FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrían violado el orden constitucional e incurrido en un golpe de Estado disfrazado y atípico, señala la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ello, luego de que el pasado 3 de octubre, en la sesión del pleno, ese bloque admitió irregularmente un recurso promovido por jueces y magistrados contra la reforma constitucional al Poder Judicial.
En entrevista con Contralínea, la maestra en derecho penal explica que esa mayoría de ministros y ministras se extralimitó y cometió un atrevimiento sin precedentes, al pasar por encima de las leyes y arrogarse funciones que no tienen para imponerse como un supra poder a los otros dos Poderes de la Unión; además de suplantar la representación popular de México.
Con el supuesto de “salvaguardar” la “independencia y autonomía” del Poder Judicial, el pasado 3 de octubre los ocho ministros –incluida– votaron a favor de la consulta hecha por la presidenta Norma Piña, para admitir la controversia y con ello, la Corte realice un “control constitucional” de la reforma judicial. Todo ello, con base en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, la ministra Lenia Batres explica a este semanario que eso significa que, al discutir en los próximos días o semanas el tema de fondo, la Suprema Corte –por mayoría simple de seis votos– podría determinar “que tiene facultad para interpretar o invalidar la reforma judicial que se hizo a la Constitución. Es una aberración enorme. Entonces, quieren pasarlo como si fuera un asunto normal, como todos los que la Corte discute cada día. No, no, no, no, es un tema fuertísimo”.
La juzgadora destaca que además de ella, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. “Es un tema no solamente extralimitado en sus facultades –ordinarias, constitucionales o cualquier otra dispuesta en cualquier ley–, sino que también es ya el atrevimiento gigantesco que no ha tenido ninguna Corte en nuestro país. Ninguna, en ningún momento”.
Y es que, advierte, toda la jurisprudencia existente instituye que la SCJN no tiene facultad para analizar reformas constitucionales. Ése, dice, es el tamaño del atropello al orden constitucional y legal que se está viviendo con esta decisión del pasado 3 de octubre. “Por eso es que no podemos más que interpretar que ésta es una puerta que se abre a un golpe de Estado, a un golpe de Estado disfrazado porque finalmente es un golpe de Estado atípico: no lo comete un presidente que quiera imponerse o una persona que quiera tomar el mando a través de las Fuerzas Armadas –que esos son los golpes de Estado clásicos–, sino [lo comete] el Poder Judicial, que se arrogaría funciones que no tiene para imponerse, suplantando nada menos que al poder constituyente permanente [el Congreso], suplantando la representación popular de nuestro país”.
En la sesión del pleno de la SCJN –del pasado 3 de octubre–, tanto la ministra Lenia Batres como la ministra Yasmín Esquivel alertaron de este intento de golpe de Estado, llamándolo con todas sus letras [ver https://contralinea.com.mx/interno/semana/ministras-batres-y-esquivel-alertan-golpe-de-estado-de-la-suprema-corte/ ], para enfatizar la ilegalidad en la que estaban incurriendo la presidenta Piña y otros siete juzgadores, todos identificados como el bloque conservador en la Corte. En ese bloque se incluyen los dos a los que el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso, y tras su ingreso al máximo tribunal se aliaron a la derecha. Por ello, el propio AMLO los llegó a llamar “traidorzuelos”: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Ya en la entrevista, Batres Guadarrama critica que sea justamente el Poder Judicial –que no es elegido de forma democrática por el pueblo de México– el que “estaría sustituyendo esa voluntad popular [expresada el 2 de junio en las urnas, y posteriormente en septiembre pasado, en el Congreso de la Unión y los congresos estatales]. Y eso tiene un solo nombre aquí y en todo el mundo y se llama golpe de Estado, por eso es que le pusimos nombre para advertir”.
La también licenciada en derecho, explica que esos ocho ministros y ministras “piensan que pueden darse a sí mismos una facultad, cuando en realidad deberíamos –no sólo ellos, sino los 11– declararnos impedidos siquiera para pensarlo, porque somos juez y parte, porque somos parte de los sujetos que estaríamos dispuestos a ser sometidos a la votación popular; es decir, nos podría afectar directamente esta reforma”.
Sobre este posible conflicto de interés, observa que los ministros y ministras de la Corte están “claramente señaladísimos [en las leyes] como parte interesada, y por lo tanto sujetos de impedimento. Entonces, por eso es que me parece así de grave”.
En su conferencia del 4 de octubre y consultada por esta reportera, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no se va a caer en esta provocación de los ocho ministros y ministras de la Corte, por lo cual no se tomarán acciones por esta violación a la Constitución. “Ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento [tienen]? Desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es [que se actúe]. Ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no?, que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir: ‘ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro’. Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es: no tiene sustento jurídico”.
Sheinbaum Pardo agregó: “no vamos a caer en ninguna provocación, de nuestra parte no; de nuestra parte: paz, información, debate. Pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia, y el pueblo lo sabe también”.
La admisión del recurso que promovieron jueces y magistrados contra la reforma judicia tiene una segunda arista de gravedad, advierte la maestra Batres Guadarrama: reviste indebidamente de una supuesta “legitimidad” el paro de los juzgadores, agrupados principalmente en la asociación civil Jufed. Es decir, no sólo es que los ocho ministros se extralimiten y pasen por encima de la propia Constitución, sino que sus votos a favor también pretenden imponer la idea de que la reforma judicial es inconstitucional, lo que daría una supuesta “validez” –que en realidad no tiene– al paro de labores.
“Es muy delicado lo que está pasando, porque el Consejo de la Judicatura Federal se ha negado a tomar las medidas que legalmente debiera tomar, por lo menos para detener [el paro y] no darle sustento jurídico a la suspensión de labores que tiene el Poder Judicial en este momento. Entonces, lejos de detenerlo, o por lo menos no alentarlo –si bien podría pensarse que a lo mejor la peor respuesta es reprimir por medio de sanciones–, pues lo que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura Federal es alentar este paro”.
La ministra recuerda que van 44 días de paro [al 3 de octubre de 2024], y que el CJF lleva tres acuerdos para declarar días inhábiles todo ese periodo, para no sancionar las ausencias. También, que el último acuerdo de la Judicatura fue el que extiende el paro prácticamente de forma indefinida, a partir del 2 de octubre. “Hay un anuncio de un paro y no hay una autoridad que determine absolutamente nada.
Tanto la actitud del Consejo de la Judicatura como la resolución del 3 de octubre en la Corte –ambas instituciones encabezadas por Norma Piña–, alientan esa inconformidad de jueces y magistrados, a pesar de que es ilegítima.
Por ello, la ministra Lenia Batres señala que ni en la Corte ni en el Consejo de la Judicatura hay prudencia, mesura ni responsabilidad, “como para informarles a todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas que están promoviendo la protesta que no tienen razón, que no pueden tenerla; que no pueden tener fuerza jurídica, mucho menos”. La protesta contra el constituyente permanente, contra la totalidad de los estados de la República que participan en las reformas constitucionales, y contra la representación popular es ilegítima, subraya. “Entonces, no puede estarse alentando algo así”.
Por ello, considera que lo resuelto por sus ocho pares el 3 de octubre les vuelve a dar aliento, porque “le dan apariencia de vía jurisdiccional para discutir una reforma constitucional. Eso no ha sucedido en nuestro país. No hay precedente y están queriendo generarlo a través de la apertura a trámite de nada menos que el ejercicio de una facultad administrativa dispuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Y aunque los ocho ministros aseguraron que la facultad deriva del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene todas las facultades del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres descubre que esa normatividad interna no se refiere en ningún momento a reformas constitucionales. “No es una facultad que nos de la ley expresamente, pero en todo caso si nos la diera, tendría que estar sustentada en una disposición constitucional. Y no está dispuesta”.
La votación del 3 de octubre, indica, abre la posibilidad de que la Corte cometa un golpe de Estado y ni siquiera con ocho votos, sino con seis porque es una norma interna y no la Constitución.
—Ministra, cuando nos dice que estaría pasando por encima de este mandato popular, ¿significa que está pasando por encima de una mayoría del pueblo de México que votó el 2 de junio por el llamado Plan C?
—Sí, por supuesto. En principio sí, porque además fue una votación expresa, en principio estaría pasando por encima de esa mayoría o de esa voluntad popular, y enseguida de esa voluntad popular institucionalizada a través del constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, como se le quiera llamar, que finalmente es un órgano excepcionalísimo, que se conforma de manera exclusiva, ni siquiera se reúne físicamente porque no cabe en ningún auditorio, pero se conforma de manera excepcional cuando va a aprobar una reforma constitucional.
Participan en ella 500 diputados y diputadas federales, 128 senadores y senadoras de nuestro país, y además la totalidad de los legisladores y legisladoras locales. Ése es un cuerpo excepcional que obviamente es el único mayor representante de esa voluntad popular. Entonces, en principio una votación directa donde se pronunció la población o la ciudadanía, y en seguida votaron –como fuimos testigos todas y todas– en el Congreso de la Unión, votaron en este mismo mes de septiembre a favor de una reforma constitucional. Entonces, por eso es que es muy grave.
Y no puede tener otro nombre que suplantación. Y cuando se ejerce así, sin tener competencias, pues se le llama golpe de Estado, ejercicio de una tiranía, dictadura. Tiene todos esos nombres que no hacen más que reflejar que este tipo de suplantaciones provienen, de manera ilegítima, de una autoridad que es ejercida sin tener competencias legales y en este caso ni siquiera constitucionales.
Se impone ante los poderes constituidos, facultados para ejercer sus atribuciones, y toma una resolución de fuerza, porque ‘puede tomarla’, no por otra razón. Y aquí se está tratando de erigir y de conformar esa autoridad ilegítima e ilegal e inconstitucional, pasando por encima de esos poderes constituidos.
—Ministra, en la discusión [del 3 de octubre] veíamos esta insistencia por parte de los ministros que votaron a favor de darle entrada a este golpe de Estado judicial, pues de decir: “esto no es el fondo del asunto”, como advirtiendo que quienes votaron en contra estaban exagerando.
—Sí. Pues fue como en realidad se tratan otros temas, que se les intenta minimizar el tono o la gravedad de lo que implican, o desviar incluso en la argumentación de su verdadero significado fáctico, cuando en realidad es gravísimo. Y es gravísimo porque el puro hecho de que estemos resolviendo que procedería a analizar la reversión o la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional, ya es un posicionamiento del Poder Judicial, no nada más es de procedimiento.
En este caso, es de procedimiento y es de fondo, porque incluso en el supuesto, por ejemplo, de las controversias constitucionales o de los juicios de amparo, donde se prevé de manera expresa la posibilidad de suspender los efectos o la continuidad de esos juicios o de sus resoluciones e incluso en esos casos hay un pronunciamiento a priori, que es un pronunciamiento que justamente en el caso del juicio de amparo se presume por la apariencia de buen derecho, se dice. Es decir, al tú reclamar que la autoridad está abusando contra ti en un juicio de amparo, yo debo creerte juez, pero además estoy obligada por la ley. En este caso no. En ese caso, en el caso del juicio de amparo, se otorgan las suspensiones por esa apariencia de buen derecho, asumida sobre la base de una facultad que está determinada en la ley de amparo, pero en este caso no.
Aquí se pretende interpretar que podríamos revisar una reforma constitucional ejerciendo una facultad administrativa sobre la base de resolver un conflicto, una controversia, entre órganos del Poder Judicial. Entonces, resulta que nosotros tenemos una amplitud de interpretación y la ampliamos o la extendemos hacia otros órganos del Estado.
¿Y cuál es lo que nos resulta? La invalidación de una reforma constitucional. Por eso es que desde aquí teníamos que advertirlo, abrir esa puerta es absurdo, es abrir un campo ilimitado de interpretación. Si nosotros asumimos que aquí dice controversia entre los órganos del Poder Judicial y eso es sinónimo o extendible a controversias con el poder constituyente. Entonces, ya no tenemos… ¿Cuál es la certeza jurídica de este país? Ninguna. Estaríamos haciendo un nugatorio, no ésta, sino, otras facultades que el Poder Judicial se dé, porque cuando se puede lo más, se puede lo menos, y si nosotros somos capaces, ya lo único que nos falta es invalidar convenciones internacionales en otros países.
Esa es la única facultad que estaría pendiente de que se interprete a sí misma la Suprema Corte ya que sí puede estar invalidando con base en disposiciones administrativas, disposiciones constitucionales.
—Ministra, también otro de los posicionamientos de los ministros de este bloque que encabeza la ministra Norma Piña fue que si no se pone un alto a esta situación de la reforma judicial, entonces después el Congreso va a empezar a nulificar derechos humanos, y ponían ahí algunos ejemplos. ¿Esto tiene cabida? O sea, realmente ya me parece a mí hasta un discurso esquizofrénico, o sea, ya sin ningún asidero en la realidad, pero ¿cómo lo observa usted?
—No, pues es delirante, ¿no? Porque en realidad ya lo hizo antes. El poder legislativo invalidó derechos constitucionales que estaban dispuestos en la Constitución antes de los años 90. Entonces viene invalidando el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, restringiéndolos cada vez más, invalida incluso algunas disposiciones de carácter fiscal no solamente desde la constitución sino también en otras leyes.
Bueno, la más importante pues está esta disposición a convertir en deuda pública el Fobaproa pero también a reformar el monto del IVA, etcétera. Viene restringiendo derechos de los mexicanos y cuando lo hizo hace 30 años haciéndolo resolución tras resolución en el Congreso de la Unión, esta Corte no defendió los derechos de los ciudadanos, no quiso suplantar la autoridad del Congreso de la Unión para defender los derechos de los ciudadanos.
Es ahora cuando ni siquiera es un derecho porque no se los ha reconocido a ningún trabajador de confianza o de mando o derechos adquiridos que se pudieran interpretar, ni siquiera se trata de un derecho, sino que resulta que su pretexto de que ‘se amenaza la independencia y autonomía del Poder Judicial’ puede hacerlo todo. Ya nada más faltaba que estuviera haciéndole a través de un acuerdo general, una disposición todavía de muchísimo menor nivel o jerarquía, que son disposiciones absolutamente de carácter no solamente de fondo administrativo, sino de origen administrativo.
Entonces, en este sentido, no vemos el riesgo de que haya esa amenaza y no respaldemos como Poder Judicial a la ciudadanía, no. Ya sucedió y no lo respaldó este Poder Judicial, y cuando quiere brincarse totalmente la interpretación constitucional no es para defender en este momento los derechos de la ciudadanía, sino los privilegios de jueces, juezas, magistrados, magistradas y de ministros y ministras.
La preocupación es absolutamente, digamos que mezquina, absolutamente mezquina, absolutamente egoísta, y son capaces de parar al país entero, como tenemos los juzgados y los tribunales de circuito en este momento. Pararlos para nada más estar resolviendo lo que se le ofrece al propio Poder Judicial o a sus integrantes. Se están dando suspensiones contra la reforma constitucional, los jueces de distrito, a diestra y siniestra, a quien impugne, ya no importa si es o no, si tiene derecho o no lo tiene, hay que darle la suspensión a todo mundo. Y para eso si hay juzgados.
Y en cambio se están deteniendo todas las audiencias penales donde hay personas que piden su libertad, con causa o sin ella, pero ni siquiera se analiza, o se están deteniendo las audiencias para resolver en el caso de los de los jueces de control penal para resolver si se dicta o no se dicta la vinculación a proceso, y eso es más impunidad. ¿Hay alguien preocupado por eso en este momento? No. Se pierden millones de pesos cada día, y no hay en este momento una autoridad del propio Poder Judicial que ponga un alto a una pretensión absolutamente ilegítima de que se le reconozcan derechos que no le reconoció nunca el propio Poder Judicial a nadie.
Y no es que se merezcan lo peor, no, pero sí merece este país, sí merece pues tener las alternativas que disponga pues la representación popular que no está en esta Suprema Corte.
—Ministra, también nos habla de una posición ilegítima en la que inventan incluso derechos que en realidad no tienen. También hay visos claramente de ilegalidad, porque esto pasa por violentar la propia Constitución; y esta extralimitación implica que están rayando en la ilegalidad estos ministros y ministras. En ese sentido, sabemos que, aunque no lo quiera este bloque, en realidad son servidores públicos; ¿Tienen responsabilidades? ¿Se les pueden abrir procesos de responsabilidad en algún momento? ¿O ya es un poder supranacional que está por encima de absolutamente todo y son intocables para siempre?
—Pues es muy sintomático esto que está ocurriendo, tanto el darse el derecho a estar parando totalmente los juzgados y los tribunales sin ejercer las funciones de servicio a que estamos obligados, como esta resolución del día de hoy [3 de octubre], de abrir a la posibilidad infinita de interpretación una norma muy específica y muy restringida para un efecto absolutamente limitado e interno, dice de manera textual este artículo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entonces, estar queriendo inventarse facultades o estarse atribuyendo derechos que no se tienen en ningún paro, en ninguna huelga, en ningún tipo de circunstancia ni público, ni privada, para ningún trabajador o trabajadora de nuestro país, estarlos ejerciendo y reclamarlos. Porque además, ya en el colmo del surrealismo y del abuso, por supuesto, resulta que quienes se fueron a paro ahora están reclamando una indemnización, no sólo no se les suspendió su salario, sino que esperan que el propio Poder Judicial les pague supuestos daños.
¿Cuáles? No lo sé, pero lo están cuantificando y lo pusieron expresamente en su pliego petitorio para levantar el paro y que se les indemnice. Es delirante todo esto, y no es más que la muestra de que el Poder Judicial está conformado mayoritariamente por un conjunto de personas absolutamente irresponsables ante la sociedad, absolutamente ausentes o carentes de vocación de servicio y sin conciencia justamente de nuestro carácter de personas servidoras públicas.
Hay una costumbre casi ilimitada al privilegio que se le confunde con derecho y además hay una sensación de impunidad de que se haga lo que se haga no les va a ocurrir nada es muy grave, pero ese es el síntoma tanto del paro como de esta aceptación a trámite de esta consulta que se discutió el día de hoy en el pleno de la Corte, pues son lo que nos está mostrando.
—Ministra, también usted ha compartido en redes sociales el daño económico de ese paro; hoy hablaba usted de un daño de 8 mil 307 millones de pesos. Es una cantidad enorme de dinero, que sale de los bolsillos de los mexicanos. ¿Ahí qué pasaría? O sea, ¿habría también responsabilidades o simplemente se va a quedar como un daño que se cometió contra el erario, sin ningún acto de justicia y en total impunidad?
—Sí hay recursos, yo entiendo que hay también, para empezar, un consentimiento del Consejo de la Judicatura Federal que no ha querido tomar ninguna medida, ni siquiera para culminar a quienes están causando este daño, para que se abstengan, lo detengan e incluso, en su caso, se responsabilicen a través de sanciones. No hay ninguna disponibilidad para hacerlo. Más bien lo que ha ocurrido es lo contrario, se les viene otorgando y extendiendo el permiso para que sigan en este paro, pero hay otras autoridades y en dado caso, yo creo que sí tendrían que estar pensando esas autoridades que están obviamente en el propio Congreso de la Unión, en la Fiscalía General de la República, si amerita la constitución de algún tipo de sanción.
En el caso del Congreso de la Unión, se sanciona a través del juicio político, en el caso de la Fiscalía, incluso de sanciones penales. Yo entiendo que han sido sumamente prudentes para no agrandar el conflicto en el que se declararon prácticamente en rebeldía los integrantes del Poder Judicial para desacatar lo que hacen los otros Poderes.
Bueno, se ha tratado de ser muy mesurado, muy prudente, de no estar, digamos que polarizando esta posición que ha tomado el Poder Judicial, pero yo creo que sí debería tener un límite y deberían pues estarlo analizando en su dimensión, ya considerando que están dejando de atenderse más de 440 mil juicios de amparo, están dejando de asumirse resoluciones.
Nosotros hicimos el conteo, nada más de resoluciones que se emitieron en el mes de agosto del año frente a las que se emitieron en el mes de agosto de este año, y tenemos este año un 10 por ciento respecto de las que se emitieron el año pasado. Es decir, hay ya un 90 por ciento de menor eficacia, obviamente, pues porque el 10 por ciento que se está atendiendo o son temas de absoluta urgencia de acuerdo con nuestra propia Constitución con la ley orgánica misma o alguna otra ley que no se pueden evadir porque finalmente serían el primer motivo de causa de juicio político e incluso de responsabilidad penal. Pero ya lo que se ha dejado de resolver es altísimo.
Incluso me atrevería a pensar que la comparación entre lo que va a terminarse contabilizando de las resoluciones emitidas en septiembre de este año respecto de las del año pasado podrían ser incluso mucho menores todavía; considerando que prácticamente todo el mes de septiembre ha estado o estuvo en paro de labores el Poder Judicial.
En el caso de agosto, hubo todavía días hábiles en los que funcionó y quizá por eso llega a ese 10 por ciento, pero podríamos tener menos todavía en septiembre; y estamos pensando en ese aspecto que más que dañados los jueces que están en paro, el daño que se está haciendo a la sociedad es enorme, económicamente en cuanto a que hay un ejercicio de presupuesto de gasto público, por un lado.
Y en segundo lugar en cuanto a que hay daños respecto de quienes tienen juicios, temas pendientes que resolver, en algunos casos hasta de subsistencia como son las pensiones o los juicios que involucran alimentos para personas y en otros casos pues de derechos tan fundamentales como la libertad o de derechos tan importantes como el de la sociedad a la seguridad pública cuando se dejan de emitir autos de vinculación a proceso en juicios penales.
—Ministra, también en esta misma sesión de este jueves 3 de octubre, al final usted hizo un posicionamiento acerca de estas cuentas en redes sociales, particularmente un caso que suplanta la imagen, el logotipo, la propia identidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay otras cuentas que también suplantan la identidad del Poder Judicial de la Federación y que se dedican a atacar; y, en particular, la han estado atacando a usted de forma sistemática y muy grosera. Usted también plantea ahí en ese posicionamiento que en caso de obtener evidencia en algún momento de que desde dentro vinieran estas guerras sucias mediáticas también se podría tomar acciones. ¿Cómo está la situación ministra?
—Es que sucede que es el colmo: desde que entré aquí –es más desde que se estaba discutiendo en el Congreso, particularmente en el Senado en la terna que conformamos para llegar a esta Corte– he recibido una cantidad para mí inusitada, absurda de insultos, insultos, majaderías y denostaciones, pero además de imputaciones mentirosas, falsas.
En algún momento incluso sucedió que ante acusaciones ridículas que me hicieron algunos periodistas de dudosa fama, que me estaban molestando con que no pagaba la renta y tonterías y dándose mucha publicitación a videítos que se filtraron, ni siquiera de vida pública, de mi vida privada, bueno, pues recibí una cantidad de insultos desde entonces inusitados.
Y no fueron bajando, han ido subiendo de nivel e incluso se entiende que se trata de una estrategia absolutamente articulada. No sé si aquí en la Corte, afuera con personas que buscaban debilitar particularmente la voz que yo pudiera tener en el propio pleno de la Suprema Corte, actores sin duda alguna interesados en fastidiar o en demeritar posiciones críticas en general, pero subieron el ánimo, el tipo de adjetivos para mí de manera insólita.
A partir de ahí, bueno, yo presenté una demanda de carácter civil por daño moral y obviamente que un juez la desechó, indicándome que tenía que recurrir a una instancia local, no a la federal, cuando expresamente nuestro Código Federal en materia civil permite que si se trata de un funcionario o funcionaria pública pueda uno acudir a la instancia federal.
Bueno, se desechó y se entiende que desde ahí había también esa dificultad de posicionamiento aquí y bueno, ya no he insistido en esa demanda, por supuesto que no reclamaba dinero, reclamaba que simplemente se rectificarán las mentiras que se habían estado mencionando en columnas y en internet.
Lo que han interpretado ministros y ministras es que estamos obligados a mantener los canales que hagan posible el derecho de petición. Bueno, si en este caso, como ministra, que por cierto no tengo facultades individuales para tener resoluciones a derechos de petición, todo lo que hacemos lo hacemos como órgano colegiado en sala o en pleno.
Pero, no obstante, yo tengo esos canales abiertos, es parte de lo que he alegado en estos juicios y hasta el día de hoy me han dado la totalidad de razón, porque sería absurdo que no lo hicieran.
Pero estoy entreteniéndome en este tipo de cosas de manera irrisoria. Entonces, ya el colmo de colmos es que tenga la queja de ministros aquí mismo en el Pleno o en la Sala que resulta que se sienten heridos, un ministro, porque afirmo con los datos de la propia Suprema Corte que tengo ya un número mayor de resoluciones en este año que las emitidas por el ministro Aguilar hasta el mes de septiembre en los inicios de septiembre, y ya ahora finales o a principios de octubre ya incluso del ministro Laynez en la Segunda Sala. Tengo una cantidad neta y lo afirmo porque parte de las mentiras que se han venido difundiendo, pero de manera masiva, en mi contra, que no tengo resoluciones.
No sólo si tengo, sino que tengo más de 270 resoluciones y es más votadas por ellos mismos por los ministros y ministras en esta Corte. Entonces, es una mentira y sí tengo que estarlo diciendo, no porque esté presumiendo, digamos, que cifras extraordinarias, es mi obligación estar funcionando como ministra, sino simplemente para poderme defender de quien, entre otras cosas, afirma que no resolvemos nada. No. Sí lo resolvemos. Y eso, entre otras mentiras.
Entonces, he tenido que estar difundiendo estos temas que son de transparencia, que a mí me parece que son muy importantes para limitar el efecto de este tipo de campañas negras llenas de insultos fundamentalmente en la red X.
Y el día de hoy me decía otro ministro, el ministro Juan Luis González Alcántara, que pedía que no se le insultara o no se faltara al respeto a los ministros. Tuve que aclararle que no, que yo no le he faltado al respeto a absolutamente a nadie. He respetado y he sido amable con cada una y cada uno de los ministros porque no me merece ningún insulto a alguien que me trata amablemente.
Sin embargo, yo no puedo no poner adjetivos a los proyectos o a los posicionamientos que obviamente pueden no generar ningún respeto. Y no me lo genera cuando veo que hay esta posibilidad de violaciones arteras a la ley y a la propia constitución.
Por supuesto me refiero a los proyectos, yo no tengo por qué calificar la vida privada de nadie, las cualidades, digamos que ninguna de las cualidades de las personas.
Y creo que la mejor forma en que se mira esas cualidades son los hechos de las personas. Y en este caso, los hechos manifestados en las sentencias no son de carácter privado, son de carácter absolutamente público.
Y por supuesto que estamos y debemos estar sujetos a ese escrutinio. No ocultos aquí en una cofradía, protegidos para que nadie se entere de mis sentencias y nadie se atreva a pensar que soy cualquier tipo de adjetivo, bueno, ya será problema de cada quien, pero sí los adjetivos que se susciten o que me susciten los propios proyectos, posicionamientos, argumentaciones; si me parecen absurdas, voy a decir que son absurdas; si me parecen ilógicas, voy a decir que son ilógicas; si me parecen inconstitucionales, voy a afirmar que son inconstitucionales.
¿Eso significa que le falto al respeto a nadie? No, pues me parece hasta infantil que alguien se queje de eso. Y me parece que dan motivo a un golpe de Estado, voy a afirmarlo. Eso no es ninguna falta de respeto. Y más bien creo que hay una gran falta de respeto al pueblo mexicano el estarse tratando de inventar argumentaciones que no tienen nada que ver ni con nuestra herencia jurídica, ni con nuestras leyes, ni con nuestras atribuciones, y es más, ni siquiera tienen que ver con las corrientes que en otros lugares han dado motivo de extralimitaciones también de carácter judicial.
Porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra donde se les dan fuertes facultades a los jueces, también están sujetos a controles. En nuestro país pareciera que es una gran falta de respeto, tan sólo insinuar que debe controlarse y limitarse las facultades de los jueces.
Entonces, yo espero no estar suscitando tanta sensibilidad en los ministros y ministras, y parte de lo que alegué ahora es, bueno, si alguien tiene en esta Corte motivos por los cuales sentirse insultada, soy yo.
Porque además se ha mencionado que algunas de estas cuentas son administradas por servidores públicos de la Corte, eso no me consta, pero sí me consta que muchos de los insultos provienen de personal de la propia Suprema Corte y, es más, hasta he visto en las nóminas de los ministros hasta que ponencia pertenece. Entonces, bueno por supuesto que sí me siento insultada y no voy a pararme al pleno a pedirles que me pidan disculpas. Porque además se ha mencionado que algunas de estas cuentas son administradas por servidores públicos de la Corte, eso no me consta, pero sí me consta que muchos de los insultos provienen de personal de la propia Suprema Corte y es más hasta he visto en las nóminas de los ministros hasta que ponencia pertenece. Entonces, bueno por supuesto que sí me siento insultada y no voy a pararme al pleno a pedirles que me pidan disculpas; creo que son gajes del oficio, pero creo que si se les ha pasado la mano.
Y, por cierto, afortunadamente no parece que tenga sentido esta campaña porque no veo yo que me demerite en el aprecio o en la posibilidad de que se escuchen este tipo de discusiones o que se me escuchen este tipo de discusiones donde simplemente alego algunos de los principios o recreo o argumento con algunos de los principios que sí contiene nuestra Constitución y la interpretación ordinaria de los actos jurisdiccionales en México.
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