Trece organizaciones internacionales han formulado más de 150 recomendaciones a México durante el presente sexenio; todas, relacionadas con la ola de desapariciones que, desde la Guerra Sucia y hasta el presente, enluta a miles de familias

Al menos 156 recomendaciones en materia de desaparición de personas ha recibido el Estado mexicano de parte de 13 organismos internacionales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La mayoría de ellas no ha sido solventada en lo absoluto. Si se suman las del último año del sexenio pasado, de Felipe Calderón, las indicativas suman más de 300.

Las recomendaciones han sido emitidas, en su gran parte, por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero también, por otras nueve instancias de la Organización de las Naciones Unidas: el Comité contra la Desaparición Forzada; el Comité contra la Tortura; el Comité de los Derechos del Niño; el Consejo de Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, Sus Causas y Consecuencias; la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la  Pornografía, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

México se ha convertido en el mayor receptor de recomendaciones por este crimen de lesa humanidad, muy por encima del segundo lugar, Irak –que padece guerra civil, invasión y ocupación terrorista–, que recibió 68.

Oficialmente, México reconoce 30 mil 942 personas desaparecidas (forzadas o no) o extraviadas, como reportó la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en marzo pasado. De ellas, casi 7 mil son menores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de familiares de las víctimas aseguran que la cifra total real es superior, pues muchos de los casos no se denuncian.

Ariel Dulitzki encabezó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de 2010 y hasta el 30 de abril pasado. Supo de la situación mexicana, conoció el caso de los 43, visitó el país, se reunió con familiares de las víctimas, con organizaciones defensoras de derechos humanos, con funcionarios de los tres niveles de gobierno de México y emitió recomendaciones.

A pesar de ser cauto, su evaluación es clara: México ha faltado en todo. “En general, el Estado [mexicano] ha fallado en sus respuestas en materia de verdad, justicia y reparación”.

Pero no es estridente. En entrevista con Contralínea, señala que no se puede generalizar la actuación de todos los servidores públicos. “Hay muchas autoridades a nivel estatal como a nivel de la Federación, y a nivel de los tres Poderes del Estado [Ejecutivo, Legislativo y Judicial], que tienen voluntad de hacer las cosas bien, desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El problema es con dos tipos de funcionarios: aquellos “que están implicados en desapariciones forzadas” y aquellos “que no tienen voluntad política para tratar las necesidades de las víctimas de desapariciones forzadas”.

La primera recomendación que hizo a México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue el de reconocer la dimensión del problema, recuerda el abogado Santiago Corcuera Cabezut.

El maestro en derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y quien fue presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada hasta junio pasado, sentencia: “si  no se reconoce la dimensión del problema no se van a seguir las recomendaciones que las instancias internacionales le hacen al destinatario”.

Y es que el gobierno mexicano, lejos de aceptar las recomendaciones de las instancias internacionales, las descalifica y cuestiona la integridad y la capacidad de las organizaciones que las emiten.

En entrevista con Contralínea, Corcuera Cabezut explica el comportamiento del Estado mexicano con una analogía: “Es como un paciente que va al médico por alguna afectación. El médico le dice que tiene una grave enfermedad y que debe seguir un tratamiento; pero el paciente se enoja con el médico, le dice que exagera, y va a ver a su abogado para preguntarle si las recomendaciones apuntadas son de carácter obligatorio”.

?¿Esa falta de voluntad política tiene su origen en que podría haber funcionarios implicados en la desaparición forzada? –se le pregunta a Corcuera Cabezut.

?No lo sé. No sé qué piensan: si se sienten agredidos, dolidos… no lo sé. Lo que sí puedo juzgar es la reacción que exteriorizan: es la descalificación de las instancias internacionales que les formulan recomendaciones y la negación del problema. Y ante tales actitudes, no habrá solución para el problema.

“El Estado mexicano no se va a hacer el harikiri”, dice sin ambages el luchador social Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).

“El Estado mexicano no tiene el deseo de que se conozca la verdad de los desaparecidos porque él mismo está implicado. Va a seguir protegiendo a sus entes. Y va a hacer todo los posible porque no se sepa cuáles son esas cadenas de transmisión que mueven la necesidad de protegerse entre unos y otros, sean militares, policías y civiles”, señala el luchador social que demanda la presentación de personas que fueron desaparecidas desde las décadas de 1960, 1970 y 1980, el periodo de la Guerra Sucia.

A decir de Julio Mata, basta un hecho para corroborar que no hay voluntad política de las autoridades mexicanas para que se conozca la verdad y se haga justicia en materia de desapariciones políticas: hoy y durante la “alternancia”, cuando por 2 sexenios detentó el Poder Ejecutivo Federal el Partido Acción Nacional (PAN), se mantiene la negativa de abrir los archivos del Ejército Mexicano.

Entrevistados por separado, los especialistas coinciden en que hay una condición para que no se haga justicia en materia de desapariciones y también para que sigan ocurriendo estos crímenes considerados de lesa humanidad: la impunidad.

Para Julio Mata, si hay algo que caracteriza a las desapariciones que hoy ocurren en México con las del periodo de la Guerra Sucia es la impunidad. “El Estado es responsable”, señala. Incluso reitera esa responsabilidad para los casos en los que no se consideran desapariciones forzadas: “Ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia, el Estado mexicano es responsable”.

Desde 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano autorización para realizar una visita de trabajo para revisar los avances en el combate a este crimen. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han respondido al organismo internacional.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto el Comité contra la Desaparición Forzada como el Consejo de Derechos humanos (ambos de la Organización de las Naciones Unidas) tuvieron que recomendar “enérgicamente” al Estado mexicano que reconociera la competencia del propio Comité contra la Desaparición Forzada para formularle recomendaciones.

Muchas otras “sugerencias” vendrían para que las autoridades mexicanas pusieran en práctica las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales.

Sólo en materia de investigación de casos de desaparición, el Estado mexicano recibió 30 recomendaciones en lo que va del sexenio. La mayoría de ellas, formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, la que investigó la desaparición de forzada de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Además de las recomendaciones en materia de investigación, el Estado Mexicano recibió “sugerencias” para acatar el régimen internacional de protección; adecuar el marco legislativo para atender la desaparición de personas (en general, y en particular la desaparición forzada); clarificar la situación legal de las personas desaparecidas y de sus allegados; construir un registro único nacional de personas desaparecidas confiable y útil; generar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas sin dilaciones y de oficio; para reformar la jurisdicción militar en la materia; de protección y apoyo a las familias y personas que denuncian, participan o defienden casos de desaparición; establecer un registro de personas privadas de la libertad; garantizar el derecho a la libertad personal (entre otros asuntos, derogar la figura del arraigo); prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; otorgar particular atención a las desapariciones de mujeres; sancionar en la legislación la desaparición de niñas y niños; instrumentar un programa especial con respecto de las desapariciones de la Guerra Sucia; reformar las fuerzas de seguridad, y garantizar el derecho a la reparación.

Sobre este último apartado, la primera recomendación de 2015 –formulada por el Grupo de Expertos Independientes– señala que el Estado mexicano debe “concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos”.

La segunda se refiere a otorgar una reparación integral “y transformadora” a las víctimas. “Toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada debe contar con reparaciones tales como: medidas de rehabilitación, satisfacción, compensación, restitución si es el caso, y garantías de no repetición. Con base en los estándares internacionales de derechos humanos se deben reparar los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los daños inmateriales (medidas simbólicas) y el daño al proyecto de vida”.

A pesar de ir a contracorriente y de la falta de voluntad de los funcionarios, los familiares de los desaparecidos no tienen otra opción que seguir exigiendo al Estado mexicano justicia.

A decir de Corcuera Cabezut, las demandas a las autoridades “deben ser, uno, que reconozcan la dimensión del problema; dos, que pongan en práctica todas y cada una de las recomendaciones que las instancias internacionales han hecho con el fin de ir superando poco a poco la gravísima crisis humanitaria en la que el país está sumergido, donde hay práctica generalizada de la tortura, donde en muchas regiones del país pudieran estarse presentando desapariciones generalizadas y donde muchas de las cuales se trata de desapariciones forzadas (es decir, cometidas por agentes estatales]”.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017