Uso discrecional de publicidad oficial limita derecho humano a saber: expertos

Uso discrecional de la publicidad oficial limita el derecho humano a la información y la libertad de expresión, consideran expertos. También señalan que el hecho de que periodistas se hayan convertido en empresarios para hacer negocios con el presupuesto público no sólo es una transgresión ética, sino también es una forma de censura

Segunda parte. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se gastaron 62 mil 341 millones 600 mil pesos en publicidad gubernamental. Cuatro mil trece empresas y personas fueron contratadas para tales fines (3 mil 215 personas morales y 798 personas físicas) y, de acuerdo con la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, 43 de esas contratistas son empresas de periodistas y los propios columnistas.

Expertos en temas de transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información explican que, desde hace años, dos derechos humanos fundamentales –el de la información y el de la libre expresión– han sido limitados en México por el uso discrecional de la publicidad oficial.

También señalan que el hecho de que periodistas se hayan convertido en empresarios para hacer negocios con el presupuesto público destinado a la comunicación social no sólo es una transgresión ética, sino también es una forma de censura.

El manejo discrecional de la publicidad oficial, es decir el cómo se asignan los recursos que tiene el gobierno a nivel federal y estatal, ha sido un problema en México desde hace mucho tiempo, considera el maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Ello, indica, por la falta de reglas o criterios claros.

En entrevista con Contralínea, recuerda que en la reforma constitucional en materia de acceso a la información y transparencia de 2014 se estableció la obligación de todas las dependencias a publicar no sólo la cantidad de recursos que ejercían en publicidad oficial, sino también de dar a conocer el monto del gasto por empresa contratada, el tipo de servicio contratado, etcétera.

“Eso es un avance, pero a veces tienen faltantes porque este tipo de gastos se asignan sin criterios, entonces hay algunos medios de comunicación que tienen un trato más preferencial sobre otros, y esto no es lo adecuado porque puede levantar algún tipo de sospecha de una relación no conveniente entre un medio de comunicación y el propio gobierno a partir de otorgarle publicidad oficial, recursos. El que haya un trato preferencial puede influir en la política noticiosa e informativa.”

El comisionado Guerra Ford refiere que la reducción presupuestaria en el actual gobierno de López Obrador es importante pero no suficiente, pues se requiere una ley que aclare “tanto al gobierno como a los medios de comunicación cuál va a ser la forma de asignar estos recursos, y que evidentemente no tiene que haber un trato preferencial, sino equitativo con los diversos medios; debe haber algunos parámetros, objetivos que permitan conocer e impedir una relación no acorde entre los medios y el gobierno”.

Para el experto en transparencia, si no hay reglas claras, la decisión de a quién darle y a quién no queda en manos del director general o el titular de una dependencia. Ello, indica, puede generar “una relación no sana, viciada, en la que te doy publicidad, mayor publicidad, o a precios más altos de los que pueda haber en el mercado, con tal de que tú a la hora de que manejes tu política informativa ocultes alguna información o sobresalgas los datos que te doy o los logros que yo pueda presumir o tener. Esto no es sano para nadie: la relación debe ser respetuosa y los medios deben cumplir su labor que es transmitir la información de manera veraz, objetiva, oportuna y sin ningún tipo de sesgo”.

Por su parte, el doctor Jaime Hernández Colorado, coordinador Ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que el manejo discrecional de la publicidad oficial es “un tema que desafortunadamente no ha sido plenamente atendido respecto de la información que conocemos; es decir, la asignación de contratos de publicidad oficial, pues hay un espacio importante de discrecionalidad”.

Al respecto, señala que “conocemos la información, pero no necesariamente podemos hacer cosas al respecto, y de lo que se trata en términos del diseño sistémico del combate a la corrupción en nuestro país es que las instituciones de transparencia nos garanticen el acceso a esa información para ya, en una etapa siguiente, las otras instituciones puedan darle seguimiento y, obviamente, en los casos que corresponda, establecer sanciones”.

Desafortunadamente, indica, el tema de la publicidad gubernamental evidencia que ha habido un mal entendimiento acerca del papel de los órganos de transparencia en el combate a la corrupción. “A veces se dice: ‘es que los órganos de transparencia no han hecho nada para combatir la corrupción’, [pero] es que no pueden hacer nada más allá de la función que tienen asignada. Su función no es combatir la corrupción, es garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información y por ahí empezamos, pero hay otras instituciones que, por supuesto, tienen que hacer lo suyo”.

Respecto del hecho de que periodistas se han convertido en empresarios y algunos han cedido sus espacios periodísticos al gobierno a cambio de publicidad oficial, indica que “es un problema muy relevante, sin duda, porque desde la perspectiva de la transparencia para resolver en colaboración, es decir, espacios de discusión, de deliberación en el escenario de las tecnologías de la información, se dice que se genera y se pone información indiscriminadamente sin ningún tipo de control, entonces por supuesto que hay personas que pueden llevar a cabo estas malas prácticas sin ningún tipo de control, y lograr la manipulación de opiniones o percepciones en la ciudadanía”.

Para el experto, se debe examinar el problema de la asignación de los contratos de publicidad oficial, pero también el tema de los comunicadores que hacen sus propias empresas y “que además han venido siendo beneficiados de manera importante en los últimos gobiernos”.

Entrevistado al respecto, el doctor Fernando Nieto Morales, profesor investigador de El Colegio de México e integrante del Consejo Consultivo del Inai, expone que el “uso discrecional, arbitrario, opaco de la comunicación social es cuestionable y muy preocupante desde una perspectiva democrática, pues lo que se espera es que la política de comunicación social del gobierno sea transversal y realmente ofrezca información útil a las personas sobre qué hace su gobierno, además de dar instrumentos a la gente para acercarse a las instituciones públicas y a los programas del gobierno”.

Los negocios de periodistas con el gobierno

Como Contralínea lo documentó, un expediente de 780 fojas entregado por la Presidencia por órdenes del Inai revela que, en algunos casos, los periodistas vendían abiertamente contenidos publicitarios como si fueran informaciones.

El doctor Nieto Morales señala que en el caso de los periodistas que han hecho negocio con el presupuesto público destinado a las campañas mediáticas del gobierno se presentan conflictos de intereses. “En principio, todos tenemos distintas trayectorias profesionales, distintas historias que nos acercan más o menos a distintos grupos, partidos, organizaciones de sociedad civil, en fin, tenemos ciertas filiaciones personales, profesionales y demás, no tengo ningún problema con que una persona transite de un sector a otro porque están en su completa libertad de hacerlo, mi problema es cuando esas transiciones ponen en juicio y en peligro la objetividad y el profesionalismo con que tendrían que hacer su trabajo. Preocupa que no lo hagan con una visión clara de cuándo los intereses podrían afectar el desempeño profesional. El conflicto de intereses es central: primero tendrían que conocer muy bien y además tener el valor de decir ‘no puedo entrar a esta decisión, no puedo publicar esto’, en una lógica de ser honestos e íntegros.”

Para la maestra María José Montiel Cuatlayol, directora de Gobierno Abierto en el Inai, la relación comercial entre periodistas y gobierno “afecta la percepción de lo que se conoce como la información pública gubernamental, porque se está utilizando o sesgando esa información para fines privados. En estricto sentido eso sería como un caso de corrupción: cuando utilizas recursos públicos para fines privados es un acto de corrupción”.

Por su parte, Malena Mijares Fernández –directora general de Divulgación de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México– señala que “la posibilidad de que los periodistas se vendan o sean cooptados por empresas, o por el propio gobierno es sin duda parte de nuestra historia irremediablemente”. Por ello considera que el periodismo libre, el más autorizado, es aquel que está dispuesto a no transigir en esos terrenos.

“Sí hay quienes hacen del periodismo un negocio, eso es indudable: los grandes consorcios mediáticos son grandes negocios, grandes empresas que van generando sus intereses que se unen con el gobierno o no, con otros empresarios u otros intereses como finalmente ocurre con todas las grandes empresas.”

Mijares Fernández agrega que, no obstante, en México sí hay un periodismo libre que se ejerce desde la pluma de periodistas valientes que no están asociados a esos grandes corporativos o intereses.

Al respecto, Estela Morales Campos –directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM– considera que el tema de los periodistas que se convierten es de ética profesional. “Un periodista como un docente, un médico o como cualquier profesionista tiene que respetar los principios éticos de su profesión y, así como los médicos y enfermeras hacen un juramento, los periodistas tienen un código de ética que tienen que respetar. Si escogieron esa profesión la tienen que seguir, pero no venderla al mejor postor porque entonces es cuando entramos en ese terreno de que no hay credibilidad, porque como es algo que va con un respaldo económico eso puede mover las intenciones de lo que yo, mi compañía o mi empresa está informando y eso es un problema ético que va a repercutir más tarde o más temprano en la credibilidad de la persona y del medio”.

Al respecto, Claudia Martínez –directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas– considera que esta mercantilización de los contenidos afecta en todos los sentidos el derecho humano a saber. “En el sexenio de Mario Marín [exgobernador de Puebla], periodistas de pronto se volvieron empresarios, arquitectos: se volvieron empresarios no sólo de los medios de comunicación, sino de tiendas departamentales en Angelópolis. Es incongruente, porque un periodista honesto no tiene manera de volverse de la noche a la mañana en un súper empresario, con tiendas departamentales o con un pent-house o hacerse dueño de la noche a la mañana de un gran medio de comunicación. Un reportero que ni siquiera tenía carro. Así hay muchos ejemplos en el estado de Puebla, que eran humildes reporteros y el sexenio de Marín los convirtió en grandes empresarios”.

Martínez Sánchez refiere que “la consecuencia es que ahora estamos viviendo una censura total: no podemos hablar libremente, no se puede hacer periodismo de investigación, los reporteros son despedidos de manera injusta y los que son agraviados los corren con todo y amenazas, no tienen el respaldo de su empresa”. [Con información de Indra Cirigo y Viridiana García]

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Las leyes

La regulación de la publicidad oficial en México tiene dos fundamentos, el primero de ellos es la reforma constitucional en materia de acceso a la información y transparencia de 2014, donde se estableció la obligación de todas las dependencias a publicar la información relacionada con el concepto 3600 (partidas presupuestarias 36101 y 36201 “Servicios de comunicación social y publicidad”) y partida 33605 “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”.

Y la segunda es la Ley General de Comunicación Social (vigente desde mayo de 2018), en la que se destaca la importancia de transparentar cuántos recursos públicos se destinan a los medios de información para difundir el actuar de los sujetos obligados, explica a Contralínea la maestra María José Montiel Cuatlayol, directora de Gobierno Abierto en el Inai.

Agrega que en el ejercicio de los recursos públicos destinados a publicidad oficial se debe evitar “que esa información rinda culto a ciertas personalidades o enaltezca la labor de una persona en particular, cuando lo que se busca es informar sobre el quehacer de las instituciones”.

vNo obstante, la panista Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, opina que el uso discrecional de la publicidad oficial tiene que ver con el hecho de que “está débilmente regulado”.

La diputada señala: “les faltan dientes a las legislaciones que tenemos en cuanto a las sanciones que debe de haber por desvío de recursos para estos rubros. Mientras no haya sanciones mucho más fuertes e instituciones independientes habrá impunidad, y si hay impunidad ese delito como otros muchos seguirán existiendo”.

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Campañas mediáticas de “intoxicación”

En México y en el mundo, los medios y los periodistas se enfrentan a una crisis de credibilidad. En su libro La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales, Ignacio Ramonet analiza a profundidad el tema y observa que, entre otros factores, la propagación de mentiras y las campañas de intoxicación informativa han contribuido al declive.

El periodista Ramonet advierte que en casos como el de Irak, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los grandes medios de comunicación se convirtieron en instrumentos de propaganda de las mentiras de la Casa Blanca –en especial la cadena estadunidense Fox News, pero también The Washington Post y The New York Times–, pues no verificaron ni pusieron en duda las falsas afirmaciones del gobierno; además ocultaron deliberadamente información, y participaron en lo que Ramonet califica como “un lavado de cerebro”, al crear falsas alarmas sobre las supuestas armas de destrucción masiva que jamás existieron.

Nancy Flores

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