María juega mientras comienza a hervir el agua con la que su madre le preparará la cena; estará lista en unos cuantos minutos. Anda descalza sobre el piso de tierra que tiene la casa en la que habita. Sus pies regordetes lucen empolvados. Tiene 3 años y con su voz infantil pregunta por la sopa que comerá.
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Su madre saca un vaso de unicel de una bolsa donde guarda su despensa. Comienza a verter el agua hervida al recipiente. La pequeña María aplaude emocionada: ya va a estar su comida. El empaque del vaso indica que los “fideos instantáneos” tendrán sabor a “pollo”.
Ésa será la comida más “fuerte” que habrá hecho durante el día, compartida con su hermano 5 años mayor que ella. La dieta en su familia es azarosa –todo depende de lo que se tenga a la mano–, aunque la “sopa de vasito” es consumida regularmente. El costo, de 7 pesos, es accesible para una familia que se ha quedado sin milpa y que vive en la mixteca oaxaqueña con escasos recursos.
María es un ejemplo de que en México no se ha resuelto el problema de desnutrición. Éste debió resolverse en la década de 1980, después de tener las primeras encuestas nacionales. Pero no sólo eso: ahora el país registra una enorme carga de obesidad.
Los resultados de la Encuesta nacional en salud y nutrición 2012 –elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública– indican que la desnutrición crónica que se contabilizó desde la década de 1980 no ha sido abatida: “actualmente, 14 de cada 100 preescolares tienen baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica, lo que representa casi 1.5 millones de menores de 5 años”.
Se intentó hacer, a través del sistema alimentario, un modelo integral para asegurar que hubiera alimentos saludables, una economía rural sustentable y creciente. Así lo explica Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).
Sin embargo, dice el experto, en lugar de eso el gobierno se enfrascó en un modelo paternalista, en el que el combate a la desnutrición se vio como asistencialismo social, con el regalo de despensas, y no como un programa de atención integral al desarrollo de la niñez.
“México presenta un notable rezago en el abatimiento de la desnutrición materno-infantil y en garantizar el acceso a una alimentación suficiente y saludable de la población rural marginada […]. Supone un horizonte de más de medio siglo para su abatimiento en los estratos más pobres de la población: las zonas indígenas y el medio rural de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Puebla y Veracruz”, dice el informe Elementos sustantivos para la construcción de una política pública alimentaria y nutricional en México.
El documento –resultado del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional, realizado en 2012– destaca como parte de esta problemática la muerte de 1 millón 300 mil niños en las últimas 3 décadas.
Al respecto, indica:?“muertes que hubieran podido evitarse de haber optado por un modelo de atención a la nutrición y salud materno-infantil basado en la garantía de acceso universal efectivo a mínimos de bienestar, en vez de un modelo basado en la igualdad de oportunidades [y] en un sistema de libre mercado”.
Además de la persistencia de la desnutrición infantil, se ha producido una grave epidemia de obesidad y enfermedades asociadas que afectan a la mayoría de la población, situación que denota que se ha transitado aceleradamente en la mala nutrición.
La epidemia, expone el informe realizado por expertos en salud, ha permeado progresivamente a las capas de menores ingresos y afecta ya a más del 70 por ciento de la población adulta del país.
En el medio rural, esta situación reviste especial gravedad, pues la obesidad en adultos que fueron desnutridos en la infancia presenta un mayor daño metabólico y aumenta considerablemente el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de tumores malignos y otras enfermedades crónicas no transmisibles.
“No podemos asumir que las transferencias económicas a través del Programa Oportunidades [operado por la Secretaría de Desarrollo Social, encargada del combate a la pobreza en México] o la papilla iban a garantizar buena nutrición y salud; [pues] éstas tienen que ver con condiciones socioeconómicas, acceso a alimentos, condiciones de vivienda, a agua limpia, educación; y no que les transfiramos dinero con lo que compran [comida] chatarra o alcohol”, dice el investigador del INCMNSZ, Abelardo Ávila Curiel.
En entrevista con Contralínea, Ávila Curiel expone que este problema se debe a que no hay una orientación alimentaria: en lugar de los anuncios publicitarios debería haber promoción por parte del Estado, incrementar la producción de frutas y verduras y disminuir las importaciones.
Relata que en 2008 la Secretaría de Salud elaboró un programa de combate a la obesidad con énfasis en el aspecto alimentario; esto implicaba incrementar impuestos, regular la publicidad, mantener vigilancia epidemiológica, informar a la población.
El problema, dice, es que las empresas cabildearon y dijeron que eso iba contra la libertad de comercio, que había que hacer un acuerdo nacional por la salud alimentaria, que tampoco funcionó.
—¿Hay abandono del Estado para garantizar la alimentación de los mexicanos?
—El Estado no ha cumplido con sus obligaciones, aunque hay un mandato en la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]. La obligación del Estado es el bienestar de la nación. Ha hecho mal las cosas.
La sustitución de los alimentos en la dieta diaria de los mexicanos es un indicador de cómo ha permeado el modelo neoliberal, de preferir lo ajeno, lo trasnacional, expone Francia Gutiérrez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).
Julieta Ponce Sánchez, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria (COA), AC, dice que es momento de hacer un recuento de los últimos 30 años relacionados con la alimentación en México.
“Hay desnutrición infantil en México no sólo por la disponibilidad de calorías, sino por una disminución en la capacidad biológica de respuesta a las enfermedades, todo lo que ha ocasionado muertes que no tenemos registradas debidamente.”
Es “lamentable” que las encuestas más recientes indiquen que la población menor de 5 años tiene los peores resultados de la política alimentaria, con 1.5 millones de niños en desnutrición.
A decir de la especialista, cualquier nivel de pobreza afecta directamente la alimentación de las personas, porque el ajuste económico que se hace al interior de las familias implica cambios en la compra y consumo de alimentos, es entonces que se priorizan los carbohidratos y las harinas.
Esta situación responde a una economía de libre mercado, expone la nutrióloga del COA, “para los gobiernos ha sido más fácil abrir carreteras y dejar que penetren los mercados de la industria alimentaria a las comunidades más pobres que crear centros de consumo”.
Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, considera que el panorama que dejan ver las cifras oficiales es muy dramático; hay quien piensa, dice, que es una “política de genocidio”.
Y es que es un drama que se exacerbó en los últimos 20 años, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en 1993), cuando el expresidente Carlos Salinas decidió que era mejor importar alimentos que producirlos en el país.
Desde entonces, México se convirtió en un “agroimportador neto”, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya que importa el 42 por ciento de los productos que consume.
Esta política de genocidio, comenta San Vicente Tello, “es para vaciar los territorios campesinos que están llenos de bosques, minerales y recursos genéticos, base de la alimentación. Ya no hay un tejido social amplio que lo defienda”.
Francia Gutiérrez Hermosillo, secretaria técnica del Conoc, opina que los resultados de desnutrición y obesidad en México “no son un accidente”. Es, dice, parte de un diseño incentivado de acentuar la migración generacional del campo, desde la entrada de las políticas neoliberales con las que se generó mano de obra itinerante y la capacidad de acaparar tierras.
Esto último, expone, es el primer “despojo” para desincentivar la producción de autosuficiencia en la autonomía de las comunidades. “A la hora que les quitas los alimentos los estás vulnerando políticamente: ahora tienen que poner un pie afuera, interactuar con los administradores del sistema global”.
México, en un sistema de competencia y expuesto al libre mercado, ya no es capaz de producir sus propios alimentos. “Se ha vulnerado su soberanía alimentaria”, dice la secretaria técnica del Conoc, quien además lamenta que sea la agroindustria la que recibe subsidios que deberían ir a los pequeños productores.
Contralínea (edición 278) ha documentado que Maseca, Cargill, Bachoco, Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas han recibido recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos. Sus dueños y marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia gubernamental promovida por la Secretaría de Desarrollo Social, pretende abatir la pobreza extrema alimentaria que presentan más de 7 millones de personas, ubicadas en 400 municipios del país. No obstante, el programa iniciado con la administración de Enrique Peña Nieto tiene imprecisiones en su diseño, indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Entre las observaciones del Coneval plasmadas en la primera evaluación al programa, se destaca que el diagnóstico no especifica con claridad cuál es la problemática concreta de los productores rurales pequeños ni de la merma postcosecha. Posiblemente por esta razón, la estrategia necesita definir con mayor claridad cuál será la intervención para elevar el ingreso de los pequeños productores rurales y para reducir las pérdidas postcosecha.
Entre otros aspectos, destaca: “no es claro por qué se eligió el objetivo de desnutrición aguda y no el de desnutrición crónica, que es un problema de mayor incidencia en el país y de mayores repercusiones en el futuro desarrollo de las niñas y niños”.
Julieta Ponce Sánchez, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria, AC, opina que la estrategia gubernamental del gobierno de Enrique Peña Nieto es una “simulación: carece de todas las posibilidades para tener buenos resultados. Los problemas de alimentación y nutrición que tenemos en México tienen un origen monetario”.
El investigador Abelardo Ávila Curiel dice que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se reconoce el problema y se trata de articular y alinear integralmente el quehacer de diversas instituciones, aunque sigue atrapada en la inercia del aparato de Estado.
Amanda Gálvez Mariscal, coordinadora del Programa Universitario de Alimentos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice en entrevista: “No quiero sonar nostálgica, pero habría que regresar a la milpa y remasterizarla”.
La investigadora universitaria comenta que el maíz, la calabaza, el frijol y los quelites forman parte de una unidad integrada de alimentación que se ha abandonado. “Es una cosa muy sabia la siembra en conjunto del maíz y el frijol, ya que juntos se enriquecen por los nutrimentos de ambos”.
Gálvez Mariscal comenta que esa combinación debería traspasarse a un sistema moderno de producción de alimentos, que pudiera tener las bondades de un cereal y una leguminosa en la mesa de cualquier persona; las hierbas son fuentes de mineral, vitaminas y fibra; además, constituyen la biodiversidad del país. “Todo esto te da una serie de nutrimentos que no se tienen en una sopa Maruchan (fideos instantáneos)”, señala.
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