Cada año, entran y salen de México flujos de dinero ilícito por alrededor de 150 mil millones de dólares. Principalmente son seis delitos los que alimentan este trasiego multimillonario de recursos: narcotráfico; venta ilegal de armas; contrabando; evasión fiscal; facturación fiscal fraudulenta, y robo de recursos públicos. Lo anterior se revela en la carpeta informativa Estructuras financieras del crimen organizado, fechado en febrero de 2017 y elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
El documento, preparado por el investigador José de Jesús González Rodríguez, señala también otras actividades de la delincuencia organizada que desde México contribuyen a aumentar el capital de la mafia trasnacional: robo de combustible; falsificación de fármacos, electrónica y cigarros; tráfico de órganos humanos; trasiego de fauna silvestre; pesca ilegal o no declarada; tala y trasiego de maderas preciosas; tráfico de diamantes y piedras preciosas; trasiego de oro; minería ilegal; y tráfico de arte y bienes culturales. A éstos se suman los más recientes delitos de la ciberdelincuencia organizada: robo de identidad y pornografía infantil.
El nivel de los flujos de dinero ilícito que circulan por México (se generan, ingresan o salen) hace de este país el más afectado de todo el hemisferio occidental. A nivel mundial, por encima de la República Mexicana sólo se encuentran China y Rusia. De América, el segundo lugar es Brasil (sexto a nivel mundial), el tercero Costa Rica (décimo cuarto global), el cuarto Panamá (décimo octavo mundial) y el quinto Chile (vigésimo de todo el mundo).
El expediente da cuenta de “la gravedad y las consecuencias sociales” de las actividades del crimen organizado y los flujos financieros que generan. A pesar de que el gobierno mexicano y los gobiernos de los países del mundo en general se han visto obligados a aplicar “medidas” contra las finanzas de la delincuencia organizada, sus efectos “son prematuros y difíciles de evaluar”. Concluye el documento: tales medidas han sido calificadas “como meros paliativos o, incluso, como placebos”.
El doctor en estudios latinoamericanos Israel Daniel Inclán Solís no se sorprende. Y es que, señala el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en realidad tal combate a las finanzas de la delincuencia organizada no existe.
Adscrito a la Unidad de Investigación de la Economía Mundial del Iiec, Inclán Solís señala que el Estado mexicano actual no puede cortar los flujos financieros al crimen. La explicación no se encuentra en la falta de capacidades de los órganos de inteligencia, sino en algo más profundo: Estado y delincuencia organizada no son entes separados. Están “imbricados” en una misma institución.
“No es que el Estado no haga bien sus tareas, sino que tenemos a un Estado que se ha transformado y que ha incorporado a sí mismo los proyectos económicos criminales. Sería como autoperseguirse”, señala el también catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
De acuerdo con cifras del Global Financial Integrity actualizadas hasta 2014, citadas en el estudio del CESOP, el total anual de entradas de flujos financieros ilícitos al sistema financiero mexicano se realiza a través de la facturación fraudulenta, por un monto de 79 mil 839 millones de dólares. Por su parte, las salidas de capital ilícito ascienden a 68 mil 742 millones de dólares, de los cuales 51 mil 690 correspondieron a facturación fraudulenta y 17 mil 51 millones a dinero caliente, es decir, dinero que se traslada rápidamente de un país a otro.
Mientras que el crecimiento de la economía mexicana en los últimos 30 años roza apenas el 2 por ciento, las finanzas el crimen organizado muestran un comportamiento muy distinto. El mayor impulso al flujo de dinero ilícito ocurrió durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa y tal crecimiento se mantuvo en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.
En 2004 los flujos financieros ilícitos originados en México ascendían a 34 mil 239 millones de dólares. En el último año de Vicente Fox como titular del Poder Ejecutivo (2006) el monto de las entradas de estos dineros ilícitos eran del orden de los 40 mil 421 millones de dólares. Así recibió el calderonismo el problema.
Al final del sexenio (2012) las entradas de flujos de dinero ilícito ya llegaban a los 74 mil millones de dólares. Para 2013, el primer año de gobierno de Peña Nieto, se registraron 77 mil 583 millones de dólares sólo como entradas de flujos de dinero sucio.
De esta forma, se consigna en el documento del CESOP, de manera acumulada entre 2004 y 2013 las salidas de flujos de dinero ilícito alcanzaron los 528 mil millones de dólares, lo que consolidó al país como la tercera economía con mayor flujo de capitales ilegales. En la región de Latinoamérica y el Caribe, el segundo –ocupado por Brasil– apenas llegó 226 mil 667 millones de dólares: ni el 40 por ciento de México.
Por ello, el texto señala que “el fenómeno de las finanzas ligadas a actividades delincuenciales en nuestro país ha empeorado progresivamente desde mediados de la década de 1980”. Y es que tan sólo en 41 años, de 1970 a 2010, los flujos de capital ilícito en México han representado una media anual del 5.2 por ciento del producto interno bruto.
Sin embargo, al detalle, los datos del Global Financial Integrity demuestran que antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los flujos ilícitos de dinero representaron en México el 4.5 por ciento del PIB. Luego de la entrada en vigor del TLCAN, es decir, a partir de 1994, crecieron hasta representar el 6.3 por ciento del PIB.
En el documento se advierte que, en materia de las estructuras financieras del crimen organizado, siempre se trata de aproximaciones, pues ni siquiera existe aún “una total coincidencia en la metodología empleada por las diferentes instituciones e investigadores en las generación de los indicadores sobre los flujos financieros ilícitos y la magnitud económica” de dichas estructuras.
Así, en la misma carpeta se señalan los datos obtenidos por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, correspondientes a 2016. Para esta organización constituida por 21 instituciones y organizaciones de 12 países de América Latina, los flujos financieros ilícitos sólo en México ascienden a 294 mil 400 millones de dólares al año.
José de Jesús González Rodríguez, autor de Estructuras financieras del crimen organizado, señala que en estos flujos ilícitos de gobierno están involucrados integrantes del alto empresariado y servidores públicos.
“La salida de flujos ilícitos no sería posible sin la existencia de facilitadores, los cuales brindan servicios como estructuras jurídicas y esquemas novedosos de planificación impositiva. Tales facilitadores –como grandes corporativos de asesores fiscales o firmas de abogados con presencia trasnacional– han permitido a miles de políticos, multimillonarios y empresas ocultar sus activos y trasladarlos hacia paraísos fiscales, escapando así de los sistemas tributarios.”
Se destaca, además, que para el proceso de circulación de los fondos ilegales “las instituciones bancarias son esenciales, ya que se valen de diversos mecanismos para hacer que sus clientes trasladen sus ganancias a paraísos fiscales, no declaren utilidades y no paguen impuestos por éstas”.
Por supuesto, no se trata sólo de actividades ilícitas entre particulares. La corrupción gubernamental es un ingrediente sine qua non en los flujos ilícitos de dinero. Son “conductas que tienen por objeto sustraer recursos públicos para el disfrute privado de manera ilegítima, como la malversación de fondos, el soborno, la prevaricación, el cohecho y otras figuras similares”.
Los datos avalan lo señalado por el doctor Inclán Solís. El académico con la línea de investigación “Geopolítica, economías comunitarias y bifurcaciones sistémicas”, en el Iiec, señala que la “simbiosis” entre Estado y crimen organizado “es extraordinariamente efectiva”.
“El trabajo no existe en este país; la recaudación fiscal no alcanza a ser la suficiente… y cuando tienes un flujo de capitales que te permite montar una tienda, pagar ciertos procesos de infraestructura, pues todo esto es parte de la misma autorreprodución de este Estado donde el crimen es parte integral.”
Incluso si se consideran la violencia y los costos sociales del crimen, el sistema estatal actual sigue funcionado. “A pesar de la derrama de sangre, a pesar de que este país tiene la misma cantidad de muerte que otras geografías en conflicto abierto, sigue en pie. No dejan de venir las inversiones extranjeras, ni deja de haber un flujo económico extraordinariamente grande para hacer una de las economías más grandes del mundo… Y todo aunque sea también uno de los países más pobres, donde la desigualdad entre pobres y ricos es la más grande del planeta”. Cómo se explica: porque el crimen ya está dentro de la institución.
Daniel Inclán señala que la sociedad actual está “gobernada por el narcotráfico, con instituciones que han sido negociadas con ese poder de facto”.
Los autores de estas conductas utilizan en algún momento el sistema financiero: efectúan depósitos en cuentas corrientes, restructuraciones de transferencias, envíos de remesas, estructuración de negocios ficticios, adquisiciones de bienes raíces, proyectos inmobiliarios.
El documento del CESOP destaca que el sector privado mexicano mantenía fuera del territorio nacional más de 24 mil 654 millones de dólares en 2010 (las estimaciones más recientes al respecto). De ese total, alrededor de 8 mil 500 millones de dólares se encontraban en paraísos fiscales.
Y mientras la droga circula de México a Estados Unidos, la contraparte se encuentra en el mercado de las armas. Cada año, alrededor de 20 mil armas de fuego cruzan la frontera sur de Estados Unidos para armar a los cárteles mexicanos y cuya violencia ya ha costado la vida a más de 260 mil civiles.
Adicionalmente, el costo de la inseguridad en México significó para el sector privado 138 mil 871 millones 672 mil pesos, sólo en 2016. El año pasado, de acuerdo con información del Inegi procesada por el CESOP, las empresas de todos los estratos (micros, pequeñas, medianas y grandes) y de todos los sectores (industrial, comercio y servicios) gastaron 73 mil 301 millones 632 mil 948 pesos en medidas de protección contra la delincuencia. Mientras, perdieron directamente 65 mil 570 millones 39 mil 177 pesos a consecuencia de haber sido víctimas de delitos.
La Encuesta nacional de victimización de empresas 2016, del Inegi, señala que el año pasado 1 millón 597 mil 984 unidades económicas (empresas de cualquier tamaño) fueron víctimas de uno o varios delitos. Tamaulipas, la Ciudad de México y Nuevo León fueron las entidades donde se reportaron más casos.
A nivel internacional, los flujos ilícitos de dinero se presentan en 52 países. En promedio, significan el 10 por ciento de cada una de esas economías. “El dinero que se desvía a través de los flujos financieros ilícitos pasa en la mayoría de los casos por paraísos fiscales. De acuerdo con datos divulgados por la organización Tax Justice Network, estos territorios o jurisdicciones de alta opacidad financiera albergan entre 21 y 31 billones de dólares, cifra que equivale a la suma del producto interno bruto de Estados Unidos y Japón”.
Asimismo, el informe del CESOP asienta que el valor total estimado de los mercados manejados por la delincuencia trasnacional ascendió en 2016 a entre 1 billón 171 mil millones de dólares y 1 billón 824 mil millones de dólares. En 2011 el valor estimado de estos mercados oscilaba entre 639 mil millones y 651 mil millones de dólares.
Aunque los principales delitos cometidos por el crimen organizado trasnacional superan la docena, el narcotráfico es uno de los que más ganancias le significa. El narco cuenta con un mercado de cientos millones de personas. Según cifras del Departamento del Tesoro estadunidense, citadas en el documento del CESOP, el año pasado 247 millones de personas de todo el mundo consumieron frecuentemente drogas ilícitas. De ellas, 29 millones padecen trastornos ocasionados por el propio consumo de drogas. Y sólo uno de cada seis de estos consumidores con problemas recibe tratamiento.
Israel Daniel Inclán Solís dice que la respuesta al crimen organizado no puede provenir del propio Estado, pues es la instancia oficial que mejor lo ha incorporado. “Tenemos que buscarla en la sociedad”. Explica que se tiene que analizar qué tipo de relaciones sociales son las que han transformado al Estado hasta convertirlo en uno que se ha imbricado con la delincuencia organizada.
“La única forma en que esto puede parar es organizándonos: recuperar la capacidad de politicidad de la vida colectiva; y no depender de instituciones, no depender de policías, no depender de alguien que nos vea por fuera. Es decir, recuperando la capacidad de decidir sobre nuestras existencias: en el barrio, en la comunidad, en el lugar de trabajo; o en nuestros vínculos con la escuela, con el hospital.”
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]
[SECCIONES: PORTADA Y CAPITALES]
Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017
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