En el sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ordenó directamente cómo contratar la publicidad del gobierno federal, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos. Ahora, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigan el uso del dinero público en campañas publicitarias que beneficiaron a los medios de comunicación electrónicos e impresos afines al calderonismo. Las primeras irregularidades detectadas son en las secretarías de Salud –con un sobregiro de 317 millones de pesos–, Desarrollo Social y Turismo
Desde la oficina de prensa de la Presidencia de Felipe Calderón, sus titulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) ordenaron utilizar recursos públicos de tres secretarías de Estado –Salud, Desarrollo Social y Turismo– para pagar miles de millones de pesos a los medios de comunicación que apoyaban los programas del gobierno y, en 2012, para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional.
Uno de los responsables de beneficiar a medios de comunicación con dinero público es el exvocero de la Secretaría de Salud y actual coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, quien señala haber recibido instrucciones directas de la Presidencia de la República en el sexenio pasado para otorgar las partidas presupuestales para la publicidad oficial. Las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación.
Las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”, refiere Olmos Tomasini en entrevista con
Contralínea. Sin embargo, acepta que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.
Agrega: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.
El uso indebido del dinero público en este rubro fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (casos
Contralínea y
Proceso). Incluso en el recién presentado informe
El costo de la legitimidad: el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas –de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19– se critica que durante el pasado gobierno federal la ausencia de criterios claros para la asignación de la publicidad oficial permitió un uso arbitrario y discrecional de la repartición de ésta.
En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio– el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos (Reforma, 4 de diciembre de 2012).
De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.
—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?
—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.
—¿2 mil 500 millones en 3 meses?
—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.
—¿Quién lo ordenó?
—Presidencia y Gobernación.
A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.
Investigaciones en marcha
La orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en los primeros 3 meses de 2012 se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación no se han pagado, por “insuficiencia presupuestal”. Así, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López.
Esa misma “insuficiencia presupuestal” ha generado reacciones en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Por una parte, las autoridades de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público investigan el destino del presupuesto que ejerció el año pasado la Secretaría de Salud en este rubro, por 2 mil 500 millones de pesos en total. También se habrían abierto líneas de investigación en los ejercicios de las secretarías de Desarrollo Social y de Turismo, pues hubo en éstas un gasto indiscriminado para apoyar a la candidata panista.
Por otra, los empresarios de los medios a los que se les adeuda empiezan a “amenazar” con demandar al gobierno federal por fraude; además de que han visitado en varias ocasiones al propio Olmos Tomasini para intentar gestionar por todas las vías posibles el pago. El actual vocero del Senado afirma que tiene una “deuda moral” con los medios, algunos de los cuales sus directivos son su “amigos”, por lo cual se ha comunicado directamente a la Secretaría de Salud para gestionar los pagos.
La Secretaría de Hacienda, responsable del presupuesto público, también ha recibido las peticiones para liquidar el adeudo. Sin embargo, los funcionarios que han atendido el caso sostienen que ese dinero nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión ni por Hacienda, de tal manera que no se puede pagar porque no hay recursos para ello. Las investigaciones en curso en esa dependencia buscan deslindar responsabilidades por este caso.
No obstante, Olmos Tomasini se defiende: “Las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.
En la Secretaría de Hacienda, la gestión de José Antonio Meade –actual secretario de Relaciones Exteriores– entregó 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.
—¿Por qué no mandaron dinero para estos 260 contratos?
—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.
—¿Pero tú sí manejabas estos 260 contratos que no se pagaron?
—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.
—¿Quién te autorizó en Gobernación?
—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].
El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por el propio Alejandro Echegaray, autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2 mil 100 millones de pesos.
“Esta Dirección General [de Normatividad], en el ámbito de su competencia, autoriza la difusión de la campaña ‘Igualdad de oportunidades’, versión ‘Infraestructura hospitalaria y equipamiento médico”, de conformidad con su solicitud, sometida mediante oficio DGCS/DCyE-0008/12, del 3 de enero de 2012.”
Posteriormente, cita las especificaciones: medios de difusión seleccionados (algunos de ellos: Televisa, Tv Azteca, Canal 44, SIPSE, Productora y Comercializadora de Televisión), con una vigencia del 4 de enero al 7 de marzo de 2012.
Las otras dos campañas fueron autorizadas con los oficios SNM/DGNC/0075/12 (“Adicciones”) y SNM/DGNC/0371/12 (“Control de enfermedades y alerta sanitaria”). En los tres casos, la Dirección General de Normatividad detallaba los medios de comunicación que serían contratados.
Aunque Olmos Tomasini dice no recordar a todos los medios que se les debe, señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación (a éstas sí les pagaron). Están Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras, indica a botepronto.
Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indica, “estoy tranquilo”. Manifiesta que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
También se dice confiado en que la Secretaría de Salud pague los 317 millones 78 mil 991, correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación.
Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda, la Dirección General de Programación y Presupuesto precisó que esa unidad administrativa no cuenta con recursos en el actual ejercicio fiscal para liquidar dicho concepto, como lo ha demandado Salud; y que ese dinero no se pagará, pues corresponde a un sobregiro del gobierno anterior, además de que dichos recursos mal utilizados fueron destinados para apoyos a la campaña de la candidata oficial a la Presidencia de la República y a la imagen del propio Calderón.
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Fuente: Contralínea 331 / abril 2013
