La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– investigan al magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, quien ordenara –a fines de octubre pasado– reponer el juicio por el quebranto de 5 mil 312 millones 329 mil pesos contra el Banco Nacional de México, SA (Banamex), en contra del empresario Amado Yáñez Osuna.
El reciente fallo obliga a la PGR a presentar otra vez la acusación y podría derivar en la liberación del dueño de Oceanografía. Ahora, la decisión depende del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que deberá dictar sentencia.
Según el juzgador Bárcena Villanueva, la mayoría de los documentos que supuestamente incriminan al empresario en el fraude no son oficiales y no se pueden admitir como pruebas. La documentación presentada por el Ministerio Público Federal no tiene sustento legal, argumentó el magistrado, pues se trata de fotocopias.
La investigación de la PGR y la UIF contra el magistrado tiene como línea principal descartar o confirmar un presunto acto de corrupción, señalan fuentes cercanas al caso. Tanto el fallo como la indagatoria se dan a 6 meses de que el juez federal Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, José Alfonso Montalvo, negara a Amado Yáñez el amparo de la justicia para obtener su libertad bajo caución, y a 2 meses de que el empresario exigiera “ser juzgado con documentos y hechos reales”.
Según el diario Milenio (3 de agosto de 2015), Yáñez Osuna pidió invalidar el testimonio del trabajador de Oceanografía Jorge Alejandro Hernández, quien aseguró que la PGR le hizo firmar, bajo amenazas, declaraciones falsas fechadas un día antes de intervenir la naviera.
Desde que se giró la orden de formal prisión en contra de Amado Yáñez, en junio de 2014, la PGR ha sostenido que el dueño de Oceanografía y sus socios son responsables de defraudar a Banamex por 5 mil 312 millones 329 mil pesos.
Para el juez de la causa –Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal–, sí existieron elementos contra Yáñez Osuna, por lo cual dictó formal prisión sin derecho a fianza el 27 de octubre de 2014.
La acusación se basa, entre otras evidencias, en la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que determinó que Oceanografía sí cometió el fraude contra Banamex, pues para obtener créditos por 8 mil 80 millones de pesos, la naviera utilizó documentos apócrifos atribuidos ilícitamente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fue el 20 de febrero de 2014 cuando la directiva del banco se enteró de que la mayoría de los créditos que otorgó a Oceanografía no tenían soporte. Como lo informó Contralínea, ese día la paraestatal hizo saber al entonces director general de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, que “una porción significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex en el programa de descuento eran fraudulentas”.
Para entonces, el banco registraba en sus libros financiamiento de corto plazo a Oceanografía por 7 mil 650 millones de pesos, como parte de un programa de descuento de cuentas por cobrar con Pemex; y otros 430 millones, tanto en crédito directo como en cartas de crédito (Contralínea 387).
El informe de la CNBV con el folio 141-2/111089/2014, al que este semanario tuvo acceso, detalla que la propia institución financiera incurrió en “diversas fallas y desviaciones a los procedimientos internos” al otorgar créditos a Oceanografía.
Entre las irregularidades destacan el “desapego a políticas y procedimientos internos”; “deficiencias en el sistema de control interno”; “fallas en el proceso de originación [sic] y administración de crédito”; “deficiencias en los contratos”, en la “administración de riesgo” y en la “auditoría interna”. Otra anomalía tiene que ver con la supuesta pérdida del expediente.
Aunque la acusación formal de la PGR contra Amado Yáñez se ciñó al desfalco multimillonario a la filial de Citigroup, tanto éste como sus socios habrían incurrido en otros actos ilegales. Los más sobresalientes tienen que ver con su supuesta cercanía al crimen organizado, el fraude a Pemex vía contratos y la deuda multimillonaria al fisco.
Y es que una investigación conjunta de la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional indica que los socios de Oceanografía estarían implicados en una red de tráfico de combustibles robados a Pemex y de lavado de dinero para el Cártel del Golfo.
La indagatoria, dada a conocer por Contralínea en abril de 2014, documenta que Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández Mena y Hermilo Escobedo Obrador habrían blanqueado capitales propios y del narcotráfico a través de cuatro empresas constituidas en Estados Unidos, la Caja Libertad, los casinos Big Bola, el equipo de futbol Gallos Blancos y campañas electorales de políticos panistas. Además, habrían distribuido los productos saqueados a la paraestatal a través de más de 60 gasolineras.
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Respecto del fraude de Oceanografía a Pemex, la indagatoria conjunta refiere que éste podría superar los 46 mil millones de pesos. En la investigación, que encabezó la PGR, 106 contratos fueron clasificados como “relevantes” por sus presuntas evidencias de corrupción.
Aunado a esto, a la empresa de Amado Yáñez se le han acreditado defraudaciones contra otros tres bancos extranjeros (entre ellos, el holandés Rabobank Group), por 389.5 millones de dólares y 230.8 millones de euros; además de daños patrimoniales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por al menos 128 millones de pesos.
Otro asunto pendiente de los dueños de Oceanografía es con el fisco: el 22 de septiembre pasado, Aristóteles Núñez –jefe del Servicio de Administración Tributaria– reveló a la prensa que la naviera Oceanografía adeuda 22 mil millones de pesos de impuestos que, dijo, se deben saldar.
Ante una eventual liberación de Amado Yáñez Osuna, las autoridades federales estudian la manera de mantener el embargo sobre sus bienes, incluida la empresa Oceanografía y más de 30 embarcaciones aseguradas por la PGR y administradas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), indican las fuentes consultadas.
De acuerdo con su versión, 12 de las 30 embarcaciones se han quedado sin combustible, motivo por el cual no están operando. Respecto de la tripulación, el Sae aún tiene pendiente de liquidar a 800 empleados, de los cuales sólo 400 brindan servicios profesionales.
Y aunque los otros 400 no tienen una actividad en este momento, sí se les paga puntualmente su salario, pues aún están bajo la responsabilidad de la autoridad federal.
Nancy Flores, @nancy_contra
BLOQUE: INVESTIGACIÓN SECCIÓN: PORTADA, JUSTICIA
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Contralínea 462 / del 09 al 15 de Noviembre 2015
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