El poder y la influencia que adquiere la Iglesia Católica en México contrastan con la trivialidad que prevalece en la diplomacia mexicana ante el Vaticano. Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que mientras los representantes de ese Estado en México cabildean para imponer sus intereses, los políticos mexicanos acuden a Roma a eventos meramente religiosos o turísticos

Cinco informes realizados por distintos embajadores de México ante el Vaticano, enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, revelan que la relación con ese Estado “necesita aún de definición y de decisión política” para establecer la adecuada y precisa función de esa legación.

Los documentos dan cuenta del trabajo que desplegó esa misión para atender la visita, el 8 de abril de 2005, de Vicente Fox al Vaticano durante las exequias de Karol Wojtyla. Veintidós días después, la señora Marta Sahagún de Fox, acompañada de su comitiva, acudió a la ceremonia del inicio del pontificado de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). Asimismo, esa embajada coordinó la visita del presidente Felipe Calderón al Vaticano, el 4 de junio de 2007; seis meses después, su esposa Margarita Zavala acudió al mismo sitio para participar en la presentación de la muestra Navidad Mexicana.

Entretanto, la Santa Sede, a través del Episcopado, la Nunciatura y la Arquidiócesis, despliega una política activa en México: mantiene a raya a otros credos y cabildea contra el aborto, el uso del condón, la eutanasia o la unión entre homosexuales. Además, censura a funcionarios –por ejemplo, el aumento frustrado de los salarios de los consejeros del Instituto Federal Electoral– y a partidos políticos, por no sumarse a las iniciativas del Ejecutivo contra el narcotráfico.

Estos siete años, tanto el embajador en turno como el personal de la legación se avocaron a organizar la estancia en el Vaticano de numerosos funcionarios de alto nivel, legisladores y artistas que se reunieron con autoridades vaticanas en actos que, en ocasiones, trascienden los asuntos públicos y pasan a ser de índole estrictamente religiosa.

Así ocurrió el 15 de octubre de 2006 cuando el entonces canciller Luis Ernesto Derbez y el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Migratorios, Lauro López Sánchez, asistieron a la ceremonia de canonización del obispo mexicano Rafael Guízar y Valencia.

Por otra parte, los informes que liberó la cancillería –que exhiben notorias ediciones o, en varios casos, son meros formatos– manifiestan el persistente interés de los embajadores en lo que llaman “fomentar la cooperación educativa y cultural” con el Vaticano.

Sin embargo, pocos resultados se aprecian de esos encuentros, como la visita que realizó la entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, el 17 de enero de 2004, “a fin de explorar posibilidades de cooperación”, y siempre con cargo al erario.

Por otra parte, se sabe por esos documentos que, el 9 de octubre de 2005, el Vaticano donó 20 mil dólares a favor de las víctimas de los huracanes Stan y Wilma al obispo de Villahermosa, Tabasco, a través del presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Precisamente, por causa de ese desastre, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Desarrollo Social, canceló su segundo viaje al Vaticano. Ya el 6 de agosto de 2004 había asistido con sus “colaboradores” a un desayuno informal con el cardenal Javier Lozano Barragán en Ciudad del Vaticano, según indica uno de los informes obtenidos por Contralínea.

Informes a medias

A pesar de que existe una misión diplomática mexicana en Italia, situada en Via Lazzaro Spallanzani 16, en Roma, es la embajada del tercer piso en la Via Ezio número 49 la que atiende los asuntos de los mexicanos en el Vaticano.

De ahí se habrían despachado los cinco informes entregados a esta revista por medio de la Ley de Transparencia.

El primero corresponde a la gestión de Fernando Estrada Sámano, embajador mexicano de mayo de 2001 a diciembre de 2003; el segundo describe las tareas desarrolladas por esa legación en 2004 y carece de firma, igual ocurre con el informe de 2005. Los documentos relativos a la misión de Luis Felipe Bravo Mena, en los años 2006 y 2007, duplican sus primeros párrafos, con lo que se asume que se trata de un forma to, no de un desglose de tareas.

Se accedió a ellos por la solicitud de información pública 500007209. En su oficio de respuesta UDE-400/09, la responsable de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta que la comunicación DGE- 0342 de la Dirección General para Europa hizo saber que: “En los archivos de esta Dirección General no se tienen antecedentes de que nuestra misión en la Santa Sede haya presentado reportes anuales en los años que anteceden”. Por ese motivo, la cancillería adjuntó el informe del embajador Estrada Sámano que cubre el periodo de mayo de 2001 a 2003. Es decir, desde el establecimiento de relaciones en 1992 hasta el año 2001 no hay rendición de cuentas de los representantes de México ante el Vaticano.

El primer informe corresponde a la gestión (mayo de 2001 a diciembre de 2003) de Fernando Estrada Sámano, especialista en letras clásicas, filosofía y ciencias políticas y miembro del Servicio Exterior desde 1977. En su relatoría, Estrada advierte que la embajada de México “no puede reducirse a una suerte de oficina al servicio de dirigentes de una iglesia nacional”, sino que su función ha de ser la de “establecer y ahondar relaciones favorables a México”.

El documento agrega que debe precisarse el sentido de la función de esa representación: si es para prestar un servicio eficaz al país y a la vez complementaria de la política internacional de México o si se trataría de un mecanismo adicional en las relaciones “preponderantemente internas de nuestro gobierno con la Iglesia Católica mexicana”.

A ese respecto, el doctor e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edmundo Hernández Vela, subraya que “en México algunos presidentes y algunos políticos hacen gala de su vinculación con el Vaticano y eso ha ido en detrimento de una relación más específica” de lo que compete políticamente a ambas entidades. Lamenta que los últimos gobiernos mexicanos no reclamen la injerencia del clero por temor a reacciones desfavorables y negativas.

Advierte que, “aunque se aburran”, el clero debe mantenerse en el ámbito de su competencia.

En su informe, Estrada Sámano describe como un “éxito político y diplomático” la visita oficial, del 18 de octubre de 2001, de Karol Wojtyla a México y su encuentro con Vicente Fox Quesada. Esa cita se reeditó el 30 de julio de 2002. En su opinión, ofreció la oportunidad para reafirmar la “especial relación de buena parte del pueblo mexicano con el papa. Además, permitió confirmar el compromiso del gobierno de México con temas y valores compartidos por la Santa Sede”.

A esa misión le correspondió “promover y gestionar encuentros” entre representantes de la diplomacia mexicana y vaticana, así como facilitar el viaje a México, el 22 de septiembre de 2002, de Jean-Louis Taurán, secretario para las Relaciones con los Estados, para evaluar “los logros y confirmar el buen estado” de 10 años de relaciones bilaterales.

También, en 2002, el canciller Luis Ernesto Derbez visitó el Vaticano. Se reunió con el cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, y su homólogo Jean- Louis Taurán; el subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Pietro Parolín, y el director responsable de la Organización Mundial de Comercio en la Secretaría de Estado, monseñor Osvaldo Neves de Almeida. De igual manera, el entonces comisionado mexicano para la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió con el secretario Leonardo Sandri y Pietro Parolín.

Estrada Sámano concluye como resultado tangible de su gestión en la embajada de México ante el Vaticano “el apoyo que se ha recibido de la Santa Sede en la defensa de los derechos y la dignidad de los mexicanos” que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, así como “la abierta” disposición de funcionarios vaticanos para interponer los buenos oficios de la Iglesia Católica ante la empresa Pfizer en Estados Unidos, para facilitar el acceso de países pobres a medicamentos indispensables, entre otros.

En materia de protección y asuntos consulares, el embajador Fernando Estrada indica en su informe que la representación a su cargo realizó diversos trámites consulares y de documentación de ciudadanos mexicanos “que solicitaron” dichos servicios, en su mayoría religiosos y laicos que radican en Roma y en Ciudad del Vaticano.

Poca diplomacia en 2004 y 2005

Del 24 de febrero de 2004 a agosto de 2005, el embajador mexicano ante el Vaticano fue Javier Moctezuma Barragán.

En 2001, cuando fue subsecretario de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, se pronunció, con el cardenal Norberto Rivera Carrera, contra el cierre de esa representación ante los recortes presupuestales. Entonces, los gastos de la legación ascendían a “9 millones de pesos anuales, y la mayor parte se destina a sueldos”, por lo que no resultaba onerosa.

Los informes de su cargo como embajador reiteran (ambos, el de 2004 y el de 2005, en la página dos) que su objetivo fue transitar hacia una auténtica relación entre ambos Estados sobre la base del diálogo, la consulta, la colaboración y el respeto mutuos. Además, edificar una relación de “contenidos específicos” y benéfica para los intereses de la política exterior mexicana. Agrega que su eje de acción fue fomentar contactos diplomáticos y de visitas entre funcionarios del gobierno mexicano y los miembros de la Curia Romana, como expresión de la voluntad de México.

Moctezuma Barragán (miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977) presentó sus credenciales a Karol Wojtyla el 24 de febrero de 2004. Afirma que ahí se “registraron coincidencias en torno a temas como la libertad religiosa en México, la búsqueda de soluciones a la pobreza, los derechos de las comunidades indígenas y la migración”.

El 2004 fue un año de múltiples viajes de funcionarios mexicanos al Vaticano: Lourdes Aranda, subsecretaria de Relaciones Exteriores, se reunió con su homólogo monseñor Pietro Parolín y con el cardenal Stephen Fumio Hamao, presidente del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes (18 de febrero). Un día antes, Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dialogó con el cardenal Paul Poupard, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, y el doctor Francesco Buranelli, director general de los Museos Vaticanos.

Del 10 al 11 de mayo, Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (acompañado por Álvaro Castro Estrada, director de Asuntos Religiosos) también se reunió con Pietro Parolín y el cardenal Stephen Fumio. Además, se entrevistó con el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios; con el cardenal Giovanni Batista Re, quien era prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente del Pontificio Consejo para América Latina, y el secretario sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, monseñor Leonardo Sandri.

El 6 de agosto, Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, sostuvo un desayuno informal, al que también asistieron sus “colaboradores, con el cardenal Javier Lozano Barragán”.

El 27 de octubre, diputados federales mexicanos asistieron a la II Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Cooperación México-Italia. Tras esos encuentros no hubo comunicado oficial de la embajada, salvo la observación de Moctezuma en el sentido de que con ellos se “posibilitó el diálogo sustantivo” y desembocó en el tratamiento de otros temas de contenido e índole diversos.

Esa nutrida presencia de funcionarios mexicanos al Vaticano, todos con cargo al erario, contrasta con las visitas a México de miembros de la Curia Romana: a fines de abril viajaron Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y el cardenal Trujillo, del Pontificio Consejo para la Familia, quienes participaron en el III Congreso Mundial de la Familia que abordó el tema “Familia, cultura y globalización”. El prelado Martino se reunió con los secretarios de Desarrollo Social y el de Trabajo y Previsión Social, “entre otros encuentros” que sostuvo en este país.

Del 10 al 18 de octubre, el cardenal Jozef Tomko, prefecto emérito del Pontificio Consejo para la Evangelización de los Pueblos, asistió en Guadalajara al XLVIII Congreso Eucarístico Internacional en el que delegados de cinco continentes informaron sobre la situación que prevalece en sus respectivas áreas geográficas. “Al finalizar el congreso, el cardenal Tomko viajó a la ciudad de México donde el presidente Fox Quesada ofreció una cena en su honor”, reseña Moctezuma.

“En distintos momentos y con motivos diversos”, en el periodo que comprende este informe, Darío Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero; Zenon Grocholewski, que preside la Congregación para la Educación Católica; Francis Arinze, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; Walter Kasper, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos”, así como los ya citados Stephen Fumio Hamao y Giovanni Batista Re visitaron México, cita el documento.

José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Hu manos, también estuvo en la Santa Sede y asistió a una reunión de trabajo con Vincenzo Bonuomo, profesor de la Pontificia Universidad Lateranense.

Luis Felipe Bravo Mena, embajador en 2006, explica que el pontificado de Ratzinger se caracteriza por un profundo proceso de cambio en sus estructuras y en el liderazgo de los máximos órganos de gobierno (dicasterios).

Su informe, igual que los de sus antecesores, repite que el objetivo de su misión es “consolidar una auténtica relación de Estado sobre la base del diálogo”.

Como actividad relevante de la relación bilateral, apunta que el encuentro privado del papa con Calderón Hinojosa, por casi 30 minutos, “fue particularmente fructífera”.

Durante su gestión, le correspondió atender a casi 500 mexicanos que residen dentro de la circunscripción del Estado Vaticano y los que pertenecen a las distintas congregaciones religiosas.

La misión de Bravo Mena concluyó en noviembre de 2008 cuando pasó a ser secretario particular de Calderón Hinojosa, y la representación mexicana quedó a cargo del encargado de Negocios, Miguel Ángel Vilchis Salgado.

Vínculo sui generis

La conducción de la política exterior de México con el Vaticano enfrenta desafíos por la naturaleza sui generis de la Santa Sede, pues se trata del vínculo diplomático entre dos Estados: uno laico y otro católico. Entre ambos, oscilan los fieles del credo católico que, de acuerdo con el Anuario Pontificio 2009 –una especie de libro rojo estadístico–, son casi 1 mil 147 millones en el mundo, atendidos por 2 mil 936 circunscripciones y 4 mil 946 obispos, 159 de ellos en México.

Ese gran capital humano aporta, por otra parte, recursos económicos al Vaticano.

Y los fieles mexicanos no son la excepción.

De acuerdo con el informe financiero que en 2006 presentó Franco Croci, a la sazón secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos, México es el noveno país que mayores recursos financieros canaliza al Vaticano.

La Iglesia Católica se nutre de dos fuentes de ingresos importantes: las de los fieles en la colecta llamada Óbolo de San Pedro y las que provienen del Canon 1271 del Código de Derecho Canónico.

En ambas, México figura como la novena nación en aportes económicos después de Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, España, Irlanda, Canadá y Corea. Aunque no hay cifras públicas, el Óbolo de San Pedro, que se destina a las labores de beneficencia papales, ascendió a 59.4 millones de dólares en 2005, un 14.9 por ciento superior comparado con 2004. Respecto del Canon 1271, los obispos de cada diócesis recaudaron 26.8 millones de dólares en 2005.

Con ese constante aporte económico, el Vaticano se permite mantener relaciones con 187 Estados, salvo China, Vietnam y Arabia Saudita. En México, ese vínculo se articula a partir de la Nunciatura Apostólica, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis Primada. Por su parte, el gobierno mexicano mantiene 75 embajadas en el mundo, además de numerosos consulados y delegaciones internacionales.

Con el Vaticano concretó relaciones por decisión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (hace 15 años y seis meses).

El 21 de septiembre de 1992, tras reformar el artículo 130 de la Constitución y de entrar en vigor la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ambos reconocían la personalidad jurídica de las iglesias y asociaciones religiosas. Entre 1994 y 1995, correspondió a Enrique Olivares Santana representar al gobierno de Salinas de Gortari. Lo relevó Rafael Mijares Ferreiro, quien fue sucedido por Guillermo Jiménez Morales hasta 1998.

Horacio Sánchez Unzueta, quien desde 1998 fungió como representante mexicano, siguió hasta el año 2000 como funcionario del gobierno que emanó del Partido Acción Nacional. Para el doctor en relaciones internacionales y experto en derecho internacional, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, resulta “sorprendente” la designación de Olivares Santana ante el Estado Vaticano, toda vez que, asegura, él era un masón de grado 33.

Desde que se establecieron las relaciones con el Vaticano, sus representantes en México, asentados en la Nunciatura, han sido: monseñor Girolamo Prigrione (1992-1997), monseñor Justo Mullor García (1997-2000), monseñor Leonardo Sandri (2000) y, actualmente, monseñor Christopher Pierre.

En sus informes a la cancillería, desde 2001 hasta noviembre de 2007, los embajadores –no todos diplomáticos de carrera– coinciden en señalar que esas relaciones son “eminentemente políticas”.

También mencionan el desafío que plantea la naturaleza de la Santa Sede, donde el papa es líder de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, una entidad soberana, aunque al servicio de la Iglesia. En tanto que México, como un Estado no confesional, no se identifica con confesión religiosa alguna.

Al respecto, Velázquez Elizarrarás comenta que el ciudadano mexicano común ni siquiera sabe con claridad si alguna vez existieron relaciones con el Vaticano o cuándo se normalizaron. En su opinión, en el imaginario colectivo se percibe un peso importante de la religión en el contexto nacional, pero “creo que al mexicano común no le representa algo sustancial esa relación; más que beneficiarle directamente, éste es un asunto a nivel de gobiernos, de concepción de Estado”.

El académico subraya que el Vaticano es un importante sujeto de derecho internacional. Dice que, como institución milenaria, la Iglesia Católica ejerce enorme influencia, y que ésta es la única iglesia que hoy posee un Estado propio, establecido en 1929 con los Tratados de Letrán. Por esa razón, considera, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), como en el pasado lo fue Karol Wojtyla (Juan Pablo II), “es un jefe del Estado y jefe espiritual de más de 850 millones de personas, lo que sin lugar a dudas le da una estatura internacional muy importante”.

Por su parte, los cinco informes insisten en la necesidad de fortalecer los vínculos con un “actor estratégico como la Santa Sede”, para que la estructura de la Organización de Naciones Unidas sea representativa e incluyente. Asimismo, para eliminar la pena de muerte, el gobierno de México se adhirió a la campaña “Ciudades contra la pena de muerte” y, con las autoridades de la ciudad de México, participó en la III Jornada Mundial que promueve la Comunidad de San Egidio.

En virtud de que la cancillería no proporcionó los salarios de los embajadores ante el Vaticano ni del personal adscrito, se buscó una referencia de lo que invierten los mexicanos en sostener esa legación. El Portal de Obligaciones de Transparencia de la administración Pública Gubernamental descubre que el salario mensual del embajador en Italia equivale a 9 mil 810.89 euros (alrededor de 190 mil pesos mexicanos).

Esa cifra multiplicada por lo que percibe todo el personal a lo largo de uno o dos años da un “monto alto” para sufragar los recursos humanos y económicos de una misión cuya labor se centra en recibir y organizar visitas y reuniones de altos funcionarios mexicanos con sus homólogos vaticanos, cuyos resultados no se traducen en beneficios para la población, señala Hernández Vela.

Sin embargo, el 5 de diciembre de 2001, Javier Moctezuma Barragán y el cardenal Norberto Rivera Carrera coincidieron en señalar que, ante los recortes presupuestales que en aquel momento ponían en riesgo de cierre a varias embajadas mexicanas en el exterior, la correspondiente al Vaticano no sufriría ningún cambio. En su opinión, la representación ante el Vaticano “no es onerosa”, pues sus gastos ascendían entonces a “9 millones de pesos anuales y la mayor parte se destina a sueldos”.

Injerencia o sumisión

La influencia del clero católico en la vida política y social del país se manifiesta en su intenso cabildeo. Así se observó el 7 de febrero de 2008 cuando la Barra Nacional de Abogados Cristianos pidió a los diputados crear la Comisión de Asuntos Religiosos para que los legisladores den seguimiento a todos los temas del culto público. En esa ocasión, el diputado panista Emilio Ramón Flores ofreció que continuaría reuniéndose con los religiosos de todos los credos para discutir su propuesta.

Un año después, el 26 de febrero de 2009, conforme al compromiso tácito del Vaticano con el gobierno mexicano de apoyarlo en la defensa de los migrantes, Agostino Marchetto, secretario del Pontificio Consejo para los Migrantes e Itinerantes del Vaticano, expresó en el congreso Caridad y Política su “pena y preocupación” por la pretensión del gobierno estadunidense de construir un muro en su frontera con México.

Contrasta con esa posición humanitaria la crítica del Sistema Informativo de la Diócesis de México (Siame), a través de su sitio electrónico, contra el incremento de salarios de los consejeros electorales el 25 de febrero pasado.

Semanas después, el 11 de marzo, el Siame también fustigó la política antidrogas estadunidense bajo el título: EU: candil de la calle, seguido del subtítulo: “México no debe aceptar limosnas para combatir al narcotráfico”.

Para Edmundo Hernández Vela, esas expresiones son “una lamentable intromisión del Vaticano y de la Iglesia Católica en los asuntos políticos de México”. Opina que no es “correcto” el hecho de que los sacerdotes hablen de política “aprovechando su influencia sobre sus feligreses y en ocasiones prácticamente lleguen a azuzarlos y a tomar determinadas posiciones políticas”.

El doctor en ciencia política por la Universidad de Ginebra concluye su análisis y expresa: “Ahora tenemos gobiernos que combinan la política y la religión al grado de hacerlo inseparable; ése es un mensaje no favorable para el pueblo, porque el gobierno debe dedicarse a gobernar y no a manifestar sus preferencias de ningún tipo, particularmente las religiosas”.

Para conocer la opinión sobre la relación bilateral se solicitó una entrevista con el nuncio Christopher Pierre. En respuesta, el señor Felipe Casablanca, quien figura como el vocero de esa misión, indicó que no era posible y remitió la petición a un obispo local.