Dos niños son violados sexualmente en refugio de Comisión Unidos Vs Trata

En un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, dos niños de 9 y 11 años fueron violados sexualmente en 2020. El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte en las noches y fines de semana. Sobre la violencia sexual, la presidenta de la asociación civil y exdiputada panista, Rosi Orozco, dice que las violaciones de menores pasan en todos lados

Dos niños, de 9 y 11 años de edad, fueron víctimas de abuso sexual el año pasado dentro del refugio constituido por la asociación civil Comisión Unidos Vs Trata, que preside la exdiputada federal por el PAN Rosa María de la Garza Ramírez (mejor conocida como Rosi Orozco), quien acumula una serie de acusaciones y señalamientos por supuestamente lucrar con menores víctimas de explotación sexual.

Los supuestos agresores, otros dos menores de edad (15 y 16 años), quienes también vivían en el refugio y estaban bajo la protección y cuidado de Orozco y su equipo de trabajo, fueron detenidos e ingresados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec, Estado de México.

De acuerdo con el expediente CUA/FVG/VGC/032/191902/20/08 (al que Contralínea tuvo acceso), los dos supuestos agresores fueron denunciados por el mismo equipo de trabajo responsable de darles atención, protección y vigilancia, pero para no evidenciar su negligencia e incompetencia decidieron acusarlos el 12 de agosto de 2020 ante el Centro de Justicia de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Cuautitlán, Estado de México. De ahí, posteriormente canalizaron los expedientes al Poder Judicial para la Atención del Sistema Especializado para Adolescentes, bajo las causas penales 300/2020 y 299/2020; sin embargo, el segundo expediente correspondiente al niño de 9 años no fue vinculado a proceso “por falta de pruebas”.

El refugio de varones primero estuvo ubicado en Chimalistac, Coyoacán, en donde los cuidadores de los niños sólo trabajaban de día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y los fines de semana los menores se quedaban solos. Tampoco había cámaras de seguridad. Una de las víctimas refiere que cuando estaban solos, utilizaban las computadoras y veían pornografía.

Vecinos del departamento ubicado en Chimalistac, donde entonces se encontraba el refugio, pusieron una queja en la administración del edificio, indicando que por las noches se escuchaban chillidos y gritos de niños, lo que fue comunicado a la directora de la Fundación Camino a Casa, pues el departamento estaba en consignación por el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) a dicha organización.

Ante esos hechos, la Comisión Unidos Vs Trata decidió trasladar el refugio de niños a la colonia Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa (se omite la dirección precisa), y en esta última ubicación es donde ocurrieron las violaciones de los dos niños.

Según el testimonio del menor de 9 años, esas agresiones “ya pasaban desde que estábamos en Chimalistac, y Marlene [una cuidadora] se había dado cuenta, pero sólo nos dijo que no anduviéramos haciendo eso”.

La declaración del menor (misma que no se vinculó a proceso) señala que los hechos sucedieron en ambas ubicaciones de la Ciudad de México, información que también ratifican las víctimas ante la defensora pública Nancy Carbajal, ante el DIF y ministerios públicos, así como la declaración de la madre de uno de los agresores, Yolanda Orona, quien señala que su hijo le dijo que los hechos sucedieron en la casa de Cuajimalpa.

A pesar de todas esas evidencias, ni la presidenta del refugio Comisión Unidos Vs Trata ni nadie de su equipo aparecen en el expediente con alguna responsabilidad por el daño ocasionado a las víctimas, ni tampoco como responsables por los otros dos menores agresores que también vivían en el refugio y que debieron estar bajo algún protocolo de atención y vigilancia.

La Comisión Unidos Vs Trata recibe anualmente millones de pesos en donativos para, supuestamente, proteger, atender, mantener y cuidar a niños y niñas víctimas de violación y trata; sin embargo, no hay autoridad alguna, ni federal ni local, que supervise la funcionalidad de esos refugios, tampoco los auditan y menos supervisan que las personas encargadas de atenderlos estén capacitadas para desarrollar esa función.

Entrevistada telefónicamente, Rosi Orozco explica así este caso de violación de menores: “eso pasa en todos lados y hay que reportarlo, hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad pues que se actúe”. Además, argumenta que este asunto ya está en manos de las autoridades y que “ellos decidan lo que quieran”.

La presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata se defiende así: “Perdóneme que le pregunte ¿qué es lo que está sucediendo: que un niño abuse de otro y nosotros reportemos esto? Esto puede pasar en cualquier lado: estaban durmiendo. ¿No me diga que usted no cree que esto no pase en todos lados? Si pasa en una casa, en un refugio, si pasa en cualquier lado, y estoy grabando esto, lo que tenemos que hacer es reportarlo”.

Agrega: “Por supuesto que, de alguna manera, hay alguna responsabilidad de alguien, soy la primera, por eso aviso a las autoridades. No hay ninguna responsabilidad en mi caso, porque lo único que yo hago es buscar rescatar personas, ayudar a los refugios y no tenga ninguna duda de que estamos haciendo lo correcto. Eso pasa en todos lados y hay que reportarlos. Hay que actuar contra quien tenga que actuarse, si hay alguna responsabilidad pues que se actúe”. (Se anexa entrevista completa)

 

Denuncia en Edomex, para protegerse

Para protegerse de cualquier acusación, Rosi Orozco ordenó que se presentara una denuncia por abuso sexual en contra de los dos adolescentes que estaban bajo su tutela ante autoridades del Estado de México, a pesar de que el refugio se ubica en la zona de Cuajimalpa y, en consecuencia, debió darse parte a las autoridades de la capital del país y no llevar el caso a otro estado.

Con esa maniobra, Orozco busca aprovechar sus “buenas relaciones” que mantiene en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de tener el control del proceso legal con ayuda de ministerios públicos y fiscales a modo, para protegerse ella y que nadie de la asociación civil que preside resulte con alguna responsabilidad por negligencia o algún otro delito ante la violación que los menores sufrieron cuando estaban bajo su custodia.

Uno de los asesores legales y amigo de Rosi Orozco es el abogado Samuel González Ruiz, extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la entonces PGR en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo, quien también es integrante del Consejo Directivo de la Comisión Unidos Vs Trata. Además, Orozco tiene una buena relación y apoyo de Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

De las denuncias por las violaciones sexuales también tiene conocimiento Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México y amiga de Rosi Orozco. Esta funcionaria mexiquense asignó de inmediato el caso a Ofelia Cruz, fiscal especial en Delitos Cometidos por Adolescentes, quien instruyó a ministerios públicos a integrar las carpetas de investigación, vinculación, etapa intermedia y juicio oral con la orden de lograr liberar a los supuestos menores infractores.

De acuerdo con las constancias que obran en la carpeta de investigación, se pretendía que los adolescentes acusados de la agresión fueran entregados a una casa de acogida que dirige Alma Delia Salazar González, quien se ostenta como consejera de la Comisión Unidos Vs Trata, con el propósito de que al liberarlos se cerrara definitivamente el expediente y evitar que este delicado caso se hiciera público y pudiera tener consecuencias legales.

Salazar González es coordinadora de una de las sedes de la Iglesia Casa Sobre la Roca, ubicada en Tecamac, Estado de México. Se trata de una secta religiosa fundada por Rosi Orozco y registrada como asociación civil para recaudar donativos, que no es más que otro negocio de la “protectora de víctimas de trata”.

Sin embargo, no todo salió como lo planearon la presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata y sus abogados, en colusión con fiscales mexiquenses, pues la jueza de control que conoció el tema, la licenciada Bertha Araceli Díaz Vilchis, se percató del exagerado interés de los representantes de la asociación civil para sacar a los dos infractores de su reclusión, aún sabiendo del conflicto de interés en que se encontraba dicha Comisión por representar a víctimas y victimarios; además de tener una obvia responsabilidad por la pésima atención que dan a los menores y el fracaso de su “modelo de reinserción social”, lo que en realidad ocasionó la tragedia. Así que la jueza rechazó que la asociación civil recupere a los adolescentes detenidos.

Semanas después, la jueza de control salió del caso y el juicio pasó a Arhemi Figueroa Pérez, quien en los próximos días podría decidir si entrega a los presuntos infractores a la señora Alma Delia Salazar, aún cuando una de las madres de los adolescentes acusados exige le otorguen la custodia de su hijo.

Otra grave irregularidad en este caso de supuesta violación de menores es que ninguna autoridad federal (Secretaría de Gobernación) ni local del gobierno de la Ciudad de México ha realizado inspecciones o auditorías en dichos refugios improvisados desde que éstos entraron en operación: el varonil donde se cometió la violación está ubicado Cuajimalpa, Ciudad de México; y el femenil en Naucalpan, Estado de México.

Como se recordará, en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ordenó retirarle las cinco propiedades otorgadas (bajo comodato) por administraciones anteriores a Rosi Orozco, en donde esta señora había instalado su residencia, otras servían de sus oficinas y las otras de supuestos refugios para un pequeño número de niños y niñas víctimas de trata y de violaciones.

En la estructura directiva de ambos refugios están como presidenta Rosi Orozco; también hay un consejo directivo; el coordinador de los dos centros es Ernesto Bautista Reyes, y su esposa Elba Sánchez Escobar es la encargada del refugio que alberga a siete niñas. Ambos también son integrantes de la Iglesia Casa Sobre la Roca.

El perfil de Bautista es haber estudiado derecho y, antes de encargarse de los dos refugios, trabajó en Derechos Humanos de la Ciudad de México. Su esposa Elba estudió “cultura de belleza” y era la peinadora de Rosi Orozco, de donde pasó a convertirse en responsable del refugio y de la atención directa de siete niñas víctimas de trata, quienes conviven con esta pareja y sus cuatros hijos de entre 8 y 15 años de edad, tres mujeres y un hombre, dentro de un modelo que Orozco califica de “vida en familia”.

Del refugio varonil ubicado en la zona de Cuajimalpa, lugar en donde se cometió la supuesta violación y alberga a cinco menores de edad, el responsable es Luis Armando Campos Flores. Se trata de un joven aspirante a cantante (participó en el concurso televisivo de La Voz México), cuyo único antecedente con la trata es que también fue víctima de abuso y ahora, junto con su esposa Samantha Polanco, quien tampoco tiene experiencia alguna en la atención a víctimas de trata, viven todos en la misma casa con los cinco niños que deberían estar bajo un estricto protocolo de atención. Esta pareja también es integrante de la misma secta religiosa Iglesia Casa Sobre la Roca.

Al respecto la diputada panista Adriana Dávila Mendoza (del mismo partido que postuló a Orozco a una diputación federal) ha sido una de las más críticas de los supuestos abusos que comete esta señora Rosi Orozco, pues según la legisladora “usa y explota a niños y niñas que han sido víctimas de trata, con el propósito de obtener beneficios económicos, sin que alguna autoridad haga algo para impedirlo”.

¿Pero su propio partido la postuló al Congreso? –se le pregunta.

—Hay cosas de mi partido que no entiendo.

La legisladora Dávila Mendoza sostiene que Rosi Orozco lucra con los refugios porque nadie los supervisa. Las autoridades federales no atienden este grave problema que correspondería al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni las autoridades locales a cargo de Claudia Sheinbaum. Asegura que tampoco se supervisan las donaciones millonarias que recibe esa Comisión Unidos Vs Trata y que han convertido esos centros de atención en un lucrativo negocio para Orozco.

Ahora más que nunca, dice la diputada panista, “deben ser supervisados esos refugios de víctimas de trata y la comisión intersecretarial en donde participan Gobernación, Salud, Relaciones Exteriores e Inmujeres, entre otros, debería hacer algo”.

Rosi Orozco, agrega Dávila Mendoza, “ha sido muy hábil para envolver a políticos, funcionarios, legisladores y empresarios para sacar provecho económico mediante la petición de donativos, dinero que debería destinarse a la protección de menores víctimas, pero todos sabemos que eso no es así. Es muy grave que nadie investigue lo que sucede adentro de esos refugios”.

Para eludir su responsabilidad, la presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata despidió a la psicóloga del refugio Miriam Marmolejo, a quien señaló como responsable de los lamentables hechos por su “falta de profesionalismo y no hacer bien su trabajo”.

Telefónicamente se habló con la psicóloga Marmolejo, pero explicó que no puede proporcionar información al respecto, porque aun cuando ya no trabaja en el refugio firmó un acuerdo de confidencialidad, y podría tener problemas legales si revela información sobre su función y lo que allí sucede.

Entre otros empleados despedidos de dicho refugio después del las violaciones sexuales a los dos menores, hay una mujer de nombre Marlén, empleada hasta el año pasado e integrante de la misma secta religiosa, quien era responsable de cuidar a los niños víctimas de trata y también a los hijos de los encargados.

Una auxiliar en el cuidado de las víctimas, Nayeli Plata, renunció porque la carga de trabajo era muy pesada, pues también cuidaba a los hijos a víctimas y a los hijos del matrimonio.

Hasta la cocinera Esther Escobar, hermana de una de las encargadas del refugio de niñas, Elba Escobar, fue despedida y presentó una demanda laboral en contra de la Comisión Unidos Vs Trata que aún no se resuelve.

Donaciones millonarias

Cuando se habla de trata, de inmediato la gente se dispone a colaborar y aportar recursos para la atención de las víctimas, más aún cuando se trata de niñas y niños, y en ese sentido varias personas de espectáculo lo han hecho así con esa Comisión Unidos Vs Trata que preside Rosi Orozco, tal es el caso del Lucy y Omar Chaparro, Claudia Lizaldi, Yuri, Eugenio Derbez y Adrián Uribe, entre otros donadores.

En diciembre del año pasado, una intensa campaña para reunir fondos permitió a Rosi Orozco juntar 15 millones de pesos para, según se dijo, construir nuevos refugios para las víctimas de trata.

En su campaña permanente para recaudar fondos, la presidenta de la Comisión Unidos Vs Trata escribió el libro Hoja en blanco, en donde cuenta “10 historias de éxito” de víctimas de trata, y asegura que todas las ganancias que se recauden por su venta serán destinadas a la construcción de más refugios. Por supuesto en sus “historias de éxito” ahora tendrá que agregar la de los cuatro menores bajo su protección involucrados en el abuso sexual.

Con la asociación Hoja en blanco se planea entonces seguir el mismo esquema para obtener donativos; entre los asociados, según información de la Secretaría de Economía y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aparecen también Jesús Delgado Anaya y Erika Delgado.

El expediente perdido

Por tratarse de dos menores de edad abusados sexualmente, cuando se presentaron las denuncias respectivas ante la “justicia mexiquense” se abrieron dos expedientes, uno por cada niño, pero extrañamente el correspondiente al menor de 9 años no aparece por ningún lado: se extravió, ya sea por negligencia o dicen que pudo sobreseerse legalmente porque no se encontraron circunstancias de modo y lugar, en donde supuestamente se cometió la violación. Lo cierto es que hasta ahora los dos adolescentes supuestos agresores siguen detenidos.

En una página de internet se anuncia la asociación civil Comisión Unidos Vs Trata, en donde aparece como presidenta Rosi Orozco y en tres apartados más anuncia “Nuestros Donantes”, “Nuestros Aliados” y un “Consejo Directivo”, sin que pueda saberse de quiénes se trata porque no se adjuntan los nombres.

Cuando se abre la página, la primera leyenda que aparece es: “Tu puedes cambiar historias”, y de inmediato un botón destacado en color rojo anuncia la promoción: “Quiero donar”.

En la información pública que difunde esa asociación en internet hay fotografías donde Rosi Orozco aparece al centro acompañada con otras personas que hace pensar que son parte de su equipo de trabajo, aunque en realidad sus tres centros de “atención a víctimas” cuentan con muy poco personal no especializado en esa labor tan sensible y delicada como es proteger y cuidar a niños y niñas víctimas de violaciones, trata o violencia familiar.

Esa Comisión Unidos Vs Trata se dice que es “una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es abatir la trata de personas, así como atender y apoyar a las víctimas de esta terrible forma de esclavitud moderna.

“Realizamos nuestro trabajo de la mano de nuestros aliados, miembros de la sociedad que se interesan por terminar con este delito.

“Los miembros del consejo directivo son líderes empresariales, miembros de los medios de comunicación, la clase política y activistas sociales.

“Nuestra labor ha sido reconocida a nivel internacional, lo que nos ha permitido colaborar con organizaciones no gubernamentales de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Argentina, Ciudad del Vaticano y Reino Unido”.

Fundada el 28 de agosto de 2012, esa asociación civil recibía subsidios gubernamentales de gobiernos del PRI y del PAN cada año, y hasta que asumió la Presidencia Andrés Manuel López Obrador se suspendió la ayuda y le quitaron las propiedades que tenía en su poder y que utilizaba como centros de trabajo y lugar para vivir.

Se informó del caso a la asistente del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y se solicitó hablar con él, pero hasta el momento no ha sido posible.

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