El “agotamiento” financiero del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 afecta a 36 mil 512 extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en Liquidación. El fondo debía de cubrir el pago de pensiones vitalicias hasta 2032; no obstante, a diciembre de 2010, poseía 1 mil 418 millones 320 mil 300 pesos, que alcanzarían sólo para el primer semestre de 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un déficit actuarial de 43 mil 223 millones 585 mil pesos.

 

Producto de la licitación de vía general de comunicación ferroviaria del Noreste, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 en Nacional Financiera, con una aportación inicial de 13 mil 529 millones 750 mil pesos. El pasivo actuarial necesario para cubrir las obligaciones de Ferronalesjub, hasta que fallezca el último jubilado, es de 63 mil millones de pesos, reconoce Guillermo Alberto Tello Ludlow, director liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.

 

Sin embargo, “es muy complicado que el gobierno federal pueda destinar este monto de recursos”; la prioridad será capitalizar el fondo cada año para que, en la medida de lo posible, “en ningún momento se encuentre en peligro el pago de pensiones para jubilados”, explica Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación del Proceso de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae).

 

El déficit actuarial del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2010, era de 43 mil 223 millones 585 mil pesos. A decir de Tello Ludlow, “los recursos se agotaron porque las premisas que se adoptaron en el [primer] estudio actuarial no fueron las adecuadas; [por ejemplo] la mortandad, la expectativa de vida de los pensionados, no fue la acertada. La Secretaría de Hacienda [y Crédito Público] ha decidido capitalizar este fondo de manera anual; es decir, nosotros entregamos un escenario económico de cuántos recursos se van a requerir para el próximo año y se propone a la Cámara de Diputados para el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

 

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Sae solicitó a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 8 millones 306 mil 900 pesos para los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 del Fideicomiso (oficio DCO/DELE/455/2011, del 15 de agosto). Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación envió a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda los datos para recibir los recursos autorizados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, para el pago de pensiones jubilatorias por 2 millones 777 mil 300 pesos (oficio DGAAF/128/2011, del 15 de diciembre).

 

El pago de asignación, denominado también “ajuste de pensión jubilatoria por demanda o nómina alterna”, es el procedimiento por medio del cual se cubren las obligaciones determinadas en los laudos. “Cuando se constituyó el Fideicomiso existía la posibilidad de incorporar nuevos jubilados que, a partir de resoluciones judiciales, adquirían derechos. En esta nómina alterna se administran las obligaciones con 2 mil 72 jubilados que no se han podido subir al Fideicomiso. La Secretaría de Hacienda nos da recursos también para atender las obligaciones con este grupo de jubilados de la nómina alterna”, explica Márquez Serralde.

 

 

–¿Cuál es el número de jubilados?

 

-A marzo de este año tenemos 36 mil 512 fideicomisarios. La parte operativa que administra todas las obligaciones del Fideicomiso tiene establecidos mecanismos para verificar la supervivencia de estas personas de forma tal que nos aseguremos que se le está pagando todavía a la gente que vive. Hay 2 mil 72 en la nómina alterna. Puede ser que haya una persona cobrando en el Fideicomiso y en la nómina alterna. El contrato establece la posibilidad de que si una autoridad laboral determina el derecho de una persona a ser jubilado o el ajuste de su pensión, y por nómina alterna cobra los pesos adicionales que no se le pagan en el Fideicomiso.

 

La ASF revisó el total juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos en contra de Ferrocarriles. Al 31 de diciembre de 2010, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Sae no habían pagado 482 millones 501 mil pesos de pasivo exigible ?462 millones 700 mil pesos son resultado de 463 procesos con laudo condenatorio firme y 19 millones 801 mil pesos correspondientes a siete asuntos contencioso-administrativos no concluidos?.

 

Banobras informó que existe una propuesta para dar por concluidos los pasivos laborales; la documentación se encuentra en la Dirección Jurídico Laboral de Ferronales. En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes objetó que, a noviembre de 2011, hubo una disminución del 53.9 por ciento del pasivo exigible y de los siete casos no laborales se tramita el pago por 17 millones 369 mil pesos a favor del organismo Luz y Fuerza del Centro.

 

“Por lo que respecta al artículo cuarto y segundo transitorio del Decreto de Extinción de Ferrocarriles, las estrategias para la atención de asuntos jurídicos laborales del PML 2010 [Programa Maestro de Liquidación] y de la cláusula décima sexta del Contrato del Fideicomiso Ferronalesjub, se considera que no existe incumplimiento, debido a que quien es garante de las obligaciones laborales por jubilaciones es el gobierno federal; se realizaron acciones a través de la SCT para la obtención de los recursos para hacer frente a las obligaciones laborales”, argumentó el Banobras en la reunión de Preconfronta con el órgano coadyuvante de la Cámara de Diputados.

 

En cuanto a los más de 462 millones de pago exigible, Guillermo Tello explica que “el tema de los juicios laborales no es crítico; está bien controlado […] Ese pasivo exigible no se había pagado porque no se contaba con los recursos. En 2011, cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación le autorizan a Ferrocarriles una cantidad de recursos, priorizamos en el tema. El saldo a [diciembre de] 2011 es de 152 millones”.

 

Por otra parte, el costo de liquidación de FNM, del 19 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 2010, asciende a 40 mil 804 millones 307 mil 800 pesos, de los cuales 34 mil 193 millones 980 mil 500 incumben recursos propios y 6 mil 610 millones 327 mil 300 pesos son recursos federales. La Auditoría Superior, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, considera que el Banobras y el Sae no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al proceso de liquidación de Ferrocarriles, por lo que el dictamen de la auditoría fue negativo. El Órgano Interno de Control tendrá que investigar e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados.

 

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”. El 25 de junio se emitieron las “bases para llevar a cabo la liquidación”.

 

 

 

 

El 29 de agosto de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como responsable de la liquidación de FNM. El 14 de julio de 2010, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes lo sustituyó; el 17 de agosto se dio el nombramiento oficial y el 31 de ese mes se suscribió el Acta de Entrega-Recepción, compuesta por 130 anexos sobre los pasivos, activos y asuntos pendientes.

 

Con el análisis de los estados financieros de Ferrocarriles Nacionales de México se confirmó un déficit de 13 mil 58 millones 251 mil pesos. Para gastos de operación y pago de pasivos, el monto requerido para 2011 ascendía a 1 mil 64 millones 100 mil pesos; se autorizaron 758 millones 300 mil pesos, los cuales fueron transferidos al Sae como resultado de un convenio suscrito el 25 de marzo de 2011 con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A decir de la Auditoría Superior, los recursos obtenidos no son suficientes para cumplir las obligaciones financieras del Ferronalesjub.

 

En el Informe también se evidencia la nula atención a 1 mil 157 solicitudes de donaciones de jubilados, pensionados o sus sucesores, de instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro, por una superficie de 11 millones 509 mil 709 metros cuadrados. El Banco Nacional argumentó que el artículo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales y segundo del Decreto no establecen tiempos específicos, por lo que no existe incumplimiento por parte de la institución. Se trabajó de manera conjunta con la SCT en la elaboración de lineamientos que regulen las donaciones; el seguimiento lo hacía la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno a través de la Gerencia de Consultoría Jurídica y Patrimonio Inmobiliario en Ferrocarriles.

 

El objetivo de regular cinco predios invadidos, esto es 359 mil 100 metros cuadrados, no se concretó. No existe respaldo documental que ampare la labor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ferrocarriles Nacionales de México y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

 

“Lamentablemente, el Banobras no tuvo los recursos suficientes para custodiar los inmuebles. Con el paso de los años, hoy, la mayoría de éstos han sido invadidos por particulares y el mismo gobierno. Jurídicamente, el propietario es Ferrocarriles, pero la posesión no la tiene. Debemos de conocer los títulos de propiedad, la situación que guarda en el Registro Público de la Propiedad y quién está ocupando el inmueble”, refiere Guillermo Tello.

 

“En algunos casos son instalaciones que tienen los gobiernos estatales o el gobierno federal. No hay un inventario confiable-real de todos los bienes. Hubo un conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2003. Son 258 millones de metros, inmuebles con diferentes características que pueden ser el derecho de vía o polígonos. La naturaleza primordial del liquidador, en este caso el Sae, es vender los activos”, añade Jorge Márquez.

 

En la adjudicación de bienes y prestación de servicios también hubo irregularidades identificadas por la Auditoría. En 2009 y 2010, se firmaron 31 contratos, 17 convenios modificatorios, dos pedidos por adjudicación directa y cinco pólizas de seguros; en ningún caso se informó al Órgano Interno de Control. También se formalizaron 23 convenios modificatorios por 2 millones 426 mil 700 pesos y nueve contratos de seguros plurianuales por 510 mil 800 pesos, sin la aprobación de la SHCP y de la Secretaría de la Función Pública.

 

“No se informaron, ya que Ferronalesjub se encontraba en proceso de transición operativa y se estaba definiendo la metodología a seguir para todo el proceso de adquisiciones del organismo”, justificaron las entidades encargadas del finiquito.

 

En la revisión del procedimiento por adjudicación directa se evidenció que no convocaron al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Ferrocarriles al refrendo de 35 contratos; no elaboraron las requisiciones sobre las necesidades de bienes o servicios en 12 acuerdos; no fundaron ni motivaron la excepción de licitación pública de 14 tratos; ni concedieron, al menos, tres cotizaciones en 14 convenios.

 

Banobras dividió cinco contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresión por 779 mil 700 pesos, dos para el arrendamiento de un autobús para transporte del personal por 213 mil 600 pesos, y cinco seguros por 404 mil 100 pesos; el fin, que los montos quedaran comprendidos en los supuestos de excepción de la licitación pública. Además, en la póliza 920006556, para el aseguramiento de locomotoras, equipo de arrastre, maquinaria, vías y puentes por 274 mil 900 pesos, se rebasó el monto autorizado para los contratos de adjudicación directa.

 

En seis avenencias con el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y en seis por licitación pública nacional se demostró que el área requirente no motivó por escrito la necesidad de contratar los servicios, no notificó si dichas contrataciones quedarían incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones ni elaboró estudios de mercado.

 

“El trámite y ejecución de los procedimientos de adquisiciones de Ferronalesjub concernía a la Subgerencia de Recursos Humanos y Materiales, dependiente de la Gerencia de Planeación, Recursos y Servicios, por lo que la información y documentación tendente a responder lo aquí observado se debe solicitar a dichas áreas”: el Banobras.

 

Tello Ludlow, director liquidador, asegura que las observaciones concernientes a los contratos han sido solventadas. “Ferrocarriles recibió tres recomendaciones; no son graves, son omisiones que deben notificarse a diferentes instancias, entre éstas al Comité de Adquisiciones. Hubo eventos que fueron adicionales a lo que estaba en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. Las observaciones al Sae y a Ferrocarriles ya se vienen ejecutando”.

 

En el apartado Desincorporación de Bienes del Programa Maestro de Liquidación se establecen metas, las cuales, a agosto de 2010, no se habían cumplido. Se intentó la conclusión de los convenios de adeudos y transacciones económicas con concesionarias (5.4 por ciento de avance); la actualización del inventario de bienes inmuebles (7.5 por ciento); la cancelación del pasivo del “Programa de juicios laborales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2004 a 2007” (10 por ciento); hubo siete cédulas de información sobre la desincorporación de inmuebles susceptibles de ser vendidos, regularizados, transferidos o donados (11.8 por ciento); la venta de terrenos por 69 millones 520 mil pesos (29.6 por ciento); 45 cartas de instrucción a notarios públicos (56.3 por ciento); 1 mil 736 depuraciones físicas (59.5 por ciento de avance); la validación de 45 proyectos de escritura para la regularización de inmuebles (64.3 por ciento); 48 análisis técnico-jurídicos de inmuebles (64.9 por ciento); la venta de terrenos por 7 millones de pesos (69.3 por ciento); la desincorporación de 1 millón 928 mil bienes (87 por ciento); y la recuperación de la cartera de adeudos de fideicomisarios de Ferronalesjub y la venta de terrenos derivada de convenios con las entidades federativas (95 por ciento).

 

De acuerdo con el Banobras, el cumplimiento total de las metas dependía de Ferronalesjub, el Registro Público de la Propiedad, notarios y compradores. “En la programación del PML 2010 se estableció la actualización del inventario de bienes muebles, al tomar en cuenta la contratación de un tercero especializado para que se concluyera con el levantamiento físico de aproximadamente 700 mil bienes dispersos en distintos sitios propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, en el interior de la república. No se llevó a cabo la contratación del despacho considerando la entrega del organismo al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador sustituto de conformidad con el acuerdo tomado en la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD)”.

 

El Sistema de Información del Inventario del Patrimonio Inmobiliario no fue renovado desde el ejercicio fiscal de 2005. Los inventarios no son confiables ni ofrecen una certeza jurídica, ?reconoce el Sae?, razón por la cual en el Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México presentado a la CIGPFD se incluyen las acciones a realizar para contar con un inventario físico de estos bienes.

 

Tampoco se tuvo evidencia de un manejo fehaciente del acervo documental. “Se estableció el Programa de Depuración Documental que consta de tres etapas: inventario, valoración y destino final. Durante 2010, se comenzó con la primera etapa, al reportar un avance de 6 mil 61 cajas inventariadas con un total de 278 mil 75 expedientes, en una base de datos en Excel, misma que ha facilitado la localización inmediata de la documentación solicitada por las unidades administrativas”, indica en preconfronta el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

 

Durante el periodo fiscalizado, Banobras no reportó ningún trabajo ambiental relacionado con la remediación del suelo, subsuelo y manto freático en los que predomina la contaminación por hidrocarburos. En contrasentido, el Sae indicó que de 2001 a 2011 se tienen 13 sitios restaurados y 31 retiros de residuos ambientales.

 

“Cada sitio, por el compuesto químico que está alojado en la tierra o en el agua, más la composición interna, debe ser tratado con una metodología o técnica diferente. Debemos de tener un estudio de caracterización y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos avale para proceder a la ejecución de esos trabajos. Estas etapas son lentas. Hemos logrado avanzar. La autoridad hace pruebas en los predios y si determina que ya está a niveles aceptables nos otorga la liberación del sitio”, concluye Guillermo Tello.

 

Administrativamente, el Programa Maestro de Liquidación no fue aprobado por las secretarías Hacienda y Crédito Público, Función Pública y Comunicaciones y Transportes; no hubo reuniones interinstitucionales de trabajo, en las que se rindieran informes sobre el proceso de liquidación; con un atraso de cinco meses, el Banobras elaboró el Programa Anual de Trabajo; y no se indicó plazo perentorio.

 

“Esta institución de banca de desarrollo se encuentra en imposibilidad jurídica y materialmente para dar respuesta a las observaciones contenidas en la Cédula de Resultados Preliminares, entregada en la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, toda vez que la totalidad de la documentación perteneciente al organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación le fue entregada al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, según se hace constar en el Acta de Entrega-Recepción del 31 de agosto de 2010” (oficio DF/155000/003/2012, del 9 de enero).

 

—¿Cuál sería el procedimiento para establecer el plazo perentorio de liquidación?

 

-Creo que no es adecuado poner plazo a los procesos, porque, normalmente, no se cumplen; hay muchos factores externos que influyen. Se debe destacar la complejidad del encargo. Esto está supeditado a la asignación de recursos y en la medida que se vaya asignando estaremos en posibilidad de ir creando salida a los diferentes asuntos”, finaliza Jorge Márquez.

 

Contralínea solicitó entrevista a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. María de Jesús Lozano González, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales, excusó a Banobras basándose en el secreto fiduciario establecido en la Ley de Instituciones de Crédito para no emitir ninguna opinión.

 

También se requirió entrevista con Víctor Félix Flores Morales, secretario nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, elegido por representación proporcional en Veracruz. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

 

Jorge Antonio Márquez Serralde, director ejecutivo de Liquidación de Empresas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y Guillermo Alberto Tello Ludlow, director de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, concedieron las entrevistas periodísticas a Contralínea antes de que iniciara la veda electoral establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.