/Segunda y última parte
[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/06/trata-mujeres-492-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
“La Merced es el único lugar donde, por 150 pesos, uno puede abusar de una mujer. En otros estados cobran mil pesos, mil 500. Aquí, en Viaducto por ejemplo, también mil 500: 500 para el hotel, mil para ellas. Y en Sullivan cobran caro. Pero en la Merced son 150 pesos: 50 para el hotel, 100 para ellas… 200 el desnudo; 50 la posición. Bien trabajado, un cliente paga hasta 400 pesos. Pero por esos 400 puede abusar de ella cuantas veces le dé la gana.”
Por años, Mario Hidalgo Garfias fue uno de los padrotes que operan en el popular barrio de la Merced, ubicado en la Ciudad de México. Ahora es activista, dice, para pagar lo que debe y con su testimonio ayudar a erradicar la trata con fines de explotación sexual. “Me arrepentí verdaderamente, créame… Quiero que mi vida cambie. Por eso hablo de la trata, para que el mundo conozca”.
Nariz ancha, tez morena, estatura baja. Así es físicamente quien sometió y explotó sexualmente hasta 40 mujeres y niñas. En su piel está la huella de aquella época: en el antebrazo derecho, el tatuaje de una prostituta. En el izquierdo, de espaldas, una mujer semidesnuda, hincada y amarrada de manos y pies.
La capital del país es la entidad con mayor número de casos documentados por el delito trata de personas con fines de prostitución ajena, revela el mapa de este ilícito elaborado por Contralínea a partir de dos reportes de la Procuraduría General de la República (PGR, oficios SJAI/DGAJ/01502/2016 y SJAI/DGAJ/06218/2016).
Y es que en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) la PGR inició 64 investigaciones por ese ilícito, entre enero de 2013 y febrero de 2016. Al igual que en el resto de las entidades, por cada caso hay de una a 40 o más víctimas identificadas, muchas de ellas menores de edad. En total, la dependencia que encabeza Arely Gómez ha abierto 716 averiguaciones previas por trata en todo el país, durante ese mismo periodo.
Por número de indagatorias, en el segundo lugar se ubica Puebla, con 45. Le siguen Tlaxcala, con 37; Chiapas, con 28; y el Estado de México, con 23. En este mapa de la trata con fines de explotación sexual, ninguna entidad quedó fuera: Durango es la que registró menos investigaciones: una.
“Al principio nada más les sacaba el dinero por engaño: les decía que estaba enfermo, que mi mamá estaba enferma, y ellas solitas me daban el dinero. Durante 1 año completo, o menos, aprendí a engañarlas. Conocí la cocaína, así que un día dejé de trabajar… bueno, seguí trabajando pero con muchachas. Se las robaba a otros padrotes. Robármelas a veces era nada más convencerlas. Una misma chava me convencía a otras. Y llegó el día en que empecé a secuestrar a las mujeres, llevármelas a la fuerza. Las obligué a trabajar para mí. Ya no nada más se las robaba a otros padrotes sino que tenía mis propias mujeres.”
De pronto lo suelta, es una anécdota con una reportera española con la que discutió: “Le dije que odiaba a las periodistas”. Guarda silencio… Sostiene su mirada. Finalmente prosigue con sus respuestas.
En extremo violento, así se recuerda. Igual que a su hermano, también tratante de mujeres: “Teníamos mala fama en la Merced. La mayoría de los padrotes dejan a sus muchachas en alguna estación del Metro, pero nosotros estábamos ahí, con ellas. Conocíamos a todos los rateros, a los chineros”.
Afirma que nunca asesinó a nadie. “Al menos no que yo sepa”, aclara, porque en ese mundo había que aferrarse a punta de pistola. Asegura, sin embargo, que las armas sólo las usaba para amedrentar a los hombres que intentaban abusar de sus mujeres.
Sus mujeres. Así es como aún se refiere a las víctimas: las nombra como cosas de su propiedad. “Llegué a tener hasta 40 mujeres. Muchas de ellas eran menores de edad. Y llegué a tener en una misma casa, mías, muchachas mías, perdón por la grosería, pero muchachas que trabajaban para mí llegué a tener cinco, niñas también, en un mismo día”.
No es claro cuándo habla el Mario del pasado y cuándo el que se dice arrepentido. “Es muy fácil engañar a una mujer. Y cuando una mujer no se quiere a sí misma, y tiene su autoestima por el suelo, es fácil engañarla”.
—¿Qué piensas de las mujeres?
—Qué pienso de las mujeres… ¿antes o ahora? …Antes las odiaba. Para mí no tenían valor: o son bonitas o son tontas. No hay mujeres inteligentes y bonitas… Eso pensaba… Hoy solamente sé que tienen el mismo valor que tenemos nosotros [los hombres]. Que nadie vale más ni menos. Eso es lo que aprendí. Ahora tengo una novia”.
La revalorización que asegura haber hecho sobre el género femenino se debe, sobre todo, a que fueron mujeres quienes lo apoyaron cuando estuvo en prisión. “El 6 de julio de 2003 caí en la cárcel. Me sentenciaron a 18 años 10 meses 15 días. Salí el año pasado [2015], el 11 de marzo. Cuando estuve ahí, las únicas personas que no me abandonaron fueron mi mamá y mis hermanas”.
En entrevista, Rosi Orozco, presidenta de la organización civil Comisión Unidos vs Trata, advierte que en el país se dan las tres facetas de la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena: ser origen, tránsito y destino.
Respecto de ser origen, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés), señala que México es el país con mayor número de víctimas del delito de trata de personas con ese fin, seguido por Argentina y Brasil.
En términos nacionales, la Coalición ubica a la Ciudad de México como el primer lugar de origen para la trata, y a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Azcapotzalco como las de mayor incidencia de este delito en su modalidad de explotación sexual. La Merced, donde operó por años Mario, se localiza en la delegación Venustiano Carranza.
Para la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la CATWLAC, cada año aumenta este problema sin que las autoridades hagan algo para frenarlo; menos aún para erradicarlo. “Nosotros empezamos a trabajar los casos desde el momento de la desaparición y hemos detectado que el mayor número de víctimas se ubica en el rango de edad de 12 a 18 años. Además, que el mayor número de víctimas está en la explotación sexual”.
La defensora de los derechos humanos critica que aunque hay un compromiso que firmó la procuradora Arely Gómez con el gobierno de Estados Unidos para combatir la trata, “no hay esa intención. No les importan las víctimas ni a SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada], ni a Fevimtra [Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas] ni a la PGR, en general”.
Teresa Ulloa sostiene que “desde que llegó el nuevo subprocurador [Gustavo Salas] a la SEIDO, nada camina. Desmanteló la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, que había logrado más de 20 sentencias por delincuencia organizada y trata. Así que sólo es un discurso [de que van a combatir la trata]”.
La maestra en ciencias de la educación destaca que uno de los mayores problemas es que no se han activado los protocolos para cambio de identidad de las víctimas rescatadas, motivo por el cual adolescentes y mujeres jóvenes en esa condición no pueden salir a la calle, porque el grupo que las explotó sexualmente es muy peligroso. Las autoridades “quieren que a los 3 meses las víctimas salgan a agradecer porque van a rehacer su vida, cosa que es muy difícil”.
Pero no todo recae en el gobierno federal, observa. “Hasta ahora el Congreso de la Unión no ha puesto un solo peso a los fondos que estableció la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, uno para asistencia a las víctimas y el otro para cambios de identidad y reubicación nacional e internacional. Esa ley se aprobó en 2012, ya han transcurrido 4 años”.
Mario Hidalgo considera que ahora le sería más fácil ser padrote, no sólo porque se crió como tal, sino porque conoce las flaquezas del sistema judicial y del género femenino.
Las redes sociales, dice, han facilitado a los tratantes enganchar a sus víctimas. “Si invito a una niña a salir por internet estoy seguro que iría. Muchas irían. Pero de 100 niñas que se secuestran, sólo una regresa a casa. Las otras 99 no. A muchas las matan, otras se suicidan…”.
De acuerdo con la Redim, entre 2006 y 2014 se anotaron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, de los cuales el 30 por ciento es de mujeres adolescentes de 15 a 17 años y niños de 0 a 4 años de edad.
En entrevista, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red, señala que se puede presumir que hay un vínculo del crimen organizado con las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres.
“Lo que estamos encontrando es que de los más de 6 mil 700 casos [de desapariciones], más o menos 2 mil 500 son de adolescentes de 15-17 años de edad. Lo que llama la atención es que el 65 por ciento de esos casos, es decir siete de cada 10, son mujeres adolescentes”.
Agrega que en redes sociales hay una constante búsqueda de las adolescentes por parte de las familias y de las organizaciones que les ayudan, que evidencia ese mismo fenómeno observado en los propios datos.
Para el defensor de los derechos humanos de la infancia, “lamentablemente, la respuesta que han dado las autoridades ha sido de desestimar esto y considerarlo como ausencias voluntarias: como si la chica se enojó y escapó para que no la localice su familia. Sin duda eso puede suceder en algún caso, pero al ser un fenómeno masivo no podemos partir de ese principio. No se puede considerar que no se debe investigar”.
Juan Martín Pérez García indica que son las propias familias y organizaciones que trabajan en torno a feminicidios y a trata las que han destacado el vínculo entre la desaparición de mujeres adolescentes y varios de los cuerpos encontrados presuntamente vinculados a hechos delictivos.
El activista recuerda el caso de Karla Romero Tezmol, una niña de 11 años de edad originaria de Tlaxcala –entidad “que forma parte de la ruta de proxenetas”–, desaparecida el 13 de enero de 2016 y quien habría sido prostituida en Puebla.
Tras la denuncia hecha por los padres de la niña se activó la Alerta Amber. Pero nada pasó. “La familia investigó por su cuenta y localizó a la niña en Puebla. Y pese a tener identificada a la chica y hacer las denuncias correspondientes, no se logró que se hiciera un operativo para recuperarla”.
Pérez García advierte que en México no sólo se padece la ineficacia de la autoridad en el proceso de investigación, sino también mucho prejuicio machista. “No se busca a los niños y niñas desaparecidos. A las adolescentes tampoco las buscan porque [asumen que] andan en malos pasos. Eso va en detrimento y es contrario a la seguridad e integridad de las víctimas”.
Las autoridades clasifican las desapariciones con conceptos equivocados: persona extraviada, no localizada o ausente. Eso, observa el director de la Redim, deposita la responsabilidad en las víctimas. “No se quiere reconocer el hecho de la desaparición, sino que se deja como no localizado, extraviado o ausente; y si está ausente, él o ella decidió irse; extraviado es porque no conoce la ciudad y se perdió pero aparecerá en horas; y no localizado es en la misma lógica de que se pudo ir por su propia voluntad. Estos conceptos generan una trampa que impide que la búsqueda sea inmediata”.
Ello, a pesar de que los estándares internacionales plantean que, después de que se denuncia una desaparición, las 3 primeras horas son clave. Si se activa la búsqueda inmediata, la posibilidad de encontrar con vida al niño o la niña es del 90 por ciento.
Para Pérez García, la segunda trampa son las prácticas equivocadas en torno a la búsqueda: “Todavía en algunas entidades federativas se pide esperar 72 horas para iniciar una averiguación previa. Esas 72 horas significan literalmente perder al niño o la niña, no poderlo recuperar ya. Obviamente entre más tiempo transcurre menos posibilidades hay de lograr identificar [a los captores por medio de] cámaras, rastrear números telefónicos”.
Y el tercer elemento, dice, es que esa dilación permea todo: la búsqueda está asociada con el proceso ministerial, entonces en los casos donde se pide esperar 72 horas para iniciar la averiguación también se toma ese tiempo para empezar la búsqueda. Esto deja en vulnerabilidad a las víctimas”.
Ahora mismo, esos 6 mil 725 niños, niñas y adolescentes desaparecidos pueden estar siendo explotados sexualmente, sin que las autoridades los busquen ni rescaten.
—¿Qué pasaba con las niñas y mujeres que secuestraste? ¿Notabas algún cambio? ¿Las conocías previamente?
—Sí. Las conocía y cuando tenía la oportunidad, me las llevaba. Se volvían temerosas, amargadas. Su vida cambiaba completamente: con la cabeza agachada todo el tiempo. A muchas de ellas que conocí les ha de haber costado mucho trabajo regresar a casa. Muchas no han de haber regresado. Se quedaron ahí.
La modalidad de explotación que deja más daños en las víctimas es la de explotación sexual, advierte la maestra Teresa Ulloa. Observa con preocupación que en México esté aumentando el turismo sexual que victimiza a niñas y niños. “Sobre todo lo hemos detectado en tres puntos: Acapulco [Guerrero], donde es una situación escandalosa y no se está haciendo nada para combatirlo; en Puerto Vallarta [Jalisco] y Nuevo Vallarta [Nayarit], ahí hay una isla que está dedicada únicamente a recibir turistas sexuales, y se cobra todo en dólares; y en Cancún [Quintana Roo]”.
Por ello, dice, desde la CATWLAC se promueve el modelo nórdico, que es el castigo a la demanda, porque sin demanda no hay oferta. “La sociedad tiene que entender que el combate a este ilícito no es sólo de las autoridades: tenemos que comprometernos todas y todos y ver desde cómo educamos, cómo se construyen las identidades de las y los adolescentes, qué oportunidades se les da”.
Mario Hidalgo asegura que nunca ha pagado por sexo. A quienes sí lo hacen no los comprende: “Si una persona contrata el servicio de una muchacha en la Merced, o un servicio de masajes, para mi parecer, es el peor pervertido del mundo, porque vive escondido y lo que no puede hacer en su casa lo va a hacer ahí. Eso pensaba antes. Hoy estoy seguro que carecen de amor, de todo el amor, de pareja. La verdad es que nunca he dado dinero a una mujer para tener una relación sexual. Quizá mi delito fue peor porque yo me las llevaba, las secuestraba, pero nunca he entendido por qué los hombres lo hacen”.
Nancy Flores, @nancy_contra/Segunda y última parte
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA, SOCIEDAD]
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