Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año, explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil millones de litros).
A éstas se suman mineras y grandes terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.
Las embotelladoras de agua figuran entre las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola, por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
En el caso de Coca Cola, ésta posee títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100 concesiones en el país.
Las transnacionales del ramo no sólo se benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de 21 millones de envases PET.
En esa lista también figuran las nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo Modelo, con 11.
Las cerveceras son también grandes privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de metros cúbicos al año.
Al revisar la base de datos del Repda –de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos” –título “08MEX100666/12IMDL12”.
Oficialmente la empresa reporta un volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin embargo este título no aparece en el registro de permisos para explotación de agua para “diferentes usos”.
Como el de esta cervecera, los casos de multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan inspecciones y cobro de derechos”, asegura.
Además del caso de las embotelladoras y cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.
Otras industrias con un consumo indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50; Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;
Aguas superficiales, subterráneas e incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen 87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.
A pesar de tan inminente riesgo, las autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados. Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso equitativo al agua.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica, impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.
“Esta ley nos impone un sistema único de concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le impuso a México”, asegura la activista ambiental.
Aunando en lo anterior, Burns detalla cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la privatización del agua es en serio”, asegura.
Los datos de la Conagua revelan que el sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126; seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como “diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24 mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1 mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.
En su mayoría, se trata de concesiones por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés de privados, observan defensores de los derechos humanos.
Más aún, en el sector agrícola existen permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24 establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos acaba siendo de 60 años.
“La Ley de Aguas Nacionales se constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.
Por la flexibilidad de esta legislación, empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la autoridades federales.
Al uso agrícola le corresponde el 76 por ciento del volumen concesionado del país, según el informe de Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141 millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual, se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.
Por ello, Elena Burns asegura que la Ley de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos, comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del riego”.
Para Miguel Montoya, “el actual régimen de concesiones, bajo la Ley de Aguas Nacionales, es muy permisivo y permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la propia legislación implica una privatización”.
Asimismo, el investigador asegura que la ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso, observa.
Montoya explica que de acuerdo con el artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión, pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a los grupos privados para permitir adueñarse del agua.
Aunado a lo anterior, la ruta de acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones, principalmente para uso agrícola.
Y aunque ahora se vive supuestamente una “cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy, la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–, las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a los privados por encima de las comunidades.
Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado –durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas para las concesiones.
En agosto de 2019, la Comisión Nacional del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual busca agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos, comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones en los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.
No obstante, el consultor legislativo Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.
Tanto para Miguel Montoya como para Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.
Los entrevistados coinciden en que la reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del trámite”.
Por su parte, el consultor en gestión integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por cuestiones de pobreza o violencia.
“Siempre hay una serie de coyotes muy conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo entre particulares”, detalla.
Para el consultor Miguel Montoya, estas transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.
Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese título”.
Agrega que los distintos decretos pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.
Observa como urgente que la próxima ley prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.
Miguel Montoya asegura que para entender el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan controversial Ley Korenfeld (llamada así por el exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma institución neoliberal”.
El especialista en derecho humano al agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades: este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente. “Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones sempiternas que se renuevan de manera automática”.
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México se ubica como el séptimo país del mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.
El documento detalla que el sector agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que controlan el 9.6 por ciento.
El mismo informe de la Conagua asegura que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.
Asimismo detalla que, de las concesiones del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no entran en dicha clasificación.
A pesar de que la federación las puede regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello, explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se encuentran estos yacimientos de agua.
Para el especialista, esto se resolvería con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”, afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano al preciado líquido.
Algunas empresas con mayor número de concesiones en México
| Empresa | Número de concesiones |
| Petróleos Mexicanos | 989 |
| Industrias Bachoco | 375 |
| Compañía Maya de Agua Purificada | 69 |
| Comisión Federal de Electricidad | 69 |
| Cementos de México | 50 |
| Grupo Nestlé | 43 |
| Envasadoras de Aguas de México | 30 |
| Embotelladora Aga | 24 |
| Grupo Bimbo | 29 |
| Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | 22 |
| Cervecería Modelo | 11 |
| Sector | Concesiones otorgadas |
| Agrícola | 233,126 |
| Público Urbano | 129,583 |
| Diferentes Usos | 50,720 |
| Pecuaria | 47,429 |
| Servicios | 24,977 |
| Doméstico | 16595 |
| Industrial | 8573 |
| Acuacultura | 1575 |
| Otros | 289 |
| Generación de Energía Eléctrica | 159 |
Lauren Franco
[INVESTIGACIÓN] [PORTADA] [SOCIEDAD]
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