esta irregularidad, la petrolera pagó compensaciones por 1 mil 104 millones 796 mil 800 pesos a sus clientes tanto en el mercado nacional como en el internacional”.
La base de datos, el software y la tecnología resultado del proyecto 16005 aumentaría la precisión en la producción de mezclas de Pemex, lo cual evitaría las pérdidas provocadas por las variaciones incontroladas. Los beneficios para Pemex se contabilizarían en decenas de millones de dólares.
Tal sistema de medición no existe en el mundo. Ni las petroleras que dominan el mercado lo tienen. Por su trascendencia, el proyecto sería uno de los más importantes que se hayan realizado en la UNAM y el de mayor impacto salido del Instituto de Investigaciones en Materiales.
A su cargo estaría Sergio Quiñones Cisneros, maestro y doctor por la Universidad de Minnesota, experto en mecánica de fluidos, exprofesor en Dinamarca y Alemania, investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en cuya propiedad intelectual se sustentaría la investigación.
Aún corría el rectorado de José Narro, y el 4 de julio de 2014 una carta llegó a los escritorios de Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de Investigación Científica y representante legal de la UNAM ante el Fondo Sener-Conacyt Hidrocarburos; Luis Raúl González Pérez, abogado General de la Universidad (actual ombudsman nacional); Guillermo Brizio Rodríguez, contralor, y de Aurea del Carmen Navarrete Arjona, auditora interna. El asunto era conciso: “desvío de recursos”.
“He encontrado documentación que muestra un retiro irregular por medio millón de pesos […] con un destino final que desconozco”, denunció por escrito Sergio Quiñones ante las autoridades universitarias.
Y explicó que el 26 de septiembre de 2013, 1 día antes de hacer un viaje al extranjero, había firmado una solicitud de transferencia por 500 mil pesos para que fuesen cubiertos los gastos de operación del laboratorio.
Tras pasar la solicitud por las manos de Rocío de la Torre Sánchez, encargada de la contabilidad del proyecto, y de Efraín Díaz Martínez, secretario Administrativo del Instituto, se emitió un cheque por dicha cantidad para que fuera signado por el mismo Quiñones Cisneros.
El trámite interno para la liberación de recursos se estaba dando como uno más. Pero “unos minutos después de lo descrito, la doctora De la Torre regresó y me indicó que Toñita (la secretaria del licenciado Díaz) había cometido un error y el cheque que acababa de firmar se había cancelado […] no cuestioné y firmé de nuevo”.
Quiñones realizó el viaje programado habiendo dejado firmada una sola solicitud de transferencia de recursos. Pero a pesar de haber salido del país el 27 de septiembre de 2013, otro oficio, el correspondiente al segundo cheque, apareció fechado el 3 de octubre.
“Yo me encontraba en Alemania, por lo que era imposible que hubiese podido firmar dicho oficio”, aseveró el investigador ante las autoridades universitarias, y remató: “ambos cheques, el 237 (supuestamente cancelado) y el 238, fueron depositados el 2 de octubre de 2013 prácticamente a la misma hora.
“[…] En resumen, medio millón de pesos fueron transferidos de la cuenta Sener-Conacyt, […] la dirección ha tomado posesión del recurso sin mi consentimiento”. Eso sólo era el principio.
Los montos para la investigación provinieron del Fondo Sectorial Sener-Conacyt Hidrocarburos, “que se alimenta de un impuesto que es del orden del 0.65 por ciento de la facturación de Pemex, y está destinado a la investigación en el sector de energía”, explica Quiñones.
“Pemex hace la propuesta de un proyecto sectorial. Se abre licitación. Competimos. Todo fue un proceso de años: llevó 5 años conseguir el recurso”. En 2012 iniciaron los trabajos.
Pero no son los científicos quienes controlan los dineros de sus propios estudios, pues en estos casos la parte burocrática de los institutos funge como “sujeto de apoyo”.
“Yo soy responsable técnico y financiero, no contable –dice Quiñones–. Mi problema es que yo no financié diezmos. Y eso es un problema grave.”
—Diezmos…
—Diezmos. Tal cual.
Y es que en el proceso, continúa, de la “canasta principal”, alimentada por el Fondo Sener-Conacyt, se transfiere dinero al Instituto para el desarrollo de tareas específicas relacionadas con la investigación. “Lo que yo no sabía es que estos proyectos los maneja en exclusividad la directora del Instituto, Martínez Vázquez”.
Lo anterior, la doctora lo dejó claro en el oficio IIMT/DIR./347/2014 en respuesta a la solicitud que hizo Quiñones para saber el destino de los recursos:
“Me permito informarle que la cuenta de ingresos extraordinarios […] es una cuenta de ingresos del Instituto de Investigaciones en Materiales, por lo que los gastos realizados en dichos ingresos es facultad exclusiva del titular.”
Para el doctor Bouzas, “el principal problema son los virreinatos, pues los titulares son reyes (o reinas) en sus espacios. Y estos pequeños reinos se ven, por ejemplo, en el tipo de contratación de la mayor parte del personal académico, que está en la Universidad por horas, de manera inestable, y que puede ser echado, desechado, movido, cuando no se alinea a lo que el director plantea”.
Tanto las entonces autoridades universitarias como las actuales se enteraron plenamente de los señalamientos. José Narro, primero, Enrique Graue, después; sus abogados generales Raúl González Pérez, hoy presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Mónica González Contró; así como Carlos Arámburo de la Hoz y William Lee Alardín, coordinadores de Investigación Científica.
Transcurrieron los meses, los años, y nada ha ocurrido con los señalados. Sólo Efraín Díaz dejó su puesto temporalmente.
La denuncia, en vez de provocar una limpieza interna –e iniciar sendas pesquisas a los responsables–, desembocó en un sabotaje de la investigación y persecución contra los académicos relacionados a ella.
Después de recibir el portazo de Ana María Martínez, Quiñones emitió su queja por escrito ante Carlos Arámburo de la Hoz, “con copia a la auditora interna, al contralor y al abogado General, que en su momento era Luis Raúl González Pérez, actual ombudsman de México”.
Nadie respondió. “Ninguna de estas autoridades. Absolutamente ninguna hace seguimiento alguno. Encubren de forma dolosa a la doctora Martínez Vázquez, a la doctora Rocío de la Torre, al licenciado Antonio Efraín Díaz Martínez, en lo que es claramente un delito. Estamos hablando del desvío de recursos federales mediante la falsificación de documentos utilizando una firma apócrifa. Ellos debieron haber hecho un peritaje de la firma. Ni eso se ha hecho”.
En febrero de 2016, ya con Enrique Graue al frente, el mismo Quiñones Cisneros informó al nuevo coordinador de Investigación, William Lee, sobre un nuevo desfalco:
“Mediante el cheque número 708 de la chequera SCH 160015, el 26 de noviembre de 2015 se transfirieron 700 mil pesos para solventar un serie de gastos importantes”. El dinero se movió a la cuenta manejada por la directora. Pero no se empleó en la investigación.
“La pregunta es: ¿dónde está el dinero?”, apunta Quiñones. Insistió formalmente saber; preguntó, envió oficios. Argumentaba su derecho de conocer los registros contables. Machacó. Pero fue en vano: las puertas de las oficinas administrativas del Instituto ya estaban cerradas para él.
Por esos días, la propia Ana María Martínez informó a los investigadores del IIM lo que para ella era una buena noticia: “Hemos recibido indicaciones de las autoridades competentes para reinstalar al licenciado Efraín Díaz como secretario Administrativo de este Instituto, lo que hago con mucho gusto”.
“Para estas alturas el desfalco es muy superior. Yo puedo probar 1.2 millones, pero asciende a mucho más que eso”, asegura Quiñones Cisneros.
Enrique Geffroy Aguilar, físico investigador del IIM, se pregunta “¿por qué las autoridades universitarias no vigilan que estas cosas no pasen? Las autoridades universitarias están obligadas a rendir cuentas. Pero en la práctica no respetan las leyes. Y pasan por encima de todo reglamento”.
Las denuncias presentadas ante las altas autoridades universitarias no sólo se quedaron en un eco que deviene en silencio. Fue peor: Contralínea tiene copias de los oficios, correos, comunicaciones, recibidas por la Rectoría, los abogados generales, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Contraloría… pero lo que hizo la Universidad fue desplegar su estructura y poderes para arropar a Ana María Martínez y sus paniaguados, por un lado, y embestir a los denunciantes, por otro.
La administración del IIM empezó por cargar directamente contra Sergio Quiñones, su equipo de trabajo y el proyecto que se desarrollaba en las instalaciones del Instituto. Retrasos en el flujo de los recursos necesarios para los trabajos, los equipos y los integrantes del laboratorio, fue lo primero. Hubo a quienes les negaron su sueldo por 4 meses.
La maquinaria interna de la UNAM embistió a punta de auditorías. La primera interna, hecha por los subalternos de la directora: “Me entero por abril [de 2015] que hay una auditoría clandestina, de la cual nunca soy notificado. Me entero por un amigo que me dice que se está haciendo una auditoría secreta de mi proyecto. Pido hablar con los auditores; se niegan. Me dicen que no pueden hablar conmigo porque traen línea. Así me lo dijeron.
“Esa auditoría se la entregan a la doctora Martínez Vázquez, y a pesar de que la legislación universitaria dice que si ella quiere actuar contra mí tiene 20 días a partir de que ella se entera de la irregularidad. No lo hace.”
Ante la oportunidad perdida, una nueva acometida se da desde más arriba, desde la Contraloría a través de la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, a cargo de Humberto Moheno Diez.
“Al principio, el licenciado Moheno Diez me dice que por favor lo apoye, que él sólo quería llegar al fondo de las irregularidades administrativas, que no había ningún problema conmigo, porque yo era el responsable técnico”, asegura el científico.
Como parte de la investigación, se desarrolló un aparato llamado reómetro capilar, una herramienta para medir con mayor precisión la viscosidad de los crudos.
“Dicho equipo, uno de los entregables más importantes del proyecto, fue el producto principal de una tesis doctoral alemana”, explicó Quiñones en una misiva dirigida a los auditores externos de ASI Consultores. “Las capacidades del equipo son únicas y estratégicas para el estudio de propiedades fundamentales del tipo de petróleo pesado que se encuentra en México. Ningún otro a nivel mundial tiene esas capacidades”.
El instrumento había sido elaborado, a partir de la propiedad intelectual de Quiñones, entre el Instituto Fraunhofer Umsicht, la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, y la empresa F-Thermo Services GMBH, esta última del propio Quiñones Cisneros, lo cual ponía en una posición de conflicto de intereses, hecho conocido por la dirección del IIM desde hacía años.
Con un valor de 370 mil 300 euros, de acuerdo con la cotización hecha por Eckhard Weidler, director del Fraunhofer, pero por el que se pagaron 240 mil 300 euros debido a la alianza internacional, el reómetro capilar fue el hilo que jalaron los funcionarios universitarios para estrangular al investigador.
Además, al momento de embarcarlo en Bremen hacia Veracruz, la transportista contratada por la Universidad sufrió un accidente; y aunque la pérdida no fue total, así la consideraron las autoridades de la UNAM que decidieron abandonar el equipo en Europa en pos del cobro del seguro.
La fiscalización a cargo de Humberto Moheno Diez se centró en la relación de la empresa del investigador con el proyecto mientras que desechó las denuncias de “hechos presuntamente irregulares” que señalaban a la directora del IIM, conocida por su cercanía con el rector Enrique Graue.
“Mi relación con la empresa F-Thermo siempre ha sido del conocimiento de las autoridades del Instituto”, aseguró Quiñones, quien recordó que 4 años atrás, al iniciar el proyecto, ese mismo punto había sido discutido ante el entonces director del IIM, Ricardo Vera, y frente a quien en ese momento fungía como representante ante del Consejo Técnico, la propia doctora Ana María Martínez Vázquez, que no respondió a la solicitud de entrevista.
—¿Por qué propuso la compra de un reómetro capilar a la empresa F-Thermo Services GMBH, siendo que usted es socio y director general de dicha empresa, generando con ello un conflicto de interés? (sic) –preguntó el auditor.
—Yo no propuse la compra del reómetro a la empresa F-Thermo Services GMBH, yo solicité el desarrollo del proyecto al director del Instituto Fraunhofer Umsicht, el doctor Eckhard Weidner, al ser este instituto del gobierno alemán cuya misión principal es el apoyo a la industria alemana y al estar nosotros necesitados de recursos económicos adicionales.
“El secretario administrativo del Instituto Fraunhofer Umsicht sugirió la incorporación de la empresa en consorcio al ser ésta alemana y tener ventajas para el Instituto en términos de apoyos que el gobierno alemán otorga cuando existen proyectos asociados. Resultando esto en un beneficio al patrimonio universitario adicional del orden de 150 mil euros, del cual las autoridades universitarias inmediatas superiores a mí siempre han estado enteradas”, reviró el investigador.
De las 94 páginas del informe, 71 se centraron en Quiñones Cisneros; en el resto se revisó la responsabilidad de Efraín Díaz por la adquisición del reómetro capilar.
“Adicionalmente al conflicto de intereses y al daño patrimonial que causó el doctor Sergio Ernando Quiñones Cisneros […] esta Resolutora determina que invadió indebidamente la esfera administrativa del proyecto, ya que su competencia se constreñía al ámbito exclusivamente técnico”, apuntó la auditoría.
Así, el 11 de diciembre de 2015, Moheno Diez resolvió el expediente PAD/01/2015. Dos sanciones determinó con acuerdo del contralor de la UNAM, Pablo Reyes Pruneda: 1 año de suspensión en sueldo y funciones a Efraín Díaz Martínez, “por no realizar, recabar e integrar al expediente relativo la orden de compra del Reómetro Capilar”. Y la destitución de Quiñones “como investigador ordinario de carrera titular ‘B’ de tiempo completo a contrato del IIM de la UNAM e inhabilitación por 10 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión en la Universidad”.
Semanas después, Quiñones acudió a la Defensoría de los Derechos Universitarios. El órgano se lavó las manos y bateó la solicitud. El defensor, Alfredo Sánchez Castañeda, también se enteró de la gravedad de los hechos señalados por el académico y la inacción de la UNAM ante dichas imputaciones.
Dos meses después de la decisión de la Contraloría, la dirección del IIM ordenó clausurar el Departamento de Reología y Mecánica en Materiales y el Laboratorio de Investigación en Flujo y Tecnología del Petróleo (LIFTP), ubicados en la planta baja del Edificio P. Los instrumentos aún estaban prendidos cuando pusieron los sellos, a pesar del peligro que implicaba, por las temperaturas y atmósferas que en ellos se manejaban.
María Cristina Piña Barba, investigadora y presidenta del Colegio del Personal Académico del Instituto de Investigaciones Materiales, narra que desde el Colegio se exigió conocer más sobre este caso.
“Fuimos con la directora: sacó un libro de su escritorio, lo hojeó, y lo único que me dijo fue: ‘aquí está el reporte pero no sé nada’. Y lo guardó. También fuimos, como Colegio, con la abogada General y con el contralor. Ninguno nos dijo nada. Ella [Mónica González Contró], sólo [dijo] que estaba enterada del caso pero que no diría nada.”
Piña Barba considera que “con esta directora estamos muy mal. Los investigadores tienen que resolver los problemas [por su lado], con sus propios recursos, sin que ella gaste. Nadie ha recibido el reintegro por lo invertido”.
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A pesar de la persecución iniciada a raíz de la denuncia de julio de 2014, la investigación siguió. Y la primera semana de febrero de 2016, un comité internacional viajó a la Ciudad de México para revisar los avances del proyecto.
Roger Fosdick, profesor emérito del Colegio de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Minnesota; Murray Gray, profesor emérito de la Universidad de Alberta, Canadá, y especialista del emirato de Abu Dhabi; Wolfram Kleinitz, de la compañía Pro Chem de Alemania; Thomas Kraska, del Instituto de Física Química de la Universidad de Colonia, Alemania; Manuel Martínez Piñeiro, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, España, y Velisa Vesovic, del Departamento de Ciencia Terrestre e Ingeniería de la Imperial College de Londres, compusieron el consultivo.
Atestiguaron los resultados de los experimentos y de la finalización de la base de datos. Significan una “impresionante historia de éxito”, asentaron en su reporte. “El software desarrollado y probado tiene la capacidad para convertirse en una herramienta invaluable”, sentenciaron. Y ya está listo para ser utilizado por Pemex.
“Enfatizamos que este proyecto de investigación es novedoso en el ramo y está en la vanguardia en cuanto a la innovación y el conocimiento avanzado de los compuestos óleos.”
En una carta aparate, dirigida al rector Enrique Graue Wiechers, y en la que solicitaban reunirse con William Lee Alardín, el comité fue categórico:
“A través de los años en los que este proyecto ha sido desarrollado, hemos sido testigos de la excelencia técnica […] Esto encabezará resultados únicos de incalculable valor, por lo cual felicitamos a la UNAM y estamos seguros de que los resultados serán valorados como un gran bien para Pemex.”
Dicho grupo no fue el único en dar la enhorabuena: “Es con mucho gusto y entusiasmo que estamos a punto de llegar a la conclusión exitosa del proyecto de colaboración UNAM-SLB”, escribió Wallace Pescarini, presidente de Schlumberger México y Centroamérica en una carta dirigida a William Lee, Ana María Martínez y Sergio Quiñones.
“El banco de datos más amplio y detallado sobre la caracterización de crudos de los campos de México que jamás se había realizado y los modelos de predicción de las propiedades de mezclas. Tecnología de punta a nivel mundial que será de gran valor para Pemex y para México.”
Agregó: “Aunque Schulumberger ya concluyó todas sus tareas y entregables del proyecto, nos preocupan los problemas administrativos que han surgido”.
“Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos cordiales”, fue la única respuesta que dio el encargado del área de Investigación de la máxima casa de estudios, William Lee.
En los últimos días de marzo, Schulumberger seguía preocupada por la entrega formal de los resultados a Pemex, pues la fecha límite había fenecido en febrero.
Las comunicaciones entre el Instituto y la petrolera de origen francés habían sido infructuosas, y así se lo hizo saber a Quiñones, quien resumió la situación en una carta destinada no sólo a la trasnacional, sino también al rector Graue, a la abogada general Sánchez Contró, a William Lee; a Néstor Díaz Ramírez, del Conacyt, y a Enrique Puchet, de la Secretaría de Energía.
“Desde el 28 de noviembre de 2015, sin que yo lo supiera pero coordinado con funcionarios deshonestos de la UNAM, la doctora Ana María Martínez Vázquez me bloqueó como responsable técnico y financiero del proyecto imponiéndose ella misma en dicha posición.
“Ésta fue la culminación de una serie de ilícitos que la misma doctora Martínez Vázquez venía cometiendo y mediante los cuales estimo se han desviado más de 10 millones de pesos del proyecto SCH 160015 con fines desconocidos y de lo que se me ha negado toda información. […] La entrega es ahora responsabilidad total de la doctora Ana María Martínez Vázquez y del doctor William Lee Alardín.”
Hasta el momento, la transferencia de los resultados no se ha realizado. Tampoco se le pagó al desarrollador del software VisCalc-Pemex, Rolf Mertig. Además, “el cierre del laboratorio sin previo aviso que estas mismas autoridades hicieron el 29 de enero de 2016, interrumpieron las actividades del laboratorio sin dejarnos oportunidad de hacer los procedimientos para asegurar el equipo, para su conservación”, apuntó uno de los alumnos que a la vez señaló que el trato ha sido denigrante por parte de la directora y de la administración del IIM:
“Sobran y colman los ejemplos de malos tratos, mismos que únicamente socavan la propia autoridad de la directora, así como de su administrador y su representación de nuestra máxima casa de estudios.”
A principios de marzo, ya con la fecha de entrega vencida, Efraín Luna –inmune a la sanción impuesta por la Contraloría– les comunicó a los estudiantes colaboradores que por fin podrían cobrar el mes de enero, sólo había una condición: que entraran al laboratorio abandonado y “limpiaran” los equipos.
El malestar de los alumnos coincidió en señalar a Efraín Díaz no sólo de maltrato, sino de extorsión e intento de adjudicarles el daño del laboratorio.
Ante la insistencia del Conacyt, la UNAM se dio cuenta de la importancia de entregar oficialmente el proyecto.
El físico Geffroy Aguilar considera que el hecho de “que una institución de la Universidad no les pague ni siquiera una beca a los estudiantes que participan en los proyectos es vergonzoso e indignante. Cuando a un estudiante no se le paga, y tiene que irse a trabajar y deja tirados sus cursos y sus grados, quiere decir que no les importa que se gradúen o no. Eso no sólo va en detrimento del estudiante o de una investigación, va en detrimento de la Universidad y del país”.
El 13 de mayo de 2016, William Lee se comunicó personalmente con el Conacyt para pedirle su intervención para que Quiñones impartiera el curso de capacitación a los empleados de Pemex y que el Conacyt cubriera los gastos de todo (oficio COIC/CSGC/1585/16). Incluso aseguró que era necesario cubrir de una vez el adeudo con el desarrollador del software.
El 22 de junio Néstor Díaz y Enrique Puchet contestaron a nombre del Fondo con una negativa: “Se tiene que comprobar la presencia del reómetro capilar, fabricado en Alemania, en las instalaciones de la UNAM, funcionando o, en su defecto, el reembolso al Fondo del costo del equipo” (oficio ST/FH/434/2016).
Entre la presión del Colegio del Personal Académico del IIM, que formalmente pidió el 25 de mayo a la Junta de Gobierno y al rector la destitución de Ana María Martínez; las preocupaciones expresadas por Schulumberger y el Instituto Fraunhofer, que incluso analiza iniciar un proceso contra la Universidad, y la insistencia del Conacyt de que se resuelva el conflicto, la Coordinación de Investigación Científica ha tomado el caso directamente, haciendo a un lado a la dirección del IIM, pues se podría dar el caso de que los resultados de la investigación se entreguen a Pemex… dejando fuera a la UNAM.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA]
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