La bulla del exterior les cortó de tajo los últimos minutos de sueño. Era la mañana del 9 de noviembre de 2011. Con la misma precipitación del golpeteo que azotaba la puerta de su hogar, Luis abandonó la cama que compartía con su cónyuge y su hija recién nacida.
Al grito de “¡ya te cargó la puta madre!”, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) irrumpieron en su domicilio ubicado en la calle 21, de la colonia Úrsulo Galván, en la Ciudad de Córdova, Veracruz. Lo sometieron. Lo interrogaron. Lo amenazaron. Lo golpearon.
Fernanda, su esposa, no la libró. También recibió su dosis de violencia. El error de la muchacha de 17 años de edad fue preguntar a los uniformados por qué ingresaron así a su vivienda. A cambio obtuvo insultos, y un par de armas largas apuntando hacia ella.
Los elementos navales extrajeron a Luis de su hogar. Lo retuvieron por más de 1 semana en un puesto de control militar y, posteriormente, en uno de sus cuarteles. En repetidas ocasiones estamparon contra su espalda, glúteos, piernas y plantas de los pies una tabla de madera y un bate de béisbol; además, como parte del prolongado interrogatorio sobre su supuesta relación con miembros de la Maña, le administraron toques eléctricos en los testículos y en la cabeza.
Casi 3 años después de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció al respecto. Emitió la recomendación 31/2014, en la que acredita cateo ilegal, detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación y tortura en contra de Luis, y trato indigno en contra de Fernanda quien para entonces aún era menor de edad. Abusos cometidos por marinos.
La Semar, a cargo del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, aceptó la recomendación que le dirigió el organismo autónomo; no obstante, no la satisfizo a cabalidad. En sus últimos registros, la CNDH la cataloga como “aceptada con pruebas de cumplimiento parcial”.
En esta misma situación se encuentra el 28 por ciento de las recomendaciones que la Comisión, presidida por Luis Raúl González Pérez, ha dirigido a las Fuerzas Armadas de 2007 a la fecha. Otro 12 por ciento, en tanto, ha sido de plano insatisfecha.
En sus informes anuales de actividades, la CNDH da cuenta del grado de cumplimiento de las recomendaciones que emite. Ahí consta que 40 de las 145 que ha dirigido a la Semar y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante los últimos 8 años han sido cumplimentadas tan sólo parcialmente y 17 son consideradas con “cumplimiento insatisfactorio”.
Consta, asimismo, que de estas 145 recomendaciones, cinco fueron catalogadas como “aceptadas, cuyo cumplimiento reviste características peculiares y su seguimiento ha terminado”; dos están aún en tiempo de ser respondidas; y dos fueron sepultadas, es decir, la Semar se negó siquiera a aceptarlas.
De 2007 a la fecha, las Fuerzas Armadas han sido recomendadas por la CNDH en 145 ocasiones: 31 la Semar y 116 la Sedena. Cabe aclarar que la suma da como resultado 147, dado que dos de las recomendaciones en alusión fueron dirigidas a ambas instancias.
La Semar ha cumplido a medias el 48 por ciento de las recomendaciones de derechos humanos de que ha sido objeto durante este periodo; la Sedena, el 22 por ciento. Para el caso de la Defensa Nacional, se consideran además “con cumplimiento insatisfactorio” el 15 por ciento.
Como se documentó en Contralínea 428, las Fuerzas Armadas destacan entre las instancias que más violan derechos humanos en México, sólo por debajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Por 5 años consecutivos, de 2008 a 2012, la Sedena destacó como la instancia con el mayor número de recomendaciones en la materia. No obstante, a mediados de este marzo, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados que exhorta a la Sedena a capacitar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, la dependencia a cargo de Salvador Cienfuegos Zepeda informó al legislativo federal que las quejas presentadas ante la CNDH en las que se imputan abusos por parte del personal militar han disminuido en 65 por ciento de 2009 a 2014.
A decir de la Sedena, dicho decremento es resultado de la intensa preparación, promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, internacional y humanitario, igualdad de género y derecho a la no discriminación, entre el personal de esta dependencia.
“Con pruebas de cumplimiento total”, así fue determinada, por parte de la CNDH, la recomendación 52/2012 que aborda el caso de Miriam Isaura López, la mujer que en febrero de 2011 fue víctima de detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual por parte de militares.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que acompaña el caso, desaprobó públicamente la determinación de la CNDH. Cuestionó que el personal del organismo haya dado por satisfecha la recomendación siendo que el tema de reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas jamás quedó superado.
Nancy López, directora del Área de Defensa de esta asociación civil, explica que la Sedena se limitó estrictamente al ofrecimiento monetario, práctica a la que comúnmente recurren las Fuerzas Armadas, lo que bastó para que la CNDH consignara como cumplido el tema de la reparación.
En marzo de 2009, 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Tijuana fueron arraigados y torturados en un cuartel militar. Desde entonces, los exservidores públicos permanecen en prisión preventiva prolongada; casi 6 años presos sin que exista una sentencia en su contra. Nancy López refiere que el caso en cuestión pone en entredicho la labor de la CNDH, quien a la fecha ha sido incapaz de resolver la queja que recibió a propósito de los hechos.
De 1990 a la fecha, la CMDPDH ha acompañado un total de 13 casos que involucran a elementos de la Sedena en violaciones a derechos humanos. En cada uno, los defensores han testificado el sello de la impunidad: el contexto idóneo para que éstos se sigan replicando.
Nancy López, directora del Área de Defensa de esta asociación civil, alude a la renuencia de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Tanto que, a la fecha, no han logrado condenas ni medidas de reparación ejemplares.
Los factores detrás de esta realidad son muchos, refiere la litigante. Desde la poca vigilancia y rendición de cuentas que pesan sobre la Sedena y la Semar, prerrogativas que actúan como escudo de sus abusos, hasta la práctica común por parte de quienes dirigen estas instancias de no ejercer castigo contra el personal que, se presume, estaría involucrado en violaciones a derechos humanos.
Destaca también la nula voluntad de estas instancias para cooperar con los ministerios públicos que investigan delitos cometidos por militares.
En agosto de 1970, Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario, fue desaparecido por elementos del Ejército Mexicano. El caso, que ha sido acompañado por la CMDPDH, es significativo, pues a más de 4 décadas continúa impune. Prueba de ello es que aún se encuentra en etapa de investigación preliminar y que no hay una sola persona señalada como responsable de los hechos ni sujeta a proceso penal.
A finales de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto: dirigió una sentencia condenatoria al Estado mexicano.
Nancy López comenta que ésta se encuentra todavía en fase de seguimiento porque las autoridades mexicanas han sido incapaces de cumplir en temas como el acceso a la justicia y la verdad, la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas y la ruta de atención sicológica para los familiares de Rosendo Radilla.
Además, dice, porque el fuero de guerra no ha sido restringido totalmente, ya que la reforma al Código de Justicia Militar de junio de 2014 dejó abierta la posibilidad de participación de la Procuraduría de General de Justicia Militar en las primeras diligencias de los casos de violaciones a derechos humanos que involucran a militares.
Luis Eliud Tapia Olivares, del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), ejemplifica este último punto con el caso Tlatlaya, Estado de México, donde al menos 15 civiles fueron ejecutados por militares el 30 de junio de 2014. Aquí, expone el defensor, la Sedena anunció la apertura de su propia investigación paralela a la del fuero ordinario, lo que “deja en entredicho que realmente se esté acotando el fuero militar”.
Muestra más de impunidad, a decir de Nancy López, es el caso de Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz López, indígenas tzeltales torturados y ejecutados por militares en 1994 en la comunidad Ejido de Morelia, Chiapas. Los hechos, que fueron abordados en el Informe 46/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no han sido reparados integralmente, no han derivado en sentencia alguna y, sintomático de lo anterior, la Sedena se ha mostrado renuente a participar en un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en los mismos.
La impunidad que priva sobre los eventos del pasado, en este caso de las décadas de 1970 y 1990, es de especial preocupación para la directora del Área de Defensa de la CMDPDH. Y es que, dice, “la impunidad de los actos pasados e incluso de los presentes es la principal razón de que se sigan cometiendo estas violaciones a derechos humanos”.
Otro caso es el de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ingeniero electromecánico con estudios de maestría, quien pereció en mayo de 2011, con apenas 27 años de edad. Elementos castrenses lo torturaron; lo ejecutaron. La CMDPDH también acompañó este caso que derivó en la recomendación 38/2012 de la CNDH. A decir de Nancy López, el crimen también permanece impune, ya que “si bien hay personas detenidas, el proceso ha sido muy lento”; además “porque, a pesar de que se está desahogando en la jurisdicción civil, los responsables, miembros de la Sedena, permanecen en cárceles militares”.
Israel Arzate Meléndez, Ángel Amílcar Colón Quevedo y Claudia Medina Tamariz son protagonistas de otro caso impune: en distintos momentos, por medio de la tortura, elementos militares los obligaron a autoinculparse. Israel se declaró responsable de la masacre de Villas de Salvárcar; Ángel, miembro de la delincuencia organizada; Claudia, parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Estos casos fueron asistidos por el Centro Prodh. Luis Tapia menciona que la opacidad en la investigación es característica compartida, ya que aunque en los tres existen averiguaciones federales por tortura, las Fuerzas Armadas se niegan a, toda costa, a cooperar y a brindar información al Ministerio Público.
La segunda característica en común es la “impunidad absoluta”, condición que reviste al grueso de casos de tortura a manos de militares, tanto que “hasta el momento no tenemos conocimiento de un sólo militar que haya sido condenado en sentencia firme por haber torturado, frente a toda la cantidad de quejas y recomendaciones que hay”.
Al respecto, cabe destacar la impunidad que impera sobre los altos mandos militares que violan derechos humanos. Y es que, como señala Luis Tapia, la investigación siempre se queda al nivel de los autores materiales y nunca de los intelectuales, es decir, no se investigan las cadenas efectivas de mando, no obstante que en la Semar y en la Sedena hay “jerarquías que se respetan porque son principios militares”.
Para este trabajo, se solicitó conocer la versión de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Flor Goche, @flor_contra
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