El trazo de la Supervía, realizado por la asociación civil Colegio de Ingenieros Topógrafos para Contralínea –a partir de las coordenadas publicadas en el decreto de expropiación–, muestra por primera vez la proyección de los cinco poligonales por donde pasará la vialidad de cuota. Los expertos observan un número indeterminado de afectaciones en zonas verdes y habitacionales que, aseguran, no ha sido informado por el Gobierno del Distrito Federal. Además, indican que serán necesarias nuevas expropiaciones para construir las llamadas “adecuaciones viales y obras complementarias”, previstas en el proyecto. El GDF afirma que no habrá más afectados
Elva Mendoza / Rubén Darío Betancourt, fotos
Tras un minucioso trabajo, miembros de la asociación civil Colegio de Ingenieros Topógrafos dicen a Contralínea que en los cinco poligonales que el gobierno de Marcelo Ebrard expropió –bajo la figura jurídica de utilidad pública– para la construcción y funcionamiento de una vía de peaje al interior de la ciudad, habrá un número indeterminado de afectaciones que aún no han sido dadas a conocer a la opinión pública.
El 6 de abril de 2010 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los cinco polígonos expropiados para la edificación de la Supervía Poniente. El impreso, de más de 40 fojas, no indica colonias o calles; sino coordenadas, vértices y rumbos propios del sistema Universal Transversal Mercator, ilegibles para los afectados, quienes se encuentran en la incertidumbre, pues no tienen claridad respecto de si su propiedad se localiza dentro de la zona que ya ha sido expropiada (pero que no han sido notificados) o dentro de las que serán expropiadas en el futuro.
El Gobierno del Distrito Federal únicamente notificó a 126 propietarios: 51 predios –incluido un centro religioso–, en la colonia La Malinche, de la delegación La Magdalena Contreras, y 75 predios en la delegación Álvaro Obregón (mayoritariamente localizados en la colonia La Angostura). Las expropiaciones en Contreras, dicen los vecinos, apenas suman 3 mil metros cuadrados, de un total de 8 mil 371 metros cuadrados que tendrían que ser expropiados, de acuerdo con los cálculos de los ingenieros topógrafos.
Según el decreto de utilidad pública, se requieren 336 mil 626.524 metros cuadrados para la construcción de la Supervía Poniente: 140 mil 596.630 metros cuadrados correspondientes al polígono uno; 35 mil 148.511, al polígono dos; 34 mil 261.601, al polígono tres; 113 mil 245.056 corresponden al cuatro, y 13 mil 374.726 metros cuadrados, al polígono cinco. En este último, mediciones de los ingenieros indican que la zona urbanizada es de 8 mil 371 metros.
Aunque el gobierno capitalino se empeña en declarar que para la construcción de la vía no habrá más afectaciones, e incluso más expropiaciones, el trazo realizado por miembros de la asociación civil de ingenieros, a partir de las coordenadas publicadas en la declaratoria de utilidad pública, revela que debido a la magnitud del proyecto, se decretarán expropiaciones subsecuentes, puesto que entre otras “adecuaciones” la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, establece la ampliación de tres carriles a cuatro por sentido en la Avenida Luis Cabrera. “Se necesitarían 4 metros más, los cuales sólo se podrían obtener mediante afectaciones a las propiedades que se encuentran a las orillas de la vialidad”.
No obstante que el proyecto ejecutivo entregado por la concesionaria a la Secretaría del Medio Ambiente carece de planos respecto de las adecuaciones y obras complementarias, en la décimo octava condición del Título de concesión para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la vía de comunicación urbana de peaje, el gobierno de la ciudad permite la ejecución de obras adicionales con el objeto de ampliar la vía “mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito vehicular de la zona”.
Luego de revisar las coordenadas del decreto expropiatorio y los planos del proyecto entregados por Controladora Vía Rápida Poetas, los topógrafos determinaron que se trata de un proyecto incompleto. “Hacen falta algunos tramos de la vialidad, los planos contienen errores angulares que no permiten la coincidencia exacta entre los mapas y el trazo; carece de acotaciones y no hay certeza en cuanto a si es el trazo definitivo o se hicieron modificaciones”. Agregan que no están los planos de las afectaciones tanto en áreas urbanas como naturales, los cuales califican de “obligatorios”. “Seguramente existen, pero no los incluyeron en la versión pública”.
En entrevista, Pablo Fuentes, asesor de la consejera Jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo, niega la posibilidad de más afectaciones a las zonas urbanizadas: “No faltan notificaciones o expropiaciones. Pagamos todas las indemnizaciones y todo el mundo se salió muy convencido”.
El asesor manifiesta que incluso hay un anuncio en el portal de internet de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal que acredita su dicho. El aviso reza: “Estimado vecino. El Gobierno del Distrito Federal te informa: si no fuiste notificado de la expropiación para la realización de la Supervía Poniente, no sufrirás ninguna afectación en tu hogar o patrimonio familiar. Por tu atención y comprensión, mil gracias” (sic).
Carolina es una de ellas. Su casa en la calle Malinche número 19 colindaba con la zona expropiada. Sus vecinos aseguran que los miembros de las dos familias, que habitaban la propiedad desde hace 35 años, fueron constantemente visitados y presionados por funcionarios del Gobierno del Distrito Federal con el objeto de que vendieran: “Fueron víctimas de presión sicológica; les cortaron el paso, no los dejaban entrar y les propusieron comprar la casa. Ya están con los trámites de la venta”.
Al respecto, Luis Miguel Cano, codirector de la asociación civil Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE), que lleva la defensa de los afectados, asegura que el estudio realizado por el Colegio de Ingenieros confirma la incertidumbre jurídica que vivía la ciudadanía, puesto que no se podía tener el conocimiento técnico para saber qué domicilios fueron expropiados.
El abogado recuerda que la demanda de amparo 605/2010, firmada por 320 habitantes en contra de la Supervía, se estructuró bajo tres categorías de afectados: quienes fueron expropiados y notificados; quienes pensaban que podían ser expropiados, pero carecían de certeza, y por quienes pensaban que no serían expropiados pero consideraban que la construcción de la Supervía violentaba sus derechos.
“Si el gobierno acude casa por casa para presionar a la gente argumentando que su casa ya fue expropiada y debe vender, y se usa esta medida como instrumento de presión, sin notificación de por medio y sin que ello trascienda a los medios, se les estaría negando su legítimo acceso a la justicia, lo que es terrible”, argumenta Cano.
Francisco López, abogado y habitante de la colonia La Malinche, dice no tener ninguna certeza de lo que abarcan los cinco polígonos que fueron expropiados, por que el gobierno no les ha proporcionado información, pero afirma que las 50 viviendas notificadas son apenas una pequeña parte de los 336 mil metros cuadrados requeridos para la construcción.
El también miembro del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota considera que el gobierno de Marcelo Ebrard ha actuado de manera “desproporcionada, inhumana, discrecional y con abuso de autoridad” en contra de los vecinos de La Malinche y los habitantes de la ciudad.
El movimiento ciudadano de resistencia pacífica que surgió a partir del decreto expropiatorio ha sido constantemente amedrentado por el gobierno capitalino. La más reciente agresión desafía, incluso, medidas precautorias que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): se usó la fuerza pública el 1 de enero para tomar posesión de 50 predios de La Magdalena Contreras. A pesar de que el documento emitido por el organismo autónomo establecía que las autoridades no debían hacer uso de la fuerza pública durante el periodo vacacional, 800 granaderos se impusieron a los vecinos a las 06:30 horas del pasado 1 de enero de 2011.
Luis Fernando García, abogado perteneciente a la asociación civil Litiga OLE, explica que en la vía jurídica aún se encuentran en proceso el juicio de amparo 605/2010, un juicio de nulidad y una queja ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. “Un gobierno prudente está obligado a esperar las resoluciones de los jueces para iniciar los trabajos”, comenta el abogado.
Sin embargo, para la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, en voz de Pablo Fuentes, no existen elementos para que les sea dado el fallo a favor a quienes interpusieron el juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en contra de la vialidad: “Esperamos que fenezcan los plazos de los amparos, que les den la negativa para iniciar los trabajos”.
A decir de Fuentes, “ningún amparo impide que una obra, de utilidad pública, se pare. La quieren detener poniéndose enfrente, y aunque los amparos siguen, estamos completamente seguros que los van a perder, pues no se les afecta. Quienes se oponen a la vialidad están por mero interés político”.
Cuestionados acerca del tema, los ingenieros aseguran a Contralínea que la vialidad, de 7.18 kilómetros de longitud y con costo de 4 mil 800 millones de pesos, no es de “utilidad pública” y dañará el manto freático de las áreas naturales protegidas.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expresa a este semanario su simpatía por el proyecto, el cual, dice, favorecerá al medio ambiente y desahogará la zona Poniente. Aunque acepta que habrá afectaciones en suelo de conservación, confía en las medidas presentadas por la empresa en la Manifestación de Impacto Ambiental para “mitigar” el daño.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México asegura que los afectados son una minoría que debe “sacrificarse” por el bien común, el de las 380 mil personas que transitarán la vialidad. “Trabajamos muy de cerca con el gobierno de Ebrard para construir la ciudad de vanguardia y vamos por buen rumbo”, concluye José Couttolen Güemez.
Para Juan Carlos Zárraga, diputado del Partido Acción Nacional, también miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica, la Supervía Poniente muestra las incongruencias y la intolerancia del gobierno de Marcelo Ebrard, quien se presenta ante la opinión pública como un alcalde verde.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de su asistente Karina Moreno Ocampo y de Alfonso Brito, director de Comunicación Social. También con Fernando Aboitiz Saro, secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, a través de Fabiola Maldonado; José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, a través de Fernando Arroyo; y con Héctor Hernández Llamas, subsecretario de Asuntos Metropolitanos, a través de Maritza Ordaz. Hasta el cierre editorial, no hubo respuesta.
Afectaciones en polígonos
Dentro del polígono uno, se encuentran La Barranca de Tarango y la casa de lámina de don Simón, quien llevaba habitando la zona desde hace más de 40 años. Contralínea lo entrevistó en junio de 2010, antes de que derribaran su casa. Nadie le informó que sobre su propiedad se construiría la vía.
En el polígono dos, que comienza en Calzada de Las Águilas, se encuentran el parque Las Águilas y la Barranca de Guadalupe. El trazo afecta por lo menos dos propiedades en la zona residencial y una cancha de futbol.
Los polígonos dos y tres afectan alrededor de 20 propiedades, además, dentro del área del polígono tres se encuentra la Barranca La Malinche.
La poligonal número cuatro abarca la Barranca Angostura y el predio La Angostura, donde habitan de manera irregular un grupo aproximado de 10 mil personas de escasos recursos.
El polígono cinco encierra parte del Área Natural Protegida La Loma, la Barranca Texcalatlaco y viviendas en la colonia La Malinche.
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