El presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó “investigar de oficio” las denuncias en contra del magistrado del Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito, con sede en la ciudad de Campeche, Francisco Teodoro Arcovedo Montero, acusado de nepotismo, ejercicio indebido del cargo público y abandono injustificado de la residencia del Tribunal en horas laborales, se revela en un oficio del órgano de justicia.
Esta es la segunda resolución en torno a la acusación de que la “gran familia” del magistrado ocupa cargos públicos en el Poder Judicial. En la primera ocasión, la investigación fue rechazada por “no acompañar medios de convicción suficientes que sustentaran las imputaciones formuladas”, según notificó la Secretaría Ejecutiva de Disciplina el 13 de octubre pasado.
El nepotismo que supuestamente ha ejercido el magistrado favorece a sus tres hijos, sobrinos (consanguínea y político), expareja y hasta compadres.
Contralínea entrevistó al magistrado Arcovedo Montero en sus oficinas ubicadas en una de las zonas residenciales de Campeche y reconoció, uno a uno, los lazos consanguíneos y emocionales con las personas señaladas en la denuncia; entre ellos, su primogénito e hijas: Francisco, Paola y María Teresa Arcovedo Cervera (edición 511).
Después de puntualizar sobre los cargos ocupados en el organigrama judicial de cada uno de sus familiares y allegados, aseguró que éstos habían sido nombrados por méritos propios y negó haber sido notificado de la investigación en su contra.
Sin embargo, el 29 de noviembre pasado, la primera resolución para no indagar al magistrado de Campeche sufrió un revés. El secretario Ejecutivo de Disciplina del CJF, juez Antonio González García, firmó el documento donde informa al promovente de la denuncia, Jesús Christopher Hernández Camargo, sobre la investigación que se llevará a cabo por órdenes del también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El oficio SED/22294/2016 indica que, con motivo de las imputaciones, la presidencia del CJF, a cargo de Luis María Aguilar Morales, “ordenó investigar de oficio los hechos que hizo del conocimiento; por lo que, conforme con el artículo 126 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en Materia de Responsabilidades Administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, a fin de preservar la materia de la indagatoria, decretó el sigilo del asunto…”.
Dicho artículo 126 dice: “El encargado de la investigación deberá tomar las medidas necesarias para preservar la materia de la investigación o evitar que se pierdan, oculten, destruyan o alteren los elementos relacionados con los hechos investigados.
“Asimismo, podrá acordar las medidas para conocer a los involucrados y testigos de esos hechos, evitar que éstos se sigan cometiendo y, en general, para facilitar la realización de la investigación.”
La denuncia interpuesta desde el 23 de septiembre (y de la cual Contralínea posee copia) detalla las relaciones familiares del magistrado Arcovedo Montero, así como las influencias ejercidas para la asignación de los cargos. Entre las pruebas presentadas se encuentran fotografías y actas de nacimiento que evidencian el parentesco.
Como evidencia del nepotismo, que supuestamente ha ejercido el impartidor de justicia en Campeche, se mencionan a sus hijos: Francisco, Paola y María Teresa Arcovedo Cervera, quienes se desempeñan como actuario, oficial judicial y secretaría, respectivamente, dentro de la estructura del Poder Judicial en Campeche.
Paola Isela Arcovedo Cervera, hija de Arcovedo Montero, es oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, donde despacha su padre, indica la acusación interpuesta. De ella, detalla la queja, el magistrado llevó a cabo un intercambio con Claudia Monserrat Romero Pensabé, el primero de junio de 2013, fecha en que ambas reciben nombramiento de base en el juzgado primero y otra en el Tribunal Unitario.
“Paola… No recuerdo que haya sido así, la verdad tiene varios años y no recuerdo los detalles. No le podría dar una información fidedigna, no creo que haya sido así. Ella fue meritoria en el Juzgado de Distrito mucho tiempo, mi hija”, dijo el magistrado.
La hija mayor del magistrado Arcovedo Montero, que también aparece en la denuncia, es María Teresa Arcovedo Cervera, quien tiene el nombramiento de secretaria en el Juzgado Cuarto en Ciudad Juárez, a partir del 1 de mayo de 2016; pero ella “ocupó plazas en el Tribunal Colegiado y Juzgado primero de Distrito en Campeche, a través de intercambios de personal. Notándose una vez más el nepotismo y la falta de ética del magistrado para poner a trabajar a sus hijos, sin importarle a quien haya que desplazar”, dice el documento.
“No veo cómo haya influido para que mi hija tenga un cargo en Ciudad Juárez, no tengo ni siquiera el placer de conocer al señor juez de distrito, con el cual no tengo ninguna relación”, dijo a Contralínea Arcovedo Montero (edición 511).
El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, es muy claro respecto al impedimento que hay para extender nombramientos de ningún tipo, cuando estén relacionados por afinidad.
Su artículo 72 dice: “En el caso de que en algún órgano jurisdiccional se hubiere extendido un nombramiento de base, interino, o de confianza a
Entre las pruebas que ha obtenido el promovente para sustentar su demanda se encuentra el nombramiento hecho por Arcovedo Montero a su sobrino político, Jorge Eduardo Cuevas Cárdenas, casado con María del Carmen Chan Casanova.
María del Carmen Chan Casanova también ocupa un lugar en el organigrama judicial, ya que se desempeña como actuaria en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, lo que implica que tanto para ella como para su tío existe parentesco colateral con Cuevas Cárdenas.
El documento, con sellos del Poder Judicial y bajo el expediente 95189, es prueba de que Jorge Eduardo Cuevas Cárdenas fue nombrado por su tío político como oficial administrativo de base, adscrito al tribunal en el que se desempeña el mismo Arcovedo Montero. Se llevó a cabo el primer día de marzo de 2012 y bajo el amparo del Artículo 97 de la Constitución, que le da la facultad de llevar a cabo la asignación del cargo.
El documento de denuncia, que servirá para la investigación ordenada por el presidente del Poder Judicial, incluye acusaciones de beneficiar a José del Carmen Chan Herrera e Irma Margarita Eligio Camarena, quienes públicamente se ostentan compadres del Arcovedo Montero. Fueron designados por el magistrado “únicamente por la relación de compadrazgo que existe entre ellos y no con base a méritos laborales”, dice la denuncia.
También, menciona que María Irene Díaz Bacallado, el cónyuge de esta última y el hijo de ambos, compadres del magistrado Arcovedo Montero, “se han visto beneficiados con dicha relación de compadrazgo, pues la primera ocupó el cargo de intendente en un tribunal federal en el estado de Campeche, por recomendación del magistrado…”. Además de las asignaciones, acusa el documento, se exigía un “trato preferente” para sus allegados.
En el documento que se presentó como denuncia y que ahora se investigará de oficio, por órdenes del presidente del CJF, se relata cómo supuestamente el magistrado ha “abandonado la residencia del Tribunal, en horas laborales, para atender asuntos personales”.
Describe: “todos los fines de semana se ausenta de su adscripción para viajar a la ciudad de Mérida, Yucatán, a sus casas de playa y residencias…, sin autorización del Consejo de la Judicatura Federal”.
También menciona inasistencias en días y horas laborales, como ocurrió el 25 de enero de 2013, cuando “se ausentó por más de tres días de su adscripción, debido a que su hija María Teresa y sus nietas se encontraban enfermas y las traslado a la ciudad de Mérida, Yucatán, a consulta médica…”.
Menciona que los viajes del magistrado a Mérida son aprovechados para supervisar el negocio de pastelería “CAKE 4 YOU”, “que primero instaló en dicha ciudad con su sobrina María del Carmen Chan Casanova y según rumores recientes con su excónyuge Isela Cervera Ake”.
Incluye la queja de que la corrupción que hay al interior del Tribunal, ha permitido al magistrado “pagar ostentosos y costosos viajes al extranjero y a Europa, con sus sobrinas, hijas, parejas sentimentales de estas últimas, familiares y personal del Tribunal Unitario a su cargo, lo que ha repercutido en un descuido del Tribunal Unitario mencionado”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: JUSTICIA]
Contralínea 519 / del 19 al 25 de Diciembre 2016
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