“¡Abran la Galería 1!”, irrumpe un grito desde el público. La directora del Archivo General de la Nación (AGN), Mercedes de Vega Armijo, sentada frente al auditorio, apenas mueve la cabeza, apenas parpadea sin cambiar el gesto. “¡Sí! ¡Que la abran!”, secunda otra voz y los aplausos explotan.
Es el seminario internacional El Acceso a los Archivos Históricos Confidenciales en la sede del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (Inai).
El encuentro entre académicos, comisionados, funcionarios y representantes de organizaciones civiles se concentró en los reclamos –de asistentes hacia los ponentes, de ponentes hacia sus compañeros de mesa– por el abrupto cerrojo al acceso directo a los miles de documentos que descansan en la Galería 1 del AGN, registros elaborados entre 1947 y 1985 por los aparatos oficiales de espionaje y represión.
Desde principios de 2015, so pretexto de preservar los datos personales de personas que incluso murieron hace décadas, nadie que no sea agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) puede consultar directamente los archivos-memoria de las agencias de inteligencia y contrainsurgencia de los gobiernos priístas durante la Guerra Fría, que en México se desencadenó en Guerra Sucia.
Galería 1, memoria de la brutalidad
Fotografías tomadas desde el otro lado de la calle o a través de la ventanilla de un auto; reportes hechos por agentes infiltrados o por vigilantes que cazaron durante días, semanas, a una persona o a un grupo entero; partes informativos que asientan quiénes fueron considerados como enemigos del Estado y quiénes sin más fueron sujetos de espionaje, sólo por su notoriedad social; fichas que identificaban quién era quién, qué le gustaba, qué hacía y con quiénes, por qué motivos, cuándo, dónde, cómo, en qué y hasta cuánto tiempo; información de primera mano sobre detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas…
Eso y más conforma el acervo que durante 4 décadas acumularon los órganos de inteligencia desde el gobierno de Miguel Alemán hasta el de Carlos Salinas de Gortari: el Departamento de Investigación Política y Social (DIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
La exprisión de Lecumberri, además de contener en sus espacios el eco de estudiantes, obreros, periodistas, profesores, médicos, líderes sindicales, escritores, pintores, encerrados ahí por motivos políticos, en la primera de sus galeras guarda ahora los expedientes y fichas básicas sobre ellos mismos y miles de personas más que armaron los gobiernos priístas de 1947 a 1989 para combatir todo indicio de organización social contraria.
“Existe un índice analítico en forma de fichero con alrededor de 5 millones de tarjetas 3 x 5”, admite el propio AGN. “Este fichero, ordenado alfabéticamente por nombres de personas, instituciones, organizaciones y movimientos sociales, contiene extractos y resúmenes de la documentación”.
“Están prácticamente todas las personas relevantes de ese periodo”, añade en entrevista la doctora Aurora Gómez Galvarriato, exdirectora del Archivo General de la Nación. “No tenías que ser un activista político para estar ahí. Básicamente tenían información de cualquier actor relevante en cualquiera de los ambientes: empresarial, académico, político. Eso lo hace muy, muy, valioso”.
En la Galería 1 del AGN también están las memorias de la Guerra Sucia, contada desde la perspectiva de las instituciones ejecutoras, relatada de puño y letra por los agentes que espiaron, secuestraron, interrogaron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a un número aún indeterminado de víctimas.
El antiguo Palacio Negro de Lecumberri, construido durante el porfiriato, que con el tiempo se convirtió en un símbolo oscuro de la brutalidad oficial, hoy guarda los registros en papel –aunque mutilados, descarnados por el tiempo y los propios agentes– de la capacidad de represión del Estado mexicano.
En 2001 aún había quien confiaba en que el gobierno de Vicente Fox, el del “cambio”, se distinguiría de las administraciones priístas. Ambiguamente en algunos casos, con nombre y apellido en otros, se le exigía que actuara contra los corruptos, contra la impunidad; contra los responsables de las matanzas de 1968, de 1971, contra Luis Echeverría, contra los agentes supervivientes bajo su mando. Acciones contundentes que de alguna forma mitigaran las heridas abiertas durante el priísmo se le pedían al exgerente de Coca Cola que entonces vivía en Los Pinos.
El primer gobierno panista dio una respuesta de efectos publicitarios: acordó y anunció la instauración de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Desde el gobierno federal alguien se encargaría de esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el propio gobierno federal. Ésa fue la promesa.
Las 4 mil 223 cajas repletas se mudaron con todo y los antiguos funcionarios de las instituciones predecesoras del Cisen. Desde la reubicación de los documentos, y por orden de Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, el control de la Galería 1 del AGN por parte de los agentes fue total.
Vicente Capello y Rocha, agente de la DFS desde 1961, “sigue adscrito al Cisen y se encuentra laborando en el AGN formalmente sólo como ‘apoyo’, aunque sin ningún fundamento legal. Es la cabeza de un grupo de 10 personas; todas, empleadas del centro civil de inteligencia”, se publicó en Contralínea en diciembre de 2007 (edición 92). Capello continuó en el AGN y se encargó de facto de los documentos hasta su muerte en 2011.
“Llegaban las solicitudes. Se le pasaban y él armaba el expediente”, cuenta en entrevista Aurora Gómez Galvarriato, directora del AGN de mayo de 2009 a agosto de 2013. “A la gente del Archivo no se le permitía entrar, literalmente, a los fondos de la Galería 1”.
Como si fuera lo natural, quien fuera subordinado y compañero de funcionarios señalados de violaciones graves a los derechos humanos también era el encargado de “atender” a la gente que requería acceso a la información generada por esos mismos agentes.
“Era como tienda de mostrador, en la que uno pide una pluma roja y te enseñan las que te quieren enseñar porque no puedes meterte a buscar”, ilustra Gómez Galvarriato.
La ahora investigadora del Colegio de México relata los esfuerzos hechos durante su administración “para sacar al Cisen del Archivo General”.
“Llegué y me pareció que no estaba bien. Hablé con Capello, con sus jefes. En ese tiempo estaba a cargo del archivo general del Cisen una mujer que se llama Elvia Arzate, que fue muy cooperadora y amable. Teníamos reuniones con los jefes de ella, que uno nunca sabe cuál es el puesto, por cierto.”
Cuando inició su periodo a la mitad del sexenio calderonista, todos los funcionarios presentes en la Galería 1 pertenecían a la institución de seguridad nacional; cuando se fue, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, “ya eran cinco del AGN por dos del Cisen, mientras que antes estaban los del Cisen por nadie del AGN.
“Incluso –añade con un dejo de tristeza porque sabe que finalmente ocurrió lo opuesto– las últimas conversaciones que tuvimos con el Cisen fueron sobre que sí iban a sacar al resto de su personal porque ya se tenía que quedar el AGN [con el control]. En la última cosa que quedamos fue en que ya estábamos listos, que ya necesitábamos que se fueran. Y ellos se comprometieron”.
El proceso de apertura parcial de la Galería 1 de 2009 a 2011 fue duro. Pero se dio.
Los más de 58 mil expedientes elaborados clandestinamente tienen sus claves para acceder a ellos: existen miles de fichas con los datos básicos de las personas y organizaciones intervenidas.
Ahí están prácticamente todas las personas de relevancia, mexicanas o no, ahí está la prueba de que el Estado les siguió el rastro, por el motivo que fuere. “Cada una son un documento de archivo a consultar porque ahí está la información básica. Es como si se abriera el Wikipedia”.
La estructura del acervo principalmente son las tarjetas, que están en el archivero central de la galería, explica Gómez Galvarriato. Y éstas vienen por nombre propio de la persona o la institución u organización. “Si tú abres esas tarjetitas vas a encontrar las claves que te remiten a los documentos, a los expedientes”.
Las tarjetas tienen inscritos códigos que sólo entendían los agentes archivistas de las instituciones origen. “Inscripciones que tal vez en la tarjetita tal dice ?pc48’ para llegar al expediente. Esas claves que tienen las fichas eran la clave secreta de Vicente Capello”, apunta la doctora Gómez.
El Archivo General de la Nación, bajo la conducción de Gómez Galvarriato –“por miedo a que algo le pasara a Capello, por la edad”, confiesa–, reunió un equipo de trabajo ajeno al Cisen para que “entendiera” el archivo que ni las propias cabezas del centro de inteligencia conocían a fondo.
“Por eso eran tan reticentes a que se abrieran porque no sabían qué había. Una vez que vieron, se dieron cuenta que no era para tanto, que no eran temas de seguridad nacional, que no era algo que no se pudiera abrir”, asegura.
“Entonces el acuerdo con el Cisen fue que empezaran a sacar su gente. Hicimos el equipo, de cinco muchachos, con la idea de que sustituyeran a los del Cisen.”
Tal fue la oportunidad de darse una real apertura de los expedientes, que de las reuniones sostenidas entre la directora del AGN y el Cisen salió el acuerdo de elaborar un “instrumento de consulta”, producto del trabajo entre ambas partes.
Por el Archivo General encabezaron el proyecto Victoria San Vicente Tello –quien murió en octubre de 2012– y Roberto González, mientras que por el Cisen el propio Vicente Capello estuvo presente, como guía.
Capello, personaje novelesco: hijo de fascistas italianos, recomendado de Hilde Krüger –espía y actriz nazi relacionada con Joseph Goebbels y con el propio Miguel Alemán–, protegido de Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, sobreviviente de cada cambio sexenal desde Adolfo López Mateos hasta Felipe Calderón (nueve presidentes, dos partidos políticos), fue el encargado durante años de ordenar los archivos de la policía política mexicana. Él sí sabía qué hay –y qué se perdió– en la Galería 1; qué nombres y qué hechos.
Ya viejo, enfermo, y con la anuencia de sus superiores, “Capello lo entendió y ayudó muchísimo”, dice la exdirectora del Archivo. “Le pasó a Roberto González [ante la muerte de Victoria] sus cuadernos en los que estaban las claves. Nos pasó su secreto y permitió también que los muchachos del Archivo General de la Nación, un grupo como de cinco, entendieran la estructura de la Galería y pudieran ellos mismos pasar de la ficha al expediente e hicieran un instrumento de consulta, mismo que se subió al sistema de búsqueda”.
La doctora Gómez Galvarriato abre al máximo los ojos verdes, viendo hacia sus recuerdos. Tensa las manos. Sonríe, continúa:
“A Vicente Capello, en una reunión, le pregunté si se deberían abrir a la consulta al público y él sin dudar respondió: ‘Sí, claro que sí. Eso es ya el pasado’. Incluso dijo: ‘Esos eran muchachos idealistas, ya quisiéramos hoy tener esos problemas que teníamos antes. Los problemas de ahora obedecen a otra lógica’. Él ayudó a que el personal del Cisen admitiera que sí se diera acceso.”
El temor de Gómez Galvarriato se cumplió y el antiguo agente-archivista sufrió un infarto. Pero sobrevivió, y el trabajo de cambio de estafeta Cisen-AGN no se detuvo. El tiempo pasó y los funcionarios del Archivo asumieron la complejidad de la Galería 1.
—¿En 2011 usted consideró que el Archivo General ya estaba listo para manejar la Galería?
—Exactamente. Dijimos: “Ya tenemos la gente, ya tenemos el conocimiento. Ahora sí ya se pueden ir”. Y se comenzó a salir el personal del Cisen.
Avanzados los trabajos, el 23 de enero de 2012 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Archivos, que destapó el término “archivos históricos confidenciales”, que pueden ser reservados “por un plazo de 30 años a partir de la fecha de creación del documento […], o bien de 70 años tratándose de datos personales”.
En su momento, tal ley no cambió el procedimiento de consulta de los fondos resguardados en la Galería 1.
Y no tuvo un efecto, porque si bien los documentos presentes en el acervo eran ahora considerados como históricos confidenciales, es decir, que cuentan con información personal, no fueron catalogados como “confidenciales sensibles”.
“Consultamos al [entonces] Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en su momento sobre la clasificación que debería de darse a los Fondos de Dirección Federal de Seguridad, en Investigaciones Políticas y Sociales, y determinamos que eran confidenciales, no confidenciales sensibles. Eso significa 30 años. El documento más reciente es de 1985. Eso significa que todos estarían abiertos al público, como cualquier otra parte del archivo. Y se lo comunicamos al Cisen y estuvo de acuerdo”, explica Gómez Galvarriato. Para entonces, Vicente Capello ya había fallecido.
“Si había expedientes en los que fueran a aparecer, por ejemplo, fotos de alguien desnudo con prostitutas, y que esa persona todavía vive… pues sí serían considerados como confidenciales sensibles. Pero en realidad, ya analizando los documentos, definimos que eran confidenciales, que no eran confidenciales sensibles.
“En todo caso, lo que hacíamos firmar a los investigadores era una especie de carta compromiso en la que decía que si se llegaban a topar con un dato confidencial sensible se comprometían a no divulgar esa información.”
—Entonces sí se daba un acceso físico a los documentos originales –se le comenta a la exdirectora del Archivo General de la Nación.
—Sí. Sí hubo. El acceso físico se dio en todo 2012, aun cuando estábamos esperando el reglamento de la ley, que ya estaba listo y que no lo sacaban, y que no lo sacaron porque lo frenó [la Secretaría de] Gobernación.
“Lo que acordamos fue dar acceso por el sistema Infomex, aunque también podían hacer las peticiones ahí mismo [en Lecumberri]: se veía si [el expediente] tenía más de 30 años o no, que casi todo era [así], y se daba acceso a los expedientes completos, sin testar; e incluso a las tarjetas, que se metían en una micas para protegerlas, además se contaban para que no se perdieran, porque son pequeñas.
“Fue un proceso gradual –recuerda–, porque en el Cisen decían que ‘cómo se iba a dar acceso a las tarjetas’. ‘Sí, por qué no’. ‘Pero cómo’. ‘Vamos a hacerlo con las micas’, les decíamos”.
Desde fines de 2012, investigadores, periodistas y cualquier interesado pudieron consultar tanto las tarjetas como los documentos originales que no habían sido aglutinados y sumados al instrumento elaborado por el AGN; los agentes del Cisen estaban, según ellos, por irse. “Para nosotros ya era un tema saldado. El que se haya cerrado la Galería ahora es una tragedia”, dice con la voz baja, delgada, Aurora Gómez. No oculta su tristeza.
En 2013 y 2014, en diversos medios de comunicación aparecieron trabajos realizados a partir de los datos presentes en la Galería 1 del Archivo General de la Nación. La gente se enteró de la saña del Estado contra las organizaciones políticas disidentes, contra los incipientes grupos guerrilleros y de estudiantes, del espionaje y seguimiento permanente contra personalidades como Julio Cortázar, Octavio Paz o incluso Cantinflas, acciones que demuestran el grado de control social ejercido por el Estado mexicano.
Aurora Gómez Galvarriato dejó la dirección del Archivo General de la Nación en agosto de 2013 y, por mandato de Enrique Peña Nieto, en su relevo entró la doctora Mercedes de Vega Armijo, quien continúa en el cargo.
En principio el procedimiento de acceso a la Galería 1 no cambió.
Por ejemplo, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2014, Contralínea publicó la memoria “del hostigamiento que la policía política del régimen, la extinta Dirección Federal de Seguridad, ejerció contra los normalistas rurales durante décadas”, a partir del expediente compuesto por 31 legajos con 10 mil 3 fojas (“Normales rurales: 3 décadas de embate de la DFS”, “Normalistas rurales, los primeros estudiantes guerrilleros”, “Normalistas rurales, espiados por el FBI” y “Golpe de mano contra el normalismo rural” en las ediciones 409, 410, 411 y 412 de Contralínea).
A partir de entonces, el acceso a la Galería 1 del Palacio Negro, aunque ya sin rejas pero sí con cerrojo, se clausuró tácitamente. El grupo de trabajo armado por Gómez Galvarriato se desintegró y el Cisen retomó el control.
“Y eso tiene que ver con que cambió la persona del Cisen a cargo del Archivo”, apunta la doctora. “La nueva persona que entró como que dijo: ‘¿Y por qué están dando estos archivos?’. Empezó a cerrar el acceso y a darlo solamente a los documentos que ya estaban testados, que ya estaban tachados”.
Desde principios de 2015 las primeras voces de protesta resonaron, pues sólo se ofrecían las versiones públicas ya elaboradas: el fichero también se clausuró.
“Hay una triple censura”, explica la doctora en historia por la Universidad de Harvard:
“Una, previa: son los expedientes que en su momento organizaron Capello y el personal del Cisen, que después se tacharon los datos personales, y que no se sabe qué es lo que seleccionaron para hacer ese expediente. Segundo: puede haber temas que a nadie se le ocurrió investigar y que por ende no haya un expediente ya hecho; entonces en el Archivo General ahora dicen que no hay nada.
“Además ya no dan acceso a las tarjetas. Incluso podrían fotocopiarlas y dar acceso a la fotocopia. Pero ni eso.”
El Archivo no avisó, no notificó de ninguna forma ni a nadie del abrupto cambio.
Ante la situación, el 11 de marzo de 2015, una frecuente usuaria de plano le pidió al AGN “el fundamento legal que motivó la cancelación de la consulta directa del fondo documental DFS, resguardado en la Galería 1 del AGN, así como copia del aviso o comunicado a los usuarios del acervo informando a partir de cuándo se aplicaba esta medida” (solicitud 0495000012715).
Dos semanas después, el AGN respondió oficialmente que “no existe tal cancelación de la consulta directa del fondo documental señalado”. La estrategia empleada simplemente fue negar que algo hubiera cambiado.
La recurrente, irritada por la respuesta, acudió ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai):
“En el sistema, AGN dice que me entrega la información y no lo está haciendo, además niega que la forma de consulta se haya modificado (no es nada apropiado llamar ‘mentirosos’ a los usuarios).
“Estoy inconforme con la respuesta del AGN debido a que las formas de consulta del fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) se han modificado a partir de 2015, puesto que antes los usuarios podíamos tener acceso a los documentos en su modalidad de consulta directa mediante el acceso de tarjetas (fichas bibliográficas), documentos originales o digitalizados de forma íntegra (sin testado).
“[…] Cuando se solicitaban directo en la sala de consulta (Galería 1), el personal en la Galería daba acceso a tarjetas y documentos sin restricción”, contó la peticionaria en su alegato, en el que también recordó la sugerencia dada por la propia Mercedes de Vega Armijo a los investigadores de “buscar fuentes alternas de información”.
En su defensa, el AGN continuó empecinado en que “el acceso a los documentos contenidos en el fondo ‘Dirección Federal de Seguridad’ de la Galería 1 de este organismo descentralizado sigue existiendo”. Pero, por primera vez, esgrimió el que después se convertiría en su mayor argumento: “No obstante [la apertura], se debe dar una protección a los datos personales”.
Puso por delante la Ley Federal de Archivos de 2012, que reserva documentos hasta por 70 años, también a la antigua Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, de paso, asentó que el fichero “no es de libre acceso al público, debido a que pueden contener datos personales”.
El Archivo General se apoyó en criterios establecidos por el entonces Ifai para reforzar la clausura de la consulta directa de documentos con “secciones clasificadas”.
Según la nueva administración del AGN, la apertura dada en los años previos sólo era parte de las “prácticas” de entonces, las cuales no pueden ser invocadas “debido a que eludir la observancia de la ley –subrayó– no puede alegarse costumbre, desuso o práctica”. Incluso llega a decir que no sabe, o que no tiene la atribución para determinar, que las investigaciones que lleven a los archivos de la policía política del régimen priísta de la segunda mitad del siglo XX corresponden “a violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
El recurso de revisión 1564/15 lo resolvió el comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford.
El “organismo nacional autónomo”, el Inai, procedió a verificar que el Archivo General había hecho las acciones pertinentes para intentar entregar lo que pidió la solicitante: el fundamento jurídico del cierre y, sobre todo, la notificación de ello a los usuarios. Y como el AGN negó que se haya cerrado nada, entonces no podía haber una notificación. Entonces el comisionado Guerra le dio la razón al Archivo.
“Se puede establecer que el sujeto obligado [el AGN] realizó las gestiones necesarias ante la unidad administrativa que pudiera contar con la información solicitada”, asentó en el cuarto considerando la resolución.
El Archivo General de la Nación puso en la mesa el tema de los datos personales presentes en los archivos históricos, y el Inai lo siguió:
“Cabe resaltar el hecho de que la consulta de los documentos que resguarda el Archivo General de la Nación se hará con el debido tratamiento de los datos personales que se encuentren ahí contenidos.
“[…] Cualquier información que sea concerniente a una persona que pueda hacerla identificada o identificable deberá ser resguardada”, añadió Guerra Ford sabiendo que se trata de documentos resultado de espionaje y de que, en muchos de los casos, las personas resultaron asesinadas, desaparecidas o, por el natural paso del tiempo, ya están muertas.
Por último, y tras “la investigación efectuada”, en las páginas del AGN y del Diario Oficial de la Federación en busca de alguna notificación oficial sobre el cierre de las consultas, el Inai determinó que, en efecto, no ha habido ningún cambió y que el acceso sigue abierto. No se le ocurrió constatar si en los hechos eso era verdad y, sin más, confirmó la respuesta dada por el Archivo General de la Nación.
El proyecto de resolución ni siquiera se discutió en pleno, pasó directamente hacia su aprobación en la sesión del 13 de mayo de 2015. Todos los comisionados estuvieron de acuerdo.
Un mes después, en el seminario que sobre el tema se dio en el Inai, la misma solicitante tuvo, aunque sea, una pequeña oportunidad de revancha al preguntarle públicamente al director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del AGN, Fredy Meave Galindo, el mismo cuestionamiento que provocó el recurso de revisión que el Inai resolvió a favor del Archivo General de la Nación.
Ante el auditorio Alonso Lujambio completamente lleno, Meave leyó la hoja que otra vez pedía “el fundamento legal para el cierre de la consulta directa en el fondo documental de la Dirección Federal de Seguridad, en Galería 1”.
—Por favor, sea concreto –remataba la nueva solicitud.
—Seré muy concreto –respondió, con tosquedad, el abogado y levantó un papel que sacó inmediatamente, como si estuviera preparado por si le preguntaban precisamente eso–. La respuesta la pueden encontrar, si quieren tomen nota, les doy los datos, del recurso de revisión 1564 de 2015.
Fredy Meave calló, marcando el punto y aparte, y siguió con el resto de preguntas que una edecán le había dejado. El auditorio quedó catatónico por segundos, volviendo a ver a los comisionados.
La comisionada Arely Cano, que moderaba la mesa, frunció el ceño extrañada, levantó los hombros en intercambio de miradas con sus compañeros, sentados en primera fila frente a ella y haciendo gestos también. El silencio en la sala, encrespado por pequeños murmullos y más miradas dirigidas hacia los comisionados, denotaba que nadie sabía de lo que Meave Galindo había hablado. Ni las cabezas del Inai tenían presente lo que era el recurso de revisión 1564 de 2015 y que con cuya mención el representante del Archivo General de la Nación había capoteado tan fácil la pregunta incómoda.
—Estaba yo revisando el registro del recurso, Fredy, tengo aquí el 1564 –intervino Cano mientras movía hojas y buscaba sin encontrar en su celular–. Digo, habría que ver esta revisión que hace, porque sería importante que se ilustre con argumentos esa consideración, para no dejar a dudas ese elemento –atinó a decir, con nervio.
El silencio siguió, y ninguno de los comisionados presentes abrió la boca para comentar siquiera una palabra del recurso que por decisión unánime del Inai se convirtió en el candado que ahora el Archivo General de la Nación presumía.
El coro de protestas enfatiza en una palabra: impunidad. La clausura disfrazada de los fondos documentales de la policía política de México cerrará el círculo de impunidad del que gozan los perpetradores de la Guerra Sucia, de crímenes considerados de lesa humanidad; de los asesinatos, de las desapariciones forzadas, de las torturas, de la infiltración y el espionaje, pues, a la falta de castigo judicial, se suma el privilegio de la desmemoria.
“Lo que hace a una sociedad evitar la repetición de hechos atroces y luchar contra la impunidad es el verbo conocer”, dice en entrevista Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, organización especializada en libertad de expresión, y que también tuvo la oportunidad de espetarles su inconformidad a los comisionados del Inai y a la directora del AGN, a la vez de exigirles la apertura de la Galería 1.
Según la lectura normativa del director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del Archivo General de la Nación, Fredy Meave, la información histórica “que debe ser resguardada de manera celosa durante el término de 70 años es la que tenga que ver con el origen étnico, racial, características físicas o morales, o emocionales; vida afectiva, familiar, domicilio particular, número telefónico particular; patrimonio; ideología, opinión política, etcétera”.
El artículo 27 de la Ley Federal de Archivos que invoca el AGN en sus respuestas, y el abogado en su defensa, “parece que lo redactó [Gustavo] Díaz Ordaz”, se mofa el senador Alejandro Encinas. “Y no fue hace mucho tiempo [que se aprobó dicha ley], ya había habido alternancia política en este país; ni Díaz Ordaz se había atrevido a plantear una cosa de esa naturaleza”, agrega, ya en serio.
“Decir que todo es confidencial sensible como para que tenga 70 años… eso se tendría que rebatir. El 98 o el 99 por ciento de los expedientes [de la Galería 1] no tienen nada de información confidencial sensible”, refuta Aurora Gómez. “No es justificable esta manera tramposa de utilizarse la ley, ya que de acuerdo con las leyes vigentes habría total razón legal para determinar que lo que se está haciendo no es lo que marca la ley”.
Y es que la Ley General de Transparencia, en su artículo 2 transitorio, dejó claro, al entrar en vigor que quedaría “derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente ley”. Entre ellas, de acuerdo con los especialistas, la Ley Federal de Archivos y sobre todo su artículo 27. Y esto lo ha dejado de lado deliberadamente el Archivo General de la Nación.
“Me parece que [el AGN] no convalida una posición garantista, que es la que debe prevalecer, no por gusto de este auditorio sino por mandato constitucional. Creo que una lectura restrictiva como la que acabamos de escuchar en esta mesa, con todo respeto, señor director, no es aceptable”, remató aún dirigido hacia el representante del Archivo General, quien, balbuceante, se limitó responder que él tan sólo comentaba sobre “cómo está actualmente el marco jurídico que regula este tipo de documentos y cómo se procede al acceso”.
No sólo eso, en principio, “el acceso a los documentos históricos de una nación es público e irrestricto [estén resguardados en el archivo histórico de un sujeto obligado, en el Archivo General de la Nación o en los archivos históricos estatales, todo documento dentro de éstos es de naturaleza pública], incluidos los documentos históricos que contengan datos personales”, remarcó Darío Ramírez ante el gesto adusto de la actual directora del AGN, Mercedes de Vega Armijo, y explicó el motivo:
Una vez acotado el valor administrativo, jurídico, fiscal o contable de un documento, éste pasa a ser parte del archivo histórico. Entonces agota también el valor presente de aquellos datos personales que pudiera contener y, por tanto, la posibilidad de que su difusión vulnere la privacidad de terceros.
“¿Los documentos históricos pueden contener datos personales?”, se pregunta Ramírez, y él mismo responde: “Naturalmente. Nadie está debatiendo eso. De hecho, el valor histórico de un documento, en muchos casos, depende de los datos personales que se contienen en él.
“Entonces, pregunto: ¿se debe clasificar como confidencial el archivo histórico por los datos personales que contiene? La respuesta es no. Repito: el acceso a los documentos históricos es público e irrestricto; lo que implica que el acceso a éstos deba ser en su versión original e íntegra. No nos lo den peladito y en la boca, déjenos leerlos a nosotros.
“Luego, ¿es cierto que el acceso a documentos históricos en estas condiciones vulneran los derechos de terceros? Falso. Categóricamente falso. Una vez que un documento agota su valor administrativo, jurídico, fiscal o contable y sólo mantiene su valor histórico para la preservación a largo plazo, consecuentemente la privacidad de terceros adquiere un valor menor que el interés público de la información.”
La preservación y acceso a documentos ligados con violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad están previstos en el derecho penal internacional, recuerda David Mora Vera, oficial adjunto del proyecto Derecho a la Verdad, por lo que el Estado mexicano (“cada una de las autoridades, sin importar el nivel de gobierno, sin importar el nivel de centralismo y sin importar si son organismos autónomos constitucionales o no”) está obligado a satisfacer diversas expectativas, como “la publicidad en la información relativa a estos supuestos”.
Y en México “quizá no ha sido todavía suficientemente claro que los archivos también forman parte de la defensa de los derechos humanos”, ironiza Mauricio Merino.
Ante los comisionados del Inai y los funcionarios del AGN, el también profesor e investigador del Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas recordó los principios emitidos por el Consejo Internacional de Archivos, “y que han articulado más de 190 países, para precisamente darles la importancia que merecen”.
“Los propios principios aceptados por esta organización, y en todo el mundo, hacen hincapié sobre el papel vital que el acceso a esa documentación tiene para el conocimiento de la verdad, la determinación de la responsabilidad sobre las violaciones de los derechos humanos, y en su caso, para proteger el derecho de las personas que hayan sido vulneradas por el propio Estado, en cualquier momento, y obviamente el ‘cualquier momento’ incluye por supuesto el pasado”.
“Lo anterior cobra más relevancia en sociedades que han atravesado o que atraviesan, como nosotros, un periodo de violencia de diferente naturaleza y sistemática y generalizada”, comenta Darío Ramírez. “Los archivos son imprescindibles para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, así como las garantías de no repetición. Además, no sólo a través de ello se hace efectivo los derechos de víctimas, sino que se habilita a la sociedad para conocer la verdad, escrutar las respuestas del Estado frente a la violencia y, sobre todo, permitir que las generaciones presentes y futuras conozcan lo mal que hemos hecho los presentes”.
Sin embargo, “estamos ante un serio problema, ante un intento claro de cerrar información aludiendo artículos de leyes que son completamente contrarios a los aires de transparencia y de reforma que se están viviendo en este país”, alerta el defensor del derecho a la información y la libertad de expresión.
“Artículo 19 ha tenido conocimiento y ha presenciado la negativa a la consulta directa de los archivos alojados en la Galería 1. Desafortunadamente hemos constatado que este escenario no es aislado, por el contrario, ha conocido, de primera mano, testimonios de historiadores, periodistas e investigadores, todos afectados por el proceso de acceso a la información pública para archivos históricos, pues éste entorpece seriamente el quehacer de quienes se dedican a la reconstrucción de la historia contemporánea.”
El AGN se está comportando como “si nos interesara la preferencia sexual de Gustavo Díaz Ordaz o de Alfonso Martínez Domínguez”, dice el senador Encinas. “Lo que nos interesa es conocer qué fue lo que motivó y quiénes fueron los responsables de las matanzas del 2 de octubre, del 10 de junio y de la Guerra Sucia, que aun y cuando destruyeron los archivos en Guerrero, se ha podido reconstruir, de manera muy significativa, muchos de los acontecimientos, y estoy convencido que se logrará dar un paso muy sustantivo si reformamos esta Ley [Federal de Archivos]”.
“Desde cómo se conciben de manera equívoca los archivos históricos como confidenciales, inhiben la investigación histórica, inhiben el derecho a la verdad y la impartición de justicia y con ello caen en el riesgo que implica la pérdida de la memoria histórica, se alienta la cultura del secretismo, se alienta el burocratismo para acceder a la información histórica. Pero con ello también se limita el ejercicio de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la información, el derecho a la memoria histórica y a la verdad.
“No podremos hablar de democracia si los gobiernos siguen pugnando por el desconocimiento de la historia y de nuestras instituciones”, concluye Ramírez. “Y recordemos que acabará siendo nuestra historia Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingan”.
“No pensé que fuera a pasar algo así”, se lamenta Aurora Gómez al final de la entrevista, quien realmente creyó que el compromiso asumido por el Cisen de abandonar la Galería 1 se cumpliría. “Nunca me imaginé que algo así podía pasar. Para mí eso era un tema resuelto. Ya con el nuevo régimen estábamos dando acceso abierto. No pensé que hubiera tal regresión. Fue una sorpresa el que pudiera revertirse de esa manera. Es una tragedia”.
Contralínea solicitó a través del propio AGN y de la Secretaría de Gobernación conversar tanto con de Vega Armijo como con Fredy Meave. La petición con la directora fue rechazada tajantemente; mientras que el director de Asuntos Jurídicos del Archivo primero accedió a dar una “audiencia pública” (sic), pero después se comunicó para cancelar la cita aduciendo que “toda respuesta sobre el tema ya está dada”.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIONES: PORTADA / SOCIEDAD]
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