Los pueblos indígenas recibirán directamente los recursos federales de los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y no solamente a través de los municipios en que se encuentran. Con ello, podrán disponer de manera anual de un presupuesto que ejercerán libremente. Es la reforma en materia indígena que se cocina en la “4T” y que cuenta ya con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Falta convecer a otros miembros del propio gabinete lopezobradorista que miran como una medida radical que se considere a los pueblos originarios sujetos de derecho. La propuesta debe pasar también la aduana de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra.
En entrevista con Contralínea, el abogado de origen na’saavi o mixteco Hugo Aguilar Ortiz reconoce que miles de comunidades indígenas siguen sometidas a cacicazgos que las han explotado por siglos. Señala que los casos rebasan las capacidades del INPI para atender las problemáticas de manera individual, pues se han detectado más de 7 mil. Considera que todo se resolverá con la política de evitar intermediarios en la relación entre las comunidades y las autoridades federales. Ello terminará por “empoderar” a los pueblos originarios y podrán liberarse de un sometimiento que data de hace siglos, asegura.
En un caso, el de rarámuris explotados en minas de la familia Sarmiento, en el norte de Sinaloa, dice ya se están investigando los hechos y se ha pedido la ayuda de otras instancias del gobierno federal. Advierte que si de olvido y despojo se trata, el primer lugar es para todo el pueblo rarámuri o tarahumara, pues en sus territorios no pasó siquiera la Reforma Agraria.
Asimismo, acepta que poco ha hecho la oficina de la que es el coordinador jurídico con respecto de los indígenas presos en las 245 cárceles del país. Dice que se han hecho esfuerzos para liberar a quienes padecieron un proceso injusto o irregular. Pero nada acerca de las condiciones de vulnerabilidad, discriminación y abuso que padecen los indígenas al interior de las prisiones.
Contralínea solicitó entrevista con el INPI luego de que tuviera acceso a información sobre explotación de las comunidades Alisos de Holguín, Jicapore y Las Juntas, en el municipio de Sinaloa, epónimo del estado. En la región, enclavada en el Triángulo Dorado del narcotráfico, la “Casa Grande” es de la familia Sarmiento.
“Don Ramiro” es el dueño de minas donde los indígenas machacan piedra en busca de oro. Rarámuris o tarahumaras desplazados de Chihuahua (a los que en Sinaloa los “señores” llaman “tarámaris”) trabajan en condiciones de explotación con castigos físicos y sujetos a accidentes de los que deben sanar por sí solos.
Generalmente les pagan el jornal con 7 litros de maíz. Los que tienen la suerte de que les paguen con dinero reciben 200 pesos por una jornada de 15 horas que los deja heridos y exhaustos. Niños presentan manchas en la cara sin que se sepa el motivo, pues no han sido revisados por médicos. Desde hace más de 4 meses no suben las brigadas de trabajadores de la salud.
Ramiro Sarmiento, dueño de la mina, es padre de Carlos Sarmiento Caraveo, regidor del municipio de El Fuerte por el partido Movimiento Ciudadano. Contralínea solicitó una entrevista con el funcionario sobre las condiciones laborales de los indígenas en las minas de su familia. Formalmente se le solicitó su versión de los hechos ante la oficina de comunicación social del ayuntamiento citado, se le llamó a su teléfono celular y se le enviaron mensajes a su correo electrónico y a su cuenta en una red social. Hasta el cierre de edición, Sarmiento guardó silencio.
A este respecto, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, señala que la institución ya atiende el caso, a través de las coordinaciones de la institución en Sinaloa y en Chihuahua.
El de los cacicazgos que subisten en el país, es decir, de personas o familias que someten a comunidades enteras o las “contratan” en condiciones de explotación, “es muy importante”. Asegura que los casos no se resolverán de uno en uno, pues son demasiados. Confía en que una nueva relación del Poder Ejecutivo federal con las comunidades termine por empoderarlas y, con ello, se sacudan los cacicazgos.
Originario de la comunidad de San Agustín Tlacotepec, región mixteca de Oaxaca, y egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el funcionario dice que el esquema asistencialista ha quedado atrás en el nuevo INPI. Ahora se busca un trato directo con las comunidades, en el que se les considera sujetos de derecho público. Señala que no habrá tratos con intermediarios de ningún tipo, sean líderes políticos, organizaciones civiles no gubernamentales o de cualquier otra índole.
“Estos dos principios básicos nos están llevando a darle preponderancia a la comunidad como entidad colectiva. Para la mayor parte de las actividades que ahora realiza el Instituto [en las comunidades] estamos requiriendo que tengan el aval de la Asamblea General Comunitaria.”
—¿Eso bastará para terminar con cacicazgos que las han explotado por siglos? –se le pregunta al funconarios que ha acompañado como asesor jurídico al actual director del INPI, Adelfo Regino, desde que éste se desempañaba como secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Oaxaca (2010-2016).
—Lo que estamos previendo es que al fortalecer el poder colectivo de las comunidades, al fortalecer estos órganos colectivos de toma de decisión, se desvanece cualquier liderazgo, cualquier intento de que una persona o grupo de personas tome decisiones por encima de una comunidad. Hay que recordar que en el pasado se mantenían estos liderazgos gracias a cuotas, programas, a que eran los gestores de la comunidad. En medio de comunidades en extrema pobreza siempre había quienes se asumían como parte de una organización, como parte de un liderazgo, por lo que se generaban clientelas políticas a partir de los apoyos que se daban por parte de las instancias gubernamentales. Este esquema se está haciendo a un lado. Ahora se están entregando de manera directa los pocos apoyos de los que dispone el Instituto.
—¿Cuentan con un diagnóstico de cuáles son las comunidades bajo este tipo de sometimiento?
—Más allá de tener un listado de todos estos cacicazgos y liderazgos, tenemos una estrategia general de empoderar a las comunidades y obviamente que eso va a redundar en que los liderazgos de este tipo se sumen como uno más al interior de cada una de sus comunidades. Tenemos ejemplos concretos que dan un giro a esta situación.
—Pero me refiero a los cacicazgos hoy vigentes que tienen sometidas a comunidades enteras por medio de la fuerza. Generalmente se encuentran en lugares apartados donde no hay muchas posibilidades de que las comunidades hagan valer sus derechos, que tengan acceso a medios de comunicación y a que su situación sea conocida por organizaciones defensoras de derechos humanos. Pareciera que lo que se requiere es voluntad política para defender a esas comunidades.
—Necesitamos modificaciones estructurales. Por eso el Instituto ha impulsado la idea de mejorar la reforma constitucional adoptada en 2001 para fortalecer la capacidad de los pueblos. Un ejemplo que va en la dirección que usted plantea: hoy en día, las comunidades indígenas no tienen capacidad jurídica para recibir recursos. Todo el entramado jurídico de nuestro país no les da la capacidad para que una instancia de gobierno les transfiera directamente los recursos. Frente a ese vacío, la comunidad necesita de una asociación civil, de una organización que cuente con personalidad jurídica y que tenga la posibilidad de expedir un recibo fiscal. En el Servicio de Administración Tributaria no es fácil obtener un RFC [registro federal de contribuyentes] para una comunidad indígena por la razón de que la comunidad no es sujeto de derecho público. Todavía hay muchas deficiencias en el entramado jurídico de nuestro país en el que, desde hace siglos, estas comunidades tienen un reconocimiento limitado, e incluso en algunos estados ni reconocimiento jurídico tienen. Eso los lleva a ser presa fácil de liderazgos de esquemas clientelares porque son los que les pueden resolver una problemática de esa naturaleza. Esto es un solo ejemplo, del ámbito económico, pero lo mismo ocurre en el ámbito político: para ser autoridad en muchos lugares hay que afiliarse a algún partido político, no hay posibilidad de que las comunidades tengan representación en los ayuntamientos, en los congresos, por vía de sus propios sistemas. Entonces, vuelven a hacer clientela de partidos o de organizaciones políticas. Lo mismo podría decirse en el ámbito social y cultural porque no tenemos un reconocimiento pleno de las comunidades.
—En el caso de la Sierra Tarahumara y del Triángulo Dorado, padecen, además de los cárteles del narcotráfico, un sistema de explotación en minas, en las que trabajan en condiciones de semiesclavitud. ¿Qué hacer ante un caso como éste?
—Si pusiéramos en fila a los 68 pueblos indígenas en estas condiciones que veníamos platicando, sin duda alguna los hermanos rarámuris estarían en la parte final. La Reforma Agraria no pasó por la Sierra Tarahumara. Hoy podemos encontrar casos en los que los que se titularon las tierras de manera particular, se dieron escrituras privadas sobre tierras y dentro de esas 2 mil o 3 mil hectáreas de propiedad privada quedaron enclavadas comunidades de rarámuris que tienen siglos de estar ahí. Cuando muchas de estas comunidades quieren aprovechar su bosque, resulta que no se les puede dar autorización porque no tienen título. Cuando estas comunidades quieren impulsar un proyecto tampoco se les puede ayudar porque no tienen la certeza jurídica en nuestro sistema sobre sus tierras. Y eso acrecienta la pobreza, la marginación y la situación extrema en la que viven los hermanos. Esto origina que tengan que salir a buscar en qué emplearse. Tenemos conocimiento de algunos casos como el que usted plantea en donde no hay formalidad en el trabajo que se desempeña y hay un abandono cuando sufren algún accidente. Ahí, nuevamente, requerimos de una modificación estructural. En el Instituto tenemos pequeños programas que sirven de paliativos, pero no resuelven porque se requiere de una política mucho más amplia, una modificación legal o institucional. Voy a ponerle algunos ejemplos: nosotros tenemos algunos apoyos que damos cuando hay desplazamientos, cuando hay conflictos por tierras, conflictos políticos, llegando a tal naturaleza que expulsan a algunas personas. Tenemos apoyos de alimentos, materiales de higiene para la gente que está desplazada, pero eso atiende a la consecuencia y no a la causa –advierte.
“En el caso como el que estamos platicando tenemos un pequeño fondito que llamamos de tercer nivel. Damos un pequeño apoyo para mitigar el tema, pero el planteamiento central es de otra naturaleza, las causas son estructurales y se requiere de modificaciones mucho más profundas que estos paliativos que podemos dar nosotros.”
—¿Y en concreto el INPI puede hacer algo frente a la situación que padecen los rarámuris empleados en minas de Sinaloa?
—Para este caso de los hermanos rarámuris, ya dimos la indicación a nuestro centro coordinador tanto en Chihuahua como en Sinaloa para que lo rastreen y que ofrezcan el apoyo en lo que se pueda para mitigar este caso específico, pero necesitamos nosotros tener un marco jurídico mucho más adecuado para responder de manera estructural esta situación, y ahora con la pandemia nosotros tenemos el temor de que se incrementen ese tipo de cuestiones.
—Hay otro caso de comunidades Ódami, en el que los amenazan hasta con armas largas para expusarlos de su territorio. La familia Alderete Arciniega los desplaza desde el sexenio pasado de manera impune y parece que puede seguirlo haciendo en este nuevo sexenio.
—No conozco el caso particular, pero es muy común lo que se está planteando. En nuestro país han corrido dos procesos antagónicos: por un lado, a raíz de la lucha de [Emiliano] Zapata, se generó el derecho de los pueblos a que conserven y titulen sus tierras; pero por otro lado el neoliberalismo ha impulsado fuertemente que se puedan titular de manera individual como pequeña propiedad algunas superficies de tierras. En muchos lados de la República tenemos encimamientos de documentos. Es muy común, porque ahí no es una actividad del Estado sino propia de una delegación del Estado: que los notarios públicos escrituren una superficie de tierras sin indagar el origen de esas tierras. En todo el Istmo de Tehuantepec encontramos ese fenómeno, en la Península de Yucatán, en el caso de los rarámuris… Necesitamos una acción fuerte del Estado para establecer parámetros de interpretación y que se respete la propiedad que el Estado les dio a las comunidades. Este trabajo lo venimos ya conversando con la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] para que en su intervención se adopte lo que en los tribunales se está diciendo como control de constitucionalidad y convencionalidad, porque hay este antagonismo jurídico. Pero si uno mira los tratados internacionales y advierte que en el país primero fueron los indígenas, entonces tiene que haber una interpretación más amplia hacia los derechos de los pueblos y este solo toque de interpretación puede generar un giro importante en el tratamiento de muchos conflictos como los que usted plantea. Estamos en diálogo para que los programas de la Sedatu tengan este enfoque de derechos indígenas y pueda cambiar desde el ángulo del Estado el tratamiento y la solución de estos conflictos. Estamos promoviendo que se establezcan mesas interinstitucionales para atender problemáticas añejas. Así estamos atendiendo los temas de los yaquis, los lacandones, el de Chimalapa: con una interpretación amplia, a partir de los tratados internacionales busquemos una solución de fondo a estos añejos conflictos, y si nosotros marcamos la pauta con estos que son emblemáticos a nivel nacional podremos ver que se repliquen en otros que son de menor envergadura.
—¿Cuántos conflictos de este tipo hay en el país?
—No hay un diagnóstico preciso para saber cuántos conflictos agrarios hay. Pero estamos hablando de más de 7 mil conflictos a nivel nacional, generados por ese esquema como el que usted me está planteando: la lucha entre pequeños propietarios con la propiedad colectiva. También tenemos indefinición de linderos entre propiedad colectiva producidos sobre todo por deficiencias técnicas. En su momento se medían con aparatos que tenían un margen de error muy grande, hoy en día tenemos aparatos con un margen de error al milímetro y ahí se generan delimitaciones de territorio de propiedad colectiva que requieren de diálogo y consenso entre las partes para pasar esta difícil de conflictividad que hemos estado viviendo.
—¿Qué distingue al INPI de lo que fue la Cdi (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) o el Instituto Nacional Indigenista (INI), anteriormente? En México casi 22 millones de personas se asumen indígenas de unos de los 68 pueblos tribus y naciones que habitan más de 64 mil localidades. En una pretendida “cuarta transformación”, ¿qué papel va a jugar el INPI?
—Históricamente, en el INI se pensaba que los indígenas debían integrarse a la vida nacional y esto significaba que dejaran de ser indígenas para volverse “mexicanos”, que hay que “aculturarlos” para que dejen de ser pobres. Ese era el enfoque integracionista desde los inicios del INI. Posteriormente, con lal Cdi, se le dio un enfoque desarrollista. Se dijo: “Los indígenas son pobres y lo que hay que hacer es invertir, trasferir recursos, hacer obras de infraestructura y así los sacamos de la pobreza”. Ambos enfoques son interesantes, pero no son plenos porque tienen un sentido paternalista del tema. Ya tenemos resultados de la Cdi: se hicieron importantes obras camineras, de agua potable, de infraestructura social en los pueblos indígenas. Sin embargo, las condiciones siguen porque es como un tambo sin llenadera, porque es la actitud de que el Estado el que lleva los beneficios, el que asume la responsabilidad de sacar al otro de su pobreza.
“El Instituto está buscando [ahora] un nuevo esquema que sintetice todas las anteriores. Para nosotros la cultura y la identidad deben de prevalecer, no son condición para salir de la pobreza, es decir, no hay que dejar de ser indígena para salir de la pobreza. La segunda, los pueblos tienen la capacidad para salir ellos mismos de la pobreza conforme a sus criterios, sus medios y sus decisiones. El Estado tiene que coadyuvar. Nosotros consideramos que dándoles el carácter de sujeto de derecho público vamos a abonar más a que ellos mismos trabajen y contribuyan a salir de la pobreza y marginación en la que están. Ese es el enfoque central de ahora el Instituto.”
—Otra vez, según su interpretación, se resolvería con la reforma que en materia de derechos y cultura indígena que se prepara. ¿Pero puede hacerse algo hoy ante la urgente situación de comunidades sin modificar el entramado jurídico al que se refería anteriormente?
—Cada municipio hoy en día, desde el más grande hasta el más pequeño, recibe recursos de la Federación. Lo recibe de manera directa, tiene autonomía de gestión y de implementación. Hoy en día el municipio representa un actor importante y está sacando su propio esquema de desarrollo, no requiere que el Estado haga las cosas por el municipio. El Estado coadyuva por mandato legal, da su ramo 33 y su ramo 28, y el municipio viene pujando para salir de la pobreza. Nosotros consideramos que si les damos un tratamiento como al municipio a las comunidades, y las dejamos a ellas impulsar su propio desarrollo, consideramos que podemos mejorar sus niveles de bienestar y, sobre todo, que sean un actor importante en este país.
—Es una aspiración que probablemente encuentre resistencias por parte de otras instancias. ¿Una reforma como la que usted plantea sería impulsada por este gobierno?
—El Presidente de la República ha tomado esta idea en varios de sus programas que han tenido mucho éxito, que muestran que la idea es viable, como el programa de pavimentación de caminos en cabeceras municipales. Se están entregando recursos de manera directa, no contratan empresas y ya tenemos casos donde sobran recursos y se lo regresan al presidente. El modelo puede funcionar, el presidente está convencido de eso y creo que lo que hay que buscar es el momento y los medios para plantear esta reforma. En el esquema general yo no veo ningún obstáculo. Hoy en día, si usted y yo constituimos una asociación civil ante un notario público, pedimos nuestra autorización de constitución y tramitamos nuestro RFC, podríamos recibir fondos públicos según la ley, porque al constituirnos ante un fedatario público le damos certeza al Estado de que vamos a manejar los recursos con transparencia y pues nos volvemos sujetos fiscalizables. Si esto es así en nuestro país, no advierto cuál sería el obstáculo para que les demos ese trato a comunidades. Hasta hoy, los que han objetado esta idea dicen que no se cumple con el principio de certeza, si es que se les da el recurso sin tener un afianzamiento jurídico. Yo lo que les digo es que miren [el fraude de] la “Estafa Maestra”. En él empresas bien constituidas, cuando fueron a verificar el domicilio, resultó que era lote vacío o que era una casa abandonada. Yo les he dicho a varios que eso no va a ocurrir con las comunidades: así les demos 20, 50, 100 mil millones de pesos, ellos no se van a ir del lugar donde están. Las veces que quieran ir a fiscalizar ahí van a estar porque ahí está su territorio, ahí están sus muertos, su historia, su iglesia, su pueblo. Este país se diseñó para que todos participemos en la construcción de la paz social. Lo único que podría haber como obstáculo es el señalamiento de que no quieran que los pueblos reciban recursos, pero eso sería una actitud discriminatoria porque estarían diciendo que los pueblos no tienen capacidad.
—Todavía hay personas que no lo aceptan y tiene posición de poder. El racismo está muy arraigado en determinados sectores de la población, incluyendo aquellos que se asumen de “izquierda” electoral. ¿Podría haber oposición por parte de algunos sectores del propio gobierno federal?
—Sin duda va a haber voces que van a plantear eso, pero yo creo que los planteamientos y decisiones del presidente van en esta dirección. El recurso público no puede servir para hacer clientela política. Tiene que ir para beneficio del pueblo. Ese es el sentido de fondo de la transformación del presidente y yo creo que se inscribe muy bien esta idea que hemos estado planteando. Hay un consenso amplio entre las comunidades de que esto es lo que requerimos: capacidad para insertarnos en la vida pública como un sujeto más.
—¿Hay algún programa o política que se desarrolle desde el INPI para atender las vulnerabilidades de los presos indígenas?
—Ahora se viene una actividad muy importante con la Ley de Amnistía. El Instituto va a formar parte de la Comisión de Amnistía junto con la Secretaría de Bienestar, la de Hacienda y la de Gobernación. Estamos trabajando en actualizar nuestro censo de presos e identificar potenciales beneficiarios de esta amnistía en todos aquellos que fueron vulnerados en su garantía de efectivo acceso a la jurisdicción del Estado: no les nombraron un intérprete, un traductor o no tomaron en cuenta sus costumbres antes de juzgar. Todos ellos van a entrar al análisis para ver si se benefician de esta Ley de Amnistía y nos va a permitir hacer justicia a muchos que están encarcelados, ya sea porque la extrema pobreza los orilló a cometer algún ilícito o porque no tuvieron una defensa adecuada y eso los mantiene presos. Ésta es una actividad que por mandato de ley se va a llevar a cabo y donde los indígenas van a jugar un papel importante. El Instituto viene empujando en todas las entidades que se adopte esta legislación para los delitos de fuero común. Nosotros traíamos un apoyo de excarcelación de presos, de todos aquellos que ya estaban por ser liberados y necesitaban pagar reparación del año u otorgar una fianza nosotros apoyábamos, pero, otra vez, era un paliativo y resolvía de fondo el problema.
—Pero habrá quienes tengan que quedarse en prisión. ¿Hay alguna posición frente a las condiciones que viven los presos indígenas por razones de la lengua o incluso de discriminación? ¿Hay algo que se pueda hacer para que los que se tengan que quedar se encuentren en condiciones dignas?
—No hemos trabajado esa parte, ésta le toca al área de reinserción social de los gobiernos tanto federal como local. Estamos más empeñados en la atención durante el proceso judicial. Rebasa lo que el Instituto puede hacer. Es un tema que está en el área de seguridad porque implica mejores instalaciones, mayores recursos, pero sobre todo implica equilibrios. Nosotros trabajamos con nuestros albergues comunitarios. El otro día, haciendo una comparación, veíamos que el Estado destina mucho más dinero para alimentar a un preso que para alimentar a un indígena en los albergues. Nosotros andábamos sobre 35 pesos el día que hicimos ese ejercicio, mientras un preso comía con 55 pesos al día. Sólo para mostrar el equilibrio de cómo estamos en el país, eso sin demérito de que hay que atender el tema de los penales. Se supone que las cárceles no están para castigar, o al menos ese es el diseño de nuestro país; es un espacio para reinsertarlo a la sociedad y esta parte es un déficit nacional de grandes proporciones. Es evidente que quien sale de una cárcel sale en peores condiciones que en las que entra.
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