Primera parte. Un expediente de 780 páginas es el que conserva la Presidencia de la República respecto de las relaciones comerciales entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y 43 empresas y medios de comunicación vinculados a periodistas y columnistas, pero también de cuatro líderes de opinión que no constituyeron compañías, sino que facturaron como personas físicas.
Consultada vía transparencia y obligada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los documentos a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió el 29 de abril de 2019, cuando dijo: “se les compraban servicios a columnistas […], tengo las pruebas”, la institución proporcionó copias de contratos, oficios, escrituras públicas, información fiscal como el Registro Federal de Contribuyentes, bases de datos digitales del destino del gasto, estadísticas de Google Analytics y tarifarios de los propios periodistas, empresas, medios y agencias intermediarias de publicidad.
El expediente contiene documentos referentes a periodistas a quienes la Presidencia ya había incluido en una lista que publicó el diario Reforma el 25 de mayo de 2019 “sobre contratos asignados en el sexenio pasado”, entre ellos copias de los llamados “media kit” o tarifarios de columnistas o sus empresas, así como de sus propuestas publicitarias anuales entregadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todos los medios de comunicación que son contratados para difundir la publicidad gubernamental [partidas presupuestarias 3600 y 33605] –Contralínea incluido– están obligados a entregar a esa institución sus propuestas tarifarias anuales, para que la Secretaría las avale y con ello sean considerados en las pautas del resto de dependencias federales.
En el archivo hay documentos de cuatro compañías (Ankla Comunicación, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga, Astron Publicidad y Premium Digital Group) relacionadas con el periodista Joaquín López Dóriga, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto obtuvieron contratos por un total de 290 millones 352 mil 869 pesos, según la respuesta oficial de la Presidencia.
De la página 217 a la 220 se da cuenta de Ankla Comunicación, SA de CV: una propuesta publicitaria anual dirigida a la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda, fechada el 22 de febrero de 2016, donde se ofertaban: “comentarios o cápsulas de Joaquín López Dóriga” dentro de los programas radiofónicos noticiosos matutinos de Óscar Mario Beteta, Ciro Gómez Leyva y su propio noticiario (en Grupo Fórmula, que se transmite de lunes a viernes de las 13:30 a las 15:30 horas en la estación 103.3 de FM).
En esa propuesta económica se lee que “la tarifa asignada por Radio Fórmula por comentario es de 147 mil pesos más IVA, [pero] por tratarse de la SHCP, que es un cliente muy importante para nosotros, les ofrecemos una tarifa de 73 mil 500 pesos más IVA”.
Ankla Comunicación señalaba que “la comercialización de los comentarios de ‘Joaquín López Dóriga’ dentro de los programas de Óscar Mario Beteta y Ciro Gómez Leyva, así como en su noticiero, es exclusiva de esta compañía”.
La empresa también ofrecía “controles remotos” para transmitir el noticiario “en el lugar y fecha que ustedes elijan”, por 1 millón 500 mil pesos más IVA. Si el “cliente” elegía el programa de los miércoles, “con la mesa de Roy Campos, René Casados y José Fonseca”, el costo aumentaba a 1 millón 800 mil pesos más el impuesto, se lee en la propuesta dirigida a la SHCP.
Además, la empresa ofertaba “conferencias magistrales” de López Dóriga “sobre temas actuales de su interés [del cliente]”, por 35 mil dólares más IVA. Y aclaraba que “todos los viáticos y gastos que se generen por esta transmisión serán por cuenta del cliente”.
De 2012 a 2018, Ankla Comunicación obtuvo contratos por 89 millones 773 mil 949 pesos, indican datos que la Presidencia de la República entregó a Contralínea por órdenes del Inai.
Respecto de la empresa Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga, el expediente incluye información como el RFC (PDJ140411SC9), donde se establece que su objeto es comercializar la página en internet del columnista. Según la Presidencia, en el sexenio pasado esta compañía obtuvo contratos por 28 millones 89 mil 135 pesos.
Además, se incluyen documentos de Astron Publicidad, SA de CV (antes denominada Importadora y Exportadora Astron), encargada de vender spots en el programa radiofónico del periodista. De ésta se revelan una propuesta publicitaria y la escritura pública 72,064, que da cuenta de que la representante es doña Teresa Adriana Pérez Romo. En el periodo (2012-2018), la compañía obtuvo 123 millones 733 mil 565 pesos por sus negocios con el gobierno federal.
Consultada por Contralínea, Pérez Romo explica que Ankla Comunicación dejó de existir hace aproximadamente 1 año y medio, y ahora sólo operan Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Astron Publicidad.
Agrega que los documentos que se le entregan a la Secretaría de Hacienda, como el que se le describe de Ankla, son propuestas publicitarias anuales que mandan tanto a clientes de la iniciativa privada como del gobierno federal y los gobiernos estatales.
—En estas propuestas ustedes incluyen, por ejemplo, la comercialización de los comentarios del periodista Joaquín López Dóriga en los programas de Ciro Gómez Leyva, Óscar Mario Beteta y su propio programa en Radio Fórmula.
—Es correcto.
—Los llamados controles remoto para transmitir el noticiario en lugar y fecha que quien los contrate elija.
—Es correcto.
—Dice que si el cliente elegía el programa de los miércoles con Roy Campos, René Casados, y José Fonseca…
—Se incrementa el precio. Es correcto, porque ellos reciben un salario extra.
Doña Teresa Pérez Romo agrega: “Ankla Comunicación ya no existe, se dio de baja, pero efectivamente las propuestas hablan de patrocinios o de spoteo. Y sí se comercializan tanto comentarios en los programas de Óscar Mario Beteta, de Ciro Gómez Leyva y en el noticiero de Joaquín López Dóriga en el medio día, eso es correcto. También Joaquín hace conferencias para clientes de iniciativa privada o de gobiernos estatales si lo requieren; y también se hacen transmisiones de su noticiero de radio desde cualquier lugar si nos lo solicitan. Para ello contamos con todo el soporte de los técnicos de Radio Fórmula”.
La representante de Astron indica que “esas son las propuestas que enviamos a todos nuestros clientes, no únicamente de gobierno sino también de iniciativa privada, entre los cuales tenemos a Banamex, Banorte, HSBC, Aeroméxico; varios clientes que también aparecen en la página de internet, con los cuales también hemos facturado. Nos manejamos exactamente igual con los clientes de iniciativa privada que con los clientes de gobierno”.
Respecto de Premium Digital Group, el archivo entregado por Presidencia demuestra la venta de banners publicitarios relacionados con la página de internet www.lopezdoriga.com, y cuyos contratos con el gobierno federal ascendieron a 48 millones 756 mil 220 pesos en el sexenio pasado. Las documentaciones relacionadas con esas cinco compañías abarcan de la página 217 a la 278.
En el archivo también se revela información de Óscar Mario Beteta, columnista de El Universal y también conductor de Radio Fórmula. Su apartado va de la página 103 a la 128.
De los documentos sobresale la foja 113, correspondiente al media kit 2018 de su empresa Comentaristas y Asociados, SC, donde se aborda la venta de “#menciones” en sus redes sociales: @mariobeteta y Facebook.com/OMBeteta.
El documento indica que el costo de un mensaje de este tipo en sus cuentas personales de Twitter o Facebook ascendía a 15 mil pesos más IVA, y disminuía entre más menciones se contrataran, como ocurre con el llamado “mayoreo”.
De esta forma, por dos mensajes el costo era de 29 mil; por tres, 42 mil; cuatro, 54 mil pesos; cinco, 67 mil; y por seis “menciones” el cobro ascendía a 80 mil pesos más el impuesto al valor agregado.
El “media kit” 2018 de Comentaristas y Asociados especifica que los mensajes pagados incluían imagen, además de que recomendaba que la mención “sea con el estilo propio de Óscar Mario Beteta”. Esta empresa cobró por sus servicios 74 millones 571 mil 101 pesos, refieren los documentos de la Presidencia.
Para el tema de las “menciones”, el “media kit” proponía tres horarios a elegir: lunes a jueves de 7 a 9:30 am, “horas activas en radio”; lunes a jueves de 1 a 4 pm, “horas más activas en Facebook”, y lunes a jueves de 1 a 3 pm, “horas más activas en Twitter”.
Contralínea buscó la versión de Comentaristas y Asociados, SC, sobre la comercialización de las “menciones”. Tres días después de hacer la solicitud, Gloria Romo –colaboradora de esa empresa– concertó la llamada telefónica para la entrevista periodística con el columnista Óscar Mario Beteta, quien luego de escuchar la primera pregunta gritó que no tenía tiempo para luego –en un acto de violencia de género– insultar a esta reportera.
—Tengo un expediente que me entregó la Presidencia vía Transparencia después de que el Inai los obligó a entregármelo.
—¡Sí, hombre, vaya al punto! ¡Vaya al punto rápido! ¡No tengo tiempo! ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué es Contralínea? Yo no tengo idea de qué es Contralínea.
—Es una revista. Si no tiene tiempo le pediría que en algún momento en el que tenga tiempo pueda tomar mi llamada. Muchas gracias.
—¿Quién la dirige?
—La dirige Miguel Badillo.
—¡Ah, y qué quiere saber!
—No, le digo que si no tiene tiempo, cuando tenga tiempo de tomar mi llamada, con mucho gusto.
—¡No trabajo para usted! ¡Sí tengo tiempo! ¡Dígame qué quiere saber, qué quiere saber!
—No. Yo tampoco trabajo para usted.
—¡Cállese, vieja pendeja!
La violencia de género en su variante de agresión verbal por parte del columnista ocurrió a pesar de que el 56 por ciento de lectores de su página –www.orcarmariobeteta.com– es mujer. Este dato se desprende de la propuesta que la propia empresa Comentaristas y Asociados presentó a la Secretaría de Hacienda el 26 de febrero de 2018.
En el perfil de audiencia, también refería que las ocupaciones son: “estudiantes, empleados, negocios propios, emprendedores, ejecutivos, comerciantes, vendedores, profesionistas independientes”. Y en nivel socioeconómico apuntaba que son “C+ y C”.
En el documento firmado por Mario Óscar Beteta Vallejo se lee que, cada mes, ese sitio tenía un promedio de 35 mil 500 visitas únicas. También establecía las tarifas de los anuncios: el banner más barato en esa página costaba 14 mil pesos, y el más oneroso, 160 mil.
Otra empresa de la que se da cuenta –de la página 131 a la 146– es Media Marketing Knowledge, con razón social BBMundo Direct, SA de CV, y propiedad de Martha Debayle.
En la propuesta anual presentada a la Unidad de Comunicación Social de Hacienda –el 8 de febrero de 2018–, la locutora y empresaria ponía a disposición del gobierno no sólo espacios publicitarios en las revistas impresas BBMundo –con costos que iban de 20 mil a 200 mil pesos– y Moi –cuyos precios oscilaban entre los 98 mil y los 299 mil 943 pesos–, sino también el programa de radio que conduce y sus redes sociales.
El “media kit” expone que gracias al “valor alrededor de la marca”, en el plano digital sus videos cuentan con 320 mil reproducciones y el costo por una cortinilla de “presentó” [seguida por el nombre del “cliente”] era de 270 mil pesos.
Otra forma de comercialización empleada por esta empresa tiene que ver con el programa de radio de Martha Debayle, que se transmite de lunes a viernes a las 12 horas en el 96.9 de FM: por “entrevista de contenido” –que incluye 5 minutos al aire, más tuit y publicación de podcast en la página marthadebayle.com– el costo era de 150 mil pesos; mientras que una mención de 60 segundos ascendía a 35 mil pesos. Por cortinilla de “presentó” en los podcast el cobro era de 65 mil pesos, más IVA.
Además vendía “branded content” en su página en internet, por 140 mil pesos; y mensajes en Facebook y Twitter, por 51 mil 750; en Facebook Live (de 3 a 5 minutos) por cotización; y en Twitter con gif o infografía, por 67 mil 700 pesos. Otros productos que ofrecía al gobierno federal eran: “e-mail blast”, por 115 mil; y “banner en news”, por 66 mil pesos.
En total, esta empresa logró ventas con el gobierno de Peña Nieto por 8 millones 243 mil 761 pesos. Para conocer la versión de Debayle sobre esta información, se habló a la oficina de BBMundo Direct, SA de CV, con la colaboradora Sandra Rueda, a quien se le explicó el tema de la venta de contenidos. Al cierre de esta edición no habían determinado si concederían respuesta o no.
Las 780 páginas se refieren a 43 empresas y periodistas, entre quienes están los que dio a conocer el año pasado la Presidencia de la República, y a las que se agregaron otros dos. En la mayoría de periodistas y medios, los documentos entregados no reflejan venta de contenidos.
Entre las empresas que más recursos obtuvieron del gobierno de Peña Nieto está Periódico Digital Sendero, SAPI de CV, de Federico Arreola, que obtuvo ingresos del gobierno federal por 152 millones 282 mil 653 pesos.
Ésta envió un oficio a Hacienda en donde aseguraba que en 2018 la página sdpnoticias.com tenía más de 11 millones de visitas únicas al mes, y las tarifas para anunciarse iban de los 180 pesos (por banner de 300x200px) a los 888 mil 300 pesos (banner skin por mes en todo el sitio).
De acuerdo con la copia de la escritura pública, los accionistas de esta empresa son Federico Arreola Castillo, Federico Manuel Arreola García y Barlovento Digital, SA de CV, y están asociados con CVQ Espectáculos, SA de CV. Otro dato que se desprende es que el capital social asciende a 50 mil pesos y que, al ser una sociedad anónima promotora de inversión, cuenta con acciones serie A y serie B ordinarias nominativas con valor individual de 500 pesos.
El 27 de mayo de 2019–durante una mesa de debate, conducida por el periodista Carlos Loret de Mola–, Federico Arreola exigió una disculpa al presidente López Obrador por haber sido incluido en la lista de periodistas que integró la Presidencia con nombre y apellido; lo cual, dijo le causa daño moral.
Entre las páginas 153 y 186, el expediente incluye documentos de Editorial Clío, Libros y Videos, SA de CV, de Enrique Krauze Kleinbort. Se trata de las tarifas entregadas a Hacienda, la escritura pública de la empresa, y sus estatutos. Además de Krauze, entre los accionistas también figura Grupo Televisa, SA de CV.
Respecto de sus tarifas, el expediente reporta que en 2013 vendía “espacios publicitarios dentro de la serie de televisión ‘ClíoTV’”. Y puntualizaba que el costo por spot era de 59 mil 590 pesos por 20 segundos, 89 mil 386 por 30 segundos, o 178 mil 772 pesos por 60 segundos, los días domingo en Canal 2 a las 23:30 horas; o de 28 mil 666 pesos por 20 segundos, 43 mil por 30 segundos, y 86 mil por 60 segundos, los días jueves en Canal 5 a las 23:30 horas; o de 11 mil 742 por 20 segundos, 17 mil 613 por 30 segundos, y 35 mil 227 pesos por 60 segundos, los días sábado en el Canal 4 a las 22 horas.
Además aclaraba que el precio por “minuto triple” sería de 100 mil pesos por 20 segundos, 150 mil por 30 segundos y 300 mil por 60 segundos. De acuerdo con la información de Presidencia, Clío obtuvo 61 millones 629 mil 920 pesos a lo largo del sexenio pasado.
Entre las páginas 187 y 214 figuran documentaciones de Editorial Vuelta, SA de CV, que en el sexenio de Peña Nieto recibió contratos por 34 millones 491 mil 999 pesos. Esta empresa es la que publica Letras Libres, de la cual el mismo Enrique Krauze Kleinbort es director y gerente general.
De acuerdo con oficios enviados a la Secretaría de Hacienda en 2018, esa revista vendía cada página publicitaria de 63 mil a 91 mil 350 pesos, con un promedio de circulación nacional de 14 mil ejemplares, y de circulación controlada de 11 mil 720 ejemplares.
Otro documento incluido es el “media kit” de 2017, que también establecía tarifas en su versión impresa de los 25 mil pesos (por cintillo o cuarto de página) a los 185 mil (por la cuarta de forros). Y en su versión digital, banners de los 20 mil a los 80 mil pesos.
El 24 de mayo de 2019, Krauze indicó en un comunicado de prensa que la información difundida por la Presidencia respecto de los contratos publicitarios a favor de periodistas “es tendenciosa e infundada. En primer lugar, como persona física yo nunca he recibido dinero del gobierno”.
La primera sociedad anónima de capital variable que aparece en el expediente –de la página uno a la seis– es Editorial Cruzada, que publica la revista Siempre! La documentación corresponde al registro ante la Secretaría de Gobernación, que apunta como presidenta a Beatriz Pagés Rebollar. Dicha compañía facturó 59 millones 204 mil 89 pesos en el sexenio pasado, lo que la coloca en la lista con mayores ingresos.
Consultada por Contralínea, Pagés sostiene que la información d la Presidencia es “tendenciosa” desde que se publicó la lista “donde aparecen nombres de periodistas con cantidades de dinero, sin aclarar el concepto, las dependencias con las cuales se hicieron los convenios de publicidad ni el tiempo en el que se obtuvo esa cantidad”.
Ello, “porque hacen parecer que es dinero oscuro, dinero sucio, cuando [en el caso de Siempre!] todos fueron convenios de publicidad gubernamental legales: la empresa cumplió todos los requisitos que piden, y que son muchos, y pagó sus impuestos”. Agrega que “Beatriz Pagés como persona nunca recibió dinero del gobierno”, además de que señala que en lo que va de la actual administración no han celebrado contratos de publicidad porque están “vetados”.
Otra compañía que aparece en el expediente es la intermediaria Comercial Media Bizcom, SA de CV, que comercializaba espacios publicitarios para los medios: Chiapas Hoy, Órale, qué chiquito periódico y Por Esto! Esta obtuvo 44 millones 282 mil 591 pesos en el gobierno de Peña.
De esta empresa se incluyen tarifarios de los medios impresos y copias de su escritura, donde se menciona como dueños a los empresarios Carlos Chávez de Icaza y Alejandro Randolph Probert Gamez. La intermediaria Comercial Media Bizcom no se pronunció sobre la lista de los 37 periodistas que difundió la Presidencia el año pasado.
Además, en las páginas 57 a 70 aparecen documentos relacionados con la empresa Estrictamente Digital, SC, que edita el periódico Eje Central. Encabezado por el periodista Raymundo Riva Palacio, ese medio ofrecía en su “media kit” “suplementos” (de ocho páginas en su versión impresa), por un monto de 590 mil pesos más IVA, el costo más alto entre sus espacios publicitarios.
De acuerdo con su tarifario, en 2017 una página interior costaba 80 mil pesos; páginas centrales a seis columnas, 100 mil; centrales completas, 150 mil pesos, todos más IVA; mientras que de las opciones especiales, como portada falsa, encarte y fajilla no se establecía costo: se sugería “consultar cotización”.
De acuerdo con la información oficial, en el periodo Estrictamente Digital obtuvo contratos del gobierno federal por 36 millones 413 mil 723 pesos, sin que se especifique cuánto de ese dinero fue por la comercialización de suplementos.
Para la elaboración de este trabajo se buscó conocer la versión del medio, motivo por el cual se habló dos veces con la editora en jefe María Idalia Gómez, a quien se le expuso que el asunto a tratar era la venta de contenidos vía suplementos. En la segunda conversación, la periodista dijo que, después de reflexionarlo, decidieron reiterar la respuesta que dio Raymundo Riva Palacio tras la primera revelación de la lista de columnistas que hizo la Presidencia en 2019.
María Idalia Gómez también dijo que no opinarían en específico sobre la comercialización de suplementos porque no conocían el contenido de este reportaje: “y no podemos opinar sobre lo que no conocemos”.
De la página 53 a la 56 del expediente de la Presidencia hay documentos de Comunícalo, SA de CV, del columnista Ricardo Alemán y su página de internet La Otra Opinión. Entre ellos, las tarifas por espacios publicitarios digitales presentadas ante Hacienda en enero de 2018, y que van de 1 mil 200 a 1 mil 800 pesos por día más IVA.
En éstas aparece la firma de Ricardo Alemán Alemán, en su calidad de director general y representante legal de la empresa. Los datos de la Presidencia refieren que en el sexenio pasado ésta cobró 28 millones 194 mil 67 pesos del erario federal.
El 24 de mayo del año pasado, Alemán escribió en su columna: “no hay nada ilegal y nada inmoral en el patrocinio oficial a espacios digitales que tienen más tráfico en redes que la mayoría de los aplaudidores de Obrador y porque es posible revelar los patrocinios que hizo públicos la casa presidencial, porque el gobierno de Peña Nieto se ajustó a la legalidad y la transparencia”.
Otra empresa incluida en el expediente es Editora de Publicaciones Especializadas y Consultores en Comunicación, SA de CV, relacionada con el columnista de El Heraldo y excoordinador de las secciones “Negocios” y “Bursátil” de El Financiero, Luis Soto Ortiz.
De su empresa se incluyen las tarifas de las publicaciones Agrobusiness y Azúcar & Fructuosa (de los 6 mil –por cintillo– a los 64 mil 896 pesos por página interior). Montos con los cuales sumó ingresos por 26 millones 846 mil 752 pesos en el sexenio pasado.
En mayo de 2019 y a propósito de la publicación de la lista, éste escribió: “En los 35 años de trayectoria, nunca he sido obsecuente con funcionarios, mucho menos con un presidente de la República. Si no leyeron mis colaboraciones, pregúntenles cómo les fue”.
Por importancia de monto, le sigue –con un ingreso total de 24 millones 754 mil 501 pesos– la empresa Conducción de Telecomunicaciones, SC, de la conductora Adela Micha. Con una audiencia de 113 mil visitantes únicos al mes, su sitio de noticias adelamicha.com vendía en 2017 y 2018 banners desde los 69.80 pesos (skyscpaer horizontal secciones interior) hasta los 150 mil más IVA (skyscpaer horizontal superior home).
El 24 de mayo del año pasado, la periodista escribió una aclaración: “sobre la lista de periodistas en donde se incluye a Adela Micha, queremos aclarar que: estos recursos fueron recibidos de manera legal y como pago por publicidad que el gobierno anterior contrató en nuestro sitio web la-saga.com”.
Otra empresa de la que se incluyen documentos en el expediente es Comunicación Extensa, SC, de Pablo Hiriart. El tarifario que presentó en 2017 ante la Secretaría de Hacienda para ofertar publicidad en la página pablohiriart.com –y que abarca de la página 99 a la 102– indica que al mes contaba con 5 mil 686 visitantes únicos.
Los precios por banner iban de los 25 mil a los 100 mil pesos. En total, esta empresa obtuvo ingresos del gobierno federal por 22 millones 149 mil 942 pesos, entre 2012 y 2018. El 24 de mayo del año pasado, Hiriart escribió en su cuenta de Twitter que la actividad de su empresa es legal, “paga impuestos y da la cara”.
En el expediente también se anexan documentos de Comunicaciones Estratégicas Newlink, SA de CV (con RFC: CEN081124QV8), relacionada con el youtuber conocido como Callo de Hacha y su página diariodeconfianza.mx.
Los pagos del gobierno federal pasado a su favor ascendieron a 21 millones 450 mil pesos, aun cuando sus precios por banner iban de los 90 a los 255 pesos más IVA, según un oficio que envió en 2018 a la Secretaría de Hacienda.
La parte del expediente que corresponde a esta empresa incluye contratos y órdenes de inserción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las facturas emitidas por Newlink. En el pedido 203/16, por ejemplo, la dependencia contrató por adjudicación directa espacios publicitarios para la campaña “Protección, atención y defensa de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, versión Centro de Información y Asistencia a México”.
Por este servicio, en 1 mes la empresa de Callo de Hacha cobró 798 mil 831.10 pesos, pues la vigencia de la campaña corrió del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. Para el 14 de noviembre de ese año, Newlink ya había emitido la factura para el pago correspondiente por esa misma cantidad.
“Tengo que confesarlo, ¡no aguanto más! Todo es verdad. Por esto Peña Nieto me pagó millones”, indicó el youtuber en su cuenta de Twitter, @callodehacha, tras la publicación de la lista el año pasado.
De acuerdo con los documentos entregados a Contralínea por la Presidencia, la misma campaña –pedido 234/16–, con la misma vigencia y por el mismo monto –más de 780 mil pesos– se replicó en la página nuklearnoticias.mx, operada por Ochoa Comunicación Corporativa, SA de CV. Esta empresa, propiedad de la editora Ana Luisa Ochoa Millán –exdirectiva de la revista Mundo Ejecutivo–, consiguió contratos con el gobierno federal el sexenio pasado por 8 millones 145 mil 632 pesos.
En el expediente también se anexan oficios de la empresa del columnista Jorge Fernández Menéndez: Rayuela Editores, SA de CV; entre ellos una página del tarifario del suplemento “Código Topo”, que mensualmente publica el diario Excélsior.
Las documentaciones dan cuenta de que Fernández Menéndez es quien edita ese suplemento, y que el costo de anunciarse en sus páginas interiores iba de los 50 mil a los 60 mil, y en sus forros, de 65 mil a 90 mil pesos. En el sexenio pasado, esta empresa cobró 20 millones 595 mil 781 pesos del erario federal.
El 27 de mayo del año pasado, el columnista escribió: “esa lista no refleja siquiera el 1 por ciento de la publicidad pagada el sexenio pasado. Mi empresa recibió publicidad. Se trata de Rayuela Editores, de la que soy propietario y director desde principios de los años 90. Rayuela es una empresa pequeña, pero conocida en el medio, hemos publicado durante décadas libros, producido películas, documentales, hasta algún disco de rock”.
Con contratos por menos de 20 millones de pesos en total a lo largo del gobierno de Peña Nieto figura Publicaciones Comunitarias, SA de CV. La compañía editora de La Silla Rota y propiedad de Roberto Rock Lechón facturó 18 millones 397 mil 155 pesos.
De ésta se incluye la propuesta de tarifas enviada a Hacienda en enero de 2018, donde se afirma que tienen una audiencia de más de 3 millones de usuarios al mes. También se establecen costos por anuncio en su página web que iban de los 38 mil 799 a los 244 mil pesos más el impuesto al valor agregado. Además, en el expediente consta la escritura pública de la empresa, donde además de Rock Lechón, figura como dueño Alejandro Puente Córdoba.
En entrevista con MVS el 24 de mayo de 2019, Rock indicó: “la filtración de la lista es para desautorizar algunas plumas críticas”, y se comprometió a transparentar todos sus contratos con el gobierno federal.
Otra empresa de la que se revelan documentaciones es Lugar Común, SA de CV, del periodista Rafael María de la Cruz Cardona Sandoval; en este caso abarca de la página 71 a la 94 y se trata de su escritura y su “media kit”, para comercializar espacios en la página elcristalazo.com.
El tarifario de la empresa, vigente a diciembre de 2018, refiere que los costos por banner iban de los 18 mil 170 pesos a los 111 mil 394, y que el promedio de visitantes únicos al sitio web cada mes era en promedio de 3 millones 50 mil. Por su parte, los datos de la Presidencia indican que, en el sexenio de Peña Nieto, Lugar Común cobró 16 millones 111 mil 500 pesos en total.
En el amplio archivo aparecen documentos de la Agencia Quadratín, de Margarita Cano, Rigoberto Tovar y Francisco García Davish, que revela pagos por dos vías: una, de forma directa al periodista García Davish (por 7 millones 214 mil 612 pesos en todo el sexenio pasado, y la otra por medio de la empresa Grupo Servicios Integrales de Gobierno, SA de CV (por 7 millones 14 mil 869 pesos en el periodo).
Un oficio enviado a la Secretaría de Hacienda con las tarifas de 2018 refiere que el precio de los banners iba de los 51 mil a los 200 mil pesos. También se anexa la escritura pública 13936, donde se da cuenta de la participación accionaria de Cano, Tovar y García Davish en la empresa, y copias de permisos y trámites de cambio de nombre gestionados ante las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, donde consta que David Garibay Tena también era socio.
Otra empresa que aparece en el expediente es Virreyes Quince Quince, SA de CV, del periodista José Armando Cárdenas Vizcaíno, y cuyos ingresos en el sexenio pasado ascendieron a 13 millones 533 mil 948 pesos. De ésta se incluye su escritura, donde consta que el titular del espacio radiofónico José Cárdenas Informa en Grupo Fórmula tiene un socio, de quien se testó el nombre y demás datos personales.
Marinor Publicidad, SA de CV, de Raúl Sánchez Carrillo, es otra compañía que figura en la documentación. De ésta se incluye un contrato con Liconsa firmado por el periodista en su calidad de representante legal. El conductor y editor de Capital ofertaba espacios publicitarios en su página personal: sanchezcarrillo.tv, con la que consiguió ingresos del gobierno federal por 12 millones 884 mil 89 pesos.
En el archivo aparece la empresa Pulso Político Francisco Cárdenas Cruz, SA de CV, del columnista del mismo nombre. De esta compañía se incluyen un oficio enviado a Hacienda y un fragmento de su “media kit”.
En éstos se da cuenta de que Cárdenas Cruz vendía espacios publicitarios en su página pulsopolitico.com.mx, de los 18 mil 900 a los 80 mil pesos. En total, esta empresa consiguió contratos con el gobierno federal en el sexenio pasado por 11 millones 467 mil 243 pesos.
Respecto de la empresa Observación y Creación de Medios OCM, SA de CV, de la reportera Maru Rojas, el expediente revela que en 2018 el costo por banner en su página marurojasenformula.com iba de los 32 mil 500 pesos a los 59 mil 150. En total, la reportera que cubre la fuente de Presidencia para Radio Fórmula, obtuvo contratos en el sexenio de Peña Nieto por 9 millones 554 mil 903 pesos.
En el contexto de la publicación de la primera lista, Maru Rojas indicó: “A todos, soy antes que nada mujer, madre e hija, ya después viuda, reportera ‘fifí’ a mucha honra porque pago impuestos, soy asalariada, sindicalizada en el mismo nivel que un panadero. No duele la infamia de quien de eso vive, duele que existe quien de los que me conoce lo crea”.
En el expediente también hay documentos de Editorial Animal, S de RL de CV, que publica la página Animal Político y obtuvo ingresos por 9 millones 361 mil 59 pesos en los 6 años del gobierno federal pasado. De ésta se proporcionó copia de una orden de inserción de Banobras –pedido OS/064/2017–, para una campaña publicitaria con vigencia del 31 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 por 299 mil 900 pesos.
Además se incluyó la copia del anexo técnico relacionado con la contratación, en el cual se detalla que la campaña consta de la publicación de banners sobre las campañas “Fortalecimiento de la economía etapa dos” y “Detrás de las grandes obras… está Banobras”.
Daniel Moreno, director del medio digital, señaló el año pasado que, como es normal y de acuerdo con la ley se recibió dinero por publicidad oficial. Indicó que ello estaba respaldado por contratos y testigos de que se cumplió con la difusión. De acuerdo con la revista Forbes, Moreno indicó que ese recurso público representó menos del 15 por ciento de sus ingresos totales y que Animal Político ha abogado para que la distribución de la publicidad oficial no sea discrecional.
De la página 95 a la 98, el expediente contiene el “media kit” de PRH Comunicación, SA de CV, empresa ligada a la conductora de Televisa Paola Rojas. En 2017, éste ofertaba espacios publicitarios de la página de internet paolarojas.com.mx, con precios de los 20 mil a los 96 mil pesos más IVA por banner.
Los datos que la compañía reveló a Hacienda refieren que ese sitio tenía un promedio de 80 mil visitas únicas. Por anunciarse en sus espacios, el gobierno federal pasado le pagó 5 millones 833 mil 247 pesos en total.
Otra empresa que aparece en el expediente es Magenta Multimedia, SAPI de CV, del periodista Ramón Alberto Garza, que obtuvo contratos del gobierno federal por 4 millones 947 mil 341 pesos en el gobierno de Peña Nieto. De ésta se anexa un oficio girado a Hacienda –y firmado por César Iñaki Abis Coutigno, director de Planeación y Finanzas– donde la compañía reconoce que en promedio cuenta con 15 mil 300 visitantes únicos al mes.
En 2018, los costos para anunciarse en la página codigomagenta.com.mx iban de los 6 mil 900 a los 140 mil pesos. El 24 de mayo del año pasado, la página publicó una aclaración: “Ramón Alberto Garza y Código Magenta fuimos incluidos en una lista muy parcial de presuntos beneficiarios de favores económicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es falso. A lo largo de los 46 años de Ramón Alberto como periodista, creador y director de medios de comunicación, jamás ha sido beneficiario de dinero alguno desde el poder, sea político o económico. Su trayectoria está a la vista y lo publicado lo avala”.
De la página siete a la 26 le sigue RRR Comunicaciones, SA de CV, propiedad del periodista Ricardo Rocha. De ésta se incluyen un “contrato abierto” con Pronósticos Deportivos por un monto máximo de 689 mil 655 pesos, con vigencia al 30 de noviembre de 2018; la invitación para participar como proveedor de esa institución y la respuesta de la empresa con sus tarifas por banners. El objeto de la contratación fue el de colocar anuncios publicitarios en la página rochasnoticias.com. Los datos oficiales indican que, en total, cobró del erario federal 2 millones 147 mil 102 pesos en el periodo.
La tercera empresa es propiedad de los hijos del periodista Ricardo Rocha, también dedicados a esta profesión. Se trata de la escritura pública de JR Servicios de Información y Comunicación, SC, donde figuran como accionistas Jorge Armando y Juan Francisco Rocha Gutiérrez; también de dos permisos emitidos por las secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores y de información de carácter fiscal, como su RFC, contenidos entre la página 27 y la 52. Sus contrataciones con el gobierno federal le representaron ingresos por 2 millones 481 mil 482 pesos en el sexenio.
El 28 de mayo de 2019, el periodista Ricardo Rocha asistió a la conferencia mañanera del presidente López Obrador y expuso: “con todo respeto, no saben leer o mienten malintencionadamente”, pues él no participa en la empresa de sus hijos. Respecto de su empresa, indicó que fue contratada para una campaña de spots de la cual se tienen “entregables”, por lo cual consideró injusta la inclusión de su nombre en la lista.
Otra compañía incluida en el expediente es Camacho Ureña y Asociados, SA de CV, de José Asunción Ureña Velázquez, autor de la columna Teléfono Rojo y titular de la página telefonorojo.mx. Esta empresa obtuvo ingresos por 4 millones 359 mil 402 pesos en el gobierno de Peña y de ella se incluye un contrato abierto con Pronósticos para la Asistencia Pública firmado en 2018, así como un oficio de “petición de oferta”, dirigido a Brenda Lucila Pérez Soriano, representante legal de la empresa, y con fecha límite para presentar cotización el 10 de julio de 2018.
La empresa respondió el 5 de julio de ese año con tarifas diarias que iban de los 633 a los 2 mil 733 pesos por anuncio. De acuerdo con la orden 00017, Pronósticos contrató ocho espacios para “difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, por 66 mil 77 pesos.
De la página 285 a la 290 se encuentran documentos de Editorial RH, SA de CV, que edita la revista Ruiz Healy Times, de Eduardo Ruiz Healy. Su “media kit” 2018 refería que el tiraje era de 16 mil ejemplares al mes; también fijaba el costo de la página en interiores en 56 mil 160 pesos, y en forros en 67 mil 392 (segunda y tercera) y 74 mil 880 pesos (cuarta). Esta empresa consiguió contratos por 4 millones 242 mil 757 pesos en el gobierno de Peña.
En su programa del 24 de mayo del año pasado, Ruiz Healy calificó como “curioso” que en la lista no aparecieran las grandes empresas de comunicación, sino empresas cuyos propietarios son periodistas: “Yo aparezco ahí y de eso quiero hablar antes de que haya malos entendidos: aparentemente hay personas que quieren acabar con la libre expresión en este país, Reforma o no sé quién”. Agregó que su empresa edita una revista y todo es legal y paga impuestos.
El último registro que incluye el expediente de la Presidencia de la República es el de Vega Servicios Especializados de Comunicación Integral, SA de CV, del periodista Alberto Vega Torres (coordinador de información del programa de debate “Si me dicen no vengo”), y que logró ingresos del gobierno federal por 2 millones 712 mil 540 pesos en el sexenio pasado.
El espacio que comercializa esta empresa es el de La Polaca, transmitido en Radio 6.20, y que en 2017 costaba entre 1 mil 29 y 5 mil 649 pesos por anuncio de hasta 60 segundos.
Otra empresa de la que se incluyen documentaciones es Radio Información, SA de CV, de Dyno Canún Rojas, Michel Jaime Canún Rojas, Mara Paola Canún Rojas y Sandro Giovanni Canún Rojas, misma que obtuvo 2 millones 477 mil 931 pesos en el sexenio de Peña Nieto. De ésta fue entregada la copia de su escritura, registrada en la Notaría 116, atendida por Ignacio R Morales Lechuga.
También se incluyó una copia de un permiso expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de los RFC de Dyno Canún, cuya actividad es la de “servicio de asesoría, administración y organización de empresas”; Michel Jaime, “producción y transmisión remunerada de programas de radio; y Mara Paola, “otros servicios financieros no bancarios”.
De La Chuleta es la Chuleta, SC, propiedad del columnista Salvador García Soto, también se incluye un permiso emitido por Relaciones Exteriores (gestionado por Raúl Chapa Vergara) y la escritura, donde se establece como su objeto: “producción, promoción, dirección, ejecución, coordinación, comercialización, asesoramiento técnico, contratación de toda clase de eventos noticiosos, de consulta, de investigación, nacionales e internacionales, ya sea a través de radio, televisión, periódicos, publicaciones periódicas o cualesquier otros medios impresos existentes o que en el futuro se lleguen a crear; la designación o remoción de conductores o comentaristas para todo tipo de programas televisivos, radiofónicos o similares”.
Además, la compra venta de espacios o tiempo aire en radio y televisión, y la difusión, organización, promoción de toda clase de espectáculos públicos o privados. Esta sociedad civil obtuvo contratos con el gobierno pasado por 2 millones 263 mil 152 pesos.
El 25 de mayo del año pasado, García Soto escribió: “en mis 30 años de ejercicio periodístico, 20 de ellos haciendo todos los días esta columna [Serpientes y escaleras] nunca vendí mi pluma ni la puse al servicio de nadie. Quienes me conocen, familia, amigos, políticos y personajes públicos, pero sobre todo los lectores que han seguido mi trabajo en estas dos décadas, saben que este espacio siempre se ha orientado a informar e intentar compartirle información vedada de los entretelones públicos y políticos […]”.
Otra empresa de la que se da cuenta en el expediente de la Presidencia es Grupo F6-11, SA de CV, de Alberto Tavira Álvarez, con contratos por 2 millones 195 mil 604 pesos en el gobierno pasado. De ésta fue entregada la copia del testimonio de la escritura pública, que establece entre sus objetos: “la prestación de servicios externos e internos de información a través de los diversos géneros audiovisuales y periodísticos, tales como nota, reportaje, crónica, artículos, entrevistas y similares, mediante su publicación y presentación tanto en órganos de comunicación propios o ajenos impresos, audiovisuales, y medios electrónicos de acuerdo con la índole de sus actividades propias”.
La empresa de Tavira Álvarez edita el sitio en internet cunadegrillos.com, que el 24 de mayo del año pasado aclaró que “la línea editorial de Cuna de Grillos en ningún momento se ha visto influenciada o manipulada por la contratación de los espacios publicitarios. El interés por difundir contenidos sobre la vida privada de los políticos y sus familias, incluido el presidente de México, siempre ha sido su principal motor para informar a sus lectores”.
Como personas físicas se incluye al columnista económico Marco Antonio Mares García, a la “periodista, escritora y sexóloga” María Yazmín Alessandrini Morales, a José de Jesús Michel Narváez y a Eunice Ortega Albarrán.
En el primer caso se trata de las tarifas de 2018 presentadas ante la Secretaría de Hacienda, en las que se establecían precios de banners para la página marcomares.com.mx, de los 17 mil 885 a los 39 mil 745 pesos más IVA. En total, este columnista cobró a título personal 6 millones 905 mil 840 pesos del erario federal.
En el caso de la periodista Alessandrini Morales –que consiguió en el sexenio pasado ingresos federales por 2 millones 906 mil 632 pesos–, se incluye el “media kit” de 2014 de su página de internet: lapoliticamedarisa.mx, con costos que iban de los 8 mil a los 40 mil pesos.
Respecto de Jesús Michel Narváez, director del semanario Misión Política, la Presidencia de la República conserva un oficio enviado por el columnista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a una campaña publicitaria –en homepage– en la página misionpolitica.com, con un costo de 37 mil 120 pesos.
El 27 de mayo del año pasado, Michel Narváez escribió sobre la lista: “No soy sicario del periodismo. No soy hampón del periodismo. No soy integrante de la prensa fifí. Soy crítico y no enemigo del poder público. A mí no me pagan para ‘pegarle’. No estoy en venta ni en renta. No soy sumiso ante el poderoso”.
También cuenta con el registro federal de causantes (que entregó a Contralínea testado en los datos personales), donde se da cuenta de las actividades económicas del periodista: agencias de publicidad, 80 por ciento; creación de obras artísticas escritas autorizando a terceros su publicación en periódicos y revistas, que se destine para su enajenación al público, 10 por ciento; y otros servicios profesionales, científicos y técnicos, 10 por ciento.
En total, Michel Narváez obtuvo ingresos del gobierno de Peña Nieto por 6 millones 381 mil 479 pesos, refiere el archivo entregado por la Presidencia a Contralínea tras la resolución del Inai.
En el caso de Eunice Ortega Albarrán, subdirectora del periódico Contra Réplica, se da cuenta que obtuvo ingresos federales por cuenta propia a razón de 1 millón 641 mil 99 pesos; y que también figura como administradora única de la empresa Thot Comunicaciones, SA de CV, que facturó con el gobierno federal 9 millones 73 mil 848 pesos en el sexenio pasado.
De esta última, el expediente de la Presidencia incluye un contrato con Liconsa firmado el 24 de octubre de 2018 directamente por la periodista, con el objeto de la difusión de la campaña “Liconsa, la leche que fortalece a México”.
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