A 11 meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aún no supera los vicios que heredó del sexenio pasado. Uno de sus principales lastres es el aún vigente contrato con RCU Sistemas, la empresa que proporciona servicios de seguridad a los 1 mil 60 beneficiarios y ha sido calificada como corrupta e ineficaz por organizaciones civiles.
En entrevista para Contralínea, el director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo, Jorge Ruiz del Ángel, advierte que durante este sexenio las agresiones contra periodistas en México ha ido al alza y por eso las solicitudes de incorporación han aumentado.
Ocurre que México se ha convertido en el peor escenario para ejercer periodismo de América: es el país con mayor número de periodistas asesinados –12– de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Y el 90 por ciento de las personas que ejercen esta profesión conocen un caso de agresión en el gremio local, señala el Informe sobre libertad de expresión 2019 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
Hablar de una urgente necesidad de transformación y mejora en el desempeño del Mecanismo –organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– implica conocer el origen y la complejidad de la violencia. Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, explica que las agresiones contra la prensa se incrementaron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hace énfasis en que aunque el gobierno opta en su discurso por culpar al crimen organizado, “los principales agresores de la prensa en México son los servidores públicos”.
La abogada especialista en temas de derechos humanos opina que el contexto es tan complejo que “ya no se distingue la línea entre poder y crimen organizado”. La organización que representa brinda acompañamiento legal a la familia de Miroslava Breach, una periodista asesinada “precisamente porque estaba investigando y tuvo el valor de destapar la narcopolítica que desde hace muchos años se gestaba en su estado [Chihuahua]”.
Para el funcionario Jorge Ruiz del Ángel considera importante que el nuevo gobierno encabezado por López Obrador empezara por reconocer la crisis humanitaria que vive México y el contexto específico de violencia contra periodistas. “A partir de esta coyuntura, que se presenta desde el primero de diciembre de 2018, las personas se han acercado con mucha mayor frecuencia [a solicitar ayuda del Mecanismo]”, comenta.
Pero este incremento en la demanda aún no se ha reflejado en una mayor capacidad de atención. Así lo evidencia el reciente Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento, realizado a petición de la Segob, pretende servir como punto de partida para realizar “mejoras” y “fortalecer” la institución con el objetivo de “garantizar un funcionamiento eficaz”.
“Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”, señala el Diagnóstico.
Las cifras son claras: el total de 36 funcionarios se ha mantenido estable desde 2014 mientras que la proporción de personas beneficiarias que le correspondería a cada uno ha aumentado en 235 por ciento. “Por ejemplo, cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio de 155 personas beneficiarias y, al 24 de abril de 2019, estaban pendientes 114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a poco más de 3 meses de trabajo de acuerdo con el ritmo actual del equipo que realiza los estudios de riesgo”, detalla.
“¿Cómo se va a solucionar esto? Bueno, hay todo el interés, al más alto nivel, del propio presidente de la República y, por supuesto, del subsecretario [Alejandro] Encinas de fortalecer con el mayor número de personal al Mecanismo”, comenta el directivo Jorge Ruiz del Ángel, a la vez que reconoce que los cambios en este sentido aún no se han concretado.
No sólo se trata de más personal. Sara Mendiola se muestra preocupada porque los analistas “están poco o mal capacitados. Lo que genera deficientes análisis de riesgo y, por ende, el plan de protección va a ser inadecuado porque no va a ser acorde al riesgo real o potencial que puede estar sufriendo la persona”.
Maurilio Santiago Reyes, abogado integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, coincide: “Hacen análisis sin fundamento, desde el escritorio se imaginan las cosas. Un buen análisis de riesgo siempre tiene que hacerse en campo. Considero que debe de haber personal suficiente y capaz. Y el personal que no sea eficiente tiene que ser destituido”.
Cuestionado sobre la capacitación de los funcionarios, Jorge Ruiz del Ángel dice que “hay personas que integran el Mecanismo que son expertos en libertad de expresión y en derecho internacional de los derechos humanos. [Además] hay una capacitación y un fortalecimiento permanente de los conocimientos en materias básicas que son propias de la labor del Mecanismo”. Comenta, por ejemplo, que estaban por tener una capacitación sobre género y seguridad como parte de un “programa permanente de capacitación”.
El titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo también revela que “entrará en vigor un nuevo modelo de metodología de análisis de riesgo, que es el corazón del Mecanismo. Y esto tendrá que llevarnos necesariamente a transitar por una mejora de las personas que somos los y las operadores”.
No obstante, el Diagnóstico elaborado por la ONU-DH es claro al mencionar que el Mecanismo aún “carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades”.
Sara Mendiola señala que el personal –empezando por el titular– tiene que tener los perfiles adecuados. Comenta que “cuando te sientas a platicar con el titular del Mecanismo, Aarón Mastache, o con Alejandro Encinas [titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob], pareciera que no advierten cómo van a atender la problemática de agresiones hacia la prensa”.
Por casi 2 meses, Aarón Mastache no tuvo tiempo para dar la entrevista solicitada por Contralínea. Al preguntar los motivos, José Luis Calderón –encargado de organizar su agenda– explica que el funcionario tiene otras responsabilidades dentro de la Segob, específicamente por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
El consejero Maurilio Santiago y abogado especialista en derechos humanos opina que estas otras tareas le restan mucho tiempo al funcionario. “Debe haber una persona especialmente dedicada al Mecanismo. Necesita ser de tiempo completo y no puede distraerse en otras actividades”.
Y agrega: “Desde mi punto de vista Aarón Mastache es una persona sensible pero que está en un proceso de aprendizaje. Y yo siento que todavía está aprendiendo a integrarse al trabajo”.
Sin embargo, al interior de la Secretaría de Gobernación parece no ser un problema. Jorge Ruiz del Ángel no ve “mayor inconveniente” en la carga extra de trabajo para Mastache. “Desde su primer día de llegar al Mecanismo nos instruyó para establecer acciones de coordinación y de atención en función de la coordinación que él está ejerciendo”.
La gran mayoría de medidas de protección que otorga el Mecanismo están privatizadas en una sola empresa y Sara Mendiola opina que esto “ha generado un caldo de corrupción”. Explica que “la situación [de violencia contra periodistas] amerita que el Mecanismo cuente con recursos suficientes tanto humanos como financieros para poder operar, pero tiene que haber transparencia en el uso. Y una de las grandes deficiencias del Mecanismo es la relación con la empresa RCU Sistemas”.
Contralínea pidió conocer uno de los contratos con esta empresa mediante la solicitud de información 400319619, pero la Segob negó el acceso al documento argumentando que si se divulgan los nombres de los proveedores existe riesgo para las personas beneficiadas de las medidas de seguridad. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos incluso solicita que esta información “se reserve por un periodo de 5 años”.
A pesar de la negativa, Contralínea tuvo acceso a otros documentos “reservados” elaborados por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob en la que se hacen observaciones sobre irregularidades en los contratos con RCU, con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos. Una lista detallada que incluye otras empresas además de RCU Sistemas ya ha sido publicado por este medio: https://bit.ly/36m8c4V
En el caso de RCU Sistemas, SA de CV, representada por Israel González León, se especifica que el contrato SG/CPS/12-1/2016-2017 debió ser licitado y no se justificó la adjudicación directa. El monto, 28 millones de pesos, fue usado del fideicomiso 10233 Bansefi, SNC, para pagar servicios de “protección y seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”.
De forma similar, en los contratos plurianuales SG/CPS/18/2018-2019 y SG/CPS/89/2017-2019 no está justificada la adjudicación directa “toda vez que la ‘confidencialidad de la información’ para brindar protección, no es en sí un supuesto que pudiera equipararse a ‘seguridad nacional’”, que fue lo que se argumentó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún mantiene reservados estos análisis oficiales.
El consejero Maurilio Santiago opina que “es una situación de corrupción que venimos arrastrando del priísmo” y que las relaciones con RCU Sistemas “tienen que ir rompiéndose”.
También organizaciones civiles y beneficiarios han exigido el fin de los contratos con esta empresa, porque además denuncian deficiencias graves de los servicios que proporciona. La directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, comenta: “Hemos insistido muchísimo en que se fiscalice a esa empresa, cómo se han gastado esos recursos, porque son cantidades muy altas y muchas veces no son adecuadas o no son funcionales para el riesgo de la persona”.
Jorge Ruiz del Ángel reconoce que también ha sido un “reclamo histórico” que el propio Estado mexicano, a través de sus diferentes instituciones, se haga responsable de la implementación de las medidas de seguridad. “Ya estamos en ello: a partir del primero de octubre empezaron procesos muy importantes relacionados con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación hacia el propio Mecanismo y hacia la empresa […]. Respecto al tema de escoltas, [el cambio] ya es una realidad”.
El directivo se refiere al cambio de escoltas privados que RCU Sistemas contrataba, por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública. Integrantes del Consejo Consultivo y organizaciones de la sociedad civil han celebrado esta modificación pero hacen énfasis en que hay varios otros servicios que proporciona esta empresa con deficiencias que se convierten en riesgos reales.
Por ejemplo, el abogado Diego Martínez, de la organización Artículo 19, explica que han documentado como “incluso a través del botón de pánico hay periodistas que han recibido amenazas. Es el colmo del absurdo: es un aparato que debería funcionar para darte primero un poco de tranquilidad emocional y después una seguridad de reacción en caso de que tengas riesgo”.
También explica que una de las fallas más recurrentes es que cuando los periodistas solicitan apoyo no les contestan. Un caso que acompaña Artículo 19 frente al Mecanismo es el de Julio Omar Gómez, un periodista que logró sobrevivir a cuatro atentados. Durante uno de los ataques, su escolta resultó herido de bala, usó el botón de pánico para pedir ayuda pero no le respondieron. Él mismo tuvo llevarlo al hospital, con todos los riesgos que esto implica. Finalmente el escolta perdió la vida. Aquí su historia completa: https://bit.ly/2plzWGt
En otras ocasiones, narra el abogado Diego Martínez, les han llamado a los periodistas para cobrarles tarjetas de crédito del anterior dueño del número. Estos dispositivos funcionan con chip de telefonía Telcel y “si son números reciclados, también pueden ser una fuente de riesgo”.
Por ello agrega que, aunque funcionan en zonas urbanas, no sirven en zonas rurales donde no hay señal. “Todas [estas deficiencias] son imputables al Mecanismo en tanto que es quien solicita el servicio de esta empresa y paga el contrato. Pero también la empresa es responsable, pues no ha hecho caso a todas las llamadas que les han hecho sobre las fallas que tienen este tipo de aparatos”.
—¿Hay alguna acción concreta para presionar y exigir a RCU Sistemas un mejor desempeño?
—Hay un esquema de supervisión que nos pidió emprender el propio ingeniero Mastache. Allí las reglas de funcionamiento son muy claras: Si no funciona A, procede B, y así sucesivamente. En eso estamos. Para que los servicios se brinden de manera oportuna, se mejoren y se corrija todo lo que se tiene que corregir hasta en tanto el contrato tenga vigencia y duración –responde Jorge Ruiz del Ángel.
El director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida explica que aún faltan algunos meses para que concluya el contrato con RCU Sistemas y se está realizando un análisis porque hay servicios que no puede proporcionar el gobierno. “No estoy diciendo que sea esta empresa, sino a través de un concurso público, que respete la secrecía y las reglas de seguridad correspondientes, se pueda llamar a otras instituciones privadas para participar en este proceso”.
Atziri Ávila López, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, opina que no es una cuestión tan fácil. “Tampoco existen varias empresas que pudieran dar el servicio. La propia empresa se ha ido fortaleciendo y especializando de la mano del Mecanismo. Otras empresas que pudieran reemplazarla… No existen, no tan rápido. Lo que queremos es que la seguridad y protección [de personas defensoras y periodistas] se asuma desde las autoridades y que sean mínimas las medidas que tengan que rentarse o comprarse”.
En entrevista, la directora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, Tobyanne Ledesma, explica que la institución local que preside cuenta con diferentes empresas proveedoras y realizan el proceso de contratación tras una revisión de varias opciones.
“Creo que debemos confiar en la nueva administración del Mecanismo federal. Claro, siempre con la atención de las personas [beneficiarias]. Que si ya pusieron su dedo en el renglón sobre los botones de pánico, que sea de las cosas que se revise prioritariamente”, comenta.
El contexto de violencia que vive México ha generado el desplazamiento forzado de personas y en el gremio periodístico ocurre lo mismo. Su situación es alarmante: al huir del riesgo inminente muchos dejan atrás su empleo y sus propiedades para buscar refugio, se trasladan junto a sus familias a ciudades que desconocen y viven en precariedad. No tienen acceso a servicios de salud y mucho menos a actividades de esparcimiento.
A diferencia del Mecanismo federal, los esfuerzos del Mecanismo de la Ciudad de México para instrumentar políticas de atención integral han sido reconocidos por especialistas y beneficiarios. En entrevista, la directora Tobyanne Ledesma, explica el proceso de diagnóstico realizado para conocer las necesidades de esta población vulnerable, sus resultados y las gestiones realizadas para su atención.
“No podíamos seguir a ciegas, sin tener mayor información, y diseñamos un diagnóstico. En nuestra metodología de primer contacto con personas en situación de refugio les comenzamos a hacer una serie de preguntas para saber cuál es su situación, si vienen acompañadas o solas”, explica la directora.
Aunque no considera que no se trata de un proceso de investigación exhaustivo, esta recopilación de datos en expedientes les permitió identificar y ofrecer “atenciones específicas” para cada persona. Reconoce que un reto pendiente es realizar un trabajo más profundo con las familias.
“Por diversos factores, como la desconfianza, no podemos tener información, de primera mano, de lo que necesita la esposa o el esposo, por ejemplo. Sino solo lo que la persona defensora [o periodista] nos dice de su núcleo familiar. Entonces hay que ir construyendo estos mecanismos de comunicación.”
De acuerdo con los resultados del diagnóstico que se compartieron a Contralínea, hasta el 31 de agosto el Mecanismo de la Ciudad de México se atendieron 64 casos. De éstos, 30 son periodistas, tres colaboradores periodísticos y 31 personas defensoras. Además se hizo un desglose específico de las personas en condición de refugio.
Las principales necesidades de este grupo fueron en materia de salud y “actividades familiares”. De forma más recurrente se identificó la necesidad de atención odontológica, y la carencia de de actividades culturales y recreativas.
“Muchos de ellos no salen, nunca. No van ni al cine. Y tiene que ver con autonomía económica: si no puedes satisfacer tus necesidades básicas cómo vas a ir al cine”, explica Tobyanne Ledesma. La directora señala que están construyendo vínculos con Casa Refugio Citlaltépetl para que las personas desplazadas puedan ir a ver obras de teatro a partir del próximo año.
Tobyanne Ledesma comenta que las necesidades de salud fueron las primeras que salieron a relucir durante el diagnóstico. Al día de hoy, la dinámica es la siguiente: Las personas refugiadas avisan al Mecanismo de la Ciudad de México qué alcaldías se les acomoda mejor y esta institución se encarga de hablar con la Secretaría de Salud local para que les abran las puertas un centro médico cercano. Los datos personales se cuidan en todo momento e incluso se cuida la distancia durante el monitoreo.
“Nos avisan si llegaron, cómo están, y entonces inicia un proceso que ni siquiera tiene que pasar con nosotros. Se ve todo directamente con la Secretaría de Salud”, comenta.
Gestiones similares se llevan a cabo con otras instituciones que dependen del gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría del Trabajo y el Instituto de la Juventud. De esta manera se aspira brindar una atención integral echando mano de todas las dependencias, tal como lo permiten “las letras pequeñas” de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.
Para el caso de la Ciudad de México, la ley señala que algunas instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia integrarán de forma permanente el Consejo de Evaluación de Medidas. Sin embargo, se puede citar a cualquier otra dependencia que sea necesaria para garantizar la protección y salvaguarda de la persona. “[Ejercer esta facultad] nos permite que cuando llega un caso con múltiples factores de riesgo podamos echar mano de lo que otras instituciones ya tienen”, comenta Tobyanne Ledesma.
La directora del Mecanismo local opina que las discusiones que se están teniendo en el poder legislativo ayudarán a fortalecer la relación del Mecanismo federal con otras instituciones. “Obviamente con la vinculación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una recomendación de ONU-DH. Y que claramente se definan los roles de nuestras instituciones para evitar procesos de revictimización”, comenta.
El Diagnóstico de ONU-DH señala que el Mecanismo federal “no cuenta con un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Jorge Ruiz del Ángel dice que el fortalecimiento de la interlocución “tendrá que ser una apuesta y se seguirá cultivando para casos en los que las personas tengan que salir de su lugar de origen. Para que puedan permanecer en un lugar seguro garantizando un estándar de vida muy similar al que tenían antes de la reubicación”.
El director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida admite que atender el fenómeno de desplazamiento forzado “en algunos casos es un poco complejo. Afortunadamente tenemos redes de comunicación con periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
El funcionario también comenta que están trabajando en un proyecto de de cooperación con el gobierno de la Ciudad de México para generar una atención más completa. “La intención es establecer reglas muy claras para generar atenciones integrales a favor de las personas que son beneficiarias del Mecanismo. Ese convenio va a establecer reglas de coordinación y operación que van a permitir generar una política pública de atención a quienes viven o transitan en la Ciudad de México, cuando se requiera desplegar alguna acción de protección”.
Al tratarse de un proyecto integral, el Mecanismo busca regirse por los principios de Naciones Unidas para la atención de personas víctimas de desplazamiento forzado. “Hay que garantizar los mínimos vitales a los que tiene derecho toda persona: salud, educación, recreación, esparcimiento… El tema que representa un verdadero reto porque escapa y transita hacia otro esquema de abordaje: la generación de empleos”, comenta Jorge Ruiz del Ángel.
En otras entrevistas, Aarón Mastache ha comentado cifras aproximadas del número de personas defensoras o periodistas desplazadas en la Ciudad de México. Son alrededor de 70 personas y la inexactitud tiene que ver con una medida de protección de las personas reubicadas.
Sara Mendiola señala que “el gobierno no tiene claro todo lo que implica el problema del desplazamiento y no tiene claro cómo generar esquemas de retorno a las comunidades”. Detalla que la impunidad en el sistema de procuración de justicia y la relación entre política y crimen organizado son elementos que permanecen en la base del problema.
“No es un tema tan fácil de resolver: si partimos de que el agresor fue un gobernador, un presidente municipal, o un jefe policiaco del Estado, difícilmente el periodista va a poder regresar en un corto plazo”, explica.
La directora de Propuesta Cívica señala que “tendría que haber una sanción para el servidor público. Pero para que exista una tendría que haber una investigación oportuna, efectiva y objetiva. Lo cual no se da”, lamenta
Aquí entra en el tema la Fiscalía General de la República y específicamente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Una institución que, tal como lo recuerda Sara Mendiola, tiene un índice de impunidad cercano al ciento por ciento.
“Todas las instituciones tienen que involucrarse como corresponsables de esa protección de las personas. Se tiene que entender la lógica de que no solo la persona periodista es objeto de protección, de medidas policiacas, sino que, como sujetos de derechos, se debe garantizar su labor periodística”, concluye la abogada especialista en derechos humanos.
Respecto al caso específico del Mecanismo, el directivo Jorge Ruiz del Ángel confía en que al término del sexenio de López Obrador se logre tener un avance claro en materia de protección a periodistas.
Explica que ya está en marcha una “ruta” de transformación, un programa de cambios a mediano y corto plazo con base en las recomendaciones realizadas en el Diagnóstico realizado por ONU DH. Son modificaciones que “se tenían que dar desde hace muchos años”, reconoce el funcionario.
Marcial Yangali
[INVESTIGACIÓN] [MEDIOS]
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