[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/08/seguridad-nacioal-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, una de las principales preocupaciones de los entes encargados de la “seguridad nacional” ha sido la probable presencia en territorio mexicano de grupos considerados como “terroristas” por Estados Unidos y sus aliados, revela la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por las instancias del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno federal y a la cual Contralínea tuvo acceso.
En un contexto de “dimensión internacional de terrorismo”, México ocupa un punto estratégico dada la estrecha relación (económica, política y territorial) con Estados Unidos.
El capítulo bicéfalo, nombrado en la versión 2013 del documento “Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva” y después, en las versiones de 2014 y 2015, “Terrorismo y Armas No Convencionales”, revela que este tema fue la mayor inquietud en materia de “seguridad nacional” del gobierno priísta en su primer año en Los Pinos. Entonces lo ubicó como primera prioridad y lo clasificó con el número 4, correspondiente al nivel de riesgo “alto”. Para 2014 bajó al décimo puesto, pero en 2015 regresó a los principales, en el cuarto lugar.
En general, el Estado mexicano se preocupa de cinco cosas en materia de “terrorismo” y “armas de destrucción masiva”, consigna la Agenda Nacional de Riesgos:
-“Uso del territorio nacional para [el] tránsito de terroristas en activo”.
-“Financiamiento y logística en el diseño o ejecución de algún atentado terrorista desde México, o incluso en México”.
-“Refugio de personas vinculadas al terrorismo”.
-“Reclutamiento de personas para colaborar directa o indirectamente en la realización de un acto terrorista”.
-“Adquisición o uso en territorio nacional, de sustancias y/o materiales por personas vinculadas al terrorismo, para la elaboración de artefactos explosivos y armas de destrucción masiva” (sic).
Como las mayores vulnerabilidades –también consideradas de alto riesgo, número 4–, en la Agenda Nacional de Riesgos se anotan la “vecindad de México con Estados Unidos, [y la] extensa frontera marítima y terrestre”, la “porosidad de las fronteras que facilita la internación y tránsito tanto de personas como de materiales”, y la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo, considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”.
Asimismo, el propio gobierno federal reconoce a la “corrupción de las autoridades” como vulnerabilidad (con un nivel de riesgo medio, número 3), porque “permite la proliferación de redes de tráfico de personas y delitos conexos”.
Por último, como consecuencia de todo lo anterior, pinta cuatro escenarios:
-“Atentado terrorista en México contra intereses de Estados Unidos, propios o de blancos extranjeros”.
-“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, utilizando a México como plataforma logística u operativa (incluido financiamiento)”.
-“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, en el que participe directamente algún mexicano”.
-“Cooptación de integrantes de la delincuencia organizada por terroristas” (sic).
Si Estados Unidos dice que un grupo es “terrorista”, México lo considera y cataloga como tal. Si Estados Unidos marca a algún país como benefactor de esos grupos, México pone atención en el “flujo de migrantes irregulares de nacionalidades de interés”.
“No tenemos una lista de grupos terroristas, pero compartimos la lista de terroristas que son buscados por Interpol”, dice en entrevista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de terrorismo y seguridad nacional en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
Específicamente, el gobierno sigue el paso de las personas provenientes de “Afganistán, Bangladesh, Eritrea, India, Irak, Paquistán, Somalia, Irán, Nigeria, Nepal y Ghana”.
“Cuando un extranjero busca ingresar a territorio mexicano y se encuentra en alguna de estas listas de terroristas, se activan los protocolos de cooperación internacional. Se activan las políticas migratorias del Estado mexicano. Esas personas son detenidas, son reenviadas a algún país que las pueda acoger”, añade Rodríguez, también investigador de la Universidad de las Américas Puebla.
No obstante el seguimiento permanente de las Fuerzas mexicanas y estadunidenses, “continúa la intención de inmigrantes de nacionalidades de interés por ingresar de manera irregular a México con destino a Estados Unidos; lo que representa el riesgo de ingreso o tránsito por territorio nacional de alguna persona vinculada con el terrorismo internacional”, apunta el documento, cuyo custodio es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Tomando como fuente al extinto “grupo Candado”, el documento oficial presenta cifras correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (hasta abril) de las estaciones migratorias de Tapachula y el entonces Distrito Federal. El “grupo Candado” fue un mecanismo de Contacto de Alto Nivel para la Atención a la Delincuencia Organizada (Candado) que funcionó desde 2009 y hasta el fin del sexenio de Felipe Calderón, integrado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Cisen y Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República.
En esos 3 años y 4 meses, 3 mil 347 personas fueron detenidas y catalogadas como “inmigrantes irregulares”, siendo 2010 el año que presentó el índice más alto, con 1 mil 581 detenciones.
Aun sin contar con órdenes judiciales o siquiera con elementos que relacionen a las personas con grupos llamados extremistas, la Agenda Nacional de Riesgos deja claro que la administración federal vigila a partir del origen o la religión.
Entonces, trata como un asunto de seguridad nacional la “expansión de la población musulmana” en el país que, en su opinión, “aumenta el riesgo de adopción de expresiones de corte radical y fundamentalista”.
La minucia llega a tal que grado que se registra que de 2000 a 2010 “la población musulmana no árabe” pasó de 1 mil 500 personas a 3 mil 760. La distinción de “no árabe” obedece a que Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos y, por ende, de México también.
“Se incrementó más del doble”, alerta, y detalla que el 89 por ciento son hombres, además de marcar en mapa la ubicación de la única mezquita y los 14 centros de oración (musallah) asentados en el país.
No sólo los enemigos de Estados Unidos son vigilados y cazados por las corporaciones locales: lo mismo ocurre con los adversarios de Estados aliados como España y Colombia, específicamente los integrantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País Vasco y Libertad) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Los gobiernos mexicanos cooperan con estos países para detener a estas personas. Cuando la persona está identificada por los servicios de inteligencia [extranjeros] son detenidos y regresados”, apunta Gerardo Rodríguez.
Según los entes de seguridad, “existen 39 objetivos de interés que registran posibles vínculos con integrantes de la organización terrorista ETA, asentados en 15 estados de la República”.
Las entidades señaladas son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, y “tienen contacto con 23 mexicanos, insertos en ONG’s [organizaciones no gubernamentales] y la izquierda mexicana” (sic), agrega la Agenda.
Las tareas de espionaje en contra de individuos, colectivos y recintos han quedado registradas por lo menos en informes elaborados por el Cisen y publicados en este semanario. Personajes como Yon de Luisa, expresidente del club de futbol América, o el Centro Vasco han sido sujetos de la seguimiento (Rogelio Velázquez, “Cisen persigue en México a la comunidad vasca”, 18 de diciembre de 2011).
En mancuerna con los servicios extranjeros, México acecha, atrapa y expulsa a combatientes catalogados como terroristas por los gobiernos aliados.
“La policía española siempre ha trabajado en México”, dice a Contralínea Luis Miguel Ipiña Doña, exmiembro de ETA radicado en el país desde hace casi 4 décadas.
Cuenta que ha conocido más de una treintena de casos de detenciones arbitrarias, incluso de naturalizados, en acciones conjuntas entre las autoridades mexicanas y españolas que terminan en la extradición de facto y cárcel europea.
?¿Sin proceso alguno?
?Nada, nada. Nos agarran, nos llevan al aeropuerto… y pa’ España. Es la policía española la que señala.
“La Guardia Civil dice a los mexicanos: ‘hay que detener a fulanito porque ha sido así y así’. Lo detienen. Y en la prensa sale que han sido vecinos los que han denunciao que la persona era extranjero y estaba ilegal [mente].”
Aunque no con el mismo esmero con el que se menciona al movimiento vasco, las guerrillas latinoamericanas también son consideradas en la Agenda Nacional de Riesgos.
“Continúan los apoyos de colectivos mexicanos a las causas de las FARC y Sendero Luminoso”. El documento, sin prueba alguna, señala al Partido Comunista Mexicano como “apoyo” de las primeras y al Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista, del segundo.
El Consejo de Seguridad Nacional es consciente de que en México es posible la “adquisición o uso en territorio nacional de sustancias o materiales por personas vinculadas al terrorismo para la elaboración de artefactos explosivos y armas de destrucción masiva”.
Y como la Agenda es de consumo reservado, los miembros de la administración federal no tienen empacho en admitir por escrito que el nivel de riesgo, la probabilidad real de que se elabore un artefacto con sello mexicano, se debe a la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo, considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”.
Existen tantos tipos de armas no convencionales como la imaginación y el conocimiento permitan a sus fabricantes. Hay desde apoyadas en extintores hasta químicas. Y se podrían fabricar en el país.
“Algunas armas químicas, obviamente no todas, pero sí algunas, se pueden elaborar con materias primas que son de uso común. Por ejemplo, un gas mostaza se puede hacer con materias primas que se pueden comprar en una tlapalería”, asienta el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Benjamín Ruiz Loyola.
-Sustancias que se emplean como armas químicas directamente.
-Precursores directos que prácticamente su único uso es para la preparación de armas químicas.
-Productos químicos que tienen un uso dual.
Los primeros dos, oficialmente no se consiguen en México. El problema de los últimos es que “pueden servir para cosas buenas o para cosas malas”.
Por ejemplo, insiste el profesor de la Facultad de Química de la UNAM, el etilenglicol, aparte de hacerse gas mostaza con él, “tiene un uso muy extendido como anticongelante para motores, además de que es un disolvente de uso industrial muy extenso”.
Al ser precursores industrializados, su control se vuelve mucho más complicado, a pesar de que las empresas que los utilicen tienen la obligación de enterar a la Secretaría de Gobernación, para que ésta a su vez lo declare ante la OPAQ. Sin embargo toda esta información se maneja con el carácter de confidencial, dada la legislación en materia de derechos de autor y secreto industrial.
“Con todo y el control de la Convención [sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción], en la industria mexicana sí se elaboran algunas de estas sustancias”, asegura el especialista. Y ello preocupa al gobierno federal, no obstante de ser primer encargado de controlar el comercio interno de precursores químicos de este tipo.
También “existen reservas de entre 15 mil 571 y 22 mil 700 toneladas de uranio equivalentes, de las cuales sólo son sujetas a producción entre 8 mil 889 y 11 mil 491 toneladas”, escribe Iván Campos basándose en un estudio del Centro de Geociencias de la UNAM (“México, con potencial nuclear”, Excélsior, 25 de septiembre de 2012).
Los yacimientos reconocidos por la Secretaría de Economía –responsable de la energía nuclear– se encuentran en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Durango, Oaxaca y Baja California Sur, entidades con gran presencia del crimen organizado.
México también cuenta con torio, elemento con el cual se puede producir uranio 2-333, material que supuestamente sirve para fabricar armas nucleares.
Durante el periodo de Felipe Calderón se anunció la intervención de Estados Unidos y Canadá en la Planta Nuclear de Laguna Verde (Veracruz), para que dejara de utilizar uranio altamente enriquecido y sólo trabajara con uranio de bajo enriquecimiento.
El motivo dado por la administración panista, en boca del propio Calderón Hinojosa, fue que de esa forma se reducirían “definitivamente los riesgos asociados al tráfico ilícito de materiales nucleares”.
Cuatro años después del anuncio, la Coordinación Nacional de Protección Civil –ya bajo la rienda priísta– emitió una alerta importante: una fuente radiactiva había sido robada en Querétaro.
Y aunque el equipo robado en San Juan del Río era utilizado para radiografía industrial, las alarmas federales se prendieron, y ahora remiten al temor asentado en la Agenda Nacional de Riesgos.
Afuera de las paredes gubernamentales, México no reconoce la presencia en el país de miembros de los grupos extranjeros denominados como terroristas, mucho menos nacionales, remarca el investigador Gerardo Rodríguez. Y se debe al temor por el impacto que ello podría ocasionar en las calificaciones de riesgo en materia financiera, así como la afectación a la imagen internacional sobre la estabilidad política local, asevera.
“Entonces, México tiene una doctrina no escrita de no reconocimiento. Otros países como Francia han tenido esta política que han catalogado como de ojos cerrados, ojos tapados, en la que no se quiere reconocer que estos fenómenos existen.”
“Si bien se han registrado algunos actos aislados que han sido considerados como ‘actos de terrorismo’, realizados por integrantes de la delincuencia organizada, todavía no se ve afectado [el país] por la actuación de terroristas sistemáticos [sic] o por organización [sic] extremistas o radicales”, enfatiza en su presentación la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo más que reconoce públicamente el gobierno federal es el “esfuerzo coparticipativo de diversas áreas gubernamentales encargadas de la seguridad” y la formación de “un grupo interinstitucional, conformado con representantes de diversas dependencias, que sesiona y analiza periódicamente la información con que se cuenta respecto de grupos que pudieran realizar este tipo de actos”.
Sin embargo, interna y confidencialmente, el gobierno de Peña Nieto teme que se den alianzas entre los cárteles y las asociaciones internacionales; ve como riesgos reales la “cooptación de integrantes de la delincuencia organizada por terroristas” (sic) y el “reclutamiento de personas para colaborar directa o indirectamente en la realización de un acto terrorista”.
“Los países que deciden reconocer que en su territorio hay grupos terroristas –continúa Rodríguez Sánchez Lara–, lo hacen para poder acceder a financiamiento internacional. Por ejemplo, a Colombia le convenía para que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos pudieran liberar recursos financieros para la ayuda contra los movimientos guerrilleros.”
En este caso, México, por un lado, ha pedido-recibido ayuda al extranjero para “combatir el narcotráfico”, como lo demuestra el Plan Mérida; y por el otro, colabora con el mayor silencio posible con los gobiernos aliados, sobre todo Estados Unidos.
“Las agencias gubernamentales mexicanas colaboran bien con las fuerzas de justicia estadunidenses en cuanto a acciones legales contra personas vinculadas al terrorismo. El gobierno mexicano está abierto al entrenamiento en materia de contraterrorismo y la donación de instrumentos”, asienta la administración de Barack Obama en su último informe anual sobre el terrorismo, presentado en junio de 2016.
“La cooperación entre los gobiernos estadunidense y mexicano en materia de contraterrorismo se fortalecieron en 2015”, asegura. Y más después de los atentados de París.
El informe da cuenta de que en 2015 la Policía Federal, la Procuraduría General y agentes de inmigración, “y otras autoridades”, fueron “entrenados” por el Departamento de Estado. También informa del alza en detenciones en la frontera entre México y Guatemala.
La estrecha relación entre ambos países es precisamente uno de los factores que ponen en riesgo al país.
En 2015, en un video el Estado Islámico incluyó a México entre un cúmulo de naciones consideradas como parte de la coalición internacional enemiga del grupo terrorista.
Aunque ello fue un error, anota Gerardo Rodríguez, pues el país sólo recibió la invitación –la cual declinó– a asistir a una conferencia en contra del grupo también denominado como Isis o Daesh.
Sin embargo, tales “amenazas son consideradas como serias”, dada la cooperación y que “México históricamente ha importado una parte importante de la agenda de seguridad internacional de Estados Unidos”. Aunque no lo haga público.
En el actual sexenio, la única vez que en que la administración priísta se ha encargado de hacer público –de publicitar profusamente, incluso– su interés de combatir al “terrorismo” se dio en 2014, cuando el Legislativo y la propia Presidencia impulsaron la reforma del Código Penal Federal.
En un contexto de aplicación de las reformas estructurales, de la expansión de los capitales nacionales y extranjeros, de alta tensión social y de movilizaciones magisteriales, la discusión para modificar el artículo 139 y elevar el mínimo de pena de prisión de 5 a 15 años, dejando el máximo de 40, se basó en la “importancia de luchar contra el terror”.
La reforma fue señalada por algunos legisladores y organizaciones defensoras de derechos humanos como arma para la criminalización de la protesta, pues no sólo se enfocó en quienes utilicen materiales radiactivos, sino que agregó dicho castigo de hasta 4 décadas para quien emplee “cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”.
Posibles objetivos
Además de la embajada, ubicada en la Ciudad de México, Estados Unidos tiene nueve consulados dispersos en el país: Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo y Nogales, Sonora; Matamoros, y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California.
También hay formalmente otras cinco oficinas de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por su sigla en inglés), asentadas en las ciudades de Guadalajara, Hermosillo, Mazatlán (Sinaloa), Mérida y Monterrey.
Otro punto de interés es la Oficina Binacional de Inteligencia, abierta durante el mandato de Felipe Calderón y situada en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México. Desde ese lugar, los agentes estadunidenses –no sólo de la DEA– trabajan sin “ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado” (Jesús Esquivel, Proceso, 27 de julio de 2011).
Por supuesto, los intereses de Estados Unidos en México rebasan el tinglado gubernamental. Las empresas y asociaciones con capital estadunidense están presentes en cada entidad y región del país.
Símbolos comerciales como Coca-Cola, Ford o McDonald’s tapizan las calles mexicanas y sus puntos de venta y distribución se cuentan por cientos en el país.
Pero más allá de las franquicias, el territorio está invadido por los emporios más grandes de capital estadunidense: Berkshire Hathaway; JPMorgan Chase (Commercial Bank, Investment Bank, Banca Corporativa Internacional, Private Bank, Investor Services y Treasury Services); Apple; ExxonMobil; Bank of America; AT&T; Citygroup (Banamex); Verizon Communications; Wal-Mart; Microsoft; Chevron; Johnson & Johnson; Comcast.
Las primeras 15 firmas colocadas en la lista de las empresas más grandes de Estados Unidos en 2016, elaborada por Steve Schaesfer (Forbes, junio de 2016), están presentes en el país con oficinas, edificios y “objetivos de interés”, como advierte la Agenda Nacional de Riesgos. A ellas deben sumarse las 46 mineras que explotan los yacimientos mexicanos.
Y cada una podría ser objeto de un atentado.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA/SEGURIDAD]
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