Gobiernos nunca han buscado abatir pobreza en la Montaña, sino ganar votos: Tlachinollan

El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, explica que nunca se ha realizado un combate real a la pobreza que padece la Montaña de Guerrero. En entrevista con Contralínea, explica que quienes ganan con los programas asistencialistas son contratistas, funcionarios y algunas empresas; nunca los indígenas. A las comunidades sólo llegan limosnas que sirven para remozar alguna fachada, pero nunca para acabar con el hambre o garantizar la educación de los niños

Zósimo Camacho/Luis Suaste*, fotos/enviados

San Pablo Atzompa, Metlatónoc, Guerrero. El mismo “libreto neoliberal” del supuesto combate a la pobreza ha sido aplicado en la Montaña de Guerrero por los gobiernos federales emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). No sólo no han abatido la miseria: la han profundizado.

El análisis es del antropólogo Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Testigo de la miseria en esa región guerrerense, pero también de la resistencia y de las luchas de los pueblos nahuas, me’phaa y na’saavi, explica que los programas asistencialistas no están diseñados para acabar con la pobreza.

Tanto el estilo “redencionista” del PAN como el “paternalista” del PRI tienen de base el desprecio a los indígenas, a quienes “se les sigue viendo como objetos de interés público, como gente pobre de la que hay que compadecerse”.

Barrera Hernández considera que un esfuerzo auténtico de combate a la pobreza tendría que “garantizar que los pueblos fueran copartícipes en el presupuesto público, en la toma de decisiones y en el diseño de los planes de desarrollo; y, sobre todo, incorporar otros modelos de desarrollo comunitario que no sean etnocéntricos”.

Hasta ahora, a decir del antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, “el combate a la pobreza sólo está diseñado para remozar la pobreza, para tener una fachada no tan deprimente de lo que es la desigualdad, el sufrimiento, el hambre, la desesperanza”.

—¿El que “remocen” la pobreza no implica una mejoría, aunque sea mínima, en las condiciones de vida de la Montaña?

—No. Lo que hacen es remozar el panorama con cemento, pintura, con un techo, un salón, con el rastreo de una carretera, un escritorio para una comisaría, una bocina con aparato de sonido para la misma comisaría… Pero nunca se quita la huella del peso del Estado que aplasta, y que deja cuerpos famélicos, siempre con hambre, sin derecho a la salud y, sobre todo, azotando con el látigo del desprecio y la discriminación a los niños, a las mujeres, a todas estas personas que viven en el olvido.

—En comunidades de la Montaña, como la de San Pedro El Viejo, se han construido iglesias y curatos, aunque no tengan cura. Y no se ha construido una sola casa de salud…

—Es un ejemplo de cómo a la hora de ejercer los recursos las autoridades simplemente buscan responder a necesidades muy inmediatas, pero no resuelven el problema de fondo. El gobierno construye una iglesia, un corral para los toros y lleva cobijas porque busca votos. No se hace nada en realidad para mejorar la alimentación, la educación, la salud.

—Luego de un sexenio de supuesta “guerra” contra el narcotráfico, los índices de violencia en la región se incrementaron significativamente. ¿Fue la Montaña uno de los campos de batalla de esta “guerra”?

—La guerra del sexenio pasado fue declarada contra los pobres. La mayor inversión que hizo el gobierno federal en la Montaña fue en el ámbito militar: hubo más presencia del Ejército Mexicano, y se emplearon más recursos de tecnología militar. Se criminalizó a los indígenas por su pobreza. Se les colocó fuera de la ley porque se ven obligados a cultivar siembras ilícitas. Esta situación puso a los pueblos en un estado de mayor vulnerabilidad. Y la guerra contra los pobres vino a fortalecer el modelo de guerra de contrainsurgencia: se generó terror con afán de desmovilizar y criminalizar a las organizaciones y movimientos. Esto vino a causar mucho daño, a vulnerar la vida de los pueblos y a pervertir las relaciones intracomunitarias.

—¿Y a fomentar la presencia de la delincuencia organizada?

—Sí, porque se ha construido una situación de mayor descontrol porque llegaron agentes externos a las comunidades, los cuales gozan de total impunidad. Son los que se encargan de crear las redes de la delincuencia. Sus víctimas son las comunidades, las familias indígenas. Y, claro, no faltan personas que se sienten tentadas a involucrarse.

*Integrante de Regeneración Radio

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