Fiscal electoral, consejeros y magistrados electorales (18 burócratas) le cuestan a la población casi 100 millones de pesos anuales, pese a sus pobres resultados que ha redundado en la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones y los procesos electorales

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El único efecto evidente de la “democracia electoral” se manifiesta en las remuneraciones pagadas a los altos funcionarios públicos responsables de vigilar y castigar la pulcritud y la transparencia de las elecciones y de los partidos políticos.

Esa burocracia compite por asignarse las más ingeniosas, variadas y altas percepciones, bajo el supuesto de que las merecen en virtud de lo delicado y del elevado nivel de especialización que requieren sus puestos.

Más que la difusa “democracia”, lo que resulta caro a los mexicanos son los administradores del sistema electoral, con sus desmedidos ingresos devengados y autorizados por ellos mismos.

Sus salarios ordinarios mensuales son relativamente altos, comparados, por ejemplo, con los de un trabajador que gana una percepción mínima. Son entre 10 y 21 veces más a los que recibe este último por 30 días de trabajo.

De otra manera, un asalariado mínimo tiene que laborar entre uno y dos años para acumular lo que se embolsan en un mes un fiscal, un magistrado y un consejero, todos del ámbito electoral. Éstos han aceptado beneficiarse de las compensaciones garantizadas, las prestaciones ordinarias y extraordinarias, los pagos al riesgo y otros conceptos que se pierden en la opacidad y que torna imprecisa su cuantía.

Ante ese desenfreno y las críticas sociales que provocaba, en 2009 se les impuso un límite máximo a dichos ingresos con el cambio del artículo 127 constitucional, el cual establece que nadie recibirá una remuneración mayor “a la establecida para el Presidente de la República”, ni tampoco podrá ser “igual o mayor a [la de] su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, [o] de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función”. Se añade que “la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República”.

El “techo” presidencial, sin embargo, es alto. No elimina el abuso existente, preserva la abismal desigualdad salarial y de clase, y deja irresuelto un problema: el destino de las remuneraciones que exceden a la del Ejecutivo como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un “techo” es un “techo” aunque sea alto.

El sueldo base mensual de Enrique Peña Nieto para 2016 es de 208.6 mil pesos: 40.8 mil pesos corresponden a su sueldo ordinario y 167.8 mil pesos a su compensación garantizada. Anualmente, su sueldo total sumará 2.5 millones de pesos; su salario será de 489 mil pesos y su compensación de 2 millones de pesos. Con sus prestaciones —seguridad social, medidas de protección al salario, seguros, fondos y otras remuneraciones—, 947.8 mil pesos, el total sumará 3.5 millones de pesos.

Si se añade el extra por el riesgo, 854 mil pesos, la percepción total anual se eleva a 4.3 millones de pesos, un promedio mensual de 358.4 mil pesos.

El problema es que ese alto “techo” del salario presidencial, les quedó “chico” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Constancio Carrasco, presidente; María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza, Flavio Galván, Salvador O. Nava y Pedro E. Penagos.

Bajo el supuesto de que la ley no es retroactiva, la “solución” del ingreso que reciben los magistrados fue pagar salarios desiguales para plazas iguales. Los “sacrificados” son los magistrados que ingresaron desde finales de agosto de 2009, con la nueva enmienda constitucional. Ellos trabajan con remuneraciones más bajas que sus viejos (im)pares: con 4.3 millones de pesos anuales, 2.5 millones menos. No obstante, sus ingresos serán de 3 mil pesos más que los del Ejecutivo.

En países como Grecia, Portugal, España, Rusia e Irlanda, entre otros, se recortaron los salarios nominales de los ejecutivos, los ministros y otros altos funcionarios públicos en un rango simbólico de 5 a 15 por ciento, y después los congelaron por varios años. También se redujeron y se eliminaron ciertas prebendas. El ajuste fue voluntario, solidario y forzado.

Según los datos del TEPJF y de la Secretaría de Hacienda, cada magistrado gana más que el Jefe del Ejecutivo. Su sueldo mensual tabular es de 382.9 mil pesos, más prestaciones por 58.2 mil pesos y un bono al riesgo de 66.8 mil pesos. La suma de otros pagos da un total de 564 mil pesos.

Anualmente, el sueldo de un magistrado es de 4.6 millones de pesos, más prestaciones por 681.9 mil pesos y un bono al riesgo de 830.4 mil pesos. En total suma 6.8 millones de pesos, es decir 63 por ciento más (2.5 millones de pesos) del salario integrado del presidente de la República, que asciende a 4.3 millones por año. ¿Dónde quedó entonces el ‘techo’ que establece la ley?

Un trabajador de salario mínimo (73.04 pesos diarios, 2 mil 191 pesos mensuales, 26 mil 294 anuales) tendrá que laborar 15 años para acumular un mes de sueldo tabular de un magistrado; 21 años si se toma en cuenta su pago mensual total; 250 años si quiere juntar lo que recibirá un magistrado en 12 meses.

El pago global bruto anual de los siete magistrados será de 47.3 millones de pesos. En contraste, tenemos que el presupuesto de 2016 para el Centro Nacional de Trasplantes es de 22 millones de pesos; el de la Comisión Nacional contra las Adicciones de 46 millones, y del Instituto Nacional de Geriatría es 51 millones de pesos.

Los sueldos del INE

En Instituto Nacional Electoral (INE) también es “democrático” en sus percepciones. Éstas son iguales para su presidente Lorenzo Córdova y los 10 consejeros, quienes ganan una remuneración bruta anual (2016) por 4.2 millones de pesos. De ese total, 3.2 millones corresponden a sus sueldos y salarios (588 mil pesos a los salarios y 2.6 millones a la compensación garantizada) y 967.9 mil a las prestaciones: aguinaldo, prima vacacional, vehículos, seguros, seguridad social y servicios médicos privados.

Bajo el principio de “racionalidad y disciplina presupuestaria”, los consejeros son beneficiados con un gasto para alimentación por un máximo de 11 mil 970 pesos mensuales, equivalentes a 5 veces un salario mínimo mensual.

Mensualmente, el salario de cada consejero es de 49 mil pesos, su compensación garantizada es de 213.6 mil (lo que suma 262.6 mil pesos) y sus prestaciones ascienden a 81 mil pesos: 341.3 mil pesos en total.

Alguien que gana un salario mínimo necesitará un año y 11 meses para obtener lo que un consejero recibe en un mes; 10 años si se considera un mes del salario y la compensación garantizada del consejero, y poco más de 13 años si se consideran otros beneficios de esos guardianes electorales.

Globalmente, los 11 consejeros reciben 45 millones de pesos anuales. Comparativamente, esa cantidad es poco más de la mitad del dinero consignado este año a la educación y cultura indígena: 87.8 millones de pesos.

De acuerdo con la información disponible, el personal del que dispone directamente Córdova —unas 40 personas entre secretarias, recepcionistas, consejeros, mozos de cuadra, choferes— cuesta alrededor de 2.2 millones de pesos al mes, equivalente a casi 32 mil salarios mínimos.

Los 11 consejeros disponen de 134 asesores, cuyos salarios se ubican en un rango de 10 mil pesos hasta los 200 mil pesos mensuales.

Ver tabla: Consejeros, magistrados y fiscal electrorales: salarios de lujo y super lujo 2016 (pesos)

El patito feo

El patito feo de la dispendiosa maquinaria electoral es Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República.

Su salario mensual es de apenas de 23.7 mil pesos mensuales que, junto con su compensación garantizada de 166.3 mil pesos, le proporciona un sueldo base bruto de 189.9 mil pesos, 130 mil pesos netos si se descuenta el pago de impuestos.

Si a su sueldo bruto se le agregan las prestaciones, obtiene 260 mil pesos mensuales. Anualmente sus ingresos son de 289 mil pesos. Pero con la compensación garantizada, 2 millones de pesos, y sus prestaciones, 841 mil se nivela y la remuneración anual de Nieto Castillo será de 3.1 millones de pesos, equivalente a poco menos de la mitad del que reciben los magistrados, 74 por ciento de los consejeros y 73 por ciento del Ejecutivo.

Marcos Chávez M.

Contralínea 490 / del 30 de Mayo al 04 de Junio 2016