Al pie de una jardinera o sentado contra los muros, César permanece inmóvil hora tras hora, con los ojos estancados. Trata de ir y venir lo menos posible. Necesita prótesis –que nunca ha tenido– o silla de ruedas o un par de muletas para andar. Se las roban con frecuencia, también las pierde. En la calle se intercambian fácilmente por dinero, comida o drogas.
Cabello revuelto, delgado, ceja poblada. Sin los aparatos, el joven de 22 años se arrastra por la plaza. Chamarra de pana, pantalón y manos contra el piso. Enjuto se empuja sobre el cemento. “Eres un bebé, eres indefenso”, responde sin titubeos cuando se le pregunta cómo se vive con una discapacidad en la calle.
Perdió la pierna izquierda y la mitad del pie derecho a los 15 años. Lo aplastó el tren. Ni el gobierno ni las organizaciones tienen registro del hecho, tampoco de cuánto tiempo lleva en la calle. César cuenta pocos detalles. El parco expediente apenas señala el nombre, edad y las múltiples lesiones.
Además de la falta de extremidades, los temblores derivados del abuso de sustancias tóxicas y la degradación constante de su salud, lleva la carne lacerada: para salvarse de las golpizas de la calle hay que correr. César se esconde. Las cicatrices revelan que no siempre lo logra.
—¿Cómo te proteges? –se le pregunta.
—Esconderme… Escondiéndome –responde de manera entrecortada.
—¿De quién?
—De los que me agreden…
Entre más tiempo se pase con una discapacidad en la calle, la posibilidad de exclusión se acrecienta, explica Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, AC. “Recordemos que los grupos en la calle son un sistema de protección y de cuidado, de autodefensa. Se reúnen en grupo para sobrevivir. Cuando una persona tiene discapacidad se va quedando aislada”.
César fue una de las 107 personas rescatadas del Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción, Hospital Santo Tomás, Los Elegidos de Dios. Se lo llevaron forzadamente de la calle donde pernoctaba. Según las versiones de las víctimas, eran sometidos a jornadas de trabajo de 16 horas para elaborar pinzas de ropa y bolsas para centros comerciales, sin posibilidades de salir, golpeados y alimentados con verduras podridas.
—¿Qué le pasa a alguien que vive en la calle y no tiene una pierna o no tiene una mano?
—Discriminación –responde, tajante.
—¿Cómo te lo hacen ver?
—Te sabotean, te pisotean, no vales nada en la calle. Siendo un chavo de calle no eres nada para los que tienen casa, tienen hogar.
Y es que, a decir de Luis Enrique Hernández, la discapacidad se invisibiliza frente a la vida en la calle. “La gente no ve a una persona con discapacidad, ve a una persona que vive en la calle”.
El defensor identifica dos tipos de discapacidades en las poblaciones callejeras: las físicas, provocadas por algún accidente o por el consumo de solventes, casi siempre relacionadas con atropellamientos; y las discapacidades sicosociales, que tienen que ver con el funcionamiento del individuo en su entorno social.
No existen cifras sobre cuántos jóvenes, niños y adultos mayores en condición de calle necesitan atención médica. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), trabaja apenas en una propuesta para contabilizar a la población que sobrevive en las calles de la Ciudad de México.
Frente al vacío institucional, la sociedad civil realiza acciones para tratar de visibilizar el estado de urgencia en el que se encuentra la población de calle. En palabras de Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las organizaciones de la sociedad civil han asumido el papel que le toca al Estado, pero sin recursos.
En ese contexto, Proyecto Ixaya, AC, organización no gubernamental de atención a grupos vulnerables, en colaboración con estudiantes de medicina, logró documentar el estado de salud de alrededor de 20 callejeros.
Los expedientes médicos son contundentes: “el paciente no puede mantenerse en pie por sí mismo. Fractura en mano derecha. Atropellado en varias ocasiones. Mordido por perros en varias ocasiones. Mordidas en ambas piernas. Deshidratación evidente. Bajo de peso. Alteración en la marcha. Diminución de volumen muscular. Limitación de movimientos. Disfunción en la audición. Pérdida de seis dientes. Intolerancia al frío. Patela derecha rota a la mitad. No posee ningún diente. Fractura de nariz. Asma sin tratamiento. Diabetes. Cinco embarazos, tres partos, un aborto, dos cesáreas. Miopía” (sic).
El legajo –del que Contralínea posee copia– también evidencia la tragedia social: “paciente de 23 años, desde los 7 vive en situación de calle. Es originario del Distrito Federal. Hospitalizado 28 veces. Atropellado en varias ocasiones. Se sospecha de enfermedad de Parkinson. Uso de activo, piedra, mariguana. Alcoholismo durante 5 años”.
En la esfera síquica, los diagnósticos obtenidos por Proyecto Ixaya transitan desde el “miedo exagerado”, el insomnio, la irritabilidad y la tristeza: “el paciente va perdiendo el deseo de vivir”, la pérdida de la noción de tiempo, lugar y espacio: “El tiempo que ha usado el activo provocó que ya no se encuentre ubicado en las tres esferas”; hasta padecimientos mentales, como la esquizofrenia.
A Flor la han golpeado en cuatro ocasiones, cuentan sus compañeros de calle. Una de ellas porque fue hasta la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad, y gritó sin miramientos: “¡Aquí hacen documentos falsos!”, los golpes vinieron enseguida.
La segunda vez fue porque, al estar donde –según ellos– se apareció la virgen de Guadalupe, en los alrededores de la estación del metro Hidalgo, Flor se desgañitó diciendo: “¡La virgen no fue virgen, fue prostituta también!”.
Según sus compañeros, la enfermedad mental que padece la ha llevado a internarse en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y en un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de donde es originaria. Hoy permanece en calidad de desaparecida. Hace más de 1 mes que la buscan sin éxito. La extrañan. “Es muy religiosa, se sabe a todos los santos”. Y aunque a veces cae en crisis, “tiene una mente muy clara”.
Rubén Fuentes, director general del Iasis, refiere en entrevista con Contralínea que de los 3 mil 29 usuarios de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), cuando menos 700 u 800 personas tienen problemas mentales, “pero si le agregas todas las que viven en la calle, rebasan las 1 mil”.
Para el director de El Caracol, la atención del fenómeno callejero requiere una mirada más integral por parte de las autoridades y de las organizaciones civiles: “Hay que ver a la persona en su integridad”.
Fuentes remarca que, pese a las críticas, el organismo que preside es únicamente de asistencia y que para dar atención integral, hace falta, además de presupuesto, la intervención de otras dependencias.
Ingeniero de formación, aduce que se enfrentan a una problemática grave que va más allá de una asistencia. “También es un problema de salud: las adicciones son un problema de salud. El Iasis hace la parte de la asistencia, pero tendría que ser alguien más, y concretamente la Secretaría de Salud, que hiciera la parte de salud. Los problemas siquiátricos y de adicciones son de salud, y todo lo atendemos nosotros sin ser hospitales siquiátricos, sin ser clínicas. Los atendemos en los albergues y tratamos de que la vida de los usuarios sea digna”.
Agrega que, desde la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, trabajan en un proyecto de modelo integral que involucra a todas las áreas de gobierno. “Es un proyecto muy ambicioso. En ése solicitamos que exista un hospital siquiátrico del Gobierno del Distrito Federal manejado por la Secretaría de Salud. Se le presentó a [Luis González] Placencia y al [entonces] secretario de Seguridad Pública. La idea es, el año que entra, impulsar eso. Para que en algún momento la atención a la gente en condición de calle sea integral”.
El director general del Iasis recuerda que el principal objetivo del Instituto es lograr la reinserción social. “Que en un tiempo prudente logremos que se reinserten a la sociedad como individuos productivos, con un oficio, libres de adicciones, libres de trastornos y puedan ser productivos a la sociedad”.
El Iasis cuenta con tres albergues especializados. Se trata del Centro de Asistencia e Integración Social Cuemanco, que ofrece servicio a hombres con trastornos mentales graves; uno para mujeres en esas mismas condiciones, el de Cascada, en Iztapalapa; y Torres de Potrero, un centro de atención a las adicciones. En éste, dice el funcionario, “tenemos 40 jóvenes: 38 varones y dos mujeres al día de hoy. Cuarenta días dura el programa de rehabilitación”.
Adicciones insuperables sin política integral
César inhala solvente como la mayoría de los callejeros de la Ciudad. Al cierre de edición permanecía en el CAIS Torres de Potrero, con la intención de dejar las sustancias tóxicas que consume.
El pronóstico no es alentador. A decir de Raúl Fernández Joffre, director de la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza, la población de calle es la que más recae.
El especialista explica que, entendido el consumo como una enfermedad que requiere de atención, seguimiento y cuidados, y no como un vicio, para la gente en condición de calle resulta casi imposible el control.
“Necesitan de todo el apoyo que les permitiera salir adelante”, dice. Sin embargo, no todos lo tienen.
“Los chavos de calle que se acaban de salir de su casa, ¿por qué se drogan? Porque sus padres los maltratan, porque no tienen familia, para salirse de sus problemas. Mis padres cuando me cacharon drogándome me pegaron, me agarraron con una vara. Me dijeron ‘esto está mal’ y me mandaron al anexo; [ahí] me pegaron, me amarraron con unas vendas adentro de un cuarto oscuro, me bañaron con agua fría…”, dice el Pachuca, originario de Hidalgo, 19 años, los últimos 3 en las calles, la mano siempre sobre la nariz y los ojos puestos en el horizonte…
Los solventes están diseñados para disolver grasa; en el organismo, disuelven la capa protectora de mielina que envuelve a las células nerviosas (neuronas), lo que resulta en muerte celular. “Lesionan de tal manera las estructuras del sistema nervioso que quedan con limitaciones discapacitantes, empiezan a dejar de ver, dejar de caminar, pierden todos los sentidos, la capacidad de memoria, de coordinación, quedan ciegos, con lesiones motoras severas, el lenguaje se deteriora”, apunta Fernández Joffre, director de la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza.
La inhalación frecuente eleva el riesgo de daño cerebral permanente y de alteraciones del ritmo del corazón, cambios marcados de humor, temblores y convulsiones. También incrementa el riesgo de problemas respiratorios. El uso prolongado, además, causa daños irreversibles en el hígado y los riñones debido a que en ellos se acumula el efecto de los compuestos, por ser los órganos encargados de procesarlos y eliminarlos.
Contrario a la negativa frecuente de ambulancias y hospitales para atender a la población de calle, la Clínica Hospital los recibe, casi siempre en estado de crisis. De acuerdo con el director, la falta de alimentación y uso constante de solventes dificultan más su estabilización. En caso de hipokalemia (baja en los niveles de potasio), frecuente en todos los consumidores de drogas e intoxicaciones, el procedimiento puede tardar hasta 15 días en la población de calle, cuando habitualmente se corrige en 8 horas.
La unidad, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, atiende en promedio a 1 mil 500 pacientes mensualmente, la mayoría de los casos por alcohol, seguido por el consumo de cocaína e inhalables. El rango de edad más atendido va de los 14 a los 22 años. “Aunque hay pacientes más jóvenes y también adultos mayores”, señala el director.
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Infografía
Fuente: Contralínea 364 / 08 diciembre de 2013
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