La trama mafiosa que ha rodeado a directiva de la Cooperativa La Cruz Azul incluye amenazas de muerte, persecuciones en automóviles con sujetos armados e incluso fabricación de delitos en contra de opositores a las decisiones del prófugo Billy Álvarez, revelan testigos de la Fiscalía General de la República

Tres testimonios clave en la acusación penal que sostiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Guillermo Billy Álvarez Cuevas –y otros cuatro exdirectivos de la Cooperativa La Cruz Azul, tenedora del equipo de futbol de primera división Cruz Azul– revelan una trama mafiosa, que incluye amenazas de muerte a quienes se interponían con sus intereses, pero también persecuciones en automóviles por parte de hombres armados, y la presunta fabricación de delitos.

A Víctor Manuel Velázquez Rangel –exdirector Comercial de la Cooperativa– le habrían acontecido esas tres modalidades de amedrentamiento, según su declaración –que la FGR ha dado por válida– rendida el 14 de junio de 2020 ante el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Alejandro Padilla Cortés.

“Las amenazas [de muerte] de los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda no se detuvieron, sino que aumentaron, poniendo en peligro ahora la vida e integridad de mi querida esposa y mi menor hijo de apenas 13 años”, narró Velázquez Rangel aquel domingo, a pesar de la pandemia de Covid-19.

Y es que, aseguró, en febrero de 2019 su esposa Juliana Reynoso Cadena y su hijo salieron aproximadamente a las 06:40 horas de su hogar rumbo a la escuela, pero “fue interceptada por dos automóviles que le bloquearon el camino y de los cuales descendieron cuatro sujetos armados, quienes intentaron romper los vidrios de la camioneta que conducía mi esposa sin lograrlo, por ser ésta blindada, y con palabras altisonantes y armas en mano, los amenazaron con matarlos si continuaban ella y el suscrito en la pugna corporativa al interior de la Cooperativa”. El ataque se denunció el 22 de febrero de 2019 (carpeta de investigación CI-FAO/AO-3/UI-2 C/D00855/02-2019).

“Dos automóviles le bloquearon el camino y de éstos descendieron cuatro sujetos armados, quienes intentaron romper los vidrios de la camioneta que conducía mi esposa”

Los problemas de Velázquez Rangel empezaron 4 años antes, en 2015, luego de que participara en una asamblea general de socios de la Cooperativa. Ahí “me opuse a la venta de más del 40 por ciento de los activos propuesta por el entonces director general de la Cooperativa, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas. Con motivo de lo anterior, comencé a sufrir amenazas, intimidaciones y un fuerte acoso laboral, al grado de que en noviembre de 2018, ilegalmente, fui removido por el director general de mi puesto como director comercial, y fui suspendido ilegalmente también como socio de la Cooperativa”.

Ese también fue el inicio de la fabricación de delitos en su contra. “Fui acusado múltiples veces de haber cometido delitos por parte de personas ajenas a la Cooperativa y por instrucciones de los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, lo cual hoy se tiene probado [que] fueron acusaciones falsas tendientes a privarme ilegalmente de la libertad”.

Fabricación de delitos

El 13 de marzo de 2017, Patricia Negrete Aguirre, “quien resultó ser ahijada” de Billy Álvarez y su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas, “se presentó ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y denunció que en diversas fechas fue víctima del delito de trata de personas, supuestamente cometida por el suscrito y un compañero socio de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL. Dicha acusación fue soportada por el testigo falso que presentó la denunciante, de nombre Fátima Deyanira Estrada Macedo”.

Víctor Manuel Velázquez Rangel afirmó ante el agente de la Policía Federal Ministerial que antes de ser requerido por la justicia capitalina –bajo las acusaciones de “trata de personas, violación y abuso sexual agravado”–, Billy Álvarez lo llamó a su oficina (avenida Periférico Sur 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco) un viernes, a las 3 de la tarde, donde le señaló que él y el licenciado Miguel Eduardo Borrell Rodríguez “ya tenían todo controlado”.

Enseguida, Billy Álvarez le soltó: simplemente es cuestión de que cambies tu actitud. Velázquez Rangel no tiene duda del significado de esas palabras: “que aceptara la venta de una parte de la Cooperativa y formara parte de los múltiples desvíos millonarios para que la denuncia en mi contra no tuviera consecuencias. No accedí y antes de llegar a mi casa, vecinos me notificaron que había una patrulla intentando ejecutar una orden de localización y presentación en mi contra para comparecer a la carpeta de investigación FDTP/TP-1/UI-1C/D/00031/03-2017”.

Después, “el licenciado Miguel Eduardo Borrell Rodríguez me dijo que ellos podían hablar con la denunciante, Patricia Negrete Aguirre, [y que] que junto con Víctor Manuel Garcés Rojo podían hacer que todo culminara pronto y sin consecuencias para mí. Decidí mejor comparecer y fue ahí cuando me di cuenta de que la acusación en mi contra se trataba de puras mentiras”.

El testigo de la FGR aseguró que Patricia Negrete es distribuidora de productos de la Cooperativa y que, al momento de acusarlo penalmente de violación, ella tenía un adeudo por más de 12 millones de pesos con la empresa: Guillermo Álvarez, Garcés Rojo, Borrell Rodríguez y Mario Sánchez Álvarez prometieron condonárselo si continuaba con la “infundada acusación en mi contra” y así sucedió.

También señaló que en la comparecencia demostró con múltiples pruebas que los señalamientos eran falsos, al igual que lo referido por su testigo. Por ello, la señora Patricia modificó siete veces su declaración, “sin tener suerte en sus mentiras”.

Basados en los dichos de ella, Guillermo Álvarez, Garcés Rojo, Borrell Rodríguez, Sánchez Álvarez y Junquera Sepúlveda “comenzaron a dañar mi integridad de distintas maneras: primero, afuera de las oficinas de la Cooperativa mandaron a colocar afiches en una pared con mi imagen y con la leyenda ‘Se busca violador’. Esto lo repitieron en una pared a las afueras de la escuela de mi hijo. Finalmente, logramos que se determinara el no ejercicio de la acción penal a mi favor, […pues] se probó que lo dicho por la denunciante nunca sucedió en la realidad y puedo estar cierto de que los autores de tan cruenta maquinación fueron” ellos. Agregó que tras este suceso, Sánchez Álvarez autorizó condonar a la señora Patricia su deuda con lo Cooperativa y se le dieran nuevas claves de distribuidor para que continuara vendiendo cemento.

FGR: riesgo fundado de que atenten contra testigos

En la solicitud que la Fiscalía General de la República presentó al Poder Judicial para que se libraran cinco órdenes de aprehensión –en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda– constan las declaraciones de los testigos clave en el caso Cruz Azul

Al respecto, la FGR indicó: “la carpeta de investigación con los testimonios de tres personas y diversa documentación que aportaron a sus entrevistas demuestra la peligrosidad de los sujetos activos, mismos que han demostrado tener un comportamiento que involucra amenazas de muerte a los referidos testigos; es decir, la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte o ponga en riesgo su vida, así como de la documentación que agregaron a sus comparecencias, que los activos han influido para que peritos y testigos informen falsamente o se comporten de manera reticente en procesos judiciales diversos, por lo que la forma de garantizar que no ocurra ello surge ante la competencia ‘extraordinaria’ que por esta vía se plantea”, es decir, la prisión preventiva.

“Los testimonios de tres personas demuestran la peligrosidad de los sujetos activos, quienes han demostrado tener un comportamiento que involucra amenazas de muerte”

Uno de los testigos en peligro es Juan Manuel Briseño González, quien fuera director Financiero de la Cooperativa La Cruz Azul de 2014 a 2016. En dos entrevistas con el agente del Ministerio Público –el 2 y 14 de junio pasados–, éste narró que su principal labor era cuidar la economía de la empresa, el flujo de efectivo, cuidar que la distribución de las utilidades que se tenían se repartieran de forma equitativa, el manejo de pagos e ingresos, así como la instrumentación de procesos rígidos, “los cuales causaban disgusto a muchos miembros de la Cooperativa de alto nivel, en virtud de que ponía candados para cuidar el dinero”.

Briseño González expuso cómo fue “blanco de varios ataques orquestados”. Ello, porque Billy Álvarez Cuevas, Garcés Rojo, Borrell Rodríguez, Sánchez Álvarez y Junquera Sepúlveda “utilizaron pruebas y datos falsos para encarcelarme”. Fue el 6 de diciembre de 2015 cuando fue detenido por policías ministeriales en su domicilio, y luego llevado al Búnker de la entonces Procuraduría capitalina y posteriormente a los separos en la ahora alcaldía Gustavo A Madero.

“En la madrugada del 7 de diciembre me trasladaron sin darme explicaciones, y durante todo el trayecto fui torturado psicológicamente por policías ministeriales, con todo tipo de amenazas. Cuando llegamos pude darme cuenta que se me había trasladado al estado de Oaxaca. Ahí fui ingresado al penal de Ixcotel”.

El testigo de la FGR asegura que por esos días recibió la visita de una mujer de nombre Karla Fernández, “quien me sugirió alinearme al régimen de Billy Álvarez. Aproximadamente el día 9 de diciembre fui llevado a audiencia inicial, donde me hice conocedor de los hechos que supuestamente se me imputaban. La denuncia que daba origen al proceso en el que me encontraba es por la supuesta comisión del delito de extorsión”. Su denunciante era la persona moral Jorge Olvera Abogados, SC, representante legal de Eugenio Olvera Pérez, proveedor de la Cooperativa.

“La presentación de la denuncia en mi contra, advierto sin temor a equivocarme, no pudo haber sido más que la ejecución de una orden proveniente de quienes ya se mencionó”. La denuncia penal en su contra sostenía que el 20 de febrero de 2015, Briseño González había citado a Jorge Carlos Olvera Pérez, Jorge Olvera Quintero y Eugenio Olvera Pérez, en la ciudad de Oaxaca –en un restaurante llamado El Típico–, para conciliar supuestos juicios promovidos por diversos socios de la Cooperativa que lo habían demandado.

“El denunciante afirmaba que les dije textualmente: ‘A ver cabrón, ustedes saben quién autoriza y realiza los pagos de Cruz Azul, y esa persona soy yo. Si ustedes quieren recibir los 13 millones de pesos que se les debe, tienen que desistirse del juicio todos los socios que faltan; de lo contrario, no van a ver ningún pinche peso en su cuenta, y esos 13 millones se quedan en Cruz Azul, ¿esta claro? Sean inteligentes, se están jugando la vida’”.

Eugenio Olvera Pérez también denunció que habían recibido un cheque sin fondos por 13.5 millones de pesos y que había sido amenazado de muerte “por parte del de la voz”. No obstante, el testigo de la FGR asegura que el juez “resolvió de forma tajante auto de libertad por falta de elementos en contra del de la voz, y es que al hacer la valoración de las probanzas que existían dentro de la causa penal, quedó acreditado que primero que nada el de la voz me encontraba dando una conferencia en la Ciudad de México el día 20 de febrero, cuando supuestamente se suscitaron los hechos que se denunciaban, lo cual quedó fehacientemente acreditado con la declaración de múltiples testigos que ratificaron que yo había estado todo el día en esa conferencia en la Ciudad de México; en segundo lugar se acreditó que el despacho Jorge Olvera Abogados sí recibió un pago de 13 millones y medio por parte de la Cooperativa, lo que comprobó que jamás se extorsionó a nadie y mucho menos hubo algún detrimento patrimonial en contra de dicho despacho de abogados. Por último, se demostró que ni el denunciante ni sus testigos habían sido parte en los juicios en que supuestamente el de la voz había solicitado que se desistieron los socios de la Cooperativa, por lo que ni siquiera tenía sentido la supuesta extorsión que habían inventado en mi contra”. No obstante, luego de enfrentar ese proceso penal, fue destituido de su cargo por Billy Álvarez.

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El tercer testigo

El mismo domingo 14 de junio, la Fiscalía General de la República recabó el tercer testimonio que integra la carpeta de investigación por el caso Cruz Azul. Esta vez el suboficial Padilla Cortés entrevistó a Juan Antonio Marín Gutiérrez, víctima también de la fabricación de delitos.

Este testigo sostuvo que el 5 de abril de 2017, al salir de las oficinas de la Cooperativa La Cruz Azul “fui detenido por policías ministeriales de Veracruz y trasladado a dicho estado, en donde fui puesto a disposición del juez Tercero de lo Penal en el Puerto de Veracruz, quien libró en mi contra una orden de aprehensión por el supuesto delito de fraude”.

Marín Gutiérrez aseguró que –cuando fue detenido– Borrell Rodríguez, director jurídico de la Cooperativa, “fue quien seleccionó a mi defensor y no me dio opción, alegando que supuestamente era el mejor. En el momento que vi la imputación en mi contra, me di cuenta de que al igual que como ya había pasado antes en la Cooperativa, se trataba de delitos inventados, de pruebas y testigos fabricados en nuestra contra para dañar nuestra integridad, reputación y, sobre todo, eliminarnos de la toma de decisiones en la asamblea general de cooperativistas. Ello, con lo finalidad de que dejáramos de denunciar las actividades ilegales al interior de nuestra querida empresa, para hacer frente a los malos manejos de los recursos de la Cooperativa por parte de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda”.

El testigo dijo que en ese proceso penal en su contra le fue inventada una supuesta sobrina, “la cual no existe en mi árbol genealógico, [quien] me introdujo a su entonces pareja, a quien supuestamente le vendí un departamento en el Puerto de Veracruz. Durante mi detención, mi defensa argumentó que el día en el que el denunciante refirió tuvieron lugar los hechos en Veracruz, yo me encontraba en la Ciudad de México, visitando en el Sanatorio Español a un compañero socio que acababa de ser operado. Ahora sé que mi entonces defensa, impuesta por Borrell Rodríguez para así beneficiar al grupo delincuencial integrado por los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, no fue bien planteada y aunque obtuve auto de libertad, éste fue combatido por meses por parte de la supuesta víctima”.

El 29 de septiembre de 2018, Marín Gutiérrez fue electo –“por una mayoría aplastante”– presidente del Consejo de Administración durante la celebración de una Asamblea General de Socios de la Cooperativa. El testigo advirtió que al ser contraria esa decisión a los intereses de los ahora imputados, se “dio pie a que comenzaran diversas amenazas en mi contra, además de situaciones ilegales, como mi remoción del puesto de trabajo y de mi calidad de socio” por parte de Billy Álvarez.

“Como no cedí ante esas amenazas, casualmente mi defensa, impuesta por Borrell y pagada por Sánchez Álvarez con dinero de la Cooperativa, perdió mi asunto al no presentar en tiempo un recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito. En ese tenor, en marzo de 2019, se dictó mi reaprehensión. Afortunadamente antes de que fuera ejecutada, me di cuenta de lo sucedido y cambié de defensa. En ese momento, mi defensa se dio cuenta que la anterior había dejado pasar múltiples cuestiones de trascendental importancia para mis intereses.”

Y es que resultó que todo el caso fue un gran montaje: “el denunciante se había apersonado con una identificación falsa, al igual que todos los testigos; los supuestos movimientos financieros se hicieron a un banco que ya no existe. Incluso se comprobó mediante la información enviada por el banco que el denunciante ni siquiera tenía una cuenta bancaria en la institución que alegaba. Asimismo, Banxico señaló que las supuestas transferencias no fueron hechas; las firmas de los contratos mediante los cuales supuestamente engañé al inexistente denunciante resultaron falsas, a dicho de peritos privados y oficiales.

En conclusión, todo lo que obra en mi contra en la causa penal 144/2077 es falso y fabricado”.

Pero no sólo eso, en su testimonio rendido ante la FGR se estableció lo siguiente: “[…] mi defensa verificó y comprobó que mi caso se trató de una averiguación a modo, que casualmente fue integrada por el mismo [agente del] Ministerio Público que clonó la [averiguación] de Víctor Manuel Velázquez Rangel y no sólo eso, sino que eran números de averiguación previa consecutivos en el libro de registro que fue alterado vilmente con corrector y pluma. Por lo anterior, puedo concluir sin duda alguna que los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, así como han ideado un esquema para desviar dinero de la Cooperativa, también han logrado generar un esquema de corrupción con múltiples autoridades, locales y federales, para dañar a todos los socios de la Cooperativa que nos hemos opuesto a sus manejos; pues mi caso no es el único de delitos fabricados que han terminado en detenciones ilegales, que buscan intimidar y dañar la integridad de las personas que hemos hablado en su contra”.