A más de 2 años de haber asumido la Presidencia de la Republica, Andrés Manuel López Obrador llegó al límite en las dos revoluciones en las que pretende fincar un legado: el combate a la corrupción y la implantación de un modelo económico que distribuya el ingreso de manera más equitativa.
A decir de especialistas consultadas por Contralínea, hay evidentes esfuerzos en transformar al país en esos dos rubros. Pero tales empeños tienen que verse reflejados en leyes que transformen el Estado mexicano y en la aplicación de políticas públicas más firmes.
Sobre todo en materia de combate a la corrupción, hay todo un discurso gubernamental que empieza a alejarse de lo que en realidad ocurre en la administración pública, explica la abogada Lizbeth Padilla, una de las mayores estudiosas del fenómeno de la corrupción en la administración pública de México.
De no iniciar un proceso de reformas que incluyan la Constitución y leyes federales, cada vez será mayor el divorcio entre los dichos del presidente y una realidad llena de contratos adjudicados de manera directa, nombramientos por dedazo, menosprecio al servicio profesional de carrera e impunidad para quienes incurren en fraude, malversación, abuso de confianza, apropiación indebida o tráfico de influencias. Todo, porque las leyes vigentes no persiguen adecuadamente estos delitos.
En materia económica, la respuesta ante la pandemia fue mejor de la que hubieran dado los gobiernos anteriores. Las administraciones pasadas se habrían centrado en destinar recursos públicos a los grandes empresarios con la esperanza de que no cancelaran fuentes de empleo, algo que nunca ha ocurrido: siempre ponen a salvo sus intereses, despiden a los trabajadores y los únicos que se protegen son ellos.
Hoy se tiene un déficit fiscal controlable y se podrá abrir la economía con mayores ventajas una vez que se apliquen la vacunas con las que se espera contener la enfermedad Covid-19, explica la doctora Noemi Levy, experta en estudios sobre deuda, inflación financiera y crisis. Pero la actual administración no termina de romper totalmente con el neoliberalismo y duda en implantar políticas de redistribución de la riqueza, como mayores impuestos a los que más tienen.
En el combate a la corrupción no bastan las ganas ni los discursos. Se requiere mayor presupuesto y una transformación de los tres Poderes y de los tres niveles de gobierno, es decir, reformar la Constitución y varias leyes.
Lizbeth Padilla Sanabria, investigadora especialista en combate a la corrupción con tres doctorados en derecho y administración pública, reconoce una “evidente” diferencia entre el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los anteriores emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Y es que, a estas alturas de los últimos 3 sexenios, ya habían estallado escándalos como el de la “casa blanca” (Enrique Peña Nieto), las masacres impunes contra la población por parte de efectivos del Estado (Felipe Calderón) o la remodelación fraudulenta de las cabañas en Los Pinos (Vicente Fox). No se observa ahora una corrupción desbordada que se tolere desde la Presidencia de la República.
Pero la doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctora en derecho penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CECJC) y doctora en administración y políticas públicas por esta última institución, no echa las campanas al vuelo.
Reconoce que la Unidad de Inteligencia Financiera está, por primera vez en su historia, investigando flujos ilícitos de capital y congelando cuentas. Es decir, “está activa, teniendo mucho movimiento”. Pero acabar con la corrupción es otra cosa: implica una política integral que, más allá del discurso, no existe.
Profesora de posgrado en la UNAM y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que el combate a la corrupción implica también destinar recursos con ese objetivo. “No existen partidas presupuestales suficientes para la capacitación de los servidores públicos, que son los operativos en el Sistema Nacional Anticorrupción [SNA]”.
Autora de Política criminal del lavado de dinero y de la delincuencia organizada en México (Flores Ed, 2017), entre otros libros, Padilla Sanabria abunda en las implicaciones de descuidar la capacitación de quienes son parte del Sistema Nacional Anticorrupción: los funcionarios son nombrados “sin tener el reconocimiento ni las credenciales, por ejemplo, para ser investigadores, sustanciadores y resolutores”.
El actual secretario técnico del SNA es el maestro en derecho Ricardo Salgado Perilliat. Los integrantes del Comité Coordinador del propio SNA son: Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador; David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación; María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública; Loretta Ortíz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Rafael Anzures Uribe, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Sobre esta última institución, Lizbeth Padilla lamenta que “la mayoría de los cargos se designan por dedazo, es decir, no hay una carrera jurisdiccional que garantice que los nombramientos sean para las personas más capacitadas”.
“Para combatir en serio la corrupción se requiere de una serie de reformas a la Constitución a las leyes que no se plantean y ni siquiera se vislumbran”
Para ello, señala, sería necesaria una “reestructura” de los tres Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–y de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–. Se trata de una serie de reformas que no se plantean y ni siquiera se vislumbran.
Además, el combate a la corrupción también necesita de otro tipo de reformas. La también posdoctora-investigadora en derecho por la Universidad Iberoamericana se refiere a los tipos de delitos que persiguen la corrupción. Explica que ninguno de ellos se encuentra dentro del catálogo de delincuencia organizada.
Y por ello, cuando se investiga, “evidentemente no se pueden utilizar técnicas especiales como la intervención de comunicaciones y de cuentas bancarias y financieras, el seguimiento de personas, las entregas vigiladas”. Advierte que esto ya se realiza a nivel internacional y, de hecho, es lo que se solicita a los Estados en el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También señala que un frontal combate a la corrupción pasa por retirar el fuero a todos los servidores públicos de alto nivel, como los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados federales, los senadores y cualquier servidor público elegido por elección popular.
Como ejemplo de las prerrogativas que favorecen la impunidad de los servidores públicos, Lizbeth Padilla se refiere a los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones. Estos prescriben a los 8 años, siendo que los ministros de la Corte permanecen en el cargo 15 años con fuero “y no se les puede tocar, por lo menos desde la perspectiva penal”.
Por ello, para la también posdoctora por la Universitá del Salento (Italia) debe incluirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un apartado específico en materia de combate a la corrupción.
Reconoce que las investigaciones de la UIF, a cargo del abogado Santiago Nieto Castillo, son valiosas. Pero tienen límites. Celebra que se estén ejecutando bloqueos a cuentas bancarias pero tales acciones no dejan de tener un tufo político, pues hasta el momento sólo se han realizado sólo en contra de adversarios del gobierno.
Y, finalmente, el bloqueo de cuentas bancarias con millones de pesos, de dólares y de euros no tiene como consecuencia que se puedan recuperar activos despojados a la nación.
Además, los investigados terminan convirtiéndose en testigos protegidos y la figura se desvirtúa y se le utiliza inadecuadamente. “Ahora todo mundo quiere ser testigo protegido”, señala.
Advierte que la figura del testigo protegido no es para garantizar impunidad a quienes hayan cometido actos de corrupción. “Si alguien cometió un acto de corrupción, es un delincuente, no le puedes perdonar; tienes que ir por ellos, tienes que investigarlos”.
Se refiere a los casos de funcionarios del sexenio pasado, como Emilio Lozoya (exdirector general de Petróleos Mexicanos), Rosario Robles, exsecreatria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) o Miguel Ángel Osorio Chong (exsecretario de Gobernación). “Si ellos van a ser testigos protegidos, evidentemente es porque las investigaciones van sobre una persona servidor público de alto nivel. Ojalá sea eso”.
Es decir, que los secretarios de Estado que delinquieron sean aceptados en el programa de testigos protegidos sólo puede justificarse si entregan pruebas que involucren a expresidentes de la República.
Las reformas, a decir de la especialista, deben alcanzar no sólo al ámbito federal. Las esferas estatal y municipal cuentan con recovecos en la ley que propician la impunidad y la comisión de actos de corrupción. En especial, destaca que debe realizarse una reforma al artículo 115 de la Constitución sobre lo que se le llama el “municipio libre”.
De este artículo algunos municipios, como los de Chihuahua y San Luis Potosí, han derivado códigos por los que queda en manos del presidente municipal en turno decidir a quién se investiga y a quién se sanciona, o si se incorporan o desincorporan bienes públicos.
Por ello, para Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, la Cartilla Moral del presidente y los exhortos a “portarse bien” no dejarán ningún legado en materia de combate a la corrupción. Es necesario modificar la “normatividad jurídica y la operatividad”.
En materia económica, la principal característica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un intento de mejorar la distribución de la riqueza, señala la doctora y maestra en economía Noemi Ornah Levy Orlik. Sin embargo, la pandemia vino a sumir al mundo y al país en la mayor crisis de los últimos tiempos y la actividad económica está detenida.
Sólo podría activarse con un “costo humano” muy grande, lamenta. Con todo, el escenario para México, al final de este 2020, es el “menos peor” de los que le vaticinaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, los bancos privados y los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
“Obviamente, la crisis es fatal, la caída será del 8 por ciento; pero pudo haber sido peor”, señala la tutora en el Programa de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Considera acertada la decisión de destinar apoyos para los sectores empobrecidos ubicados en el sector rural. “Eso evitó una hambruna”.
Sin embargo, observa que lo destinado a los pobres del ámbito urbano fue insuficiente. Los pobres de la ciudad tuvieron que salir a trabajar, lo que aunado a las comorbilidades que padecen desde hace décadas y el desastre heredado del sector salud, derivó en mayores casos positivos de Covid-19 y muertes por la enfermedad.
Especialista en economía del desarrollo y en economía financiera considera que el combate al neoliberalismo en México se limita al combate a la corrupción que privó en las privatizaciones de las empresas públicas y en la entrega de negocios al sector privado en condiciones desventajosas para la población y para la nación.
“Eso ya es mucho”, advierte, si consideramos lo que venía ocurriendo en los sexenios anteriores. Explica que en estos momentos México no puede cancelar su proyecto externo. Es decir, no se puede “mandar a carajo al imperialismo” ahora porque los costos económicos y políticos para el país serían desastrosos.
Por ello, aprueba aquellos aspectos de la política económica del actual gobierno tendientes a “repartir mejor el pastel” y garantizar que los trabajadores, los asalariados, tengan mejores trabajos y, de manera más integral, mejores condiciones salariales.
“No estamos ante un gobierno socialista, sino liberal. Con él podríamos avanzar mucho en una mejor distribución del ingreso, pero debe aplicar más impuestos a los ricos”
“No estamos ante un gobierno socialista; estamos ante un gobierno liberal. Con él podemos avanzar mucho” en generar mejor distribución del ingreso, disminuir las brechas sociales, hacer crecer la economía y disminuir la dependencia del exterior.
Autora de Dinero y estructuras financieras (UNAM, 2013) y Financiarización: un debate teórico institucional (Itaca-UNAM, 2013), entre otros libros, señala que, luego de 2 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador debe profundizar el fortalecimiento del sector salud.
Noemi Levy apunta que otro sector que debe fortalecerse, después de “las enseñanzas de la pandemia”, es el educativo. Advierte que los estragos en la educación mexicana, causados por la emergencia sanitaria mundial, se verán en los siguientes años y son profundos. Por ello debe ampliarse el presupuesto a este rubro.
La investigadora añade que lo que sigue en materia económica también es caminar hacia una mayor autonomía. Y no sólo con respecto del sector energético, que es estratégico. Se debe incluir en este propósito el alimentario.
Para ello se debe desarrollar una política integral que vaya más allá de los meros apoyos al campo: “Hay que empoderar al campesinado, al pequeño productor, para que conformen pequeñas y medianas empresas”.
Sin embargo, tales empeños implican mayor gasto público, algo que el actual gobierno ha dicho que no hará para no disparar el déficit. Levy Orlik está de acuerdo en que no debe aumentarse el déficit, sobre todo cuando el gasto se destina al sector empresarial.
La tradicional justificación de esta medida ha sido –explica la también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Premio Universidad Nacional en el Área de Docencia en Ciencias Económicas-Administrativas, 2014– que “el apoyo a los ricos, a la gran industria, con la promesa de salvar el empleo: algo que nunca sucedió”.
Celebra que el déficit ahora sea “relativamente bajo”. Se estará en mejores condiciones de impulsar la economía en 4 meses, si se concreta la aplicación de vacunas contra Covid-19 en México.
Para ello, el gobierno debe prever que necesitará liquidez y deberá rescatar sectores que son efectivos para el crecimiento, como el turismo y el restaurantero.
Ante el reto, observa Levy Orlik, una parte podría cubrirse monetizando deuda pública. “Hay que ver cómo se hace porque legalmente hay un problema; pero bajo las condiciones que hay, nadie va a estar en desacuerdo”.
Y propone que el gobierno incremente en 20 por ciento el gasto programable. Lo anterior, sin generar déficit. Se financiaría con bonos, cuyos intereses se pagarían con un incremento del ISR del 5 por ciento. Tal aumento de impuestos aplicaría a los que perciban más de 1 millón de pesos.
“Yo acudiría a un famoso panfleto, que no fue muy comunista que digamos, del señor John Maynard Keynes: How to pay for the war [Cómo pagar la deuda]. Y bueno, a los ricos les toca.”
Abunda: “Tenemos a una población que ha percibido ingresos y que no ha gastado. Está en posibilidad de comprar bonos. La gran empresa estaría feliz de comprar bonos de 10, 20 o 30 años a 7 por ciento. Y eso sería suficiente para financiar un extra del 20 por ciento de gasto programable. Además, los ricos son los que menos han sufrido en esta crisis. Hay un deber moral de ellos y tiene el dinero para pagar. A los de menos de 1 millón no los puedes tocar porque no tienen”.
—Pero la oposición que se encuentra en ese sector no va a querer pagar. Si en estos momentos hay quienes desde ese sector están saboteando, un alza de impuestos no la van a tolerar. Y los partidos políticos los vana cobijar –se le advierte.
—Yo quiero ver al PRD [Partido de la Revolución Democrática] yéndose a la cola del PAN [Partido Acción Nacional] diciendo que no. Se van a quemar más todavía de lo que están. El problema es que debe haber voluntad política y hay que decirle a los ricos: “Oye, tú te fuiste a tu casa de campo, tú tenías oxígeno en tu casa, tú tenías acceso a hospitales; tienes el deber de apoyar a aquellos que más sufrieron, aquellos que no tienen educación, que no tienen acceso a la salud”.
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