El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Les urge una Ley de Seguridad Interior que contenga a la sociedad y, particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este año. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la República.
[bctt tweet=”Ley de Seguridad Interior: contra las movilizaciones sociales” username=”contralinea”]
Aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, es la encomienda de los legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso federal: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que hizo posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios sectores de la población.
Para ello, las tres organizaciones políticas han presentado sendas iniciativas que ya se analizan en la Comisión Permanente del Poder Legislativo y, se ha anunciado, ya encontraron “coincidencias” que les permitirá legislar con rapidez. La iniciativa priísta será el documento base.
Los especialistas consultados por Contralínea mantienen posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos momentos una Ley de Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de acuerdo en que se estará cediendo a los militares un poder que difícilmente soltarán después. También reconocen que se estará militarizando, aún más, la vida cotidiana de los mexicanos. Y que poco incidirá la militarización para ganar y terminar la “guerra” contra el narcotráfico.
Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), la población mexicana no necesita en estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la necesita es la alianza entre políticos y grandes empresarios, temerosa de las movilizaciones sociales, dice el médico de profesión y activista de los derechos humanos.
Díaz Taboada señala que la Ley de Seguridad Interior viene a profundizar “un estado que va limitando derechos sociales, humanos, civiles y políticos”. Esta ley tiene como objetivo contener a la población en un contexto en que “los salarios no han aumentado de manera real; la seguridad social se ha ido perdiendo, hay un trabajo precario cada vez más extendido. No es raro que venga una Ley de Seguridad Interior cuando vivimos en un proceso de empobrecimiento de la población mexicana”.
La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en “el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado está todo el manejo de pan y circo”, observa.
México sí necesitaría una Ley de Seguridad Interior; pero siempre y cuando, antes, se establezca una nueva de Seguridad Nacional y, antes aún, una doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo Garduño Valero. A decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, se debería de definir, primero, qué valores son los que la nación mexicana desea preservar.
Agrega que, a la fecha, la seguridad nacional sigue enfocándose contra los movimientos sociales y se sigue confundiendo a la seguridad nacional “con la seguridad del presidente de la República”.
Precisamente por ello, “la población tiene un enorme disgusto con respecto de la autoridad”. Que la actual Ley de Seguridad Nacional ha fallado lo demuestra que la nación está “al garete, sin liderazgo y sin ningún elemento que unifique una posible convocatoria a la nación”, dice el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Para el general retirado Jesús Ernesto Estrada Bustamante, México sí necesita una Ley de Seguridad Interior. Podría constituir una oportunidad para establecer con claridad los límites de actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en asuntos de seguridad pública.
El problema, dice el general de división diplomado de Estado Mayor, son los legisladores: “Salvo honrosas y raras excepciones”, ignoran todo en la materia y sólo buscan aprobar al vapor un marco jurídico que haga legal lo que hoy están haciendo fuera de la ley los efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar): combatir a las delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo común.
Para que se cuente con una Ley de Seguridad Interior que realmente funcione, a decir de Estrada Bustamante, se necesita de “una discusión amplia, que involucre a especialistas en seguridad, juristas, defensores de derechos humanos, en fin, que sea fruto de una gran participación”. Algo que no se está haciendo. Una Ley al vapor –dice el general que desde que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en la seguridad pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas Armadas.
Tres propuestas de Ley de Seguridad Interior ya se analizan en las cámaras del Poder Legislativo federal. Una fue presentada por Jorge Ramos, diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra, por los diputados del PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre pasado. La tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de enero.
Ocho comisiones ordinarias de las cámaras son las encargadas de analizar y preparar el documento que se someterá a votación del pleno, se espera, en los primeros días del próximo periodo de sesiones. Se trata de las comisiones unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Las similitudes entre las tres iniciativas han permitido que panistas y perredistas acepten como base la presentada por los priístas y, en el periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados de las bancadas de “oposición”.
Los legisladores destacan que buscan clarificar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y, también, establecer que sea sólo por periodos estrictamente establecidos. Señalan que se impondrán límites a la actuación de los elementos castrenses.
Pero lo que no dicen es que prácticamente los efectivos de la Sedena y la Semar podrán salir a las calles por cualquier asunto y para combatir no sólo a delincuencia organizada.
Según el texto que se busca aprobar, y del cual Contralínea posee copia, la intervención de las Fuerzas Armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.
Además, prevé que el Ejecutivo ordene la actuación de los militares cuando lo considere necesario y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sólo será “informada” por la Secretaría de Gobernación, sin que el Poder Legislativo tenga injerencia en tal determinación.
En la propia exposición de motivos de la iniciativa se enlista a la pobreza como una de las causas que vulneran la seguridad nacional: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia”.
En el párrafo III del artículo 7 de la iniciativa se considera amenaza a la seguridad interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país”. En una interpretación amplia que quedaría a criterio del presidente de la República, las protestas cabrían en estos supuestos para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.
Aunque se señala que se deberá establecer un periodo para la declaratoria de protección a la seguridad interior, en el artículo 14 se establece que dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas que se consideren necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a dicha declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.
El artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones”.
Por su parte, el artículo 28 señala que: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de seguridad interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
Así, “cualquier método” será válido para la Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.
Por ello, la Ley de Seguridad Interior es en realidad un marco legal que vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya existe. Todo sin tomar en cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están involucrados en crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz Taboada.
El activista, quien junto con la organización de la que es coordinador –el Ccti– ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras agresiones cometidas por militares, señala que los soldados y marinos podrán ahora con mayor libertad entrar a una casa, intervenir teléfonos y demás tipos de comunicaciones.
“De hecho, el estado de excepción en muchas partes de la república está vigente de facto. Pasas por un retén [militar] y te bajan. Y si no te bajas, te maltratan, te torturan, al apuntarte con armas, al jalonearte, al amenazarte, al no permitir que se graben los abusos. Y eso es suspender garantías, suspender la libertad de tránsito.”
Precisamente esos retenes son la muestra de la no sujeción de los militares al poder civil: ahí ellos interrogan y, como ha ocurrido y se ha documentado, pueden juzgar y ejecutar extrajudicialmente.
Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede del Ccti, en Guerrero, ha acompañado casos de este tipo desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició supuestamente una lucha contra el narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a soldados y marinos fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la República lo que desde finales de la década de 1960 los sucesivos gobiernos federales habían ordenado para Guerrero.
“Desde entonces todo esto ha sido ilegal. Y ahora lo que el Estado mexicano pretende es legalizar una acción inconstitucional que, en todo la República, ha durado 10 años.”
Con la Ley de Seguridad Interior “lo único que se va a legalizar es la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño. También ejemplifica con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo más elemental, son anticonstitucionales porque impiden la libertad de tránsito. Y definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es que la Armada de México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan el doble del territorio nacional terrestre, sino que están interviniendo en la detención de delincuentes”.
Garduño agrega que esta situación está deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
A decir del general, el actual problema de México es de seguridad pública; “pero si se sigue descuidando como hasta ahorita, se volverá de seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que podrían hacer que el problema de seguridad pública devenga en seguridad nacional.
El primero sería un pacto entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada mexicana para realizar ataques contra instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México, o preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.
Un segundo escenario serían los levantamientos populares ante la incapacidad del Estado mexicano de brindar la mínima seguridad a su ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.
Según el general, la seguridad en México está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!, mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”. Pero no hay una estrategia definida.
Pero la seguridad de la población no es un asunto policiaco, dice el doctor en sociología y especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño. No es con más policías como se garantiza la seguridad de las personas. Por lo tanto, no será tampoco con la incorporación de los miliares a las labores de seguridad pública como se abatirán los índices de inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.
“La seguridad pública supone, fundamentalmente, la participación ciudadana, algo que en México está prácticamente ausente. Por lo tanto, la seguridad interior tiene que garantizarse no a partir de más policías, sino a partir de una sociedad más organizada”, con la claridad de cuáles son las amenazas y los riesgos que enfrenta.
Las Fuerzas Armadas no deberían estar combatiendo delincuentes, pero no tienen otra opción, según el general Estrada Bustamante. “Si sacas a la Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra la delincuencia, qué pasaría; todo se va al garete”.
Reconoce, además, que ante la incapacidad de la Policía Federal, de las policías estatales, de las municipales y del mando único, las Fuerzas Armadas actualmente ya están combatiendo no sólo al narcotráfico y a las otras formas de delincuencia organizada, sino “también a la delincuencia común”.
Sobre la necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan que enfrentarse al crimen, Garduño se muestra de acuerdo en que todas las corporaciones policiacas son corruptas. Ninguna –federales, estatales o municipales– es confiable.
Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para actuar como policías en las calles. La Constitución y las leyes vigentes señalan claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los planes DN1, DN2 y DN3. El primero, ante una situación de agresión externa; el segundo ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio de la población ante una situación de desastre.
Las diferencias entre los militares y los policías no son retóricas. Garduño explica que una fuerza policiaca “tiene una primera función preventiva; otra de intervención en casos específicos y bajo ciertos procedimientos; también de conducción, o de colocar frente a la autoridad judicial correspondiente evidencias y actores para emprender las primeras investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también servicios de atención a la ciudadanía”.
Mientras, el aparato militar tiene una sola función: “la destrucción del enemigo. Y ésa es una cuestión totalmente diferente. De manera sencilla podemos decir que la misión central de las Fuerzas Armadas es la guerra”.
Nadie duda que las Fuerzas Armadas, en términos generales, cuenten con mayor capacidad de fuego ante los cárteles del narcotráfico. La supuesta guerra no ha mermado las capacidades de la delincuencia organizada. Incluso, las ha potenciado.
Pero también, y luego de 10 años de “guerra”, los militares no son los mismos. El Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana han adquirido mayores destrezas.
Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado analista de seguridad nacional. Es maestro en seguridad internacional por la Georgetown University. Ha sido analista de seguridad nacional en la Oficina de la Presidencia de la República.
“Hoy en día México cuenta con unas Fuerzas Armadas mucho más capaces en términos de tecnología y doctrina para realizar operaciones en contra del crimen organizado, específicamente en contra de grupos paramilitares equipados con armamento y equipo de grado militar”, señala Guevara Moyano.
Agrega que “las capacidades de movilidad, inteligencia, vigilancia y reconocimiento han mejorado sustancialmente en calidad”, en comparación con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.
Destaca que esto ha sido posible sin que hayan aumentado en número de tropas. Asimismo, “el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas no ha experimentado un incremento real sustancial”.
Luego de 10 años, las capacidades de los cuerpos militares han mejorado, pero no han sido suficientes para ganar la “guerra”. Y Las policías no se han preparado.
En 2006, cuando el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas, se dijo entonces que los militares combatirían al narcotráfico mientras se capacitaba y se depuraba a las corporaciones policiacas.
A más de 10 años, las policías de todos los tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.
Las corporaciones policiacas, luego de 2 lustros de guerra contra el narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el general de división en retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces de enfrentar el problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay una profesionalización de la policía”.
“Hoy las policías son simplemente administradoras de la delincuencia, no tienen otra función”, dice el especialista Guillermo Garduño, quien también ha sido conferencista en el Colegio de la Defensa de la Sedena. “Qué vamos a lograr con la entrada del Ejército. Pues que haya nuevos administradores de la delincuencia”. Y con la legalización de su estancia en las calles, las Fuerzas Armadas van a participar finalmente en procesos de corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa nueva Ley”.
Para Raymundo Díaz Taboada, está comprobado que la militarización no soluciona los problemas de inseguridad: desde que salieron los militares a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay una lucha efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no hay resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los mexicanos porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”, explica Raymundo Díaz Taboada.
Las policías están mal capacitadas, pero también están militarizadas: “cualquier corporación que se quiere certificar y pasar controles de confianza es mandada a campos militares para entrenarse y pasar pruebas; y ahí las tácticas que aprenden son tácticas militares”. Por ello es contrasentido que se reconozca que los militares no están capacitados para perseguir delincuentes, pero se les otorga “el poder de decir esta policía es confiable y esta no”.
Ahora bien, la corrupción no es privativa de las policías. Los vínculos entre elementos militares y el crimen organizado están perfectamente documentados. No se trata sólo de aislados soldados cooptados por el narcotráfico sino de batallones enteros (como el “desintegrado”, en 2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, Sinaloa) o de generales “prestigiados” antes de caer en desgracia, como Jesús Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando cumplía una condena de 40 años de prisión por delincuencia organizada), Francisco Quirós Hermosillo (sentenciado por ser parte del Cártel de Juárez; murió mientras purgaba una condena de 16 años de cárcel) y Mario Arturo Acosta Chaparro.
A este último se le recuerda por haber encabezado la lucha contra los grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello. Por lo que sí fue sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue rehabilitado por el panismo en el poder, quien lo liberó, lo consideró inocente y le devolvió su rango de general. Fue asesinado cuando cumplía las tareas que el gobierno de Felipe Calderón le asignó al final del sexenio: “apaciguar” el sureste del país.
A lo anterior deben sumarse las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por crímenes cometidos por el Ejército. En todos los casos, los hechos ocurrieron en Guerrero. Destacan los casos de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla en 1974, y las violaciones sexuales cometidas contra las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, atacadas por separado por soldados en 2002. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una nueva denuncia. Ésta por la ejecución extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar en Guerrero.
Tampoco puede ocultarse el cuestionamiento al Ejército por su actuar durante el ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
Más poder a los militares sin que haya contrapesos. “Los militares quieren una Ley de Seguridad Interior, pero no trasparentan sus archivos, no rinden cuentas”, observa Raymundo Díaz.
México vive un proceso de militarización, y una ley de seguridad interior viene a reforzar ese proceso. De facto, y por momentos con mayor rapidez, la militarización de todo el país inició a finales de la década de 1990.
“Hay que recordar que se quitó el uniforme militar a una brigada de la Policía Militar para transformarla en la Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal.”
La primera encomienda de esos militares vestidos de policía, en febrero de 2000, fue ocupar los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México y detener a más de 1 mil alumnos para romper la huelga estudiantil. Entonces los universitarios se oponían a la instauración de cuotas en la llamada máxima casa de estudios del país.
“Pareciera que el proceso de militarización va a seguir avanzando y que las violaciones a derechos humanos van a seguir incrementándose”, explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.
“La población mexicana empobrecida” es la destinataria de esta ley de seguridad interior. Requieren de esa ley “porque saben los gobernantes que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden exigir derechos”.
Esta ley será usada, más que contra criminales, contra comunidades organizadas. “Sobre todo pensando en los megaproyectos que tienen que ver con minería, con zonas económicas especiales, con mantener a la población como un recurso que le sirve a la economía global.
“Y es que la población empobrecida, en un momento dado, sí puede reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor acceso a la salud, a educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está la mano dura y el terrorismo de Estado”.
El general de división retirado Estrada Bustamante reconoce que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a las delincuencias, “pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia de derechos humanos.
“Si queremos respetar los derechos humanos, pues vamos a preparar a las policías, vamos a darles todos los medios operativos, administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no saben cómo conducirse respetando derechos humanos.”
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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