El secreto a voces popular que señala a los servicios de inteligencia mexicanos como espías al servicio de facciones que se disputan el poder, se robustece en los análisis de expertos en el tema, pero también en documentos a los que ha tenido acceso Contralínea y que dejan ver unas instituciones que no han podido profesionalizarse, y que se regodean de la ausencia de mecanismos de control social que aseguren que su desempeño se realice en el marco de las leyes y con los estrictos fines de protección al Estado mexicano.
Especialistas en seguridad nacional, como Jorge Luis Sierra e Iñigo Guevara, observan que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y las secciones y direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas –organizadas y administradas por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina– no han logrado profesionalizarse y que con frecuencia responden a intereses particulares, de grupo o de gobierno antes que a los nacionales. Expertos en transparencia y acceso a la información, como Ernesto Villanueva y Ana Cristina Ruelas, señalan que el actual marco jurídico hace imposible una auténtica rendición de cuentas del presupuesto que ejercen estos organismos, como tampoco permite evaluar objetivamente el desempeño de los funcionarios que los encabezan. Consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos estiman que es necesario clarificar en la Ley de Seguridad Nacional qué información debe reservarse y cuál debe publicarse. Legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional reconocen que el Poder Legislativo “no tiene dientes” para fiscalizar el ejercicio público en materia de seguridad nacional ni puede incidir en una política que debería ser de Estado. Defensores de derechos humanos advierten que la Guerra Sucia nunca se fue del país y las instituciones de inteligencia siguen pasando sobre las garantías individuales y colectivas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
En suma, las instituciones de seguridad nacional no son objeto de una fiscalización seria de su desempeño, y la sociedad ni siquiera puede estar segura de que los recursos humanos, materiales y financieros de estos organismos se apliquen eficaz y honestamente, como tampoco en su contra.
De la actual situación de los servicios de seguridad nacional mexicanos, la principal víctima es la sociedad. Cárteles del narcotráfico se enseñorean prácticamente por todo el país ante un gobierno incapaz de hacer frente a la proliferación de comandos armados que aterrorizan regiones enteras. Los asesinatos y el trasiego, siembra y producción de drogas se incrementaron exponencialmente durante los últimos años, como también la trata de personas, la extorsión, el secuestro y los delitos financieros.
Mientras, las instituciones de seguridad nacional –de acuerdo con la información que ha recabado Contralínea– se han cebado sobre personas que se organizan para participar en política, protestar, reivindicar derechos o plantear demandas. La mayoría de los casos que se documentarán en estas páginas –en un trabajo periodístico de seis entregas– demuestran la acción de las instituciones de inteligencia contra estudiantes, trabajadores, campesinos, activistas e, incluso, políticos de oposición al régimen en turno. Todas las actividades de estas personas, colectivos y organizaciones se desarrollaban de manera abierta, legal y ciudadana. También se documenta el caso de una detención, tortura e interrogatorio al margen de la ley de un integrante del amplio y diverso movimiento armado mexicano.
El trabajo periodístico busca arrojar luz y abrir un debate sobre las instituciones mexicanas de inteligencia y desmitificar un término que sirve para justificar la opacidad, la corrupción y evitar la rendición de cuentas: “seguridad nacional”.
Autores: Zósimo Camacho y Rogelio Velázquez
Introducción: Opacidad y violación a los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional”
Fuente: Contralínea 347 / agosto de 2013
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