La universalidad del acceso a la salud, los programas de bienestar, el uso de inteligencia financiera en procuración de justicia, el respeto a la soberanía mexicana y la cooperación con otras naciones son los mayores aciertos que ha tenido la administración de Andrés Manuel López Obrador, tras 2 años de su triunfo electoral como presidente de México, según expertos.
Mientras que la falta de médicos especialistas y de clínicas en zonas marginadas, la poca eficiencia en la respuesta a la crisis económica, el incremento de la violencia y la inseguridad en el país, la falta de horizontalidad en la toma de decisiones y la contención de la comunidad migrante son los principales ámbitos en los que urge un cambio de dirección.
Sin embargo, modificar sustancialmente a México en sólo 2 años es muy difícil, puesto que el país arrastra las consecuencias de la crisis estructural, orgánica, económica, política, social y de seguridad que dejaron como herencia las administraciones pasadas, explica Aníbal García Fernández, maestro en estudios latinoamericanos.
El también doctorante por la Universidad Nacional Autónoma de México resalta que, aunque han habido momentos críticos para el actual gobierno –como lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, tras la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, o como lo de las caravanas migrantes, “la solución no ha sido la represión ni la violencia de Estado, sino que se comienzan a buscar otras formas para solucionar los diferentes problemas”.
Uno de los avances más palpables respecto de las promesas de campaña es el acceso universal a la salud, medida que apunta a una transformación real en el sistema. Sin embargo, ésta no será posible a menos que se asigne mayor presupuesto a áreas prioritarias y se cree la infraestructura necesaria para atender a toda la población, indica el investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Mario Santiago Juárez.
El doctor en derecho agrega que, con la instrumentación del Plan Nacional de Salud se obliga al Estado mexicano a otorgar acceso a la salud de manera universal, y con éste se pretende que en 2024 todos los habitantes del país reciban atención médica y hospitalaria gratuita, así como medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos sin ningún costo adicional.
El doctor Santiago Juárez expresa que éste es un viejo reclamo de la sociedad porque, a pesar de que se ha transitado a ampliar la plantilla de beneficiarios en las instituciones de salud pública, la atención sigue siendo muy dispar, pues no es el mismo servicio que brindan los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de las Fuerzas Armadas al que ofrece el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi).
No obstante, esta transformación no ha sido aceptada principalmente por la gente que ya se encuentra asegurada en una institución de salud, pues el acceso universal a este derecho implicaría el trato igualitario de las personas que lo soliciten y este sector no quiere que su “trato privilegiado” se vea disminuido o igualado al resto.
“Esta política pública previa a la Covid-19 es fundamental, pues en México hay un enorme grupo de personas que no son asalariadas y que no aportan recursos para poder ser asegurados. Con esta reforma constitucional se instruye a dar atención a la salud sin importar quién eres, cuánto ganas, si eres trabajador o viudo; y éste es uno de los mayores avances en el ámbito”, agrega el también especialista en temas de derechos sociales y Estado de bienestar.
Con el inicio de la pandemia se dieron a conocer fallas graves por parte de la administración actual, como la escasez de insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, con la que tenía que operar el personal médico, como la falta de cubrebocas, caretas, respiradores y demás equipos.
“Es gravísimo lo que sucedió con los médicos que fallecieron porque si se demuestra que eso fue por desidia o falta de previsión de parte de las autoridades de salud sería algo bastante grave”, advierte el doctor Mario Santiago.
Sin embargo, observa que gracias a los cambios generados a partir del Plan Nacional de Salud, México pudo enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria; pues el gobierno previamente se dio a la tarea de investigar cuántos hospitales se habían inaugurado, cuántos estaban abandonados y cuántos no estaban funcionando, y ahora esos son los que operan y dan atención a pacientes con Covid-19.
En este año, la Cámara de Diputados incrementó el presupuesto de la Secretaría de Salud, pues de los 124 mil 266 millones de pesos que le fueron asignados en 2019, la institución obtuvo 128 mil 826 millones 414 en este 2020. Mientras que en su primer año de operación, el Insabi recibió 112 mil 538 millones de pesos.
No obstante, el programa de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud –que sirve para combatir epidemias como la actual– sufrió un recorte de 50 millones de pesos, al habérsele designado 533 millones de pesos en este año, el monto más bajo desde 2009, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Pese a ello, los recursos asignados al sistema de salud lograron que hasta el momento no haya reportes de desbordamiento hospitalario de casos de Covid-19 en todo el país. Aunque es necesario que el presidente considere el presupuesto que se debe designar a mediano y largo plazo a este sector, principalmente por las consecuencias de la pandemia, comenta el investigador Mario Santiago.
Y agrega que “es errónea la idea de que hubo recortes en el sector salud: sólo hubo reajustes en la dirección del presupuesto. En el gobierno de Felipe Calderón se inició con el Seguro Popular, pero no se procuró que las personas tuvieran acceso gratuito a medicamentos y estudios clínicos. Aunque en ese momento se aumentó el presupuesto en materia de salud, este no fue determinante para que las personas fueran atendidas. Esa es la principal diferencia con esta administración”, considera.
El especialista subraya que, aunque la dirigencia de López Obrador no ha sido perfecta, la máxima autoridad mundial en materia de salud –la Organización Mundial de la Salud– ha reconocido el actuar del gobierno mexicano.
“Se ha actuado conforme a los lineamientos internacionales y se evitó la implementación de confinamiento obligatorio, porque nuestra economía es tan desigual que obliga a la gente a trabajar todos los días. Al final estamos viendo que México no ha sido de los países más afectados por la pandemia, tomando en cuenta las muertes por cada 100 mil habitantes. Estamos muy lejos de ser de los más afectados”, apunta.
Añade que en materia de salud pública no se debe creer que se está regalando algo: éste es un derecho que todos tenemos. “Hay que desterrar las ideas de que regalan el dinero o que este sistema es clientelar, sólo se está cumpliendo con el artículo cuarto de la Constitución, el cual establece el derecho a la salud”.
La crisis económica es uno de los principales retos a los que el presidente López Obrador y su gabinete se enfrentan, sobre todo porque ésta se ha agravado con la presencia de la epidemia provocada por la enfermedad de Covid-19, según especialistas.
El investigador José Antonio Vital Galicia, integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social –de la Facultad de Economía de la UNAM–, dice a Contralínea que las “dificultades” en la economía nacional ya existían desde antes de la emergencia sanitaria. Sin embargo, “la estrategia de confinamiento tuvo un impacto mayor sobre la dinámica económica y social”.
Agrega que dicha estrategia resultó exitosa en proteger la salud pública, ya que se logró “limitar la extensión de la epidemia”, pero “el efecto económico fue desastroso”. Un ejemplo es el incremento del desempleo.
Los resultados de la Encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE), que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), revelaron que la población económicamente activa disminuyó de 57.4 millones a 45.4 millones de personas de marzo a abril de este año. Esto quiere decir que hubo una reducción de 12 millones de trabajadores. Además, el especialista dijo que “si se agrega la visión de austeridad es como llover sobre mojado”.
Por ello, considera que fue una decisión equivocada realizar un confinamiento “tan fuerte” y que, en lugar de esto, las autoridades sanitarias debieron de haber aplicado el método de vigilancia y control epidemiológico territorial, delimitando el daño económico y social por localidades, municipios y estados.
Para ejemplificar esta situación, dice que en el Valle de México –que es una zona que se ha mantenido en los primeros lugares en el número de casos activos y de hospitalizados– se debió realizar un “cerco epidemiológico”.
Esto en lugar de cerrar los estados en su totalidad, porque el impacto es tal que las personas “no se mueren por la enfermedad, se mueren de hambre”.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó, a través del informe El desafío social en tiempos de Covid-19, que México será el país de la región que mayor incremento de pobreza va a tener durante 2020, ya que va a aumentar un 5.9 por ciento. Asimismo, habrá 4.8 por ciento más de personas que vivan en pobreza extrema. Esto quiere decir que, al finalizar el año, 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9 de cada 100 se encontrarán en pobreza extrema.
El investigador José Vital señala que los programas que ha instrumentado la Secretaría de Bienestar “son medidas necesarias, que son útiles para que no se desborde la crisis, pero lo único que se está haciendo es anestesiar la gravedad de la enfermedad porque no hay una política de reconstrucción de la economía”.
Explica que cuando ya exista una vacuna para combatir la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, México va a tener que hacer una inversión aproximadamente de 80 mil millones de pesos, porque los laboratorios del país no están trabajando para generar su propia vacuna.
Asimismo, destaca que para combatir la crisis económica es importante que el gobierno federal realice una inversión productiva en las diferentes actividades económicas, sobre todo en pequeñas y medianas empresas.
Otra medida que considera como una acción urgente es la renegociación del servicio de la deuda pública, porque el costo para la economía nacional sería de más de 600 mil millones de pesos.
Por último, el experto subraya que a 2 años del triunfo de López Obrador son de cambio político porque “había una expectativa muy grande en la población de que hubiera cambios”. Además, pide a senadores y diputados que realicen su trabajo, porque las comisiones de Salud y Seguridad Social han estado “ausentes” desde que inició el confinamiento.
“Los trabajadores mexicanos se vieron afectados por toda esta política epidemiológica que paralizó la economía y eso no les mereció la atención a los legisladores para buscar una estrategia [sanitaria] distinta” que disminuya el impacto económico en la sociedad.
La coordinación entre la inteligencia criminal, inteligencia financiera y la procuración de justicia es uno de los aspectos que debe fortalecer la administración actual en materia de seguridad pública, considera el doctor Carlos Flores, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Y es que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, López Obrador planteó un enfoque más integral al combate a la delincuencia y al crimen organizado. Esto con el fin de atender las causas estructurales de la violencia, tal como la pobreza, marginación, la falta de oportunidades laborales, así como la insuficiencia de servicios educativos.
Esta línea de acción es “importantísima”, sin embargo, tendrá efectos visibles en un mediano o largo plazo, explica el investigador del CIESAS. Ello, porque dicha política primero tiene que enraizarse en la estrategia de seguridad del país para que, en unos años, se puedan obtener resultados significativos.
Por ello –resalta– se necesita de manera inmediata un rol más activo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en materia de procuración de justicia, a través del congelamiento de activos de células delincuenciales, ya que de esta manera se podrían desmantelar dichas estructuras. “El polo de la inteligencia financiera había sido subutilizado en administraciones anteriores y creo que es uno de los elementos que puede brindar resultados más provisorios”.
El doctor Carlos Flores también comenta que, en este afán del presidente de evitar reproducir escenarios de violencia –como los vividos en administraciones anteriores–, la violencia ha incrementado, puesto que las organizaciones delictivas no son receptivas a esta iniciativa de pacificación e, incluso, han llegado al extremo de atentar contra las figuras de seguridad, en referencia al atentado que sufrió Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 26 de junio.
“Lo que vimos la semana pasada en la propia capital del país nos advierte la necesidad de tener otras estrategias que puedan prevenir acciones de esta naturaleza. Se tenía conocimiento de estos atentados contra la vida de funcionarios públicos de alto nivel; desafortunadamente no se dieron las suficientes estrategias para evitar que ese atentado se efectuara”, afirma.
El especialista en el estudio de la delincuencia organizada resalta la necesidad de que exista más proactividad por parte de las instituciones de seguridad: “estamos enfrentando una situación de limitaciones económicas y de pandemia que tampoco favorecen la articulación de estrategias gubernamentales y a esto se suma el entramado legal de instituciones que han sido configuradas para garantizar la impunidad, las cuales no son tan fáciles de desmontar, e incluso son obstáculos subsecuentes para que estas acciones delictivas se lleven a cabo”.
Por otra parte, ante el repunte de la violencia, López Obrador optó por la creación de una nueva fuerza de seguridad: la Guardia Nacional, conformada por integrantes de la Policía Militar, Naval y los remanentes de la Policía Federal.
Este cuerpo ha pretendido sumar capital humano capacitado en derechos humanos para realizar tareas de seguridad, pero sólo debe actuar cuando es absolutamente necesaria su intervención, como en las zonas donde se registran los mayores índices de violencia del país:
“Soy partidario de fortalecer las áreas civiles y creo que gradualmente debe fortalecerse estas organizaciones y sólo en excepciones se debería permitir la intervención de las Fuerzas Armadas. Mi recomendación sería apostar por la construcción de instituciones civiles”, opina Flores, doctor en ciencias políticas y sociales.
Por su parte, Vidal Romero, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y jefe del del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica que la estrategia de seguridad actual es la misma que la de 2006. “Por alguna razón, la gente que lo asesora o él mismo [el presidente] supone que una política donde eche toda la fuerza a la calle, es decir al Ejército es lo que le va a llevar a dar esos resultados rápidos y se ha topado con los mismos resultados de las administraciones pasadas”.
Además, el especialista añade que es “ingenuo pensar que acabando con las organizaciones criminales vas a acabar con el problema de inseguridad porque acabas con una y surge otra porque el mercado de las drogas ahí sigue”.
El presupuesto destinado este año para la seguridad pública aumentó 39 por ciento, en comparación con el de 2019, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron 112 mil 860 millones de pesos. Este monto es adecuado para realizar las tareas de seguridad establecidas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, asegura el doctor en ciencia política.
El investigador destaca que la manera en la que la administración actual ejerce el gasto podría focalizarse a tareas más sustantivas y no solamente las dedicadas al arresto masivo de personas, como sucedía en otros sexenios, que destinaban la mayor parte de sus recursos a tareas de vigilancia, disuasión y operativos en las calles, las cuales no eran las acciones más significativas para desmantelar organizaciones criminales.
Por su parte, el investigador Carlos Flores se refiere a los opositores políticos de López Obrador, que frecuentemente descalifican las acciones gubernamentales pero sin argumentos, sólo por sus posturas políticas. Y recuerda que las circunstancias que se están presentando en el país requieren de elevar miras, conjuntar acciones y encontrar, con objetividad, los puntos fuertes y las ventanas de oportunidades que este gobierno ofrece para desarrollar.
El reconocimiento a la soberanía de México, la cooperación para el desarrollo entre diferentes países y la defensa de que la “mejor política exterior es la interior” son las principales fortalezas de la estrategia de política exterior que López Obrador ha instrumentado desde su llegada a la Presidencia, afirma Aníbal García Fernández, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
Explica que, con la imposición de aranceles de Estados Unidos, la política energética nacional y la llegada de caravanas migrantes, se esperaba que la relación entre México y otras naciones fuese ríspida o conflictiva, pero ésta resultó “todo lo contrario”, pues Andrés Manuel ha manejado los momentos de crisis de “igual a igual”.
Además, en la búsqueda del respeto a la soberanía mexicana (aspecto que perdió fuerza con los gobiernos panistas y priístas), el presidente de México rompió la tradición de los últimos presidentes de permitir la intromisión de Estados Unidos en ámbitos nacionales, y esto lo logró sin perder la relación de “buena vecindad” con dicha nación.
“Éste es uno de los rubros de mayor trascendencia. En el sexenio anterior [con Enrique Peña Nieto] hasta se dió la visita de Estado a Donald Trump cuando era candidato presidencial. Algo nunca antes visto y que contribuyó a que Trump se posicionara en su país. Ahora, y ante los cambios constantes de postura del presidente estadunidense, el actual gobierno ha salido bien parado sin perder su soberanía ni el Tratado de Libre Comercio (T-MEC)”, asegura el también maestro en estudios latinoamericanos.
Reconoce que la política de austeridad republicana implicó que otros representantes del gobierno acudieran a las reuniones bilaterales para terminar la negociación del T-MEC o para tratar otros problemas, como la migración, sin que eso implicara una pérdida de presencia en Estados Unidos.
Aunque, hasta ahora, el presidente no ha salido del país, ello no significó la pérdida de presencia internacional de México, indica el maestro García Fernpandez. La designación de López Obrador como titular de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es prueba de ello. Así como la invitación efectuada por las Naciones Unidas para que el país formara parte de su Consejo de Seguridad.
Por otra parte, en materia migratoria “hay varios claroscuros”: el estreno de la Guardia Nacional para contener la migración “es ejemplo de las fallas estructurales que se fortalecieron con los gobiernos anteriores”, asegura el investigador.
Y es que en la última encuesta realizada por la Celag se mostró que una parte de la población mexicana estaría de acuerdo en cerrar la frontera sur, en condiciones actuales de pandemia. Esto indica que, ante una situación de crisis, “la sociedad mexicana tiende a elegir soluciones restrictivas”.
Sin embargo, detalla que esta situación necesita soluciones conjuntas con países centroamericanos, aunque la coordinación con los demás gobiernos sea más difícil por sus dinámicas propias y problemas.
La principal fortaleza del primer mandatario ha sido la política interna, indica el investigador del Celag: “el presidente ha mencionado más de una vez que la mejor política exterior es la interior. A la par de ello ha fortalecido su relación con otros países de América Latina y el Caribe. La presidencia pro tempore es uno de los puentes más importantes en tema comercial, social y de integración regional”.
El doctorante Aníbal García agrega que, si bien, uno de los puntos de crisis de esta administración fue el golpe de Estado en Bolivia, la relación entre ambos países no se rompió. Además, la relación con Argentina es excelente y con Cuba sigue una larga tradición de amistad y cooperación para el desarrollo.
Mientras que con Europa se participa en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y con Asia, México ha buscado la multilateralidad, lo cual se ve reflejado en el puente aéreo establecido con China para el suministro médico y la compra de ventiladores.
Al preguntarle sobre los señalamientos realizados por diversos especialistas acerca de que la actual estrategia internacional le resta liderazgo al gobierno mexicano, García Fernández responde que si así fuese México no formaría parte de la ONU ni de la Celac.
Además pone como el ejemplo el rol “importantísimo” que jugó el país, ante la caída de precios de petróleo y la reducción de la producción del mismo, pues “defendió la política energética nacional, ante los principales productores mundiales y el acuerdo de la OPEP salió adelante”.
Respecto a la relación entre la estrategia internacional y la inversión extranjera, el también especialista en políticas de desarrollo señala que la inversión está relacionada no sólo a lo externo, sino también a lo interno, así como a los cambios que se hagan en el Congreso.
“Hasta la fecha no se han perdido inversiones por eso, sino por la crisis económica en curso que inició en 2019. Los principales inversionistas siempre buscan los mejores rendimientos, a partir de la explotación laboral y como México ya no compite internacionalmente con salarios bajos, los inversionistas buscan otros países en donde puedan beneficiarse de ellos, de impuestos bajos y rendimientos altos”, asevera.
Es por todo lo anterior que considera que México no ha perdido liderazgo, sino que se ha reconfigurado en el mapa mundial e intenta buscar el equilibrio entre soberanía, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y el multilateralismo que se concatena en la Doctrina Estrada.
Por último, el integrante del Celag llama a la administración actual a analizar detenidamente las “letras chiquitas” del T-MEC para que las condiciones jurídicas de los tres países estén más claras y no se tengan repercusiones en las inversiones futuras.
Asimismo, el maestro resalta que no debe esperarse “mucho” de este acuerdo, pues puede beneficiar sólo a las empresas estadounidenses, sobre todo las energéticas, las tecnológicas, farmacéuticas y las de streaming.
“Desde luego que es difícil modificar sustancialmente al país y ver cambios en tan poco tiempo, pero se están haciendo grandes esfuerzos a nivel presidencial, judicial y en las dos Cámaras. El aumento al salario mínimo, la búsqueda de soberanía energética, el fortalecimiento energético como palanca de desarrollo, la política social enfocada a sectores sociales vulnerables y la lucha contra la corrupción son medidas que, en conjunto, intentan buscar mejores condiciones para la sociedad”, finaliza.
La estrategia de seguridad de la administración actual y la respuesta que el gobierno federal ha dado a la crisis económica por la que atraviesa México son dos aspectos importantes para observar que el manejo de la gobernanza en el país “no ha sido la mejor”, y aún hay retos pendientes para el presidente en este sentido, de acuerdo con el investigador del SNI Vidal Romero.
Además, ¡califica la toma de decisiones del gobierno federal como “extremadamente vertical”. Explica que esto se debe a que sólo se han priorizado algunos temas, como la estrategia de seguridad y muchos otros se han dejado de lado. Un ejemplo son los derechos humanos.
También explica que las elecciones intermedias que se van a realizar el próximo año son determinantes y seguramente van a ser “intensas”, ya que “se juega mucho el gobierno de López Obrador”.
El doctor advierte que podría ocurrir una crisis política para el partido político Movimiento Regeneración Nacional que provoque su desintegración porque ya “existen conflictos que se van a agravar más en los siguientes seis meses que se deciden las candidaturas”.
“Es la última elección en la que los candidatos de Morena van a competir junto con López Obrador, cualquiera que conozca la dinámica electoral de la izquierda y de México sabe que este partido tiende a desintegrarse”, menciona.
El también doctor en ciencia política comenta que la oposición “está perdida” porque se distraen con cualquier cosa que dice López Obrador y se esfuerzan en hacerlo ver como “incompetente”, pero la realidad es que a una parte de la población eso no le importa porque “mientras reciban su transferencia de cualquiera de los programas de gobierno ellos lo van a seguir apoyando”.
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