Estallan conflictos sociales, entre la injusticia y la represión

Decenas de conflictos estallan y se recrudecen en el país: Gobernación reconoce 60, pero podrían ser más de 400. Entre las causas destacan la  imposición de megaproyectos, saqueo y privatización de recursos naturales, disputas territoriales y saldos de la violencia. A la inconformidad social, el gobierno responde con represión

Blanden la hoja de metal y luego rozan su filo en el asfalto. Machete en mano, ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, recuerdan con arengas a Emiliano Zapata, quien fue asesinado un 10 de abril pero de 1919, tras alzarse en armas durante la Revolución por injusticias similares a las que ahora padecen decenas de pueblos y comunidades en el país.

El conflicto vinculado a la imposición del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –que además de Atenco involucra a otros cuatro municipios mexiquenses– es uno de los nueve más tensos identificados por la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

Este esfuerzo –en el que participan organizaciones defensoras de los derechos humanos, actores, actrices y músicos– aglutina 97 movimientos de resistencia civil y pacífica contra proyectos “de despojo y depredación contra la tierra y el territorio”.

Pero el número de conflictos sociales es incierto: tan sólo de carácter medioambiental serían 420, estima el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Toledo (Angélica Enciso, La Jornada, 10 de febrero de 2016).

La Secretaría de Gobernación, por su parte, refiere la existencia de 60 conflictos sociales detonados entre 2009 y 2016. Pero su lista la integran sólo aquellos de carácter territorial: disputas intercomunitarias por posesión de la tierra, revelan los oficios UAOS/212/1047/2016 y UAOS/212/906/2016, generados con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Pero incluso éstos serían mucho más: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano asegura que tan sólo en 2016 resolvió 190 conflictos agrarios, “regularizando la superficie de 95 mil hectáreas en beneficio de más de 46 mil familias campesinas” a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.

A la lista se deben sumar, además, los conflictos derivados de la violencia y la impunidad, entre los que destaca el movimiento de padres, familiares y compañeros de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Se atiza el conflicto por el Nuevo Aeropuerto

Campesinos igual que Zapata, los atenquenses continúan su lucha por la defensa del territorio y sus recursos ante la inminente amenaza de la construcción del Nuevo Aeropuerto. Este conflicto les ha tomado más de 3 lustros, recuerda en entrevista América del Valle, integrante de la resistencia e hija de Ignacio del Valle, uno de los líderes visibles del movimiento.

 “Tenemos una situación muy compleja en Atenco, dado que hay un megaproyecto invadiendo ya nuestro territorio y una lucha que hemos dado desde hace 16 años; porque el conflicto no empieza hoy, ni el día que Enrique Peña Nieto, el 2 de septiembre de 2014, anuncia y revive el proyecto aeroportuario. El problema lo venimos padeciendo desde 2001, cuando el gobierno panista de Vicente Fox se atreve a ordenar la expropiación de nuestros ejidos, tierras comunales e incluso una parte de tierra habitada”, dice a Contralínea la joven de 34 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, el Nuevo Aeropuerto abarcará 5 mil hectáreas de superficie en la Zona Federal del ex Vaso de Texcoco. El megaproyecto, a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, implica una inversión pública de 186 mil 92 millones de pesos.

“Estamos hablando de territorio federal, pero también de tierras ejidales que pertenecen a las distintas comunidades, pueblos y municipios que colindan con esta megaobra, con lo que era el Lago de Texcoco: Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec, Acolman”, explica Del Valle.

El título de concesión para la obra fue expedido el 26 de enero de 2015 a favor de la empresa de participación estatal mayoritaria, en la que participan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

 “Nos imponen un megadespojo para la construcción de este aeropuerto, que han venido justificando desde entonces como de utilidad pública: un proyecto que va a responder a las necesidades del pueblo mexicano, cuando sabemos que el aeropuerto es un fraude: es una obra ilegal que se está construyendo sobre un suelo que ha sido despojado”, señala América del Valle.

De acuerdo con información recabada por la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, el conflicto en San Salvador Atenco, vinculado al proyecto del Nuevo Aeropuerto, se ha intensificado por la construcción de la carretera Pirámides-Texcoco, en Tocuila.

“El espejismo que han fincado los medios de comunicación y el gobierno es que las tierras de nosotros no las están tocando; entonces, ¿qué carajo hace una autopista en nuestro territorio que les va a servir para su aeropuerto? ¿Qué carajos desgajan y destruyen los cerros de las comunidades vecinas para llevarse el material al aeropuerto? ¿Eso no es estar destruyendo nuestro territorio para su aeropuerto? ¿Acaso no?”, pregunta América del Valle.

Y aclara: “No necesitamos tener el avión encima: es toda la infraestructura de este megaproyecto. Esta megaobra, que es una bestia tremenda, es la construcción de una enorme plancha de asfalto que asesina [la biodiversidad] sobre una tierra que tiene por vocación el agua: era un lago. Ahí todavía, hace algunas décadas, nuestra gente podía cazar patos y recolectar ajolotes y charales. Mis padres todavía vieron ese lago y lo que pretenden es que nuestros hijos y nietos no vean ni siquiera los árboles”.

Día a día la tensión aumenta. Como aquel 3 y 4 de mayo de 2006, cuando vivió la peor represión en su historia, el pueblo de San Salvador Atenco vio, el pasado 2 de abril, desfilar por sus calles a decenas de policías y granaderos.

 “En Atenco se han ensañado contra la población. Los gobiernos municipal, estatal y federal, las trasnacionales y toda esta mafia que esta interesada en el despojo para el aeropuerto ha corrompido a nuestro pueblo. El domingo 2 de abril tuvimos una asamblea ejidal. Y es la primera vez, en décadas, que vemos la excesiva intromisión de la Procuraduría Agraria, llevando a sus propios agentes a organizar a los ejidatarios para que se formen en [la fila de] su letra [del apellido paterno] y firmen para que puedan entrar al recinto; pero no sólo eso: es la primera vez que en una asamblea ejidal, afuera de donde se va a llevar a cabo hay vallas metálicas y presencia de la policía estatal al interior de nuestros pueblos”.

Ese día “vivimos una situación muy tensa, muy difícil y muy triste: de más de 1 mil ejidatarios, 600 se presentaron a votar [para elegir a los nuevos representantes]; y de éstos, 399 votaron a favor de una planilla que a los ojos de todo el pueblo es abiertamente priísta, y está corrompida. Esa planilla ha dicho que [su propuesta] es para negociar la tierra, para conseguir un mejor precio. Nosotros no somos ingenuos, entendemos por qué [se dio] la presencia excesiva de la Procuraduría Agraria, de la policía estatal, de granaderos afuera de nuestro pueblo, cuando [elegir autoridades] es una decisión que sólo le compete al pueblo, y es éste el único guardián y vigilante del proceso. Esta intromisión no es una casualidad, no es una cuestión aislada, tiene que ver con cómo se sigue operando el despojo en nuestras tierras, en un punto clave como es nuestro municipio de Atenco”, narra América del Valle.

Decenas de conflictos

La imposición de proyectos y megaproyectos públicos y privados, que derivan en despojos masivos de tierra y recursos naturales –como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, constituye una de las principales causas de conflictividad en el país.

Desarrollos mineros, energéticos (gasoductos, campos de explotación de petróleo y gas, así como el llamado fracking), de infraestructura (carreteras, autopistas y aeropuertos), turísticos y agroindustriales (siembra de organismos genéticamente modificados) se cuentan en ese rubro.

A ello se suman la privatización y el saqueo de los recursos naturales (como la tala clandestina, la explotación irracional de acuíferos y la privatización local de los sistemas de distribución de agua potable), los conflictos por posesión territorial y los movimientos sociales generados por los saldos de la violencia y la inseguridad (desaparecidos, feminicidios).

En los últimos años, estos factores han desencadenado nuevos conflictos y recrudecido decenas que ya se padecían con anterioridad. De acuerdo con datos de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, de los 97 conflictos sociales que aglutina, el 34 por ciento corresponde a proyectos de generación de energía; el 32 por ciento, a minas y mineras; el 15 por ciento, a privatización del agua; el 12 por ciento, a infraestructura de transporte; el 11, a proyectos de urbanización; el 7, a extracción de agua; otro 7 por ciento, a desarrollos turísticos; 6, a contaminación ambiental; 4, a explotación forestal; 4, a no regularización de tierras; otro 4 por ciento, a gestión del agua; y el 1 por ciento restante, a la siembra de transgénicos.

Según la experiencia de los pueblos, quienes deciden defender sus tierras y recursos ambientales se enfrentan a años de injusticia: procesos judiciales dilatorios, resoluciones injustas y, en el peor de los casos, la mano dura del gobierno. De la represión, los comuneros de Atenco tienen una de las peores experiencias.

 “A nuestro pueblo lo han agraviado una y otra vez desde 2001, cuando nos imponen el aeropuerto con ese decreto expropiatorio que echamos abajo. Luego con la represión y la impunidad, que persiste. La represión durísima del 3 y 4 de mayo de 2006”: los asesinatos, las golpizas, las violaciones sexuales, la tortura sexual, el allanamiento, el encarcelamiento, la persecución, el miedo que, a la fecha, no encuentran justicia, señala América.

Recuerda el difícil momento que pasaron con “el encarcelamiento de más de 4 años a hombres y mujeres que resistieron y a quienes, por castigo, se les dieron condenas de 112 años de prisión. Y volvemos a nuestro pueblo, logramos la libertad, se logra superar esa batalla tan difícil y, sin embargo, volvemos para enfrentar el mismo despojo”.

América explica que las afectaciones no son sólo para Atenco. “Todos los pueblos de esta región del Oriente nos hemos visto afectados. Atenco no es el único: ahí nació una lucha importante que hoy seguimos manteniendo pese a la embestida represiva que venimos sufriendo a la fecha; pero la afectación es a toda una región, incluida la Ciudad de México”.

 “¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡Zapata vive, la lucha sigue!”,  arengan los ejidatarios de Atenco. Al conmemorar la muerte del líder revolucionario el pasado 10 de abril frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los atenquenses se solidarizan con sus hermanos, los comuneros indígenas de Arantepacua, Michoacán. Ignacio del Valle les extiende su mano que empuña el machete: “¡No están solos!”

El de Arantepacua también forma parte de los conflictos sociales vigentes en México. Se trata de una discordia por 520 hectáreas entre esa comunidad y Capacuaro. Un conflicto “inducido”, señalan los indígenas de Aratepacua. Mismo que el pasado 4 de abril obtuvo como respuesta del gobierno la represión. El saldo: tres civiles y un policía muertos, decenas de heridos y 38 comuneros fueron encarcelados.

Arantepacua y Atenco resisten el despojo de tierras y recursos. Pero no son sólo el Estado de México y Michoacán los que arden por la conflictividad social: en todas las entidades federativas, pueblos y comunidades enfrentan despojos avalados o promovidos por la autoridad, que se acompañan de represiones para desmovilizar a los alzados.

—¿Derrotar a este pueblo de Atenco sería, de alguna manera, una lección para el resto de resistencias?

—Claro. Eso es lo que siempre han pretendido: generar un castigo ejemplar con un pueblo que se ha rebelado y generarle un castigo ejemplar a éste frente a los demás, para que entonces se introyecte el miedo y la derrota –señala en entrevista América del Valle. La joven, tez morena, no se vence. Promete continuar, junto con su pueblo, la defensa del territorio comunal.

Nancy Flores/Primera de cuatro partes

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA/SOCIEDAD]

Contralínea 537 / del 01 al 07 de Mayo 2017