A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.
El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.
En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.
Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.
“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”
La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.
Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.
Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.
Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.
Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.
Los fideicomisos
Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.
Éste no es un asunto menor. Creados en 1987 por el entonces Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los fideicomisos 1-295-0922196-7 (en Bancomer) y 110499-1 (en Banamex) involucrarían más de 5 mil millones de pesos.
El problema es que el fideicomitente ya no existe y quien posee aún los derechos fiduciarios es la Quina: su firma es necesaria para liberar los fondos. Los porcentajes que exigen ambas partes, así como el destino que tendría el dinero han dificultado la conciliación de acuerdos.
Entrevistado vía telefónica, Hernández Galicia asegura que él es el único que puede acceder a esos miles de millones de pesos.
—Y como representante del sindicato petrolero, ¿Romero Deschamps no puede hacer algo?
—No puede hacer nada a menos que yo lo nombre a él. Y no voy a nombrar a un sinvergüenza y ratero.
—¿Cuánto dinero hay en los fideicomisos y cuántos fideicomisos son?
—Son dos. El de Bancomer y el de Banamex.
—¿Y cuánto dinero tienen?
—No te lo puedo decir porque los bancos son los que han manejado el dinero.
—¿Por qué no han podido retirar ese dinero si usted los firmó?
—Eso andamos gestionando. Han habido varios gestores, pero no han tenido éxito. Pero yo no quiero meterme en este lío, por favor. No quisiera perder todo.
Aunque la Quina rechaza hablar de los gestores y el tipo de gestiones que están llevando a cabo, colaboradores cercanos a este conflicto han revelado a la columna Oficio de Papel que las negociaciones no sólo se habrían dado entre el exlíder –defenestrado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari– y Romero Deschamps, sino que ya se habrían planteado a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con lo documentado por Oficio de Papel, los acercamientos entre Hernández Galicia y Romero Deschamps, que se habrían roto a mediados de junio pasado, se dieron gracias a la intervención del exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, “quien ha tocado incluso las puertas de las oficinas del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y hasta las de Los Pinos”.
Otro personero habría sido Ricardo Aldana, extesorero y actual presidente del Consejo de Vigilancia del sindicato petrolero. A éste, la Quina le habría prometido otorgar su firma para liquidar los fideicomisos pero a cambio del 80 por ciento de los casi 5 mil millones de pesos.
Romero Deschamps, por conducto de su amigo Aldana, rechazó este acuerdo bajo el argumento de que todo el dinero “pertenece al Sindicato y a los trabajadores que representamos”. No obstante, a los más de 100 mil sindicalizados no se les ha comunicado siquiera de la existencia de los fideicomisos, menos aún de las negociaciones.
El líder disidente Omar Toledo señala que “los fideicomisos fueron creados para el bienestar de los trabajadores, no de la cúpula sindical”. Agrega que “los bancos también son una mafia y difícilmente entregarán ese dinero”.
En este pleito, incluso el exprocurador Antonio Lozano Gracia habría intentado obtener la firma de Hernández Galicia.
—Lo que yo ando haciendo acá es gestionando pacíficamente, personalmente y con un abogado, amigo mío, sobre el tema de los fideicomisos.
—Pero, ¿Lozano Gracia le ofreció una maleta llena de dólares a cambio de su firma o no?
—Sí, pero ésa es una cosa que ya olvidé yo. Eso pasó hace más de cuatro años y no llegamos a ningún acuerdo. Punto.
Los bancos
A decir de las fuentes consultadas por Contralínea, no sólo la dirigencia del STPRM estaría esperando la muerte de Joaquín Hernández Galicia para apropiarse del dinero, sino también los bancos. Y es que, al ya no existir el fiduciario ni sus representantes, las instituciones financieras podrían agenciarse los millonarios recursos, sobre todo producto de los intereses.
Documentos obtenidos por este semanario revelan que el fideicomiso de BBVA Bancomer recibió aportaciones iniciales por 1 mil millones de viejos pesos. Mientras que el de Banamex, por 3 mil millones de viejos pesos. Un tercer fideicomiso instituido en el extinto Banco Obrero se habría perdido.
En el caso del contrato con BBVA Bancomer, las operaciones financieras habrían tocado el paraíso fiscal de Gran Caimán, como se consta en los documentos. Respecto de su papel, la ahora filial del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sólo dice a Contralínea que “en cualquier fideicomiso establecido en alguna institución financiera y concretamente en el caso de Bancomer, dicha institución únicamente actúa como fiduciario, el cual debe acatar las instrucciones que se emitan desde el Comité Técnico de cada fideicomiso”.
Agrega, en su posicionamiento oficial, que “tanto los fideicomitentes como los fideicomisarios son quienes determinan las reglas de operación, duración y características generales de cada fideicomiso así como el destino del patrimonio fideicomitido”. BBVA Bancomer omite explicar en qué consiste la complejidad del caso y por qué ni siquiera ha dado un reporte a Hernández Galicia del dinero resguardado.
Aunque este semanario también solicitó conocer la versión de Banamex a través de Paulo Carreño, director de Comunicación, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. En este caso, las cosas podrían ser aún más complejas, puesto que existe ya un procedimiento judicial para recuperar los fondos, instruido por Norma Monroy, apoderada legal de la Quina. No obstante, este fideicomiso podría haber sido desaparecido en 1987, poco antes de la detención de Hernández Galicia.
“Ayudar a los pobres”
La Quina asegura que su papel en las gestiones “para rescatar ese dinero es para ayudar a la gente pobre. Porque eso dice ahí el contrato: ayudar a los jubilados, ayudar a los trabajadores transitorios y ayudar al pueblo. Es lo que ando haciendo”.
—¿Y si alcanza con esos fideicomisos?
—Hasta sobra. Los intereses son de más de 23 años. ¿Sabes lo que ha ganado ese dinero ya?
—¿Y cree que pueda lograr rescatarlo?
—Claro que sí. Todo es cuestión de que este gobierno se dé cuenta de que puede ayudar a mucha gente pobre con ese dinero. Espero que el gobierno me ayude a recuperarlo y así ayudar a los pobres, a los jubilados y a los trabajadores.
Al referirse a Romero Deschamps, Hernández Galicia dice: “Ya que se vaya del Sindicato. Hay que hacer una limpieza sindical. Limpiar el Sindicato de esa podredumbre, de venta de plazas, de fichas, ordeña de préstamos, casas. Quiero que el Sindicato logre ser lo que fue antes: un sindicato que le dio trabajo a todo mundo, que le dio a la gente pobre comida y trabajo. Conmigo no había gente sin trabajo. No había un sólo extranjero”.
Entre la disidencia, la Quina sigue teniendo sus adeptos, quienes aseguran trabajar no sólo por la recuperación de los fondos financieros sino por la dirigencia sindical. “Negociaremos con el próximo presidente para que Romero Deschamps y su gente sean expulsados del gremio”.
Procesos contra la toma de nota
En septiembre de 2007, José Luis Rivero de la Rosa y Octavio Betancourt Pineda iniciaron un proceso judicial ante las autoridades laborales para echar abajo la toma de nota de Carlos Romero Deschamps. A pesar de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal les dio la razón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo caso omiso de la resolución.
Omar Toledo, trabajador activo y líder disidente, acusa que el secretario Javier Lozano Alarcón solapa a la dirigencia actual, a pesar de que ya se comprobó en tribunales su ilegalidad. “Por debajo de la mesa le han entregado la cuarta toma de nota, lo cual contraviene nuestros estatutos”.
