A 10 años de la huelga estudiantil, en la Universidad Nacional Autónoma de México se cobra por servicios educativos. El costo de algunas maestrías y de diplomados de titulación supera al de universidades privadas. Hugo Aboites explica que con los cobros se rompe el acuerdo con el que se puso fin al movimiento de estudiantes de 1999-2000. Activistas denuncian persecución contra disidentes
Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009
A 10 años de iniciada la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan los cobros y la falta de representación.
De las exigencias de los estudiantes agrupados entonces en el Consejo General de Huelga (CGH), ninguna se ha cumplido a cabalidad: abrogación del Reglamento General de Pagos, desmantelamiento del aparato policiaco, derogación de las reformas de 1997 a los reglamentos de inscripción y exámenes y realización de un congreso democrático y resolutivo.
Valeriano Ramírez, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, advierte que las debilidades de la máxima casa de estudios del país, identificadas desde 1986, siguen vigentes. Describe que luego de la campaña de desprestigio contra la institución, hace una década, fue necesario replantear un nuevo proyecto educativo.
En ese contexto se definieron tres puntos medulares por analizar: la vinculación entre los bachilleratos y la licenciatura, la gratuidad de la educación superior y la politización de los estudiantes.
Lejos de los pagos que se pretendían imponer en 1999 –inscripciones por 20 salarios mínimos para licenciatura y 15 para bachillerato–, actualmente existen cuotas que se elevan 21 veces más por maestrías y diplomados, aun cuando, advierten especialistas, ello contraviene el artículo tercero constitucional y los propios acuerdos firmados en el año 2000 por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente.
Según alumnos y docentes, existen grupos de choque en la máxima casa de estudios, mientras que se hostiga y reprime la lucha estudiantil a través del Tribunal Universitario. También advierten la falta de representatividad de la comunidad estudiantil en las decisiones del Consejo Universitario.
Las cuotas en posgrados
El Reglamento General de Pagos, vigente desde 1966, no define cuotas para maestrías. Sólo establece que los pagos para cursos especiales o de graduados serán propuestos por los directores de facultades o escuelas, previa aprobación del Patronato y la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario.
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) cobra, por sus maestrías en administración, finanza y auditoría, 20 salarios mínimos diarios vigentes (SMV) por concepto de “proceso de admisión” (alrededor de 1 mil 100 pesos), 20 más por “inscripción semestral” y otros 20 por cada asignatura que el alumno quiera cursar. Esas cuotas deben ser cubiertas también para los cursos propedéuticos en administración, economía, derecho, contabilidad y matemáticas, “recomendados” por la dirección a los aspirantes a posgrado.
El pago total por maestría asciende así a 23 mil 16 pesos con el SMV para la zona geográfica A. En tanto cada uno de los 18 diplomados, con opción a titulación, cuestan 9 mil pesos, así como los tres diplomados impartidos en línea.
Sin especificar qué cuotas deberán ser cubiertas para el doctorado en ciencias de la de administración, la página de internet de la facultad sólo indica que el costo por proceso de admisión, que no es reembolsable, es también de 20 salarios mínimos; para extranjeros el precio se eleva a 60. Lo mismo sucede con las cuotas para las especialidades en alta dirección, fiscal, dirección en recursos humanos y mercadotecnia.
Hugo Aboites, doctor en educación por la Universidad de Harvard, señala que desde el punto de vista constitucional las cuotas son ilegales. “No sólo eso, también violenta el paquete propuesto por el exrector De la Fuente en 2000 y aprobado por el Consejo Universitario para remediar la huelga”, apunta.
El especialista en temas de educación y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana refiere que en esa propuesta se cancelaba el aumento de colegiaturas: “Por dos razones estas cuotas que se cobran a nivel de posgrado caerían en la ilegalidad. El posgrado es parte de la vida universitaria, no es impartido por ninguna otra institución. En ese sentido, se trata de educación superior pública y autónoma”.
El también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa opina que la necesidad de especialización se está convirtiendo en un requisito laboral: “Lo que era la educación elemental a principios del siglo XX, ahora es la superior; así, el posgrado es ahora lo que la secundaria entonces”.
El autor de Viento del norte: TLC y privatización de la educación superior en México sugiere que el Reglamento General de Pagos también es ilegal, pues así sean 20 centavos de inscripción, es un cobro a la educación pública y atenta contra la Constitución. “Las cuotas no tienen efectos en la institución, financieramente hablando, porque se ha visto en otras universidades que cobran colegiaturas muy altas y que éstas representan un porcentaje muy pequeño de lo que requieren las instituciones”.
A su parecer, los argumentos sobre la necesidad de fondos que tiene la universidad carecen de fundamentos. Indica que los pagos por servicios educativos no son una fuente sustancial de ingresos, pues se necesitarían colegiaturas de 30 o 40 mil pesos semestrales para que tuvieran un impacto importante.
Califica como un abuso el hecho de que algunas facultades cobren por impartir maestrías: “Es necesario que cada facultad defina el alcance del mandato constitucional o el alcance del Consejo Universitario. Es responsabilidad de los directivos dictar una política conjunta.
Hay un vacío, que no debería existir, de definición clara e institucional respecto del propio acuerdo del Consejo Universitario, pues es algo que los propios universitarios concertaron”.
La Ley Orgánica de la UNAM en su artículo primero enuncia que la máxima casa de estudios es una “corporación pública –organismo descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad”.
Abuso en cobros
Leslie Castillo Cruz estudia el primer semestre de informática en la FCA de la UNAM. Comenta que sus compañeros han pagado más de 100 pesos de inscripción por ignorancia, pues, al momento de ingresar, las autoridades les piden el recibo del banco, “y ellos no saben que pueden hacerlo directamente en cajas”. Explica que las autoridades cambian, incluso, las fechas de cobro para obligar a los alumnos a concluir el trámite en el banco.
Como requisito para su licenciatura, Leslie deberá cubrir una cuota de 1 mil 500 pesos al semestre por concepto del idioma inglés. Deberá alcanzar un nivel de comprensión y traducción de textos y tendrá que pagar seis niveles para lograrlo. Y por las clases de boxeo que desea tomar, deberá pagar una donación “voluntaria” de 400 pesos.
Leslie tendrá que pagar un curso en Visual Basic, pues tiene dificultades con el programa y no está tan adelanta da como sus compañeros. Su maestro le indicó que el curso se imparte en la Facultad de Ingeniería. Si lo pagara en una sola exhibición, por semestre desembolsará 1 mil pesos; si lo hace cada mes el costo se eleva hasta 2 mil pesos: “Son áreas que tendrían que enseñarte aquí, desde lo más básico y llevarte paso a paso”.
No puede siquiera pensar en ahorrar para el proceso de titulación, cuando su carrera como profesionista no sólo le exige estar titulada, sino tener un posgrado o especialidad para poder acceder a un mejor salario. Expresa que “es frustrante que por factores económicos no puedas dar ese salto a la profesionalización”.
La alumna no ve reflejadas las percepciones por cuotas en mejoras para la facultad; por el contrario, observa que los salones son insuficientes, pues hay hasta 60 alumnos tomando clases de pie en las aulas.
Coinciden los estudiantes del Cubículo del Pueblo Combativo D201 de la Facultad de Derecho. Advierten que tampoco se refleja el cobro de cuotas y, por el contrario, hay un uso discrecional de recursos. Apuntan que mientras la Biblioteca Antonio Caso está obsoleta y rezagada, se destinan fondos a pisos y ventanas y se dota de uniformes a los grupos deportivos, “que se distinguen por ser un grupo reaccionario”.
Leslie advierte que sólo del 20 al 30 por ciento del estudiantado podrá pagar cuotas generalizadas.
María, estudiante del último semestre de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, señala que con la crisis financiera y debido al pago de cuotas y los gastos inherentes a las carreras los alumnos desertan, pues deben trabajar: “Los estudiantes nos sentimos olvidados.
Desde hace 10 años seguimos pidiendo lo mismo. Parece que se ganó algo, pero seguimos sufriendo con las imposiciones de las autoridades: como los pagos indebidos”.
El 24 de marzo de 2009, durante una manifestación contra la reforma integral de bachilleratos, la Asamblea del Che Guevara se declaró contra la privatización de la universidad.
En su pronunciamiento, rechaza así “el proyecto de la rectoría de aumentar los cobros ilegales y por servicio en cada escuela”.
Para la Asamblea del Che Guevara, integrada, entre otros, por el Comité Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, esa garantía es violentada con las reformas estructurales: “La huelga paró momentáneamente la instauración de las cuotas, pero actualmente pretenden ocultar que la privatización de la universidad ha avanzado en muchas formas”.
Señala que aún se perciben “cobros ilegales” por inscripciones, servicios, actividades culturales y deportivas, multas, uniformes, viajes de prácticas, materiales pedagógicos, diplomados, titulación, maestrías y doctorados. Ello, expone, atenta contra la gratuidad establecida en el artículo tercero constitucional y provoca que “sean expulsados miles de estudiantes de bajos recursos de las aulas de la universidad”.
El 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario aprobó el aumento de cuotas en la UNAM, que aun por debajo de lo propuesto por el entonces rector Francisco Barnés de Castro, detonó el levantamiento de la huelga.
De acuerdo con el Reglamento General de Pagos por Trámites Escolares y Servicios Educativos, aprobado el 7 de junio de 1999, los cobros alcanzarían los 20 salarios mínimos para la inscripción en licenciatura, es decir, 680 pesos semestrales, y 15 salarios mínimos para bachillerato, es decir, 510 pesos. Para alumnos extranjeros ello se multiplicaría 10 veces.
En exámenes extraordinarios se pagaría un día de salario mínimo y en el examen profesional y los trámites de titulación, 40 días de salario mínimo. Respecto de los estudios de posgrado, los montos de inscripción semestral serían propuestos por el secretario general de la UNAM, previa consulta con los consejos técnicos o los comités académicos.
En su “Primer manifiesto a la nación”, el entonces Consejo General de Huelga denunció que las multas se establecieron de manera autoritaria. Ya durante la aprobación de los pagos, 28 consejeros de alumnos y siete maestros se inconformaron por la manera en que se sesionó, pues se “violó el derecho a discutir sobre los puntos de la convocatoria y se puso en tela de juicio la legalidad de los acuerdos”.
El CGH advirtió que las cuotas apenas significaban el 0.78 por ciento del presupuesto anual en el primer año de su aplicación, “con lo que se demuestra que es una medida que no resuelve ningún problema financiero de la institución y tampoco ninguna problemática de orden académico”.
También señaló que la educación superior ya era cubierta con los impuestos, puesto que al aumentar los pagos se creaba un precedente contra ese derecho y significaba un pago doble por un derecho constitucional.
En el reglamento entonces aprobado, el Consejo Universitario argumentó que aunque el subsidio que la UNAM recibe del gobierno federal le permite realizar tareas básicas, es claro que requiere ampliar sus fuentes de financiamiento.
“Resulta congruente renovar el apoyo económico que los estudiantes y sus familias han dado siempre como una muestra más de corresponsabilidad”.
Aseguró además que la institución procuraría que ningún alumno que tenga los requerimientos académicos que se exigen quede fuera de ella por razones económicas.
Para el docente Valeriano Ramírez, la universidad sigue enfrentando problemas de financiamiento; sin embargo, subraya que se debe buscar la gratuidad de la educación. Indica que el gasto sustancial no está en la docencia, sino en los sueldos de los profesores e investigadores de tiempo completo. Opina que éstos deberían ser cubiertos por el Estado, puesto que se trata de investigación que beneficia al país.
De acuerdo con la Rendición de cuentas de la cuenta anual 2008, publicada en la Gaceta de la UNAM el 30 de marzo, la institución recibió, por concepto de ingresos por servicios de educación, 176 millones 560 mil pesos, 6 millones 752 mil pesos menos que en 2007. Esa cantidad representa apenas el 0.78 por ciento del total de ingresos por 22 mil 546 millones 586 mil pesos.
Ese año, la casa de estudios recibió 20 mil 276 millones 374 mil pesos del Estado, 1 mil 859 millones 948 mil pesos más que un año antes.
Erogó 17 mil 709 millones 738 mil pesos en remuneraciones personales y prestaciones, 640 millones 377 mil pesos más que en 2007. Así destinó en sueldos: 10 mil 215 millones 60 mil pesos para personal académico y 3 millones 543 mil 667 pesos para personal administrativo.
El regreso de los porros
En su artículo 18, la Ley Orgánica de la UNAM advierte que las sociedades de alumnos que se organicen en las escuelas y facultades y la federación de estas sociedades serán totalmente independientes de las autoridades de la universidad y se organizarán demo cráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.
No obstante, según denuncia la Asamblea del Che Guevara, más de 500 estudiantes han sido expulsados por “motivos políticos” y los grupos “porriles” se han reorganizado.
En septiembre de 2008, relata, cientos de “porros” amedrentaron a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que en marzo de 2009 la preparatoria 2 fue atacada.
Sucesos que no se veían desde antes del inicio de la huelga estudiantil.
Observa que el hostigamiento contra la comunidad, activistas y organizaciones ha aumentado a través del “espionaje”, el aumento de vigilancia y la instalación de cámaras.
A su vez, apunta que los espacios ganados por el movimiento son presa de ataques: “A pesar de que éstos sirven de puntos de reunión, eventos culturales y discusión política y académica, y contribuyen al desarrollo de los universitarios, las autoridades quieren impedir nuestra libertad de organización”.
El Cubículo del Pueblo Combativo D201 denuncia que se aparenta un discurso democrático y académico, cuando en la realidad se ignora, evade y excluye a la opinión y crítica.
Pues, sostiene, el director Ruperto Patiño solapa un ambiente de “porrismo”, censura, manipulación y hostigamiento contra los universitarios: “Constantemente intervienen vigilantes ‘porros’ en todas las actividades de la lucha social que se desenvuelven en este espacio del pueblo”.
Aunque durante la huelga se concertó que los espacios ocupados serían respetados, el académico Valeriano Ramírez advierte que la única manera actual de recuperarlos es el hostigamiento directo. Observa que muchos de esos lugares han sido abandonados o utilizados con otra función, “lo que le resta movilidad a la universidad”.
En 2002 los cubículos B301 y D201 de la Facultad de Derecho fueron quemados. Los estudiantes atribuyeron el siniestro al Grupo Cultural Apocalipsis, pues en el lugar aparecieron pintas con el lema: “Apocalipsis, estamos llamados a la fraternidad”.
Un integrante del Cubículo del Pueblo Combativo D201, que pide el anonimato, expone que los espacios estaban creados para la totalidad universitaria y se daban servicios gratuitos como internet y teléfono. Relata que tanto así tenían el apoyo de la comunidad que el activista que se postuló como candidato en las elecciones para consejeros recibió la mayoría de votos; no obstante las autoridades decidieron anular los comicios, pues el aspirante estaba en proceso de ser expulsado por el Tribunal Universitario.
El estudiante señala que el cubículo ha sido presa de agresiones por parte de vigilantes y grupos de choque. Narra que recientemente, al repartir volantes sobre su oposición a la instalación de cámaras dentro de la facultad, un grupo reaccionario los interceptó y amedrentó, pues cometían un acto “ilegal”.
Al respecto, agrega que la instalación de un circuito de vigilancia tiene como propósito impedir que la comunidad se organice: “Somos estudiantes, no delincuentes. La extrema derecha ve el acontecer universitario como una actividad de alta peligrosidad social. ¿Dónde está la autonomía?” Docentes y alumnos de la FES Aragón señalan también la presencia de “porros”. Indican que dirigentes de grupos de choque cursan alguna carrera o trabajan en la facultad. Los califican de infiltrados para crear otras agrupaciones y así poder combatir las acciones de los estudiantes organizados.
Tribunal: órgano de persecución
No obstante que el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, desde 1946 funciona el Tribunal Universitario, calificado por los inconformes como un órgano de represión y persecución.
El artículo 4 de su reglamento lo faculta para conocer y resolver sobre las faltas a la legislación universitaria de personal académico y de alumnos. En nueve años éste ya ha expulsado a más de 2 mil alumnos. El docente de la FCPS, Valeriano Ramírez, refiere que desde su creación y hasta 2000 no había expulsado a más de 100 alumnos; sin embargo, a partir de ese año, justo después de la huelga estudiantil, la cantidad se elevó 20 veces.
Ello, califica el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, significa represión y autoritarismo.
“Entre los expulsados, muchos son ‘porros’, que en un principio fueron animados desde la rectoría y ahora se convierten en una carga; y las autoridades meten en la misma bolsa a grupos de choque y a activistas”.
Un maestro de la FES de Aragón, que prefirió omitir su nombre por seguridad, considera que el tribunal se comporta como Ministerio Público.
Comenta que el estudiante que comete una infracción es detenido ilegalmente por los elementos de auxilio de la UNAM y es traslado a la oficina jurídica, donde se le levanta un acta que toman como declaración; incluso hay casos en que los obligan a firmarla. Anota que eso sólo sucede cuando se encuentra en flagrancia al alumno, pero “en el caso de activistas, el jurídico firma el acta, se le manda directamente al tribunal y se expulsa al estudiante”.
El maestro observa que el jurídico tiene sólo como función ser representante legal de la escuela y de ningún modo puede levantar actas, pues no tiene autoridad dentro de la universidad: “Ese comportamiento es policial y va orientado a reprimir a los estudiantes para que no realicen activismo político”.
Describe que los mecanismos de represión son más complejos y considera que éstos se han recrudecido y se han vuelto selectivos: “La autoridad se dio cuenta de que si reprime masivamente hay problemas. Ahora elige a uno y a otro y los expulsa”.
Sin democracia
En su artículo 6, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México establece que corresponderá a la Junta de Gobierno nombrar al rector, a los directores de facultades, escuelas e institutos y las personas que formarán el patronato de la institución.
A su vez ellos integrarán el Consejo Universitario que está facultado para expedir normas y disposiciones encaminadas a la organización y funcionamiento de la institución y para elegir también a los integrantes de la Junta de Gobierno.
El rector, jefe nato y representante legal de la máxima casa de estudios, podrá vetar los acuerdos del propio consejo.
El Cubículo del Pueblo Combativo D201 califica esta estructura como antidemocrática: “Diferentes grupos con intereses políticos se han adueñado de la toma de decisiones y por lo tanto del control de la UNAM, lo que hace que sea utilizada como trampolín político”.
Anota que de una comunidad de 400 mil personas, en el consejo sólo participan 26 estudiantes, 26 maestros y un representante de los trabajadores: “Vemos aquí la causa de todos los conflictos de la universidad. No se permite que la comunidad universitaria participe en la toma de decisiones de la institución”.
Contralínea solicitó la posición de la UNAM a través de su Dirección General de Comunicación; María Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas, minimizó la petición al responder que, en todo caso, por cada año cumplido desde la huelga se tendría que haber realizado una nota periodística.
Aseguró que la máxima casa de estudios “sigue trabajando”. Al cuestionarla sobre las cuotas, negó que las haya, con excepción de los 20 centavos que se cobran por inscripción.
Al cierre de edición, Contralínea tampoco obtuvo respuesta a las solicitudes de entrevista con María Antonieta Martín, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, y Ruperto Patiño, director de la Facultad de Derecho.
Los seis puntos del pliego petitorio del CGH (1999)
1. Gratuidad Para que sea real el derecho a la educación, ésta debe ser gratuita. Ya los cobros que se realizan de manera ilegal han expulsado a estudiantes de las aulas; ahora pretenden legalizar, extender a todas las escuelas y ampliar los cobros. Esto expulsa de la universidad a los estudiantes de más bajos recursos.
2. Reformas de 1997: pase automático Tiene que haber posibilidades para que un estudiante de bajos recursos termine el bachillerato, egrese a la licenciatura y la pueda terminar. El pase reglamentado y el límite en la permanencia cierran esas posibilidades y expulsarán a dos de cada tres estudiantes.
3. Ceneval Un estudiante de bajos recursos está en desventaja a la hora de presentar un examen único y no es justo que se le cierre la posibilidad de ingresar (o egresar) de la UNAM y se le mande a un bachillerato técnico (o no le entregue el título y se le cierren de antemano fuentes de empleo mejor remuneradas).
4. Congreso democrático y resolutivo Queremos que todos los universitarios discutamos libremente los cambios que la universidad requiere, por eso debe ser un congreso democrático. Queremos que esa discusión no quede en el aire o en manos del mismo Consejo Universitario que nos ha impuesto todo contra lo que hoy luchamos, por eso debe ser un congreso resolutivo. Queremos que esta discusión se desarrolle sin presiones y sin medidas que ya expulsan a los estudiantes de bajos recursos, por eso, primero deben echarse atrás las imposiciones de los últimos dos años, es decir, deben cumplirse los puntos de nuestro pliego petitorio.
5. A) Desmantelamiento del aparato policiaco Porros, grupos de choque, grupos de golpeadores, “prefectos” que actúan a imagen y semejanza de cualquier custodio carcelario; “orejas”, cámaras, micrófonos, tribunales donde las autoridades acusan, juzgan y sentencian. Unos para vigilarnos, otros para ficharnos, otros para intimidarnos, otros para sancionarnos y otros más para golpearnos. Este aparato debe desaparecer de la UNAM.
B) Anulación de todo tipo de actas y sanciones contra los participantes del movimiento. Que no exista ninguna clase de castigo por sostener que todos tenemos derecho a la educación.
6. Recorrer el calendario escolar tantos días como los días efectivos de clase invertidos en el movimiento Éste es nuestro pliego petitorio. Defenderlo con firmeza no es intransigencia. Es la defensa de que sobreviva un sector social en la universidad. Esto es lo que se juega en la huelga. ¿Es demasiado pedir? Por supuesto que no, es sólo regresar a la situación de hace apenas dos años (1997). Es sólo no continuar con la expulsión de estudiantes de bajos recursos. Es sólo que se mantengan posibilidades reales para que los hijos de los trabajadores puedan llegar a la universidad.
Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009
