Al menos 4 mil 182 civiles fueron abatidos por integrantes de las fuerzas federales, revelan a Contralínea las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Gobernación (Segob) por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Según las autoridades, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 en enfrentamientos con personas armadas.
Día con día se acrecienta este fenómeno de violencia extrema, como parte de las secuelas de la aún vigente “guerra contra el narcotráfico”. Tan sólo en la crisis de seguridad que enfrenta Michoacán, el pasado 13 de enero un civil falleció en un “forcejeo” con un militar, según la versión de la propia Segob. Dicha muerte ocurrió durante el operativo para desarmar a los grupos de autodefensas que se realizó en el municipio de Parácuaro.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apuntó que fueron dos las víctimas mortales del lado civil, mientras que los integrantes de las autodefensas hablaron de cuatro civiles asesinados. Ninguna de las víctimas estaba armada, aseguraron.
Respecto de las 4 mil 182 personas que las autoridades reconocen haber abatido tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, 3 mil 684 fueron a manos de la milicia: los soldados abatieron a 3 mil 407 (el 81.5 por ciento), y los marinos a 277 (el 6.6 por ciento). El resto, 498 (el 11.9 por ciento), corresponde a las cifras proporcionadas por la Segob, a nombre de la Policía Federal.
Entre los caídos en las condiciones descritas por las autoridades figuró Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, quien murió junto con tres de sus escoltas el 16 de diciembre de 2009 a manos de marinos; su cuerpo fue maltratado, desnudado y expuesto con billetes ensangrentados ante la prensa. Sin embargo, algunos reportes periodísticos señalaron que en la zona donde falleció el líder del Cártel de los Beltrán Leyva también murió una mujer que no tenía relación con el crimen organizado.
Otro caso similar fue el de Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho Coronel, ejecutado por miembros del Ejército el 29 de julio de 2010 en un operativo exclusivamente militar que, no obstante, se realizó mediante el uso de vehículos civiles.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explica que la militarización del país sólo ha impactado en contra de los derechos humanos de la sociedad, pues el crimen organizado no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado.
“En los hechos, los actores armados como el Ejército y la Marina son los que han copado las regiones y esto no se ha traducido en mayor seguridad”. El antropólogo ejemplifica con el caso de Guerrero, que es uno de los estados más militarizados y al tiempo de los más violentos e inseguros. Ahí “siguen intocados todos los grupos de la delincuencia organizada. Éstos no han amainado; al contrario, se han fortalecido, y eso nos habla del fracaso de este modelo de colocar a las fuerzas castrenses como la punta de lanza para revertir esta situación de violencia”, explica en entrevista.
Para “justificar” las muertes de los 4 mil 182 civiles, las tres instituciones federales argumentan que éstos fallecieron en contextos de enfrentamiento. La Sedena, por ejemplo, indica en la respuesta a la solicitud de información 0000700011713 que se trata de “la relación de agresores que han fallecido (presuntos delincuentes) [sic] durante las agresiones a personal militar”.
En respuesta a la solicitud 0001300005713, la Semar refiere que es la “información de los probables responsables de ilícitos que han sido abatidos durante las operaciones que realiza [la institución] para restablecer el estado de derecho en lugares donde la delincuencia organizada ha dañado a la ciudadanía con sus actividades ilícitas”.
Y en cumplimiento a la resolución RDA 0541/13 –dictada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a favor de Contralínea–, la Secretaría de Gobernación indica que “se proporciona la cifra de personas fallecidas por enfrentamientos con elementos de [la] Policía Federal”.
No obstante, hay casos como el de Michoacán que evidenciarían ejecuciones extrajudiciales, donde las víctimas se encontraban desarmadas al momento de los hechos y nunca se les comprobó ser criminales.
Tan sólo en la CNDH se levantaron 185 quejas por un número igual o mayor de ejecuciones extrajudiciales, que el organismo autónomo identifica como delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida” cometidos por integrantes de la Sedena, la Marina y la Policía Federal.
De esos 185 expedientes de queja, 167 se consignaron como privación de la vida. El resto, 18, como violación al derecho a la vida. En todos los casos, quienes interpusieron las quejas presumen que los supuestos responsables violentaron el derecho humano a vivir.
Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia– refieren que hasta enero de 2013 se habían abierto 210 expedientes por esos delitos, cometidos por los tres niveles de gobierno; es decir que las fuerzas federales concentraron el 88 por ciento de los presuntos crímenes que investiga la CNDH.
Al evaluar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que han cometido las fuerzas federales, Jaqueline Sáenz Andujo considera que la política de seguridad del gobierno se debe modificar. Para la coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es imprescindible reducir el presupuesto en esa materia. El dinero público, indica, se debe destinar a una estrategia integral de prevención del delito “que actualmente no existe […]; se debe reducir la estrategia de militarización a la par de las funciones castrenses”, indica.
Y aunque las autoridades aseguran que los civiles caídos formaban parte de la delincuencia y murieron en combate, los asesinatos de los niños Almanza Salazar, del indígena Bonfilio Rubio y de los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo ejemplifican una de las más graves e irreparables violaciones a los derechos humanos cometidas en México en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, que es justamente la ejecución extrajudicial.
Para Santiago Cantón, director del Centro Robert F Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, “indudablemente es necesario modificar la política de seguridad [de México]. Dicha política tiene que tener un enfoque en derechos humanos. Si bien es cierto que estamos enfrentados a una realidad muy difícil, no podemos olvidarnos de los principios básicos de derechos humanos que tienen que ser parte de cualquier política relacionada con la lucha contra la violencia”.
De los datos proporcionados por la Sedena, la Marina y la Secretaría de Gobernación destaca también que de los 4 mil 182 civiles abatidos, la mayoría perecieron en territorios controlados por Los Zetas o que éstos disputan intensamente a su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa; en tanto, las zonas de influencia de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, presentan un menor índice de abatidos.
Así, Tamaulipas es la entidad con el mayor número de civiles abatidos por las fuerzas federales: 1 mil 556. De éstos, 1 mil 359 perecieron a manos de integrantes de la Sedena; 117, por la acción de integrantes de la Semar; y 80, bajo el fuego del personal de la Policía Federal.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, 2012 fue el año en que los soldados abatieron más civiles en ese estado: 501. Le siguió 2011, con 461; 2010, con 353; 2009, con 28; los primeros 3 meses de 2013, con 11; y 2008, con cinco; mientras que en 2007 y diciembre de 2006 no hubo abatidos en esa entidad.
En segundo lugar se ubica Nuevo León, también controlado por Los Zetas, con 572 abatidos. De los territorios zeta le sigue Veracruz, con 309; Zacatecas, con 284, y Coahuila, con 201.
A la par de Veracruz, sin embargo, se coloca Guerrero, al registrar un total oficial de 309 civiles abatidos. La diferencia es que, según la más reciente información de inteligencia de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés), esa entidad es disputada por los cárteles de Los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva, mientras que Los Zetas dominan sólo el puerto de Acapulco.
Michoacán también destaca por el número de civiles abatidos entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, al registrar 272. La entidad es dominada por Los Caballeros Templarios, antes conocidos como La Familia Michoacana.
Le sigue Durango, donde fallecieron 122 personas a manos de las fuerzas federales. En este caso, el control del territorio se lo disputan los cárteles de Los Zetas y Sinaloa, según la DEA.
En el territorio ciento por ciento del cártel de Joaquín Guzmán Loera, Sinaloa, registró oficialmente 121 civiles abatidos. Por incidencia de casos, le sigue Chihuahua, con 113. Este último estado es dominado por los cárteles de Sinaloa y Juárez.
El resto de las entidades federativas presentan de 2 a 61 civiles abatidos, mientras que los casos de Campeche, Puebla, Tlaxcala y Yucatán no registran, oficialmente, una sola persona fallecida en combate con los soldados, marinos y policías federales.
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