“Para hacer un manifiesto es necesario: ABC para fulminar contra 1, 2, 3. Impacientarse para volar en cólera y afilar tus alas para conquistar y difundir pequeños abc´s y grandes ABC´s. Para firmar, gritar, jurar, organizar la prosa en una forma de evidencia absoluta e irrefutable, para probar su non plus ultra y mantener la novedad semejante a la vida (…) Escribo este manifiesto para mostrar que las personas pueden realizar acciones contrarias conjuntas mientras toman una bocanada de aire fresco. Estoy en contra de la acción, por la continua contradicción, por la afirmación también. No estoy ni a favor ni en contra y no explico a nadie porque detesto el sentido común (…) Hablo por mí mismo ya que no quiero convencer a nadie, no tengo derecho a arrastrar a otros a mi río y no obligo a nadie a seguirme, ya que todos practican el arte a su manera”
Tistrán Tzara, Manifiesto Dada
Comúnmente cuando escuchamos hablar de los beneficiarios de la violencia en México nuestra mente alude a los miembros del crimen organizado; sin embargo, los delincuentes coexisten con ciertos empresarios y contratistas de seguridad que también se han enriquecido con los millones de los presupuestos de seguridad de todos los niveles y órdenes de gobierno.
En diciembre de 2020 se cumplieron 14 años continuos de la guerra contra el crimen organizado, de incrementos exponenciales a los presupuestos de seguridad que no se han traducido en una pacificación de la violencia, desaceleración de los índices delictivos o disminución del número de víctimas. Entonces:
¿Por qué a pesar del exponencial presupuesto destinado a seguridad y defensa, la situación de inseguridad en México desciende en una espiral de violencia, que permea en el imaginario colectivo y que, junto a los efectos de la pandemia de Covid-19, han creado la peor crisis social tal vez desde la Revolución Mexicana?
Las prácticas de las empresas y contratistas de seguridad son uno de los factores que no se han discutido y que influyen a veces de forma determinante en la realidad operativa del panorama y prospectiva de la seguridad en México. Son aquellos actores ocultos que poseen gran influencia tanto en el ejercicio presupuestal como en la toma de decisiones, y aunque comparten la responsabilidad del fracaso de la estrategia gubernamental, nunca asumen las consecuencias.
Si bien la presencia de empresas de seguridad privada en México precede al gobierno de Felipe Calderón, fue a raíz de los fondos de la Iniciativa Mérida que la inseguridad en México se convirtió en el segundo mayor mercado en Latinoamérica después de Colombia (Singer, 2008). Empresas y consultorías que ofrecen todo tipo de productos y servicios de seguridad (principalmente de software y tecnología de surveillance).
Al ser constituidas como empresas privadas, proveedoras de bienes, servicios y tecnología, no están obligadas a facilitar información, a pesar de que su contacto con funcionarios en materia de seguridad influye directa o indirectamente en la toma de decisiones, así como en el equipo y tecnología operativa de seguridad. Como consecuencia de falta de transparencia y acceso a la información en estos temas, es difícil determinar con precisión los montos presupuestales que terminan en manos de empresarios privados de seguridad. Este tipo de empresas se incrementaron exponencialmente en México a partir de 2006 aprovechando los siguientes factores:
El vacío legal y la confusión operativa para distinguir y separar las áreas de operación de Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública (Maciel: 2021).
El incremento del presupuesto designado a las instituciones y organismos de seguridad (Pérez en mx, 27 de octubre de 2019, https://rb.gy/kxh518), (S/A en Infobae.com, 9 de septiembre de 2020, https://rb.gy/epbzrg).
La opacidad parcial de las instituciones y organismos de seguridad mexicanos para hacer pública, de manera discrecional, cierta información sobre sus licitaciones y adjudicaciones (Gallegos en ElPaís.com, 2020, https://rb.gy/ovg5oh). En la mayoría de los casos, las adquisiciones en materia de seguridad en México, especialmente las de Seguridad Nacional, son por adjudicación directa y los contratos son clasificados como asunto de Seguridad Nacional al menos por 5 años.
La total opacidad con la que operan los servicios de inteligencia mexicanos, incluso con otros organismos del gobierno federal, que están facultados por la Constitución para hacer auditorías y solicitar acceso a la información, Esto ha provocado la total desconfianza de la población con los servicios de inteligencia, especialmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI), (Jasso: 2017, https://rb.gy/vkauth).
Una de las bases principales de la Guerra contra el Narcotráfico, ha sido el uso recurrente de la narrativa de Smart City, Safe City que dicta que el crimen organizado sólo podrá ser contrarrestado a través del gasto en tecnología de inteligencia, vigilancia, centros de comando y control, botones de pánico, procesamiento y almacenamiento de datos, armamento, equipamiento e infraestructura militar y policial en aras de crear ciudades seguras e inteligentes (Guevara en mx, 17 noviembre 2020, https://rb.gy/cfutt2), (Ramírez: 2020), (ThalesGroup.com, 2019, https://rb.gy/qtycre).
La gran presencia de empresas de servicios y bienes de seguridad tampoco no ha sido del todo regulada en México. Estas empresas comúnmente de origen extranjero, están registradas como “empresas de seguridad privada”, algunas inventan un nombre de “fachada” (fronts) para los registros legales, pero una vez que se ingresa a las oficinas físicas el nombre es totalmente diferente.
Tal y como se ha analizado con anterioridad (Mendoza: 2018, https://rb.gy/ibvbou) empresarios e industriales mexicanos han recurrido cada vez con más frecuencia al uso de empresas de seguridad privada, e incluso, a militares privados o “mercenarios” para garantizar su seguridad personal, patrimonial y de transporte de bienes y servicios. Por ejemplo, la tequilera José Cuervo ya en el año 2000 contaba con su propio “ejército privado” para la seguridad de sus campos de agave (Sullivan en WashingtonPost.com,11 agosto 2000, https://rb.gy/ma67cb).
En todo caso, la regulación es insuficiente: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que sólo se limita a establecer que, cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera sean utilizados o prestados en el país, el procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio mexicano, y las empresas extranjeras que participen en una licitación deberán pertenecer a países con las cuales México tiene tratados de libre comercio (https://rb.gy/msazdo).
La ley de Seguridad Nacional sólo menciona que las empresas que provean o presten servicios de comunicación están obligadas a conceder facilidades y acatar resoluciones en el caso de intervenciones de comunicaciones (artículo 46, https://rb.gy/likohe). Si bien la Ley Federal de Seguridad Privada ahonda un poco más en el tema, la vigilancia de su cumplimiento sólo depende de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, la cual sólo puede imponer sanciones administrativas y no señala el caso concreto de empresas intermediarias (https://rb.gy/tqr8iz).
Empresas de seguridad y contratistas han incrementado las capacidades de fuego, vigilancia y espionaje no sólo de las instituciones de gobierno y empresarios, sino también de las organizaciones criminales que pueden ser adiestrados y equipados para el manejo de lanzagranadas, así como de ametralladoras pesadas, encriptación de dispositivos, sistemas de visión nocturna, sistemas de videovigilancia e intercepción de señales de radio y apoyo para adquirir armas en Estados Unidos (Farah en WashingtonPost.com, 4 noviembre 1997, https://rb.gy/urnjgt), (Williams, 2010: 25), (S/A en Infobae.com, 21 mayo 2019, https://rb.gy/rywlul).
Otro ejemplo es el de las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contrataron en julio de 2007 los servicios de la empresa estadunidense SY Coleman Corporation especializada en vigilancia del espacio aéreo y defensa antimisiles para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea y monitoreo de instalaciones energéticas y eléctricas de carácter estratégico en Veracruz (Anguiano en ElUniversal.com.mx, 12 de septiembre de 2007, https://rb.gy/qizgii), (Piñeyro en ELUniversal.com.mx, 5 diciembre 2008, https://rb.gy/iilp0e), (Unzueta Cit. en Rodríguez en LaJornada.com.mx 20 de abril de 2014, actualmente no disponible).
Contratistas, empresas de seguridad transnacionales y mercenarios coexisten con filiales y oficinas locales de empresas multinacionales así como empresas nacionales que se dedican principalmente a la dimensión de logística militar, policial y de seguridad privada como la industria aeroespacial, blindaje, ciberseguridad, guardias privados, sistemas de seguridad, negociación en secuestros, equipamiento, geolocalización, vehículos tácticos y capacitación en diversos temas.
La razón por la cual las empresas extranjeras usan a empresas de seguridad privada mexicanas como intermediarias o crean empresas falsas, es porque con frecuencia se recurre a la corrupción de los funcionarios mexicanos, a quienes se les ofrece un porcentaje de la compra para asegurar el contrato. El resultado ha sido el sobreprecio de productos y servicios de seguridad que compra el gobierno mexicano, precisamente por el considerable incremento del presupuesto de los organismos de seguridad.
Otro ejemplo es la industria del blindaje. En 2017 a la par de la celebración del centenario de la Industria Militar de México, marco en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo la presentación de los prototipos de los vehículos blindados DN-11, Titán y Cimarrón con el propósito de disminuir los costos y proyectar a la industria militar de México a nivel internacional (Redacción El Universal, 14 de septiembre de 2016), la Asociación Mexicana de Blindadores Automotores (AMBA) hizo el lanzamiento al mercado en eventos públicos como exposiciones y ferias de seguridad, de vehículos tácticos utilizados principalmente por las fuerzas de seguridad: Black Mamba (TPS Armoring), SandCat y SandCat MX (Blindajes Epel e IBN Industrias Militares IBN Military Industries INBRA USA INC./ Plasan) utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Karnaf (Blindajes Epel); WBA Miura y WBA Hurricane (Wendler Blindajes Alemanes WBA) utilizado por la entonces División de Gendarmería de la Policía Federal (Medellín en EstadoMayor.mx, 16 de marzo de 2017, https://rb.gy/e50duc), (CadenaDeMando.com, 17 marzo 2017, https://rb.gy/1fzsnn), (Sentinel México, 20 marzo 2017, https://rb.gy/7qobe6), (Roa en Infodefensa.com, 20 marzo 2017, https://rb.gy/ttarkv).
Usualmente se analiza sólo la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad y, si bien no negamos que es fundamental para el análisis, consideramos que existe otras relaciones que también son muy importantes: un caso es el de Israel. Podemos decir que la relación entre México e Israel en materia de seguridad existe en dos dimensiones. Por un lado, la cooperación binacional en materia de seguridad entre los gobiernos de Israel y México, principalmente en adiestramiento militar y de policía civil de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal). Por otro lado, la relación entre los organismos de seguridad del gobierno mexicano y las empresas privadas de Israel, especialmente en tecnología de vigilancia, tecnología aeroespacial y armamento.
El primer antecedente fue en 1972 cuando México adquirió aviones Arava a la empresa Israel Aircraft Industries (IAI) para la Fuerza Aérea Mexicana, en 1979 compró armamento a la empresa Soltam Systems. Se calcula que el incremento de las compras de México a Israel entre los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto se incrementó hasta en un 1 mil 632 por ciento (Cortés-Galán, 2019: 18).
En 2014 la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (Amsiria) estimaba que el valor del mercado de seguridad privada en México ascendía a 160 mil millones de dólares, simultáneamente, se calculaba la presencia de 300 empresas israelíes del ramo de seguridad en México, de las cuales sólo 25 tenían oficinas físicas en el país (Sánchez, ElFinanciero.com.mx, 15 de abril de 2014, https://rb.gy/atxqi8); el resto tienen presencia a través de asociaciones con empresarios mexicanos que sirven como intermediarios, como fue el caso de los Weinberg con las empresas Elbit, Nice y Rafael. En 2015 Rafael vendió a la Policía Federal un sistema de explotación de información de inteligencia por 133 millones de dólares (Ramírez, 2020: 220).
En 2016 el embajador de México en Israel, Benito Andión, reconoció que “México es un mercado atractivo para uno de los sectores más boyantes de Israel, el de las tecnologías para la seguridad nacional, ciberseguridad e inteligencia.” (Sánchez en ElEconomista.com.mx, 23 noviembre de 2016, https://rb.gy/atqyne). En 2018 México e Israel negociaron un paquete de contratos públicos por 69 millones de dólares, al igual que otras empresas como Verint Systems, Inc, quien instaló en 2006 el Reliant Monitoring System bajo el nombre de Sistema México de Vigilancia Técnica de monitoreo de telecomunicaciones (Ramírez, 2020: 156, 216-218, 220).
Si el lector tiene la oportunidad de hablar con agentes o analistas del servicio de inteligencia civil de México antes conocido como Cisen y ahora CNI es muy probable que le mencione sobre algún viaje a Israel para adiestramiento y capacitación, principalmente en tecnologías y contraterrorismo. En México la mayoría de los miembros de la comunidad de seguridad e inteligencia comparten la idea de que Israel posee las tecnologías más avanzadas y las mejores técnicas de adiestramiento civil y militar, como es el caso del sistema de combate y defensa personal Krav Maga.
De acuerdo con Zósimo Camacho, Verint firmó con Cisen al menos 14 contratos a través de la intermediaria Sogams (Sistemas Gerenciales Administrativos, SA de CV), de igual forma se registraron contratos con la Policía Federal Preventiva (PFP), la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), (Camacho en Contralínea.com.mx, 15 de abril de 2008, https://rb.gy/lubrbq).
En la actualidad la página de internet de Sogams asegura que entre sus productos se encuentran sistemas de contravigilancia, sistemas de intersección y vigilancia, sistemas de seguridad y radares, sistemas y productos para fuerzas policiales, entre otros, y asegura que sus clientes son agencias gubernamentales, la Fuerza Aérea Mexicana, el Gobierno Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Sedena, gobiernos de estados y municipios, etcétera (http://www.sogams.com.mx/, consultada el 31 de enero de 2021).
Otra empresa es International Security and Defense Systems (ISDS), en su página de internet enlista entre sus clientes mexicanos en los rubros de infraestructura crítica a la CFE y Pemex; de transportación masiva al Puerto Dos Bocas, Tabasco; de instituciones financieras, al Banco de México (Banxico), y en el sector privado a Grupo Modelo, José Cuervo y La Costeña. ISDS incluso asegura haber participado en la organización del Mundial de Futbol México 86 y sólo reconoce oficinas en Nir Zvi, Israel y Brasil (https://isdsinternational.com/clients/, consultada el 29 de enero de 2021).
De las empresas israelíes enfocadas a vigilancia electrónica con presencia en México se encuentran Israel Aerospace Industry (IAI) especializada en Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), Elbit Systems empresa que vendió los drones Skylart y Hermes para el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) de la Fuerza Aérea Mexicana. En 2015 la Sedena adquirió a la controversial empresa INDRA Sistemas, un Centro de Mando y Control para el SIVA (CMC SIVA EMDN) por 27 millones de euros (FAM, 2015: 233), (Sedena 2018b, 67, https://rb.gy/bzqn6v).
En términos generales, las empresas transnacionales de seguridad privada han sido muy exitosas en México impulsando la lógica de “Smart and Safe City”, antes de la pandemia. Era práctica común la organización de eventos privados de marketing, con cocktail incluido, disfrazados de seminarios, congresos y conferencias de seguridad para promocionar sus productos y servicios a los cuales sólo son invitados los funcionarios de gobierno que toman decisiones y tienen facultades para llevar a cabo licitaciones, compras y contratación de servicios de consultorías, eventos a los cuales no puede asistir la prensa o el público en general.
Un número indeterminado de estas empresas son fundadas o contratan a exfuncionarios de seguridad y académicos influyentes para traficar influencias y asegurar contactos. Tal es el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, quien era propietario de una empresa consultora de seguridad GLAC (GL and Associates Consulting) con oficinas en Miami y México que ofrecía servicios y productos de inteligencia a empresas privadas y gobierno aprovechando la red de contactos que hizo durante toda su carrera.
En el caso particular de García Luna, en el libro de Peniley Ramírez Los millonarios de la guerra, la autora expone algunas de las empresas de seguridad que se han beneficiado cuantiosamente de la desesperación del gobierno por contener los índices de violencia y criminalidad, algunas han sido vinculadas con funcionarios de gobierno en funciones de seguridad.
Ramírez enlista algunas de las empresas cuyos productos y servicios han sido parte de escándalos de espionaje político y relacionados con la familia Weinberg que actualmente está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Tal es el caso del equipo de rastreo Octopus de la empresa Teletron Ltd con sede en Tel Aviv, Israel; este equipo fue utilizado en contra de Layda Sansores y vendido a través de la intermediaria Gull Holding Enterprises. Los Weinberg eran los proveedores únicos del sistema de monitoreo e intercepción de comunicaciones Nice Track de la también empresa israelí Nice utilizado en la entonces Secretaría de Seguridad Pública en 2009 y fundaron Nunvav, Inc, creada en Panamá, presidida por un empleado de los Weinberg y representada en México por una empleada de García Luna (Olmos, Reforma.com, 16 de enero de 2020, https://rb.gy/ky62ax).
Nunvav obtuvo el contrato por adjudicación directa internacional un contrato para la pacificación de Ciudad Juárez Chihuahua del programa “Todos somos Juárez” para la instalación del Centro de Respuesta Inmediata (CERI) además de la provisión de equipo, sistemas de videovigilancia, botones de pánico, etcétera además de un contrato en 2012 para el servicio de monitoreo de telecomunicaciones Laguna para la Policía Federal.
Nunvav fue la empresa de la cual el presidente López Obrador declaró que se había identificado un contrato para un curso de capacitación de 90 minutos a tres funcionarios por la cantidad de 19 millones de dólares; Nunvav también obtuvo contratos con el gobierno de Panamá en 2010 para la instalación del sistema de intercepción de comunicaciones PSS que generó un escándalo similar a Pegasus en México y que es producido por Elbit Systems con sede en Haifa, Israel y dueña de Nice desde 2015 (Ramírez, 2020: 162-163; S/A, Nodal.am, 11 diciembre 2014, https://rb.gy/v6gzzw).
Otra empresa propiedad de García Luna, ICIT, tenía capacidad de recibir información interna de la Secretaría de Seguridad Pública y Presidencia de la República para reenviarla a sus clientes a tal grado que: “El mismo resumen de prensa que leía el presidente Calderón en Los Pinos, lo leían los clientes de ICIT cada mañana”, ICIT también era una pieza fundamental para el programa de mejora de centros penitenciarios a través de la inversión en sistemas de alta seguridad y videovigilancia que inició la privatización de los centros penitenciarios de México (Ramírez, 2020: 171, 178,181), (S/A en Infobae.com, 13 enero 2021, https://rb.gy/f5uumn).
Las empresas relacionadas al exsecretario García Luna y los Weinberg como GLAC, Nunvav, NOA e ICIT son tan sólo un ejemplo de cómo algunas empresas relacionadas a la seguridad través de un esquema de outsourcing, corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, sobreprecio de equipos y tecnología, adjudicaciones directas, desvío de recursos públicos, ingeniería fiscal, comisiones, empresas fantasma, empresas fachada (fronts), cabilderos, personas que se dedican sólo a conseguir contratos (brokers), intermediarios y lavado de dinero de algunos contratistas de seguridad bajo la narrativa comercial de Smart City, Safe City han obligado al incremento del presupuesto de seguridad, aún a pesar de que los índices demuestran que ha sido un fracaso. Este tipo de prácticas son generalizadas precisamente a causa del vacío legal al respecto, en consecuencia, se han dado casos de funcionarios que trabajan al mismo tiempo como consultores, situación que en otros países sería totalmente como ilegal.
En 2008 la Policía Federal bajo el mando de García Luna compró Nice Track, no directamente a la empresa con sede en Israel, sino a una empresa intermediaria como fue el caso de Pegasus, célebre por el gran escándalo en 2017 del uso del gobierno del presidente Peña Nieto del software para espionaje de políticos, periodistas e intelectuales de oposición a su gobierno, vendida por Techbull una subsidiaria de Balam Seguridad Privada. La empresa Balam también vendió a la Procuraduría General de la República (PGR) el sistema Tactical Unmanned Aerial System TUAS Aerostar, de la empresa israelí Aeronautics (R3D/Article 19/SocialTIC: 2017, https://rb.gy/fexe2l).
Otras versiones señalan que la adquisición se hizo a través de un intermediario, la empresa estadunidense Security Tracking Systems, así como una segunda empresa estadounidense AV&D Solutions y no directamente con NSO Group. El Cisen experimentó la misma situación, ya que después del escándalo público, se descubrió que fue adquirido a a través de la empresa italiana Hacking Team, supuestamente relacionada con Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal. En el caso de la PGR a través de Grupo Tech Bull, filial de Balam Seguridad Privada, en todos los casos por adjudicación directa (Carrasco y Tourliere en Proceso.com.mx, 11 de julio de 2015, https://rb.gy/xncej0), (Ramírez, 2020: 259, 263), (Olmos, Durán y Lizárraga en ContraLaCorrupcionMX, 28 julio 2017, https://rb.gy/0exkd7).
Tomás Zerón ha sido fichado por la Interpol por su actuación en el Caso Ayotzinapa y actualmente es prófugo de la justicia, del cual se rumora que se encuentra en Israel protegido por los empresarios de tecnologías de seguridad de ese país (The Cartel Project en Proceso.com.mx, 7 diciembre 2020, https://rb.gy/knsx8v).
En un determinado momento las empresas más competitivas por los contratos de intercepción de comunicaciones, a través de diversos intermediarios, eran Gamma Group con Fin Fisher (Alemania), NSO Group con Pegasus (Israel) y Hacking Team con Remote Control System (Italia), (Carrasco y Tourliere en Proceso.com.mx, 11 de julio de 2015, https://rb.gy/xncej0).
Estos contratos han dado pie a investigaciones internas por casos de corrupción. En abril de 2019 el CNI inició una investigación interna en contra de exempleados del Cisen bajo la sospecha de que vendieron de alguna forma los accesos a la plataforma de Pegasus entre personas particulares y gobiernos locales (Miguel Badillo en Contralínea.com.mx, 3 diciembre 2019, https://rb.gy/upz5w5). De igual forma la excomisaria de la Coordinación Operativa de la Guardia Nacional y exjefa de la División Científica de la Policía Federal Patricia Trujillo Mariel fue separada de su cargo por acusaciones de pagar un sobreprecio a la empresa Cyber Glove Systems LLC (Herrera en LucesDelSiglo.com, 22 febrero 2020, https://rb.gy/dsvzap).
Existen versiones de que Sedena y Semar tuvieron contratos vigentes entre 2014 y 2019 con la empresa estadunidense L3 Harris Technologies Inc, operadora de IMSI Catchers que es una empresa que también vende este tipo de tecnología. Existe una posibilidad de que se trate de múltiples empresas o que debido al escándalo se optó con cambiar de compañía. Cuando Pegasus supuestamente fue adquirido por la Sedena, ésta al mismo tiempo adquirió tecnología similar con otras empresas (Balderas en Poderlatam.org, 30 de mayo de 2020, https://rb.gy/eutgly). En 2018 la Sedena habría renovado su licencia con la empresa Cellebrite, famosa por ser la única empresa en el mundo capaz de desbloquear la seguridad de Iphone. La renovación del contrato se hizo a través de la empresa Zaapali (Cortés-Galán, 2019: 39-40).
En diciembre de 2019 trascendió la existencia de grabaciones privadas entre secretarios de estado y el presidente López Obrador entre un total de 300 personas. Los involucrados en la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron Alberto Bazbaz (exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Humberto Castillejos Cervantes (exconsejero jurídico de la Presidencia de la República), Alfredo Castillo Cervantes (excomisionado de Seguridad en Michoacán) y Walter Meade, quien trabajó para Security Tracking Devices, empresa que vendió tecnología de seguridad a SEDENA por adjudicación directa durante el período en el que el general García Ochoa estuvo en la Dirección General de Administración (Badillo en OficioDePapel.com.mx, 7 marzo 2019, https://rb.gy/nxpcy9), (Redacción Reforma.com.mx, 23 octubre 2019, https://rb.gy/t7jmm9), (Camacho en Contralínea.com.mx, 2 noviembre 2019, https://rb.gy/cblows).
El general Ochoa fue uno de los posibles candidatos para ser secretario de Defensa para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero de acuerdo con The New York Times, fue descartado por supuestos vínculos con el narcotráfico (Thompson, et al. en NewYorkTimes.com, https://rb.gy/hpdmpb). Algunas fuentes aseguran que fue gracias al general Mario Arturo Acosta Chaparro, que el empresario Susumo Azano, dueño de la empresa Security Tracking Devices, obtuvo varios contratos con la Sedena. El general Acosta fue asesinado afuera de un taller mecánico en la colonia Anáhuac en abril de 2012. Poco tiempo después de su asesinato se filtró a la prensa el contrato de la Sedena con Security Devices por 5 mil millones de pesos (Redacción AristeguiNoticias.com, 14 septiembre 2015, https://rb.gy/7umvge), (Raymundo Rivapalacio en Varguardia.mx, 26 de febrero de 2013, https://rb.gy/f0hkpz).
Finalmente, en enero de 2015 el Ejército Mexicano se vio en la necesidad de crear la Sección Novena de Estado Mayor de la Defensa Nacional en la Sedena (Investigaciones Estratégicas de Mercado), para procesar contrataciones y adquisiciones y evitar actos de corrupción (Sedena, 2018: 7-8, https://rb.gy/iz1crx).
El señor Azano tuvo mucha habilidad para allegarse con políticos y militares; fue relacionado con políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), especialmente en los asuntos de donación a campañas electorales y compras directas en Jalisco, Baja California, Sinaloa y Oaxaca. Esta información se hizo pública a causa de una investigación que realizó el estadundeinse Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre conductas similares en California. (David Ordaz en CuartoDeGuerra.wordpress.com, 15 de mayo de 2013, https://rb.gy/0bajox) (Pablo de Llano en ElPaís.com, 21 de febrero de 2014, https://rb.gy/pwv39a), (Fuentes en Reforma.com, 12 agosto 2014, https://rb.gy/vryiqw), (US Depertment of Justice, en Justice.gov, 27 de octubre de 2017 https://rb.gy/n5oqai), (Moran en SanDiegoUnionTribune.com, 27 octubre 2017, https://rb.gy/rjrj1t).
La falta de transparencia y acceso a la información del ejercicio de los presupuestos de seguridad bajo la etiqueta predilecta de reserva de la información, así como la discrecionalidad de los funcionarios públicos, por ejemplo, para la creación de partidas secretas, coexiste con la presencia de cientos de empresas de seguridad y servicios de consultoría de seguridad que se han beneficiado por la celebración de contratos millonarios, principalmente en los últimos años, bajo el amparo de la adjudicación directa.
Algunas empresas y contratistas privados han contribuido a convertir el problema de seguridad y violencia de México en un mercado muy redituable. Al ser empresas privadas obedecen las leyes de mercado y, a mayor nivel de violencia e inseguridad tenga que enfrentar el gobierno mexicano, mayores serán las oportunidades de negocio y ganancias para estas empresas, las cuales recurren en ocasiones a prácticas antiéticas e ilegales para llevar a cabo una competencia desleal con empresarios legítimos de la industria y servicios de seguridad.
Tal vez el caso de García Luna no es el único, tal vez la sangre de las víctimas de la violencia ha financiado la riqueza de otros exfuncionarios de seguridad o empresarios extranjeros, los cuales, a mayor derramamiento de sangre, mayores ganancias obtienen. Por esta razón, son tan importantes la transparencia y el acceso a la información en materia del gasto en seguridad y defensa.
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Paloma Mendoza Cortés*
*Profesora, investigadora y consultora; politóloga y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM; doctora en Estudios Organizacionales por la UAM; egresada del William J Perry Center for Hemispheric Defense Studies, CHDS National Defense University (Washington, DC, Estados Unidos); ha sido profesora en el Heroico Colegio Militar, la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y conferencista invitada en el Centro de Estudios Superiores Navales
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