Aretes, mancuernillas, corbatas, mascadas, chalinas de seda y hasta artículos decorativos han costado al erario 7 millones 13 mil 444 pesos, de 2006 a la fecha. Durante los primeros 2 años de la administración de Enrique Peña Nieto, el monto alcanza casi los 2 millones de pesos. Otros 5 millones fueron gastados en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército), la Nacional Financiera (Nafin), el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros, han sido los clientes de los diseñadores Cristina Pineda y Ricardo Covalin, que también colocan sus productos en galerías y museos alrededor del mundo.
La casa de moda fue seleccionada para engalanar a la burocracia de la banca de desarrollo, principalmente, con la adquisición de corbatas, mascadas y chalinas de seda para ser otorgados como “regalos promocionales” o como parte del “uniforme” institucional. También para adornar con artesanías las festividades del Día de Muertos, entre otras actividades. A partir de 2006 y hasta este año, la firma de origen mexicano con proyección internacional ha logrado cerrar, por lo menos, 49 contratos.
La firma Pineda Covalin es distribuida en países tan diversos como Italia, Hong Kong, Nigeria, Nicaragua, Rusia, Francia, Suiza y Estados Unidos. Sus boutiques en México se encuentran en Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca.
Con diseños inspirados en la “pluralidad cultural” y “multiplicidad étnica”, su presencia ha llegado a ocupar espacios de venta en museos como The Chicago Museum, The Harvard Museum of Boston y The Natural History Museum of New York, Museo de Orsay, Louvre, Museo del muelle Branly, en París, así como en museos de Iberoamérica.
Es con esta prestigiada firma que funcionarios del Estado mexicano hacen adquisiciones por miles de pesos. Todas las operaciones se han llevado a cabo por adjudicación directa.
El Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) muestra que la marca Pineda Covalin consiguió 49 contratos, de los cuales, 37 fueron firmados a fines del sexenio de Fox y durante el gobierno de Calderón, y 12 más en lo que va de esta administración.
Las cifras registradas en la página del POT indican que de 2006 a 2014 los gastos por institución son: Banjército, 2 millones 587 mil 622 pesos; Bancomext, 1 millón 624 mil 381 pesos; Centros de Integración Juvenil, 657 mil 878 pesos; Nafin, 468 mil 346 pesos; Presidencia de la República, 344 mil 172 pesos; IMSS, 284 mil 884 pesos; Estudios Churubusco Azteca, 263 mil 616 pesos; IPAB, 255 mil 920 pesos; Comisión Nacional del Agua (Conagua), 242 mil 263 pesos; Comisión Federal de Electricidad (CFE), 133 mil 200; Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), 52 mil 500 pesos; Secretaría de Economía, 44 mil pesos; Secretaría de la Función Pública, 40 mil 860 pesos y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 13 mil 800 pesos.
El buen gusto de los compradores priístas se refleja en los 12 contratos pactados con la firma de fama internacional. Datos del POT, donde la administración federal tiene la responsabilidad de transparentar el gasto público, indican que las adquisiciones se han hecho por concepto de corbatas y mascadas de seda, aretes, mancuernillas, chalinas y carpetas.
No obstante, Nacional Financiera ha sido quien ha firmado el contrato más caro, hasta el momento, durante el presente sexenio. El 12 de agosto del año pasado se comprometieron 334 mil 800 pesos del erario para “gastos de promoción”, bajo el documento P-0201-2013.
Bancomext es el tercer cliente en importancia con respecto de los montos de adquisición. Gastó 298 mil 500 pesos en corbatas y mascadas de seda el 25 de marzo de 2013. Fuentes allegadas a la información comentan que ésta es una de las formas en que la administración de Enrique de la Madrid Cordero gasta el dinero público, pues las adquisiciones se convierten en “regalos” a costa del erario.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en presupuestos y gasto público, comenta que hay irregularidades en la celebración de los contratos al asignarse por adjudicación directa, ya que este procedimiento sólo debe llevarse a cabo en caso de que sólo haya un proveedor de los artículos que pretenden adquirirse. “No creo que éste sea el caso; por ejemplo, para hacer uniformes debe haber muchos más proveedores”.
El especialista se pregunta: “¿Por qué [Pineda] Covalin? Si no se podían hacer licitaciones públicas libres, debió existir la modalidad de invitación a por lo menos tres proveedores. ¿Mancuernillas? Considero que ése es un gasto innecesario para cualquier institución. En el caso de los uniformes, la compra no es el problema, está autorizado que algunas empresas lo hagan. El problema es la forma en que fueron adquiridos, sin concurso ni invitación”.
Durante el penúltimo año de la administración federal de Vicente Fox Quesada, Pineda Covalin entró al sector gubernamental y firmó un contrato por 79 mil 611 pesos por concepto de uniformes con Centros de Integración Juvenil, AC, organización civil no lucrativa incorporada al sector salud.
Los contratos fueron incrementando para la “pequeña” empresa, como es considerada en la base de datos del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado Compranet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
Una vez iniciada la administración de Felipe Calderón, la Secretaría de Economía, entonces a cargo de Eduardo Sojo Garza-Aldape se elaboró la orden de servicio 711204 por concepto de “Adquisición de artículos representativos”, por 44 mil pesos.
Una quincena antes de concluir el sexenio de Calderón Hinojosa, el director de Recursos Humanos de Banjército decidió realizar la adquisición de 635 corbatas por un monto de 246 mil 380 pesos.
Las compras gubernamentales que se han hecho a la “pequeña” empresa, diseñadora de modas, podrían representar un significativo desembolso en el gasto de apoyos para programas sociales.
Las cifras equiparadas indican que los 7 millones 13 mil 444 pesos, en 9 años, significan 5 mil 394 apoyos de Procampo (programa de apoyo a campesinos con bajos recursos) durante 1 año. Francisco Palacios López, habitante de uno de los municipios más pobres del país, Coicoyán de las Flores, Oaxaca, recibió en la segunda temporada de cosecha de 2013 el apoyo de 1 mil 300 pesos por el cultivo de 1 hectárea de tierra.
Habitante de uno de los municipios más pobres del país –Tlapa de Comonfort , Guerrero–, María Abad Carrera es beneficiaria del programa Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social. Ella aparece en las listas del primer bimestre de este año con un monto entregado de 630 pesos por concepto de apoyo a su familia.
La suma total de los contratos de las 14 instituciones con Pineda Covalin por la manufactura de corbatas, mascadas y mancuernillas, entre otros artículos, es 1 mil 143 veces esos 630 pesos en apoyos de Oportunidades. En 1 año, la familia obtendrá 3 mil 780 pesos por ese programa asistencial. En los 9 años que lleva la firma de diseño como proveedora del gobierno federal sumará 30 mil 240 pesos.
Las conversiones permiten ver que las prendas adquiridas también significan 104 mil 227 salarios mínimos, con base en el estipulado de 67.29 pesos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2014. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en México hay 6.7 millones de mexicanos percibiendo un salario mínimo diario.
El 10 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las “medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal”.
Para lograr el propósito de austeridad es necesario llevar a cabo acciones “a través de ajustes inmediatos al gasto corriente de operación en las secretarías de Estado y entidades paraestatales…”
Ante la solicitud de su versión, Rodrigo Torrescano –encargado del área de Relaciones Públicas de la empresa Pineda Covalin– responde a Contralínea que “en esta ocasión no se podrá apoyar con la entrevista”. Para este trabajo también se solicitó la postura de las principales instituciones compradoras de la casa de modas, a través de sus unidades de comunicación social, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.
Érika Ramírez, @erika_contra
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